La corrupción no tiene que ser una cotidianidad

Lea Gimenez  /  Roberto de Michele

Cuando a inicios de 2016 los llamados Papeles de Panamá —una de las mayores filtraciones sobre evasión fiscal con ramificaciones mundiales— pusieron sobre el tapete el uso de sofisticados esquemas de empresas pantalla (shell companies) que se forman para dificultar la identificación de los beneficiarios finales de negocios, el mundo quedó indignado ante las revelaciones. América Latina, sin embargo, aunque también indignada, lo vio como una consecuencia inevitable —aunque sorpresiva— de la corrupción que todos sus ciudadanos conocen como algo lamentablemente cotidiano.

Los principales indicadores de transparencia e integridad muestran un panorama preocupante en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el Índice de Percepción de Transparencia Internacional de 2018, el puntaje promedio para la región fue de 44 sobre 100. Transparencia Internacional, autora de este ranking, reconoce que cualquier puntaje menor a 50 indica que los gobiernos están fallando en hacer frente a la corrupción.

Y la realidad le da la razón a los ciudadanos: entre 10 y 25% del valor de los contratos de inversión pública de nuestra región se pierde anualmente por casos de corrupción. Más allá de eso, según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, en promedio uno de cada tres latinoamericanos paga sobornos para acceder a servicios públicos básicos como educación, salud o justicia.

Instituciones sólidas

¿Cómo llegamos aquí? No hay una sola explicación. Sin embargo, en muchos países de la región es posible identificar una serie de factores comunes que apuntan principalmente a la debilidad institucional y la baja transparencia del sector público.

Las leyes de acceso a la información son una condición necesaria (aunque no suficiente) para promover la transparencia pública. Es necesario promover reformas de segunda y tercera generación de transparencia, combinando el acceso a la información con el uso de tecnologías de información para que cualquier persona sepa en qué se gastan sus recursos, si el hospital tiene las vacunas para sus hijos o cómo ofrecer bienes y servicios al sector público de manera competitiva.

También, es necesario transparentar los procesos de decisión pública y el registro de beneficiarios finales de las empresas. Las regulaciones económicas —como las que fijan tarifas de servicios públicos o ambientales— deben ponerse en consulta de la opinión pública y deben habilitarse canales para recibir opiniones y recomendaciones de los ciudadanos, en especial de aquellos que serán afectados por las reformas. Este tipo de medidas no solo se relacionan con la transparencia. Tienen además un componente importante de legitimidad de la decisión publica para que todos participen en pie de igualdad en las decisiones públicas.AD

Por último, hay que profundizar las medidas para asegurar la integridad de los funcionarios públicos. Los sistemas de prevención de conflictos de interés están en su infancia en la región. Estas políticas, junto con las declaraciones patrimoniales, pueden ser un instrumento estratégico para que los ciudadanos confíen en que quienes gobiernan lo hacen en beneficio del público.

Burocracia ágil y en línea

Según un estudio publicado en 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo, menos de 30% de los trámites burocráticos pueden hacerse enteramente en línea, y únicamente 7% de los ciudadanos realizó en línea su último trámite con el gobierno. Cuando los trámites se hacen en ventanilla, se abre la posibilidad de que los funcionarios soliciten sobornos a cambio de “agilizar” un proceso. Por eso, una agenda de gobierno digital fuerte es la plataforma esencial para cerrar la puerta a esos comportamientos discrecionales.

La simplificación administrativa es fundamental para reducir las oportunidades de corrupción. Desde los trámites más simples para obtener una licencia de conducir hasta las habilitaciones de comercios y permisos de construcción pueden simplificarse. Este es un desafío especialmente importante para los gobiernos subnacionales, donde se dan la mayoría de este tipo de transacciones.

Transparencia + Tecnología

La tecnología es también un aliado fundamental al momento de romper la opacidad del uso de recursos públicos. El uso de plataformas georreferénciales como Mapainversiones y Maparegalias permiten hoy a los ciudadanos, funcionarios, periodistas y al sector privado de varios de nuestros países, interactuar con mensajes e imágenes en el seguimiento de la inversión pública en tiempo real. Estas plataformas le permiten a un ciudadano sacar una foto de la obra pública y subirla a la plataforma para que todos vean si el puente existe o no. Tecnologías similares también permiten hoy tener información completa de todo el ciclo de compras y contrataciones del Estado. Estos usos de la tecnología permiten llevar a la práctica el principio de que la transparencia es el mejor desinfectante.

Según una encuesta del Foro Económico Mundial a jóvenes de más de 180 países, las personas entre los 25 y 36 años creen que la corrupción es el mayor impulsor de la desigualdad. Es, además, uno de los principales factores que limitan la inversión y el desarrollo del sector privado en la región. Es el deber de los gobiernos de América Latina hacer que la transparencia y el fácil acceso sean tan cotidianos como lo es hoy en día la corrupción.

* La versión original de este artículo fue publicada en el diario Washington Post por el autor bajo el título “La corrupción en América Latina no tiene que ser una cotidianidad”.

¿Quién tiene el control 

del Estado?

     MARTA DE LA VEGA

Lo que en el conocimiento común es definido como Estado, con sus elementos y características, sirve para medir la magnitud y alcance de la desaparición del Estado venezolano, convertido hoy en una banda mafiosa de delincuentes, algunos, autores comprobados de crímenes de lesa humanidad, que han usurpado las estructuras estatales y dominan las instituciones mediante el terrorismo de Estado, la coacción arbitraria y discrecional, el miedo y la miseria de las mayorías.

