De aviones, trenes, metro y otras amenazas bolivarianas

Enrique Viloria

"por eso cuídense de las esquinas"

Yordano

No hay nada inocente, pacifico, feliz, en la cacareada revolución; por el contrario, todo es amenaza, intimidación, ultimátum, bravata, desafío, insulto, exigencia, vida en riesgo. Cada acto cotidiano implica un alto nivel de peligro e inseguridad. Conducir ingenuamente por las carreteras derruidas o caminar por las calles amenazadas puede conllevar al atraco y a la muerte; los huecos bolivarianos están a la orden del día y los asaltantes impunes hacen de las suyas porque son necesitados, y tienen hambre de celulares y tarjetas de crédito. 

Subirse al metro es una incitación al hurto y al robo; no basta el apretujamiento, el calor, el mal olor, el rescabucheo malintencionado, tenemos toda la certeza de que no llegaremos a tiempo o que llegaremos a destino sin cartera ni papeles, pero gracias a Dios no nos habrán quebrado en el malhadado trayecto.

El tren chino orgullo del Líder cubano – venezolano también hace de las suyas, sale a la hora, pero sus ilusos pasajeros no llegan vivos a la próxima estación, la impericia y la ineficiencia propia de la revolución pone la vida de los ciudadanos en manos de un reservista avispado o de un dirigente comunal rebuscándose la vida propia a riesgo de la ajena.

Ni que hablar de los aviones mal mantenidos por falta de las divisas que en un santiamén si se le otorgan a los allegados del Líder; acá lo único que vuela son los precios de los alimentos, de las medicinas, de los servicios básicos: ¡Préndeme esa luz que te multo! No joda, para que aprendas lo que es la autoridad.

Nuestras existencias se hacen verdaderamente fugaces, breves, efímeras, en esta revolución que nada quiere con la vida, ni siquiera en tiempos en que la muerte no se nombra para llamarla, invocarla en el palacio, en la casa del ahorcado mayor.

Hermanos y hermanas, camarados y camaradas, compatriotos y compatriotas, la gloriosa revolución se los reitera: viven a riesgo, ni siquiera ser hijo, tío, hermano o primo de un dirigente del proceso les asegura inmunidad en calles, cielos, aguas o rieles bolivarianos.

¡Su vida está expropiada! Volvamos al desterrado pero cada vez más cierto eslogan bolivariano:

¡Patria socialista y muerte!

¡MORIREMOS!

Los BRICS y América Latina se equivocan

Por Jorge Castañeda

CIUDAD DE MÉXICO – En la votación celebrada en las Naciones Unidas hace 64 años sobre lo que se conoció como la partición, a raíz de la cual se creó el Estado de Israel, y posteriormente se le otorgó la condición de miembro de pleno derecho, varios países latinoamericanos –Brasil, El Salvador, Argentina, Colombia, Chile y Honduras- se abstuvieron o, en el caso de Cuba, votaron en contra de las resoluciones pertinentes. En el tema de la partición México se abstuvo, pero votó a favor de admitir a Israel en las Naciones Unidas unos meses después, y más tarde reconoció al Estado judío, pues comprendió que no tomar ninguna postura en el embrollo de Medio Oriente servía más a su interés nacional.

En las siguientes semanas la mayoría de los países latinoamericanos votarán a favor de alguna forma de membresía en las Naciones Unidas o reconocimiento como Estado que la Autoridad Palestina está solicitando. Sin embargo, algunos países no lo harán. No es un asunto sencillo para Brasil y Colombia, los dos países latinoamericanos que son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, ni para Cuba, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Honduras, que ya reconocieron a Palestina, pero aún no han votado para darle la condición de “observador” en las Naciones Unidas.

Para ser miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad debe hacer una recomendación a la Asamblea General; pero igualar la categoría de la Autoridad Nacional Palestina a la del Vaticano –que en teoría le permitiría participar en muchos organismos de las Naciones Unidas, incluida la Corte Penal Internacional - requiere solamente dos tercios de los votos de la Asamblea General. En cualquier caso, las consecuencias políticas relegan a segundo plano los asuntos legales o burocráticos. Obligar a los Estados Unidos a usar su veto en el Consejo de Seguridad u obtener el apoyo de más de 150 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en la Asamblea General sería una gran derrota para Israel y los Estados Unidos, por lo que el voto latinoamericano es importante.

Brasil ha señalado que tiene la intención de votar en el Consejo de Seguridad a favor de recomendar la admisión de Palestina a la Asamblea General; Colombia ha dicho que planea abstenerse. La mayoría de los otros países latinoamericanos votarán probablemente a favor de alguna forma de estatus ampliado de la Autoridad Nacional Palestina.

La comunidad judía de los Estados Unidos, y en menor medida la administración del Presidente Barack Obama, han intentado convencer a Chile y a México, que aún no han dado a conocer su postura, que de nada serviría aislar a Israel (o, para ese caso, a los Estados Unidos) en este asunto. En efecto, el que la Autoridad Nacional Palestina fuera un Estado de pleno derecho no cambiaría nada en la práctica si Israel y los Estados Unidos no lo aceptan –y México y Chile podrían perder mucho al distanciarse de un aliado en un asunto de gran importancia para él. 

En resumen, como hace más de medio siglo, la región no se ha expresado con una sola voz en estos asuntos cruciales. Ahora como entonces, la mayoría de los países de América Latina no han tomado una posición de principio –a favor o en contra de Israel o de los palestinos. En cambio, han seguido un camino de conveniencia en función de la influencia y fuerza relativa de sus comunidades judías o árabes, y de la insistencia de Washington o del llamado bloque ALBA, compuesto por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Paraguay.

La falta de convicción de los latinoamericanos en asuntos tan serios como ese –a excepción de los países del ALBA, que tienen ideales equivocados, pero al menos creen en ellos casi religiosamente- ha marginalizado a la región en otros asuntos internacionales importantes, como la reciente crisis en Libia, y la que se desarrolla en Siria. En cuanto a la resolución de las Naciones Unidas que establece una zona de exclusión aérea y la protección de civiles en Libia, Brasil, junto con los otros tres “BRICS” (y aspirantes a potencias mundiales) –Rusia, India y China- se abstuvieron. El cuarto, Sudáfrica, aceptó pero a regañadientes.

