APAGÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
E. NOUEL V.
A menos que se tenga la profunda convicción de que los presos no tienen derecho alguno a ser tratados con humanidad, no se explica la reacción del gobierno venezolano contra la reciente decisión de la Corte Interamericana de los DDHH sobre el caso de Raúl Díaz. El gobierno ha señalado como razón para anunciar el retiro de Venezuela del organismo jurisdiccional hemisférico, tal sentencia condenatoria, pues ella significaría que el gobierno norteamericano, ¿…?, una vez más, apoya a terroristas y agrede al gobierno chavista.
Un argumento más retorcido no podría ser emitido por nadie. Ni es EEUU el que decide en tal Corte, ni es Venezuela la única procesada allí. A otros países se les sigue más juicios que al nuestro.
Tal reacción es sólo un pretexto de Chávez para concretar una acción que ya estaba cocinada de antemano, y la cual forma parte del arsenal ideológico demencial que lo inspira.
Desde hace unos cuantos años vengo expresándolo. A Chávez y a su gobierno, los organismos internacionales, sean de la naturaleza que sea, les resultan camisas de fuerza para sus propósitos políticos y la ideología que lo anima.
La alergia que le producen los compromisos internacionales que obligan al país y sus gobernantes a actuar de acuerdo con unos estándares aceptados mayoritariamente por la comunidad internacional, se evidencia en un sin número de declaraciones y una conducta reiterada que va a contrapelo de aquellos.
Mientras no se sintió seguro de tener todos los poderes públicos bajo su égida, siguió el juego de las organizaciones internacionales, no pudiendo esconder, en algunos momentos, sus profundas intenciones y afectos políticos. Varios gestos ya anunciaban por dónde iban los tiros (visita a Sadam Hussein, por ejemplo). Era una muestra temprana de los tiranos con los que se identificaría con el correr de los años: Mugabe, Gadafi, Ahmadinejad, Al Bashir y Al Assad, todos déspotas y genocidas. Sin olvidar, obviamente, los tiranos cubanos.
Queda claro que este talante político-ideológico es la consecuencia lógica de una visión autoritaria y obsoleta del poder. Un caudillo militarista anacrónico, como Chávez, no podría comportarse de otra forma.
Unos atrás, el presidente venezolano, refiriéndose a la OMC, dijo: “Es un monstruo”. En su engendro “integracionista”, el ALBA, se habla de enfrentar la “influencia nefasta de los organismos internacionales”. No desecha del todo los entes internacionales mientras no afecten sus planes y sirvan a sus intereses geopolíticos.
Y qué decir de los conceptos denigrantes y desconsiderados emitidos contra los organismos y funcionarios hemisféricos encargados de la defensa y garantía de los derechos humanos.
En el fondo de la ideología demencial que inspira al gobierno venezolano, está una noción -lo hemos dicho infinidad de veces- de soberanía demodé, no acorde con los tiempos modernos y el actual desarrollo del Derecho Internacional y sus principios.
Esta peligrosa y anacrónica idea comporta un retroceso hacia situaciones históricas que creíamos en gran medida superadas. Se pretende imponer la utilización de un concepto de soberanía à la carte, contrario al normativa internacional contemporánea, acomodaticio a los intereses de los gobernantes, el cual, al final del día, se erige en una suerte de burladero para no responder de las arbitrariedades cometidas al interior de los países.
De concretarse la salida anunciada por Chávez, se estaría cometiendo no sólo un disparate político aberrante; también una violación, otra más, a nuestra Constitución, toda vez que ésta dispone que las normas de los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, y además son de aplicación inmediata y directa (art. 23 CN); es decir, son derecho supraestatal reconocido por la Carta Magna, sobre el cual no se puede echar marcha atrás, denunciando el tratado (Convención Americana sobre Derechos Humanos), sin violentar el principio de la progresividad de los DDHH (art. 22 CN).
Sacar a Venezuela de esa Convención representa un retroceso democrático, una violación de la Constitución Nacional y una desmejora de la garantía de los DDHH de los venezolanos, que deben ser conocidos por el mundo. Es un apagón a los derechos humanos perpetrado por un gobierno militarista indigno, que continua en su enloquecida deriva hacia un descrédito mayor para nuestro país.
Me pregunto qué dirán al respecto los gobiernos amigos de Chávez, los de MERCOSUR, por ejemplo, para los que el sistema de los derechos humanos interamericano fue muy útil para denunciar las atrocidades de los gobernantes militares que padecieron.
EMILIO NOUEL V.
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