Venezuela pasó de ser un Estado forajido, subsidiario de Cuba desde que Chávez llegó al poder en 1999, vinculado con el crimen organizado transnacional y sustentado geopolíticamente por regímenes como Rusia, China, Irán y Turquía —todos contrarios a la democracia y con poderosos intereses económicos en el país—, a estar a la deriva, sin Estado ni gobierno efectivos.

La camarilla militar civil que Maduro preside no tiene interés en el bien común ni en el bienestar de los ciudadanos, ni en una economía productiva ni en servicios públicos extendidos a todo el país, eficaces y con mantenimiento preventivo, ni en la transparencia de la gestión pública ni en el respeto a la integridad, los bienes y la propiedad de los ciudadanos. Y cuenta con el silencio cómplice de oportunistas que pretenden acuerdos «parciales» con «quienes tienen el poder».

Para mantenerse aferrados a Miraflores, todo vale: la pérdida de la soberanía nacional, la entrega sin pudor de zonas estratégicas del territorio, que se han tomado fuerzas extranjeras de ocupación, como los cubanos, rusos, chinos e iraníes, o bandas criminales como Hezbollah o Hamas, o fuerzas irregulares provenientes de Colombia como el ELN y las FARC, hoy divididas entre los fundadores de la nueva Marquetalia, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, férreos aliados de Maduro, y la otra disidencia de las FARC, dirigida por Gentil Duarte.

Es clave distinguir el Estado del gobierno, que es uno de sus elementos fundamentales, pero no el único, junto con la población, el territorio y la soberanía. El Estado permanece, antecede y subyace a los gobiernos y es independiente de estos.

Los gobiernos son transitorios; conformados por individuos que ocupan cargos en el Estado, lo administran, ejecutan sus políticas y obligaciones, toman decisiones políticas y administrativas y cumplen las funciones públicas.

*Lea también: Guerra y paz, por Américo Martín

El Estado articula las estructuras del orden jurídico para la cooperación social; sustenta las leyes y obliga a su cumplimento; organiza las instituciones; posee el monopolio legítimo de la fuerza y responde y protege a la comunidad o nación que él representa. En un Estado democrático existe la división de poderes, cada uno de ellos independiente y autónomo, a fin de limitar el poder; de impedir los abusos, el predominio de una rama sobre las demás o la subordinación de una de ellas sobre las otras.

La población es el conjunto de personas que habita en un determinado espacio físico, asentado en un territorio específico y que adquiere carácter de comunidad cuando comparte rasgos de carácter histórico, religioso, económico y cultural. El territorio es el elemento geográfico del Estado. Abarca el espacio aéreo, marítimo y terrestre sobre los que el ente estatal ejerce su dominio y soberanía. Es el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico del Estado. La soberanía es un elemento esencial, que asegura que el Estado sea legal y real. Significa la capacidad de mantener los territorios que posee bajo control total y sin influjo externo.

Sin soberanía, un Estado no sería más que una colonia de una o varias fuerzas extranjeras que la ocupan. ¿Qué tanto de Estado hay hoy en Venezuela?

El gobierno legítimo presidido por el presidente interino, Juan Guaidó, no tiene poder real ni control territorial, ni fuerzas armadas. Toda iniciativa de la presidencia interina a favor de resolver la crisis humanitaria compleja que agobia al país —no olvidemos el 23 de febrero de 2019— es contradicha o bloqueada por los voceros del régimen, como acaba de ocurrir con el lote de vacunas asignadas para el país por la OPS mediante el mecanismo Covax. No importa el interés nacional sino imponer su voluntad de dominio o someterse a la férula de sus mentores, en este caso Putin, para vender sin competidores la Sputnik V y Cuba, con sus vacunas de dudosa credibilidad.

Estamos frente a una ausencia crasa y culpable del Estado venezolano, sin control del territorio, ni de la población ni de la soberanía. Sin gobernar, le queda solo la represión como mecanismo de control social. Anomia, anarquía, transgresión permanente de las normas, violación flagrante de derechos básicos. Permisividad con grupos criminales, cuyos combates en Arauquita han desplazado hoy a miles de venezolanos hacia Colombia.

Otros ejemplos: la invasión del Cementerio General del Sur de Caracas, con sus monumentos funerarios y mausoleos, convertidos estos en albergues de familias muy pobres ante la indiferencia de las autoridades. La banda del Coqui en la Cota 905 asalta un comando de la Guardia Nacional para sustraer armamento de alto calibre, sin éxito. Se toman la autopista, convierten Caracas en territorio hamponil y a los ciudadanos en víctimas del fuego cruzado.

La sede de migración y aduana de La Victoria, en Apure, volada con explosivos por disidentes de las FARC que la destruyeron totalmente. Represalia de los irregulares que fueron atacados y bombardeados en Arauquita por tropas del Ejército venezolano, no para impedir el ingreso de grupos criminales de Colombia, como dijo Maduro, sino como ajuste de cuentas para favorecer a los dos cabecillas de las FARC que Maduro protege en Venezuela, Márquez y Santrich y «despejar» las rutas para el narcotráfico.

Más que reconstrucción del país, su reinvención viable y democrática.

Marta De La Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.