Y ahora, en lo que se refiere al intento estadounidense y europeo de imponer sanciones aprobadas por las Naciones Unidas al Presidente de Siria, Bashar al-Assad, los BRICS han ido de mal en peor. Primero, enviaron una misión de tres países (Brasil, India y Sudáfrica) a Damasco para “persuadir” a Assad de que no mate a su pueblo. Huelga decir que no les contestó que, en efecto, había asesinado unos cuantos miles, pero que ahora que lo mencionaban trataría de tener más cuidado.

Hicieron declaración tras declaración argumentando que Siria no era Libia y que no permitirían otra intervención occidental para cambiar el régimen en otro país árabe sólo porque su pueblo parecía molesto con el dictador local. Un alto funcionario de una ONG de derechos humanos dijo que: “Están castigando al pueblo sirio porque no les agradó que la OTAN transformara el mandato de protección a los civiles en Libia en uno para cambiar al régimen.”

Dada su creciente participación en la economía global, es comprensible que los países latinoamericanos más grandes, junto con los demás BRICS, estén buscando un papel mundial de mayor influencia. Esta no es la forma de lograrlo.

Jorge G. Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México (2000-2003), es Profesor Distinguido Global de Estudios Políticos y Latinoamericanos de la Universidad de Nueva York. 

Copyright: Project Syndicate, 2011.

Razones de orden jurídico que obligan al Estado Venezolano a cumplir con las sentencias que dicta la Corte Interamericana

1.- El artículo 23 de la Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención) ratificada por Venezuela tiene por tanto jerarquía constitucional. La Convención dispone que “Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte” (art. 68.1). Por lo tanto, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) son siempre de ejecución obligatoria y vinculante, por disposición de la Constitución y la Convención. En otras palabras, los efectos de dichos fallos serán de aplicación inmediata y directa por los órganos del Poder Público venezolano.

2- El artículo 31 de la Constitución estatuye que el Estado está obligado a adoptar las medidas que sean necesarias para cumplir con las decisiones de los órganos internacionales creados para la defensa de los derechos humanos, dictadas en casos en que alguna persona haya dirigido peticiones o quejas a esos órganos con el objeto de solicitar amparo a sus derechos humanos. La decisión de la Corte Interamericana en el caso de Leopoldo López Mendoza, es el resultado de una petición formulada por el mencionado ciudadano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión) que devino en una demanda de esa Comisión contra la República de Venezuela y ante la citada Corte, por la vulneración de su derecho humano a postularse a una elección y a ser, eventualmente, electo, ello como consecuencia de una inhabilitación política impuesta por una autoridad administrativa y sin sentencia penal condenatoria, lo cual es evidentemente violatorio de los artículos 42 y 65 de la Constitución y del artículo 23 de la Convención; así como del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 49 de la Constitución y 8 de la Convención. Por tanto, estando ante el supuesto previsto en el citado artículo 31 constitucional, el Estado venezolano está obligado a tomar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esa decisión.

3.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo caso en que sean partes. El Estado venezolano es parte en el juicio incoado en su contra por la Comisión ante la Corte Interamericana por la vulneración –como se dijo-  del derecho humano de Leopoldo López Mendoza a postularse a una elección y a ser, eventualmente electo. A dicho juicio asistió y se hizo parte formal el Estado venezolano, con participación activa de sus representantes (quienes son funcionarios de casi todos los poderes públicos venezolanos), y ejerció todas las defensas que consideró convenientes, incluida la promoción de diversas pruebas. Por tanto, siendo así que el Estado venezolano es parte de la Convención y además actuó como parte en el juicio en el que se ventiló la violación de derechos humanos del ciudadano Leopoldo López Mendoza, es evidente que está jurídicamente comprometido a cumplir la sentencia dictada en ese juicio.

4.- El artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, declaración suscrita por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, incluido el actual Gobierno de Venezuela, en Asamblea General celebrada el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, establece que cualquier persona que considere que sus derechos humanos han sido violados puede interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. En el mismo artículo, los Estados reafirmaron su compromiso de fortalecer dicho sistema para la consolidación de la democracia en el Hemisferio. Por tanto, siendo así que en el caso de Leopoldo López Mendoza, dicho ciudadano interpuso su denuncia ante los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, el Estado venezolano debe actuar también en consecuencia con esa declaración internacional y en tal sentido cumplir con la decisión dictada por la Corte Interamericana, como una concreta manifestación de su intención de consolidar la democracia en el Hemisferio.

5.- Ante los pronunciamientos emitidos en el sentido de que la defensa de la soberanía y la lucha contra la corrupción, podrían justificar un incumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana, cabe señalar lo siguiente: Según lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Constitución, la defensa de la soberanía nacional es un derecho irrenunciable de la nación venezolana y, asimismo, la ética y la lucha contra la corrupción son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado venezolano. Sin embargo, desde que el Estado venezolano, en uso de su soberanía, ratificó la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y reconoció la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, se comprometió a cumplir las decisiones de este tribunal internacional en los casos en que sea parte. Por lo tanto, constituye un grave error jurídico inexcusable, considerar a un fallo de la Corte Interamericana como supuestamente atentatorio de la soberanía nacional. La soberanía nacional es la soberanía del respeto a la dignidad de la persona humana. Por otra parte, puesto que la decisión de la Corte Interamericana en el caso de Leopoldo López Mendoza versa, única y exclusivamente, sobre la adecuación de la actuación del Estado venezolano a la Convención, la lucha contra la corrupción no tiene por qué verse disminuida por el dictado de la mencionada decisión de la Corte, toda vez que para nada interfiere en el ámbito de acción de los instrumentos establecidos en el país para el despliegue de esa lucha. En todo caso, la lucha contra la corrupción debe ser una política sincera y efectiva del Estado, en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.

6.- De conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 25 de la Carta Democrática Interamericana, el Estado venezolano deberá solicitar a la OEA, el envío de una misión de observación electoral para los comicios a celebrarse en el país en el venidero año 2012. Dicha misión deberá informar al Consejo Permanente de la OEA y eventualmente a la Asamblea General de la OEA, sobre las condiciones de convocatoria y celebración de elecciones libres, iguales, justas y competitivas, conforme a los estándares internacionalmente aceptados. Ahora bien, en el supuesto de incumplimiento, por parte del Estado venezolano, de la decisión de la Corte Interamericana que habilita a Leopoldo López Mendoza en su derecho político a postularse como candidato a la Presidencia de la República, es obvio que la misión de observación electoral que designe la OEA tendría que informar al Consejo Permanente sobre ello y sus consecuencias, toda vez que se estaría impidiendo a éste y seguramente a otros ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos participar para elegirlo en dichos comicios.

7.-   De acuerdo a lo previsto en el artículo 155.3 del Código Penal venezolano, iincurren en pena de arresto por tiempo de uno a cuatro años, los venezolanos o extranjeros que violen las convenciones o tratados celebrados por la República, de un modo que comprometa la responsabilidad de ésta. Obviamente, el incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, por parte de los órganos del poder público venezolano, sería una violación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que comprometería adicionalmente la responsabilidad internacional de la República y por tanto haría susceptibles de la pena antes referida a los funcionarios de esos órganos a quienes se pueda atribuir una actuación desconocedora del cumplimiento de la sentencia.

Compromiso e lnvitación por un Gobierno de Unidad Nacional

El país requiere un Gobierno de Unidad Nacional. Ese es el compromiso que hoy adquirimos ante el pueblo venezolano y la obra patriótica a la cual invitamos al país entero.
El gobiemo democrático que asumirá el poder a partir del 2013 tendrá que enfrentar el legado destructivo de catorce años de confrontación social y política promovida desde arriba. A lo largo de ellos se ha querido imponer al país un modelo político y económico, al cual una parte sustancial de la sociedad ha opuesto una resistencia tenaz, La sociedad ha pagado un enorme costo de todo orden, en perjuicio de la gran mayoría de los venezolanos, con particular daño hacia los más pobres, en cuyo nombre irónicamente se dice actuar, y los más jóvenes, cuyas oportunidades se ven cercenadas. Sólo un Gobierno de Unidad Nacional, como el que aquí nos comprometemos a conformar, y al cual convocamos a esa sociedad amplia y plural que está más allá de los partidos, puede enfrentar los graves problemas del país, así como sólo él puede aprovechar las grandes posibilidades y recursos que tenemos para superados y para encontrar la via del progreso democrático, el
bienestar gracias a la prosperidad y la paz de los venezolanos.
Hoy venimos a sellar este Compromiso de Gobierno de Unidad Nacional, que ofrecemos como una invitación a todos, la
responsabilidad de cuya realización asumimos y en cuya construcción ínvitamos a participar.

La Unidad Nacional
El propósito de nuestro entendimiento y la inspiración de nuestra acción de gobierno es la Unidad Nacional.
Es necesario que el país todo reúna sus energias, y que todos sus sectores, todos sus hombres y mujeres sientan que son convocados a hacer su aporte a la prosperidad de la sociedad, asi como a la suya y a la de sus familias. Todos unidos en la historia, la inclusión, el respeto, el diálogo, la capacidad, el futuro.

Unidad en la historia.
Entendemos la historia nacional como un largo esfuezo hacia la libertad, la democracia y la justicia social. Cada momento histórico ha hecho su aporte. De cada experiencia política hay
algo que rescatar en esa larga marcha, algo útil que debe ser reconocido retomado, renovado, tomado como punto de apoyo para avanzar.

Unidad en la inclusión.
La politica debe servir para construir una sociedad que incluya a todos. El progreso no es tal si deja fuera a vastos sectores sociales y populares. Las políticas sociales necesarias para lograr que todos sean y se sientan partícipes de los beneficios de una sociedad más moderna y cohesionada, no pueden pagarse al precio de la destrucción de lo que se había construido, ni de la exclusión y la discriminación de quien adverse o simplemente piense diferente al poder. El Gobierno de Unidad Nacional quiere ser un gobiemo permanentemente ocupado de los ciudadanos, a los que reconoce en su dignidad concreta y personal. El Gobierno de Unidad Nacional será para el beneficio de todas las comunidades de este país diverso y amplio.
Unidad en el respeto.
El pueblo venezolano es uno solo. No hay diferencia politica o ideológica que justifique la discriminación, la descalificación, el insulto, la humillación. Todos los venezolanos quedarán unidos en el respeto del otro, en el respeto a sus derechos de toda índole a tener un sitio digno en esta sociedad que todos constituimos. Respeto a todos los sectores de todas las regiones. Respeto y reconocimiento democrático a la discrepancia y a la oposición. Respeto al pueblo. El nuevo gobierno impulsará y practicará ese
respeto universal.


Unidad en el diálogo.
El diálogo y la concertación con todos los sectores será un principio cardinal para la elaboración de las decisiones. No habrá una política que se adopte sin oir y sin considerar el criterio de las
organizaciones, instituciones e individualidades relevantes que tengan algo que dech en la materia o que se vean afectados por ella.

Unidad en la capacidad y el equilibrio.
La composición del gobiemo de Unidad Nacional atenderá a los
criterios de la capacidad para realizar las tareas de cada cargo y función en el sector publico, del respeto al funcionario cumplidor de sus deberes y del aprovechamiento de los mejores talentos disponibles, sea cual sea su inclinación politica. Al mismo tiempo, quienes suscriben se comprometen a que el gobierno no será nunca
instrumento para la hegemonía de alguna parcialidad política.

Unidad en el futuro.
La razón de ser de la Unidad es la esperanza de un futuro mejor- En el Gobierno de la Unidad Nacional la gran aspiración es construir con todos un futuro para todos. Para que ningún venezolano quede fuera, para que ningún joven tenga que irse, y para que todos puedan volver a su país, bajo el signo de
la seguridad y de las oportunidades, ofreciéndoles un lugar relevante y comprometido en la construcción del presente.