 CRIMINALIDAD

          RAMON PEÑA

No puede ser más incongruente el escuchar a mandatarios, ignaros totales de la ciencia médica, cuestionar y descalificar una vacuna, la de Oxford-AstraZeneca, contrariando la recomendación de la Academia Nacional de Medicina y la opinión, entre otras instituciones, de la Agencia Europea de Medicamentos y, al mismo tiempo, anunciar que en julio próximo, iniciarán la vacunación masiva de los venezolanos con una hipotética vacuna cubana, todavía en fase experimental en aquel país.

Más que incongruente, es criminal si consideramos que el atraso en inmunizar cada día, a decenas de miles de ciudadanos, se cierne como espada de Damocles sobre todas las familias del país, por la marea propagadora que hoy crece exponencialmente en nuestro territorio.

Es criminal también porque tal irracionalidad tiene un motivo político. Como es sabido, la vacuna Oxford-AstraZeneca es la ofrecida por la plataforma internacional Covax, gracias a los fondos liberados por la representación de la oposición democrática, para la importación inicial de 12 millones de unidades. Hasta el presente, el régimen ha dispuesto de apenas 700 mil unidades de vacunas rusas, que ni siquiera han protegido a un porcentaje significativo del personal de salud, pero sí a un buen número de funcionarios, conmilitones y allegados del régimen.

Es aun más criminal si consideramos la precariedad de los servicios sanitarios del país. Hoy, la angustia no es solo contagiarse, sino encontrar el centro donde ser asistido y los recursos clínicos necesarios. Las sociedades médicas denuncian la carencia de servicios básicos en hospitales; médicos que deben comprar sus propios medios de bioseguridad; 25% de los fallecidos corresponde a personal de salud, la tasa más alta del hemisferio; unidades de cuidados intensivos y ventiladores críticamente insuficientes. Amén de la ausencia de 30 mil médicos que han emigrado en la última década.

Las dictaduras suelen escoger a una porción de ciudadanos como sus enemigos y víctimas, pero ésta es una amenaza para la sociedad entera.

 

 REDENTORES GENOCIDAS

ENRIQUE KRAUZE

En el siglo XX, las revoluciones fueron violentas. En el siglo XXI, sus mutaciones populistas han sido plebiscitarias. Pero se parecen mucho. Se presentan como «auroras» de la historia cuyo advenimiento implica todo tipo de «costos». Los líderes los asumen tranquilamente porque los atribuyen al régimen pasado, a los enemigos presentes o, en última instancia, a las propias víctimas que no comprenden la gran idea, el gran principio, la gran transformación.

Para los redentores, la vida humana individual no es importante: lo importante es la ideología y el poder. Lenin escribió: «Un momento como el del hambre y la desesperación es único para crear entre las masas campesinas […] una disposición que nos garantice su simpatía o en cualquier caso su neutralidad». En 1919, cuando un profesor escribió a Trotski diciendo que pasaba hambre, el revolucionario le respondió: «Eso no es pasar hambre. Cuando Tito sitió Jerusalén, las madres judías se comían a sus propios hijos. Cuando […] las madres de Moscú comiencen a devorar a sus hijos, usted podrá venir a decirme: “Aquí pasamos hambre”».

La imagen de Saturno devorando a sus hijos inspiraba a los bolcheviques. A nadie más que a Stalin. Para mantener la pureza de la Revolución, antes de modificar su plan quinquenal o dar un margen de libertad a la economía o la política, Stalin orquestó directamente la gran hambruna de Ucrania. Se llevó a cabo por diversas vías: requisa de cosechas, sellado de las fronteras, aislamiento de los pueblos, prohibición de importaciones. El invierno de 1932 fue inclemente y, al llegar la primavera, el saldo de muerte y desolación era atroz.

La prensa internacional ocultó la noticia. El corresponsal de The New York Times estaba en la nómina soviética. Muchos intelectuales de Occidente, como los esposos Beatrice y Sidney Webb, visitaron la URSS para estudiar el experimento soviético y proclamar sus glorias. H. G. Wells entrevistó a Stalin y afirmó que era un alma noble, muy querida por el pueblo. Turista en Moscú, el intelectual mexicano Vicente Lombardo Toledano escribió que el régimen había acertado en «no darles a los campesinos iguales derechos que a los obreros» porque se habían echado a cuestas la creación «de un nuevo régimen en la historia». Según Lombardo, en Ucrania los campesinos habían sido responsables de su propio desastre pero finalmente habían «digerido la doctrina» y celebraban la colectivización: «las trojes llenas de trigo, los pies con buenos zapatos, la mesa llena de alimentos sanos y frescos…».

Orwell registra la hambruna en sus ensayos de los cuarenta, pero pasaron las décadas sin que nadie, excepto los ucranianos, conservara memoria viva de los hechos. ¿Cuántos millones de campesinos murieron? En 1986, Robert Conquest publicó The Harvest of Sorrow, obra pionera sobre la hambruna. Sin acceso a los archivos secretos soviéticos y basado en testimonios y datos censales, calculó el número de muertos en 5 millones. Estudios más recientes elaborados a partir de esos archivos reducen la cifra a 3,3 millones. En los últimos años han salido a la luz varios libros, documentales y películas sobre el Holodomor (que significa “matar de hambre”, en ucraniano). Los motivos de la hambruna no fueron solo ideológicos o económicos: se trataba de exterminar la cultura ucraniana.