Las grandes áreas de acción del Gobierno de Unidad Nacional
El Gobierno de Unidad Nacional tendrá como guía la Constitución. Con la fuerza que ella y la unidad misma nos darán, y con el aporte de todos los venezolanos, nos comprometemos a hacer realidad las
siguientes metas:
La refundación del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Nuestra democracia ha sido confiscada, y el Estado de Derecho ha desaparecido de tal manera que se viola en masa el derecho fundamental por excelencia: el derecho a la vida. Vamos a llenar de vida y de derecho nuestra democracia.

EI lanzamiento vigoroso de la descentralización.
 Promoveremos y respetaremos la separación de poderes, daremos a las formas de participación y de organización popular su verdadera autonomía y las articularemos con las gobernaciones y alcaldías, sin distinguir el signo político de quien haya sido elegido por el pueblo para ejercerlas.
La lucha integral y frontal contra la inseguridad ciudadana será pieza central de la realización del verdadero Estado de Derecho, así como la humanización de las cárceles, para que dejen de ser una vergüenza y se conviertan en moderno y eficaz apoyo al progreso social.

La activación de la economía nacional.
Después de fa destrucción de que ha sido obieto nuestro aparato
productivo, nos comprometemos a hacer del petroleo una palanca para el bienestar y el progreso, a estimular la recuperación y la creación de empresas de toda escala - grandes, medianas, pequeñas, microempresas - y de las más diversas formas - clásicas, cooperativas- para una mayor inversión, una mayor producción, una mayor creación de empleos dignos y estables, y una plena diversificación de la economía nacional. Pilar central de esa orientación será el establecimiento de formas estrechas de alianza y cooperación entre el Estado y el sector privado, con énfasis en la creación y utilización del conocimiento, en el marco de la
seguridad juridica y del respeto decidido al derecho de propiedad, y de una lucha sostenida y sin cuartel para superar la pobreza.

La plena inclusión de todos en políticas sociales para el desarrollo,

Todo venezolano debe contar con la educación, la salud, la protección social y la seguridad personal que necesita para prosperar. Entendemos a la Educación de calidad como base de todo progreso posible. Asumimos el compromiso de poner en pie un sistema de seguridad social que funcione para todos, destinando para ello un porcentaje de la renta petrolera. Se adoptarán sólidas políticas públicas en educación, salud, cultura, deportes, que serán descentralizadas y adecuadamente financiadas. En ese marco, los programas sociales, las misiones, se estabilizarán y reforzarán, esta vez con una participación predominante y activa de expertos y profesionales venezolanos en cada programa, para que se profundicen los avances que en un momento dado significaron.

El fortalecimiento de los pilares del Estado.

Es urgente e imprescindible promover la excelencia profesional, el carácter institucional y de servicio a la nación toda, de la Fuerza Armada Nacional, PDVSA, el Banco Central de Venezuela, los Ministerios rectores. Asimismo, el Ejecutivo trabajará con el firme propósito de que sean dotados de autonomía, calidad y fortaleza los grandes organismos de lucha contra la corrupción y de defensa de la seguridad y los derechos ciudadanos: el Poder Judicial, la Contraloria General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los cuerpos policiales, para que sirvan al bien de todos, sin excepciones ni discriminaciones.

La elevación de la calidad de vida.
La calidad de vida de los venezolanos ha descendido a niveles
inaceptables. La situación en cuanto a luz, agua, vivienda, vialidad, infraestructura escolar, inseguridad, salud, alto costo de la vida, ofrece muestras dramáticas de ello. Dedicaremos los mejores talentos especializados y los recursos necesarios para llevar esos bienes y servicios al nivel que nos merecemos los venezolanos de
todas las regiones, así como tranquilidad a los hogares y seguridad a las calles para disfrutar esos bienes en paz.

La reconstrucción y fortalecimiento de la soberanía.
Practicaremos una politica exterior que atienda a los intereses del pais democrático que somos y enfrentaremos mediante enérgicas políticas específicas los factores de todo tipo que hoy condicionan y amenazan nuestra soberanía real: la enorme deuda pública, la
vulnerabilidad alimentaria, el carácter mono exportador de nuestra economia, Ia inaceptable influencia extranjera en nuestras decisiones políticas más intimas, importantes y decisivas, el debilitamiento institucional de nuestra Fuerza Armada, la lenidad y la complicidad con el narcotráfico, una política exterior que nos
conduce a alianzas antidemocráticas y peligrosas para Venezuela.
El gobiemo de la Unidad Nacional será un gobiemo dedicado integralmente a la seguridad.
La realización precisa de estas metas se llevará a cabo a través de las políticas contenidas en los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional que, basados en las 100 Soluciones para la Gente, la unidad Democrática ofrecerá al país en enero de 2012, y que constituyen la agenda programática de este compromiso.

Un compromiso nacional
Los signatanos de esle acuerdo respaldaremos de forma unitaria al candidato que en las primarias del 12 de febrero sea escogido como abanderado de la Unidad Democrática en las próximas elecciones
presidenciales. lgualmente nos comprometemos a respaldarlo de manera unitaria y transparente en el ejercicio de la Presidencia de la República y en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Asimismo confirmamos nuestra decisión de consolidar y ampliar los mecanismos de coordinación, incorporación,
diálogo y encuentro que hemos desarrollado desde la creación de la Mesa de Ia Unidad.

Quienes suscribimos este compromiso entendemos que esta alianza va más allá de lo electoral y de un mero acuerdo de gobierno para unos pocos años. Constituimos una alianza politica y social de largo alcance, a tono con la profundidad de los problemas que el país confronta en este momento de su historia y cuya solución requerirá una acción persistente y constante en el tiempo, en las direcciones fundamentales aqui señaladas.
Calibramos en todo su peso y densidad el compromiso que asumimos hoy ante la Nación, y lo mucho que está en juego para el pueblo de Venezuela, para su democracia, para su futuro, y para todos los que participamos en este esfuerzo unitario, en el cumplimiento leal y duradero de lo que estamos firmando.
El país nos ve y nos escucha, nosotros nos vemos y nos escuchamos. Las palabras aquí escritas no pueden ser, no son, y no serán, palabras que se lleve el viento. Entendemos también que el compromiso de partidos es un gran paso, pero que no basta. Por eso invitamos a todos a la Unidad Nacional.
Gobernaremos juntos, pero no gobemaremos solos. Convocamos a la tarea patriótica de construir, entre todos, una democracia más participante, más productiva, más justa que garantice a los venezolanos el derecho a vivir y progresar en paz.

LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE  AL PROBLEMA ELÉCTRICO

La Comisión de Alto Nivel del Sector Eléctrico de la Mesa de la Unidad Democrática presentó los lineamientos  del programa de gobierno para el periodo 2013- 2019 en materia energética. Dicha propuesta está organizada en tres equipos de trabajo: técnico, financiero y legislativo, que asumen el compromiso de devolverle al país un servicio eléctrico continuo y de calidad.
El coordinador de esta comisión, Manuel Guevara, explicó que el objetivo general del venidero Gobierno de Unidad es acabar con los racionamientos eléctricos en todo el país, ofreciendo un sistema eléctrico que sea capaz de atender las necesidades de desarrollo económico y progreso  social de los venezolanos sin distinción.
“Con esta crisis eléctrica, los venezolanos no tendremos progreso económico ni social. Esta crisis es estructural  y es el resultado de la gestión desprofesionalizada, sectaria y autoritaria que maneja este Gobierno. Nuestro sector eléctrico venía trabajando en los últimos 50 años de forma muy planificada con planes a corto, mediano y largo plazo,  y ahora lo que se ha impuesto es el capricho de algunos personeros  del Gobierno, inclusive del Presidente de la República, obviando las recomendaciones de los profesionales y  técnicos (…) lo que le ha costado aproximadamente 24000 millones de dólares a los venezolanos, sólo en el año 2010”, denunció Guevara.
Durante los primeros 100 días del Gobierno de la Unidad esta comisión propone, como medidas inmediatas para comenzar a solucionar la crisis eléctrica,  reorganizar el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec,  ejecutar un  Plan de Emergencia para concluir obras y para mejorar el servicio en áreas críticas, implementar un  plan para resolver fallas en el alumbrado público en centros poblados, en coordinación con  Alcaldías y comunidades; concentrar esfuerzos y recursos en aumentar el grado de disponibilidad de unidades térmicas e hidroeléctricas y  fortalecer el capital humano de Corpoelec de acuerdo con la Misión y Visión de la empresa . Además  sugieren implementar  un  plan que incremente  la cobranza y reduzca las pérdidas que vaya de la mano con  una campaña informativa sobre la realidad de la crisis, la situación de Corpoelec y  del Sistema Eléctrico.
En este sentido, Guevara afirmó que preparan una propuesta  de cambios legislativos y normativos,  que sirva como marco legal  y organizativo de empresas filiales para descentralizar y regionalizar el servicio eléctrico,  y  que permita la colaboración económica  de la empresa privada como complemento del aporte del Estado para la generación y mantenimiento de los sistemas. Asimismo el coordinador aseguró que estas medidas solo serían el comienzo de un plan estructural que completaría la reorganización del sistema eléctrico y solucionaría completamente, durante los seis años de Gobierno, la crisis que hoy deja sin luz de forma no programada a muchos venezolanos.
“Durante el Gobierno de Unidad pondremos en funcionamiento las plantas hidroeléctricas de La Vueltosa y Tocoma,  integradas al Sistema Interconectado;  ampliaremos la capacidad de Sistema Interconectado Nacional y de transmisión regional, ejecutaremos planes intensivos de distribución, subtransmisión y alumbrado en áreas críticas y reduciremos a 100 o menos el número de interrupciones no programadas del servicio eléctrico superiores a 100MW”, concluyó Guevara.

¿EL MUNDO ESTÁ MEJOR O PEOR?

Andrés Oppenheimer

Los jefes de Estado que hablaron la semana pasada en las Naciones Unidas pintaron un sombrío panorama del futuro del mundo, refiriéndose a la Gran Recesión, los crecientes índices de pobreza, el calentamiento global y los conflictos armados por todas partes. Así que, sin negar estos problemas, es hora de poner las cosas en perspectiva.

¿El mundo realmente está empeorando? Aun cuando no tomemos en serio esas profecías de que el mundo llegará a su fin en el 2012, ¿hay motivos que justifiquen una ola de pesimismo global?

Un nuevo estudio, titulado “El Estado del Mundo, 2011” y producido por un centro de estudios internacionales conocido como el Millenium Project, nos ayuda a poner las cosas en una perspectiva histórica. El estudio dice que, pese a que hay enormes amenazas en varios frentes, el mundo está cada vez mejor.

“El mundo es cada vez más rico, más saludable, mejor educado, más pacífico, y mejor conectado, y la gente vive más tiempo”, dice, mientras nos recuerda que pese a todos estos signos de progreso, “la mitad del mundo es potencialmente inestable”.

Es cierto, el precio de los alimentos está aumentando, la corrupción y el crimen organizado están en alza en muchas partes, el cambio climático se hace sentir cada vez más, y la brecha entre ricos y pobres ha aumentado desde la recesión mundial del 2008. Pero el informe sugiere que, en un contexto histórico, el progreso es innegable.

Consciencia global

Aunque la prensa suele centrarse en las malas noticias, hay cada vez más consciencia en el mundo de que los seres humanos somos todos iguales, y de que debemos aprender a convivir. La enorme ayuda humanitaria que se envió a Haití, Pakistán y Japón tras las recientes tragedias ocurridas en esos países, así como la solidaridad mundial con los movimientos pro-democracia en el mundo árabe son apenas los últimos síntomas de que estamos más interconectados, y más preocupados por nuestros prójimos, dice el estudio.

“Cincuenta años atrás, todo el mundo decía que la eliminación de la pobreza era una fantasía idealista, y un desperdicio de dinero”, dice el informe. “Hoy, estamos debatiendo sobre cuál es la estrategia más efectiva para lograr ese objetivo en los próximos 50 años”.

Consideremos algunos de los datos que ofrece el informe sobre los progresos logrados en lo últimos 25 años:

• La expectativa de vida promedio a nivel mundial aumentó de los 64 años a mediados de la década de 1980 hasta los 68 años en la actualidad.

• La mortalidad infantil a nivel mundial en el mismo lapso disminuyó de casi 70 muertes por cada 100,000 niños a 40 muertes en nuestros días.

• La pobreza, definida por el porcentaje de personas que viven con menos de $1.25 diarios, bajó del 43 por ciento de la población mundial a mediados de la década de 1980 hasta el 23 por ciento en la actualidad.

• Las inscripciones en la escuela secundaria aumentaron del 45 por ciento a mediados de la década de 1980 hasta casi el 70 por ciento actualmente.

• El número de conflictos armados en el mundo se redujo de 37 a mediados de la década de 1980 hasta 26 este año.

Y a menos que arruinemos las cosas, todo indica que estas tendencias se acelerarán gracias a los nuevos avances tecnológicos. “La inminente revolución biológica puede cambiar a la civilización más profundamente de lo que lo hizo la revolución industrial o la revolución informática”, dice el informe.

“Hace 13 años, la práctica de búsquedas en Google era desconocida en el mundo. Hoy lo consideremos algo normal”, agrega. “Dentro de 13 años, la práctica de utilizar formas de vida sintéticas para fines médicos, o para producir alimentos, agua y energía también podría ser bastante normal”.

Mejorando

Mi opinión: Me encantó leer este estudio, porque estoy de acuerdo en que el mundo está mejorando, pese a los periódicos retrocesos como el que estamos viviendo ahora.

Siempre que surge el tema de que “estamos peor que nunca”, le hago a mis amigos la siguiente pregunta: si pudieras elegir entre haber vivido hace 200 años o vivir hoy, ¿qué elegirías?

Hasta los pesimistas más recalcitrantes tienen que admitir que vivir hace 200 años —cuando la expectativa de vida era de menos de 40 años, y no había anestesia para cuando uno tenía un dolor de muelas — no era nada divertido. Hoy vivimos más tiempo, y mejor.

Pero soy un optimista preocupado, que no da por sentado el progreso. Creo que el progreso alcanzado no debería llevarnos a la complacencia, sino que —por el contrario— debería servir como un argumento contra los escépticos, y un factor movilizador para impulsarnos a progresar aún más.

Nada de esto arreglará los actuales problemas del mundo, claro, pero nos puede ayudar a navegar con un poco más de esperanza en medio del actual clima de incertidumbre.

Guyana por la libre

El Presidente pregona el nacionalismo, pero no se preocupa por la integridad del territorio

ELÍAS PINO ITURRIETA |  EL UNIVERSAL

domingo 25 de septiembre de 2011  

Últimamente hemos sido testigos de dos hechos sorprendentes, que incumben al ámbito internacional: las declaraciones de la ministra del Exterior de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y el silencio de la cancillería venezolana ante esas declaraciones. La funcionaria anuncia acciones en el territorio que reclama Venezuela desde 1964, y las autoridades del gobierno reclamante guardan escandaloso silencio, o lo han guardado hasta cuando escribo el presente artículo. Tal vez resuelva la Casa Amarilla algún balbuceo, como para no quedar en abultada evidencia, pero la reacción que intente no deja de exhibir la incuria que la ha caracterizado en el manejo de un tema que ha ocupado la atención de la ciudadanía desde la segunda mitad del siglo anterior, y en torno al cual se ha movido el sentimiento de las mayorías hasta provocar apoyos masivos a los regímenes del pasado que se ocuparon de su manejo. 

¿Qué ha anunciado la ministra de Guyana? Partiendo del Laudo de París, suscrito en 1899 y superado por acuerdos posteriores, insistir en la posesión de derechos sobre la zona que hoy está en reclamación. Promover contactos con las autoridades de Trinidad y Tobago, Barbados y Suriname, sin tomarse la molestia de hablar con Venezuela, para anunciar acciones en la región del Esequibo. Por último, solicitar ante la ONU la extensión formal de su plataforma continental, que aspira a aumentar hasta 150 millas náuticas desde las 200 del límite establecido por la zona económica exclusiva que habían determinado, de común acuerdo, su gobierno y un antiguo gobierno de Venezuela. La decisión del régimen guyanés contraviene el contenido del Acuerdo de Ginebra, suscrito entre las autoridades legítimas de Guyana y Venezuela el 17 de febrero de 1966, en el cual se expresa sin cortapisas lo siguiente: "Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta (que ya no existe) y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana". 

Las acciones anunciadas por la ministra Rodrigues-Birkett tienen antecedentes. En 1977, su gobierno promulgó un Acta de Límites Marinos para extender la anchura de su mar territorial. En 1991, decretó una Zona Económica Exclusiva para ampliar su influencia en el negocio de la pesca. En 2000, inició una política de concesiones a empresas transnacionales para la explotación de petróleo. Todas y cada una de las referidas acciones fueron objeto de protesta formal por Venezuela, cuyos gobiernos se apresuraron sucesivamente a enviar notas de desacuerdo y a recordar la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que desconocían con sus actos, en forma unilateral y ventajista, las autoridades de Guyana. Todos los movimientos del vecino fueron vigilados entonces con puntualidad, pero también denunciados sin vacilación en resguardo de los intereses de la nación. Guyana ejecutó o trató de ejecutar acciones en torno a las cuales pesaba una veda legal, pero Venezuela no dudó en evitarlas o en protestar ante los hechos, sin necesidad de desembuchar discursos de patrioterismo ni hacer algaradas de ninguna especie. Simplemente hizo lo que debía hacer frente a la conducta del vecino que violaba o pretendía violar pactos solemnemente establecidos. 

Tanto el Acuerdo de Ginebra como las acciones aludidas fueron consultadas en su hora con las Fuerzas Armadas, no en balde les corresponde el resguardo de la soberanía nacional. En especial se consideró el parecer de la Marina de Guerra, cuyos especialistas asesoraron a diversos gobiernos en todas las vicisitudes. Desde el ascenso del presidente Chávez a la primera magistratura la situación ha dado un vuelco inesperado, una maroma impensable si se consideran los estentóreos discursos de defensa de la patria y de condena de las tenebrosas fuerzas del exterior que conspiran contra la nacionalidad. El Presidente debe conocer la existencia de un Decreto sobre Mar Territorial, suscrito en julio de 1968, pero no le importa que el vecino lo subestime ante la vista de todos. El Presidente pregona el nacionalismo, pero no se preocupa por la integridad del territorio. El Presidente denuncia los negocios del capitalismo en el mundo, pero no se preocupa por los tratos que hace con el vecino frente a sus narices. El Presidente habla de integración latinoamericana, pero permite la formación de un bloque de pequeñas repúblicas, como el que promueve Guyana sin ocultamiento y susceptible de perjudicar a la economía venezolana. 