Tres lecciones se desprenden de ese episodio atroz del siglo XX. La primera es el irreductible fanatismo de los líderes que no tienen empacho en sacrificar a las personas concretas en el altar de las ideas abstractas. La segunda es la criminal complicidad de los intelectuales dogmáticos en esos crímenes. La tercera es la evidencia de que, tarde o temprano, la verdad se abre paso: Stalin mató a sus críticos pero es él quien habita el infierno de la historia.

EL CORONA VIRUS PRIMERO

FERNANDO RODRIGUEZ

EL NACIONAL

Desde hace muchos meses ya la Academia había hecho pronósticos muy oscuros sobre el futuro de la pandemia en Venezuela. Y muchos expertos, con mayor o menor contundencia, habían hecho la misma alerta. En esta columna tratamos de hacernos eco de esos llamados y de analizar algunos imperativos que estos implicaban. El primer problema era sin duda la desinformación del país, desinformación que es la peor enemiga de las posibilidades de combatir el terrible mal, sobre todo en países miserables con sistemas sanitarios destruidos como el nuestro. Si Europa y Estados Unidos han vivido lo que sabemos, qué no quedará para nuestra manifiesta indefensión.  

Porque esencialmente el gobierno mentía dando cifras tan bajas que resultaban increíbles, simplemente bastaba mirar las de nuestros vecinos y, en general, las del ancho mundo para caer en cuenta. Es probable que el aislamiento creciente del país depauperado, hasta sin gasolina para moverse, sin turistas y viajeros: ventajas de la miseria; pero, además, sin posibilidad técnica de poder hacer pruebas suficientes para alcanzar una razonable cuantificación del fenómeno y, sobre todo, con un gobierno que abomina el mérito y la inteligencia, las universidades y la investigación científica, y que no pudo y no quiso ver lo que nos acechaba, pudiese vivir en esa fantasía e imprevisión. Hasta se ufanaba de estar haciendo una política ejemplar que no podía ser explicada sino por la destreza innata y el amor al bravo pueblo de la revolución, siempre bonita, siempre, hasta cuando roba y mata. 

Así se dieron largos y permisivos lapsos para que el pueblo pudiese dar rienda suelta a su alegría, complemento paradójico de estar entre los veinte países más hambrientos del planeta. Vanas fueron las advertencias sobre ese punto preciso en Navidad y Carnaval. Además, en manos armadas, policiales y militares, se puso la necesaria civilidad para cumplir con los mínimos protocolos para evitar los contagios. Sobre todo, en un pueblo poco acostumbrado a modos muy disciplinados, para bien y para mal, lo último en este caso. Basta recordar la recomendación de esta semana de la Academia sobre un supuesto medicamento curativo, apodado las goticas milagrosas de José Gregorio, y que promueve a voz en cuello Maduro mismo, y que no cumple los mínimos requisitos científicos que lo sustente, antes, por el contrario, para darnos cuenta de quiénes asesoran, si es que alguien asesora, la acción gubernamental. 

O la tardanza y la torpeza informativa sobre las vacunas. ¿Qué paso con las 10 millones de vacunas rusas que llegarían en abril, asegurado por el propio Maduro, de lo cual no se ha oído nada en semanas y todo parece indicar que deben estar ya destinadas a un mejor postor? Y lo de Covax, por supuesto opción más limitada, ha salido, ¿ha salido?, más por la voluntad de la Asamblea que del Ejecutivo espurio. Y el Plan Nacional de Vacunación no lo conoce nadie y todo el mundo sospecha, sobre todos los verdaderos epidemiólogos, que se tenga el suficiente equipamiento y el personal entrenado para llevar a cabo un asunto ciertamente de una enorme complejidad, dada la cantidad y las dificultades inherentes a la distribución y peculiar conservación de las vacunas. Por ahí hay, por cierto, un plan de Fedecámaras que violaría el principio de prelación en el orden de vacunación que no puede tener otros criterios que sanitarios, en el fondo de los cuales está el derecho primordial a la vida. Principio que fue pateado con las primeras pocas vacunas que llegaron al país y se repartieron a militares y diputados y no a ancianos o enfermos previos. Vivimos una tenebrosa incertidumbre de que una explosión de la pandemia le gane la partida a lo único que puede contenerla, la vacunación pronta y masiva. Y no nos queda sino apostar a las escasas posibilidades racionales y materiales que podríamos todavía movilizar para evitar lo que ya hemos visto ahí mismito, en el Brasil también militarizado y que tiene mucho de infernal. 

Todos sentimos que el país está literalmente aterrado. El resto de los problemas son por supuesto de una enorme gravedad. En lo inmediato está el gasoil, sin el cual cesarían los movimientos vitales del país. Pero todo parece menor ante la monstruosa crecida de la pandemia. Habrá lágrimas de sangre y no goticas sanadoras de José Gregorio si no juntamos esfuerzos y llamamos a los expertos para optar adecuadamente ante las oportunidades que nos quedan.

Negociación y sanciones

    Ismael Pérez Vigil 

En el interior, y en la superficie, de la oposición democrática, los temas de discusión −en consecuencia, de desacuerdo− se suceden y van cayendo como en cascada. El de la negociación está en el aire, se siente, se huele, se masculla sobre él con cierta vergüenza todavía; nadie se atreve a asumirlo frontalmente, a darle identidad, a proponerlo en voz alta, de manera directa; excepto quienes se le oponen, la mayoría se limita a satanizarlo, sin mayores argumentos. Pero el tema está allí.