La mudez del gobierno venezolano ante los movimientos de Guyana es abono de preocupantes conjeturas. Permite pensar que el Presidente no sólo deja hacer por incompetencia o por ignorancia, pese a sus pregones de nacionalismo, sino que también, aunque pueda parecer aventurado, haya llegado a acuerdos sigilosos con el vecino para que disponga del territorio en reclamación. Quizá sienta que así le cobra una cuenta pendiente al viejo imperio británico, o que hace crecer su prestigio de enemigo de los colonialismos, sin considerar la opinión de las Fuerzas Armadas, que no deben estar conformes con la pasividad, ¿o complicidad?, ni calcular el perjuicio que le causa a Venezuela. 

POSICIÓN DE LA MESA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A PALESTINA

Por una solución  justa y equilibrada sobre  el tema de Palestina

  Las Naciones Unidas se aproximan a considerar la solicitud de reconocimiento internacional del estado palestino y su posible incorporación  como miembro pleno de la organización. Frente a este debate, la Mesa de la Unidad Democrática, expresa lo siguiente:

  1. En primer lugar vale la pena recordar la posición asumida por Venezuela en la histórica resolución No 181 (II) de la ONU aprobada el 29 de noviembre de 1947, cuando adoptaron el plan de partición reconociendo a los dos Estados: uno judío y otro árabe. En ese entonces, el Canciller venezolano Andrés Eloy Blanco sumó su voto a la tesis mayoritaria reconociendo ambos Estados.   

2.  A lo largo de varias décadas, la comunidad internacional ha sido testigo de complejos procesos de negociación de Paz en Madrid, Oslo, Camp David, Ginebra y en otras regiones del mundo orientados a encontrar una solución pacifica, con fronteras reconocidas y seguras para ambos Estados, en un marco de mutuo reconocimiento.

 3. Radicalismos de uno y otro lado, han hecho fracasar las difíciles negociaciones. En Israel fue asesinado el Presidente Isaac Rabin, promotor de los Acuerdos de Paz de Oslo.  Al tiempo que Hamas se propuso enfrentar a la Autoridad Nacional Palestina que venía conduciendo un proceso de negociaciones.   

4. Los gobiernos democráticos de Venezuela hasta 1999 siempre asumieron una posición de equilibrio, respetada por sus aliados petroleros árabes y por Israel, así como a la amistad de Venezuela con ambos pueblos y a la tradicional convivencia en nuestra Patria de apreciadas comunidades de origen judío y árabe.

 5. Tan importante como la creación de un estado para que los palestinos tengan una merecida patria, es el reconocimiento al derecho que tienen los israelíes a existir como  estado judío con fronteras seguras.

6. La única solución posible es darle un claro respaldo a la existencia tanto del Estado de Israel como el Estado Palestino, con base a las normas y principios del derecho internacional, incluyendo el derecho a la autoderminación, garantizando fronteras seguras y reconocidas en un clima de paz y cooperación. Venezuela debe mantener una actitud de equilibrio, reconociendo los derechos de ambas partes, asumiendo posiciones constructivas con vistas a  alcanzar una paz firme y duradera.

7. La Unidad Democrática venezolana respalda la aspiración  del pueblo palestino de incorporarse como miembro pleno de la ONU al tiempo que rechaza las descalificaciones, lindantes con el racismo, proferidas por el gobierno de nuestro país contra Israel y sus autoridades. Así mismo, reafirma su disposición de restablecer relaciones diplomáticas con el Estado de Israel a partir del año 2013 cuando  la voluntad del pueblo venezolano nos llame a dirigir los destinos del país.

Caracas, 23 de septiembre de 2011  

¿Por quién votar en las primarias?

Candidatos buenos puede haber muchos, ser capaces, ya es otra cosa

MIGUEL ÁNGEL SANTOS |  EL UNIVERSAL

viernes 23 de septiembre de 2011 

Viendo los buenos candidatos que se han inscrito en las primarias no puedo dejar de hacerme la pregunta que ahora se hacen muchos venezolanos: ¿Cuál será el mejor? ¿Por quién votar? Me lo pregunto como economista, y me doy cuenta de que la orientación económica no será un factor diferenciador en estas elecciones. Aunque la economía de nuestro país se encuentre en ruinas, la mayoría de los candidatos coinciden en las cosas que habría que hacer, o al menos en qué dirección habría que apuntar. 

Después de todo no somos Chile, que lleva veinte años haciendo las cosas bien y ahora se pregunta ahora qué hacer para seguir creciendo. A Venezuela le corresponde sentar las bases para disfrutar del "crecimiento transicional": crecer a tasas muy altas hasta llegar a donde llegan quienes hacen las cosas con sentido común. A partir de ahí ya es otra cosa. Hasta donde soy capaz de discernir y con quienes he podido conversar, la mayoría de los candidatos entienden que un país no puede vivir en la incómoda elección entre inflación (si se liberan los controles) y escasez (si se mantienen). Están convencidos de que necesitamos dar garantías mínimas para abrirle espacios a la inversión privada, porque el Estado debe concentrar toda su capacidad en el esfuerzo de reducir el enorme déficit de atención social. Están claros en que la tasa de cambio no debe ser utilizada para ayudar a nuestros productores, pero tampoco debe ser un ancla contra la inflación que los ahogue y los ponga a competir con importaciones artificialmente más baratas. La mayoría entiende que existe una restricción fiscal, y que el país no puede ser endeudado hasta el infinito para financiar el consumo presente. Todos coinciden en que el petróleo se le ha quedado pequeño a Venezuela. Todos perciben que los cambios en materia económica deben introducirse de manera gradual, dándole prioridad a la gobernabilidad (en la medida en que los recursos así lo permitan). 

La clave está entonces en cómo se hace esa transición (hacia una economía normal) y cómo se le devuelve a los venezolanos la ambición por progresar y la fe en sus propias posibilidades. Porque esa economía que todos desean promover está fundamentada en un Estado que provee cierta red de asistencia social, y un ciudadano que se apoya en esa red para progresar, según su propio esfuerzo y capacidad. ¿Cómo se le venden las enormes posibilidades de la propia iniciativa a un país que lleva años viviendo de la dádiva del Estado, que ha perdido la fe en sí mismo y en su propio esfuerzo? ¿Cómo se le saca de adentro el miedo a los venezolanos, y se les inyecta la confianza en el Estado y sus instituciones, y por encima de todo en sí mismos? Digo que esa es la clave, porque me parece suicida tanto salir a prometer lo que se cree que los demás quieren oír cuando ya no es posible (a la Chávez), como salir a la calle con una propuesta de país sin ningún eco en las mayorías. Y es que de eso se trata el liderazgo, de persuadir, de convencer, de ser capaz, como decía Unamuno, de "enfresar nuestra el alma en la de los que la tienen dormida, o acaso muerta, y que viva allí, y allí, hecha como un óleo, arda y alumbre". Candidatos buenos puede haber muchos, ser capaces de esto último ya es otra cosa. 

“Tremendo berenjenal”
Por Teodoro Petkoff

Con el caso de la sentencia de la Corte Interamericana sobre Leopoldo López el Gobierno venezolano está metido hasta el cuello en un tremedal.

Mientras más se menea y patalea más se hunde. Todas sus respuestas no han sido sino un catalogo de insultos, comenzando por las expresiones de Chacumbele sobre la Corte Interamericana y terminando por las de esa pobre infeliz que ejerce la defensoría del puestico, pasando por la vergonzosa sesión de la Asamblea Nacional, en la cual no hubo insulto ni agresión personal que no fuera empleada contra la oposición. No dejaba de dar risa escuchar a un tipo de tan dudosa reputación como el señor Cabello acusar a cualquier opositor que le quedara bajo la vista de “choro”, es decir, de lo que dicen de él sus propios compañeros.

Todo este palabrerío soez y vacío no revela sino una cosa: el Gobierno está atrapado en un dilema frente al cual, por ahora, no tiene otro recurso que el agravio y la descalificación de la Corte Interamericana, mientras “piensa” algunos argumentos consistentes para tratar de salirse de este cepo legal que lo aprisiona.

Diversos voceros del oficialismo han dicho que la sentencia de la Corte Interamericana, devolviendo los derechos conculcados a Leopoldo López y a todos los que en otros países del continente han sido víctimas de procedimientos parecidos, de sanción administrativa, sin debido proceso, entre ellos la señora Piedad Córdoba, en Colombia, no puede estar por encima de la Constitución venezolana. Precisamente, de eso es de lo que se trata.

El Gobierno venezolano está cogido por el cuello por el artículo 23 de su propia Constitución: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”, Aquí no hay pa’ dónde coger. O el Gobierno acata este artículo constitucional que da esa jerarquía “endógena” a la Corte Interamericana y sus sentencias o lo desacata y se mete en un problemón internacional de marca mayor.

Más aún, el artículo 33 de la Constitución reza que: “El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la Ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.

Como dice Chacumbele en su twitter: “cojan ese trompo en la uña a ver si taratatea“. El Gobierno no puede estar por encima de la Constitución. Tan simple como eso. Y es lo que los descoca.

De hecho, a pesar de todos los exabruptos emitidos por los acólitos de Chacumbele, el Gobierno litigó ante la Corte, lo cual, en la práctica, significa su reconocimiento. Es difícil que ahora venga con la barrabasada de desconocer una sentencia simplemente porque no le gusta. Pero lo hará. Vamos a ver cómo responde la OEA, que es donde está el punto, porque la OEA no puede quedarse callada ante tamaño atentado a su propia existencia y vigencia.

Vía diario Tal Cual

POLÍTICAMENTE CORRECTOS

Axel Capriles

Cuando en los inicios de su ascenso al poder Hugo Chávez prometió freír las cabezas de los adecos en aceite o juró sobre la moribunda Constitución, la ortodoxia política consideró esas expresiones “políticamente incorrectas”. Nadie llama abiertamente al rencor y al fanatismo ni reniega de la Carta Magna que lo inviste de poder. Dichas alocuciones, sin embargo, agradaron sobremanera a grandes sectores de la población y le ganaron al Presidente el fervor popular. Produjeron más aceptación que rechazo. Decir lo incorrecto pareció, entonces, correcto. Las frases impactaban emocionalmente porque, aunque nada diplomáticas, la gente las sentía sinceras, expresaban lo que muchas personas guardaban en su interior pero no se atrevían a decir en público. Independientemente de sus implicaciones éticas o legalidad, los exabruptos implicaban el compromiso con una forma de ver el mundo.

Los líderes de la oposición venezolana pecan por lo contrario. Son extremadamente cuidadosos en decir sólo lo “políticamente correcto”. Este término se usa para designar un lenguaje maquillado que busca, a toda costa, minimizar la confrontación, seguir la ortodoxia política o cultural y evitar todo aquello que pueda ofender o ser rechazado por ciertos sectores de la sociedad. Implica la preocupación extrema por agradar, posiciones acríticas que esquivan las aguas turbulentas. Vemos así al glosario de la oposición repleto de palabras como unión, inclusión, colaboración, amor, todo aquello con lo que todos están de acuerdo. Nadie habla, sin embargo, de asuntos espinosos pero fundamentales para la transformación de la sociedad venezolana como es el problema del monopolio estatal sobre el petróleo. El lenguaje “políticamente correcto” de la oposición deja fuera del debate público los temas esenciales para convocar el cambio. Es una oratoria de lugares comunes adaptados a la consciencia colectiva impuesta por el chavismo. Es un lenguaje cuidadoso y protegido que permanece en lo superficial para conformarse al orden establecido.