Y no puede ser de otra manera. Si no tenemos la fuerza para acorralar al régimen y obligarlo a renunciar; o si no tenemos el apoyo de la fuerza armada o el respaldo de una fuerza internacional para deponerlo, ¿Qué alternativas nos quedan? En este momento solo tres; una es, no “jugar”, no participar en nada y sentarse a esperar mejores tiempos; dos, aceptar participar con las reglas del juego que imponga la tiranía y cínicamente tratar de sacar algún provecho de la situación; o tres, construir o reconstruir una fuerza tal que se oponga al régimen, ponga a dudar a quienes ahora lo apoyan, e ir horadando, resquebrajando eso que los especialistas llaman el “bloque hegemónico de poder” y se logre entonces obligarlo a sentarse en la mesa de negociación para buscar una salida. Esa salida a la larga, concluirá obviamente en un proceso electoral −con el perdón de la palabra− en el que se pueda participar en igualdad de condiciones.

Son pocas las personas en el país que hoy no concuerdan con que, de este régimen de oprobio, la única manera de salir es obligarlo a una negociación; el problema es cómo se logra eso. Pero esta no es la “negociación” que está planteada en este momento, la que el régimen está propiciando y en la que ha accedido a participar. Por lo tanto, la oposición democrática, en esta etapa de reflujo en la que se encuentra, está transitando la ruta larga, pesada, de discutir internamente −y externamente− si debe abstenerse o participar en el próximo proceso electoral.

En realidad, se discute en torno a un mito. ¿Cómo llegar a unas supuestas elecciones “libres”, “competitivas”, negociadas con el gobierno, a cambio de levantar sanciones? Hay un cuestionamiento muy real, de muchos analistas y consultores que se preguntan, y se dicen a sí mismos y a los demás: ¿Por qué vamos a suponer que el régimen, todopoderoso, está dispuesto a negociar y conceder condiciones electorales favorables?, ¿A cambio del levantamiento de las sanciones? Les parece contradictorio, injustificado, un contrasentido y no les falta razón. Veamos.

Si en las circunstancias actuales, de acuerdo con todas las encuestas y la opinión de todos los consultores y analistas −tirios y troyanos, de la oposición democrática, alacranes, exchavistas, exmaduristas aun chavistas, todos− el régimen perdería de corrido o de calle, como se dice coloquialmente, cualquier elección que se organice que sea más o menos libre, ¿Por qué negociaría la posibilidad de perder el poder a cambio del levantamiento de sanciones? ¿De qué le serviría el levantamiento de las sanciones si pierde el poder? La respuesta para algunos es que para el régimen es un buen negocio, eventualmente “cedería” algunas gobernaciones −que en realidad no le restan mucho poder y que siempre las puede controlar con los consabidos “protectores” − a cambio de que le levanten unas sanciones que sí lo perturban. Sobre todo, claro está, si le levantan las sanciones “personales”, las que recaen sobre los personajes del régimen, que varios las tienen y que los afectan y los afectarán, estando o no en el poder, para continuar sus “negocios” y disfrutar sus fortunas mal habidas en cualquier parte del mundo. Esa sería la razón y no el que consideren que su poder esté amenazado, que es lo que no parece muy claro en este momento.

Y no faltan razones para pensar que no vean su poder amenazado, a juzgar por la conducta política, impune, del régimen, para controlar el país. No vale la pena repetir de nuevo todos los abusos, ilegalidades y artimañas de que se vale para lograrlo, las doy por bien conocidas, y son una clara muestra del omnímodo poder del régimen, aunque solo esté sostenido, a no dudar, por la fuerza armada nacional y sus colectivos violentos.

Sin embargo, en un mundo globalizado, como se ha ratificado durante la pandemia, nada es gratis y el régimen ha pagado un precio por todas sus ilegalidades, abusos de poder y violación de derechos humanos, que lo han ido aislando internacionalmente, al menos del mundo occidental democrático. A ello, sería absurdo negarlo, han contribuido esas sanciones impuestas por algunos países como los EEUU y la UE, de las que el régimen ha tratado, hasta ahora infructuosamente, de librarse.

Siempre he compartido que las sanciones contra un país son inconvenientes, pues no solo no logran su propósito de debilitar al régimen contra el cual se aplican y sí debilitan y empeoran las condiciones generales de la población del país. Pero tampoco tengo ninguna duda que las sanciones contra las personas, contra los factótums del régimen, si tienen eficacia. Y la mejor prueba de esto es la insistencia del nuestro en intentar librarse de ellas y poner como condición su eliminación cuando se les plantea cualquier tipo de negociación. El objetivo del régimen es utilizar su poder de negociación, que sin duda tiene, para librarse de unas sanciones que afectan en lo personal a algunos de sus componentes; ni por un momento podemos pensar que un supuesto daño de las sanciones a la población o una desmejora de su condición de vida, sea algo que al régimen le preocupe y quiera resolverlo. Pero sí una cosa debemos tener clara, es que esa es una señal de que las sanciones personales si le pesan y debemos tener claro también que el gobierno accedió a negociar en oportunidades anteriores por el peso que ejercen esas sanciones.

Por otra parte, y para finalizar el tema de las sanciones, no debemos cometer la ingenuidad en la que incurren algunos desprevenidos opositores, que favorecen las opciones del régimen, al aducir un cierto daño, impacto o empeoramiento de las condiciones económicas y sociales en Venezuela, producto de esas sanciones, sin percatarse de dos cosas; una, que el régimen lo que intenta es escudarse y tapar, con el supuesto efecto de las sanciones, la desastrosa gestión de, casi, 23 años en el poder; y dos, que a pesar de lo que dicen algunos voceros opositores contra ellas, varios estudios especializados, de universidades y connotados grupos de pensamiento, sostienen y comprueban, sin lugar a dudas, que nuestro mísero estado de vida y el deterioro de las condiciones económicas y sociales, son el producto de erradas y desastrosas medidas económicas, que vienen de mucho antes del año 2017, que es cuando se empezaron a aplicar las mencionadas sanciones.

Como he dicho, no está muy claro que el régimen se sienta amenazado hasta el punto de flexibilizar sus posiciones y hacer concesiones a una oposición que considera, y está, debilitada; pero lo que he descrito es el marco, el contexto, en el que se desenvuelve la negociación para encontrar una salida a la crisis política y la discusión acerca de si participar o no en el próximo proceso electoral, o en cualquier proceso electoral de ahora en adelante.

 COLLAGE SOBRE ROMULO BETANCOURT ( LVII)

             (Gobierno Constitucional –XIX)

         Carlos Canache Mata

La extradición de Pérez Jiménez. Con fundamento en un tratado internacional suscrito en el año 1922, el Gobierno Constitucional del Presidente Betancourt solicitó ante los tribunales de Estados Unidos la extradición de Marcos Pérez Jiménez, quien residía en Miami. El 12 de diciembre de 1962, la Corte de Apelaciones del Estado de Florida decidió la extradición del ex-dictador y ordenó su prisión, que se efectuó en su residencia de Miami Beach, siendo trasladado a la cárcel del Condado de Dade. Los abogados de Pérez Jiménez, para eludir la extradición, alegaban que su envío a Venezuela “equivalía a sentenciarlo a muerte en manos de sus enemigos políticos”, y habían constituido una fianza de cien mil dólares, como garantía de que permanecría en la nación norteamericana mientras la Corte  consideraba el caso. En un último esfuerzo, solicitaron el aplazamiento de la extradición ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero ésta  negó la solicitud, declaró firme la decisión ya tomada por la Corte de Apelaciones del Estado de  Florida, y señaló que Pérez Jiménez debía ser juzgado por los tribunales de su país únicamente por los delitos de “peculado y malversación de fondos del Erario Nacional”.

En su Alocución de Año Nuevo, pronunciada desde el Palacio de Miraflores, el 31 de diciembre de  1962, el Presidente Betancourt, al referirse a la extradición de Pérez Jiménez, expresó: “No  han sido rencores ni espíritu de retaliación lo que ha guiado al gobierno por mí presidido en esta gestión. Debe quedar bien claro que el delito de apropiación indebida  de dineros públicos y el uso de la fuerza pública con criminales propósitos, no se quedan sin sanción. Gestiones de la índole de la adelantada por el gobierno que presido contra el ex-dictador actualmente detenido por mandato judicial en una cárcel de Estados Unidos, no podría realizarla sino un régimen integrado por venezolanos que ni se han enriquecido ilícitamente, ni han utilizado contra sus opositores los procedimientos inexcusables de las torturas  y de los asesinatos. El argumento utilizado por los abogados del ex-dictador de que su vida correría riesgo de ser extraditado a Venezuela, no tiene base alguna”, y mencionó, en cuanto a su conducta frente a sus adversarios políticos, que “estan vivos y sometidos a juicio de sus jueces naturales quienes atentaron contra mi vida” (1).

Desde la cárcel del Condado de Dade, el 15 de agosto de 1963 Pérez Jiménez fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Miami, donde es entregado a funcionarios de la Policía Técnica Judicial de Venezuela, y, bajo la custodia de éstos,  ese mismo día fue embarcado en una aeronave venezolana, con destino a la Base Militar de Palo Negro, y desde allí fue conducido a la Penitenciaría General de San Juan de los Morros, en la que quedó recluido. Ese encarcelamiento fue participado el día 20 a la Corte Suprema de Justicia, que decidió juzgar al procesado siguiendo los trámites del juicio ordinario, en un todo de acuerdo con lo previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Se comisionó al Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Estado Guárico para cumplir el requisito procesal de oirle la declaración indagatoria. Luego de designar sus abogados defensores provisorios, como Pérez Jiménez se excedió en su declaración indagatoria en más de cuatro meses, del lapso de treinta días después de su detención, que exigía el Código de Enjuiciamiento Criminal, la Corte tuvo que intervenir y el 20 de febrero de 1964  ordenó al juez comisionado que fijara la fecha de terminación de la declaración indagatoria, lo cual tuvo lugar el 18 de marzo de 1964, y el 4 de junio siguiente la Corte declaró concluido el sumario.

El ex-dictador fue sentenciado el día 1 de agosto de 1968 a 4 años, un mes y 15 días de prisión, pero salió en libertad ese mismo día por ya haber cumplido el tiempo de su condena, y abandonó el país residenciándose en España.

Las relaciones con la Iglesia. En el marco de la libertad de cultos que garantiza la Constitución Nacional, el Estado reconoce que la gran mayoría de los venezolanos profesa la religión catolíca. En consecuencia con ese concepto, el Gobierno ha construido y reconstruido plantas físicas de iglesias católicas, y cooperó en las obras educativas y sociales que emprenden sus congregaciones religiosas.

Y algo muy importante, planteó el Presidente Betancourt, en cuanto a las relaciones con la Santa Sede, pautadas en la Ley de Patronato Eclesiástico (que  en los años 1945-1948  había sido objeto de tensiones y debates entre la Iglesia y el Gobierno, y cuya sustitución por normas más flexibles ya había sugerido en 1959 en su discurso de toma de posesión), lo siguiente: “Conocida es del país y del Congreso Nacional mi opinión favorable a que se regulen con criterio moderno las relaciones entre el Estado venezolano y la Santa Sede. Apegarse a fórmulas legales en gran parte huecas de contenido y vigencia, no parece recomendable. El respeto suspersticioso al tabú es propio de colectividades tribales. Los Estados y naciones de nuestro tiempo se caracterizan por su capacidad para revaluar situaciones; para rechazar lo que es inoperante y fosilizado; para explorar caminos nuevos, con ánimo de eliminar fricciones que resultan herencia recibida, sin beneficio de inventario, de épocas pretéritas” (2). Efectivamente, como se verá más adelante, después de laboriosas conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y la Santa Sede se arribó al convenio de modus vivendi o Concordato, cuya firma y aprobación por el Congreso de la República  se prefirió aplazar para después de los comicios de diciembre de 1963. Así se hizo: fue firmado por el Presidente Raúl Leoni, como Jefe de Estado de Venezuela, y el papa Pablo VI, como Jefe del Estado Vaticano, y discutido y aprobado por el Congreso Nacional, y ratificado en junio de 1964, aboliéndose el sistema de patronato eclesiástico que habíamos heredado y el cual había sido otorgado por la Santa Sede a los Reyes Católicos.

La situación económica en 1962. En su Quinto Mensaje Anual presentado al Congreso de la República, el 12 de marzo de 1963, el Presidente Betancourt pudo afirmar: “En el año de 1962 se ha experimentado una recuperación notable de la actividad económica de la nación, después de la recesión de los años 1960 y 1961. En efecto, se estima que el Producto Territorial Bruto, o sea el valor creado por todas las actividades económicas del país, se ha incrementado en no menos del 6% por encima del año anterior, comparado con incrementos de sólo 1,4% y 1,7% en 1960 y 1961, respectivamente. Como resultado, volvió a incrementarse el producto per cápita, después de las bajas experimentadas en los dos años anteriores. Con esto, no se ha reconquistado por entero el terreno perdido durante el período de la recesión, pero es signo elocuente de que la economía venezolana ha recuperado su dinamismo, con lo que vuelve a incluirse entre los países de más rápido crecimiento en el mundo entero” (3).

En la recuperación de la actividad económica, han participado todos los sectores productivos, especialmente el de la industria de la construcción que, según informó el Presidente, “ha mostrado la reactivación más espectacular”, puesto que después de haber tenido un descenso de 15,5% en 1960 y de 24% en 1961, tuvo el notable incremento de un 20% en 1962,  gracias a la ampliación de los programas de obras públicas y del otorgamiento de créditos a la construcción de vivienda urbana. Esos dos factores –la recuperación económica en general y la de la industria de la construcción, particularmente- incidieron decisivamente en la creación de alrededor de 120.000 nuevos empleos en el curso de 1962 y en que decreciera el sector de gente desocupada.

La producción petrolera  en 1962 se elevó a más de 3 millones 200.00 barriles diarios para hacer un total de 1.168 millones de barriles en el año, con un incremento de un 9,6% sobre la producción de 1961.

En el decidido propósito del Gobierno de transformar la economía monoproductora del país, reducir su dependencia petrolera y avanzar en el logro de una economía diversificada, el producto generado por el sector industrial se estima que en 1962 creció en 11,8% con respecto al año anterior. Es interesar observar la mejoría notable de la relación del sector manufacturero con la economía en su conjunto, ya que mientras la tasa anual del PTB (producto territorial bruto) creció en alrededor del 4%, entre 1958 y 1962, la tasa anual del sector del sector industrial ascendió a 7,7%, es decir, casi la duplicó.

En cuanto a las empresas del Estado, el Gobierno ha puesto énfasis especial  en la terminación de dos industrias básicas: la Siderúrgica y la Petroquímica. El 9 de julio de 1962, con la primera colada de acero en la Planta Siderúrgica del Orinoco, se completó el ciclo de producción de acero iniciado en 1961 con la puesta en marcha de los hornos eléctricos para producir arrabio. En tal ocasión, ese día 9 de julio, el Presidente Betancourt, desde la Planta Siderúrgica, pronunció un discurso, en el que dijo: “Hoy se inicia en Venezuela la producción de acero dentro del programa de la Siderúrgica del Orinoco, que tendrá a fines de 1962 una capacidad instalada de 760.000 toneladas de acero. Así se completará la integración de esta primera etapa del complejo siderúrgico, en la cual había iniciado la producción de algunas líneas importantes…Con una inversión adicional marginal podremos llegar a producir sobre el millón de toneladas métricas de acero. A medida que el desarrollo del mercado interno o que las perspectivas de exportación lo aconsejen, esta planta prodrá expandirse con facilidad para alcanzar una producción de dos millones y medio de toneladas de acero” (4). Sobre la Petroquímica, el Presidente Betancourt, en su Quinto Mensaje Anual presentado al Congreso, expresó: “La construcción del complejo industrial del Instituo Venezolano de Petroquímica en Morón para la producción de fertilizantes se terminó en 1962, culminando así la primera fase de esta importante industria que comprende la producción de abonos fosfatados y nitrogenados, cloro, ácido clorhídrico, ácido nítrico y materia primas para explosivos…La producción del complejo industrial de Morón se destinará en su mayor parte a satisfacer las necesidades del consumo interno, en primer lugar de la agricultura y de las industrias de productos derivados. Venezuela es uno de los países que ofrece mayores ventajas comparativas para un desarrollo en gran escala de la industria petroquímca. Por ello el aprovechamiento de nuestros abundantes recursos naturales debe dirigirse no sólo a la satisfacción de la demanda interna, sino principalmente hacia la exportación” (5).

En relación a la agricultura y la Reforma Agraria, el Presidente Betancourt informó: “Se estima que en 1962 el producto generado por el sector agrícola ha crecido un 8% con respecto a 1961…El aumento de la producción agrícola en los últimos años fue logrado simultáneamente con la inciación del proceso  de reforma agraria, que ha venido produciendo un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra. En 1962, el Instituto Agrario Nacional estableció 135 asentamientos para 14 mil 600 familias en una superficie de 167 mil hectáreas, con lo cual se completaron, durante los cuatro años del Gobierno Constitucional, 637 asentamientos campesinos para 57 mil familias en más de un millón y medio de hectáreas. La dotación de tierras ha afectado 426 fundos y bienhechurías de propiedad privada con una superficie de 552 mil hectáreas” y agregó, después de reconocer que las labores de parcelación y entrega de títulos han marchado con cierta lentitud y requieren un impulso mayor, que se prevé que “el proceso de reforma agraria, en su aspecto de dotación de tierra, habrá beneficiado a 100 mil familias campesinas al final del período del presente Gobierno Constitucional” (6).

La situación fiscal en 1962.  Sobre la situación fiscal en 1962, el Presidente Betancourt informó: “En cuanto a la situación del fisco nacional, el balance fiscal, que resultó de la comparación entre los ingresos ordinarios, que totalizaron 5.905 millones de bolívares, y los egresos ordinarios, que fueron del orden de los 5.240 millones de bolívares, presenta un superávit corriente de 665 millones de bolívares…El saneamiento fiscal ha permitido que por primera vez en muchos años se haya podido presentar a este soberano cuerpo, en sus anteriores sesiones ordinarias, un presupuesto de ingresos y de gastos de la nación para el año 1963, cabalmente balanceado” (7).

Educación, y sanidad y asistencia social.

 En educación primaria, el déficit escolar se redujo en el año escolar 1962-1963 a 216 mil niños, de 410.000 a que ascendía en 1958-1959. El índice de analfabetismo de la población de 15 años y más, bajó de 33,5% en 1961 a 26,5% en 1962. En educación media, casi toda oficial, en 1962 tuvo un incremento del 104%. En educación superior, oficial y privada, la inscripción ha subido en el año 1962-1963 en un 120%, con respecto al año 1958-1959. En resumen, dijo el Presidente Betancourt: “En toda la historia de Venezuela, jamás la educación nacional recibió, como ahora, una atención tan preferente y extraordinaria. La casi duplicación de la población escolarizada; la disminución acelerada del analfabetismo; la construcción en cuatro años de más aulas escolares que en todo el medio siglo anterior; el planeamiento integral de la educación en estrecho vínculo con el desarrollo económico y social del país…son otros tantos avances de excepción” (8).

En sanidad y asistencia social: El Presidente señaló: “La situación sanitaria del país ha mejorado considerablemente en los últimos cuatro años, como consecuencia de la atención médica, tanto preventiva como curativa, y especialmente de las  campañas de saneamiento ambiental y de nutrición…La vida media del venezolano es hoy de 64 años, que es una cifra de las más altas  que se conocen en los trópicos…Venezuela es uno de los pocos países tropicales en donde se ha erradicado la viruela…En 1962 se vacunaron contra la poliomielitis casi diecisiete veces más personas que en 1958 y tres veces más contra la tosferina, tétano y la difteria. El área de malaria erradicada continúa siendo el triple de la que tienen en conjunto los otros países de la América Latina, y la campaña contra la enfermedad de Chagas alcanza ya la protección a más de 120 mil casas” (9).

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Notas

1-Rómulo Betancourt. La Revolución Democrática en Venezuela. Tomo III. Caracas/1968. Alocución de Año Nuevo. 31 de diciembre de 1962. Desde el Palacio de Miraflores. Pág. 281.

2-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 419.

3-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 419.

4-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 166-167.

5-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 445-446.

6-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 437-438.

7-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 422-423.

8-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 453-459.

9-Rómuo Betancourt. Obra citada. Pág. 457 y 458.

Los neutros inmorales

          Naky Soto Parra

Ayer en el marco del desconsuelo que me produjo que Delcy Rodríguez y Nicolás negaran el ingreso de las vacunas por el mecanismo Covax, reté a los que acusan que el problema de este país es que “los venezolanos no nos ponemos de acuerdo”, a que escribieran su reacción, que dijeran algo sobre una decisión arbitraria que perjudica masivamente a una población en emergencia humanitaria. La decisión del poder no responde a un estudio científico que pueda contraponerse a los que ha presentado la Universidad de Oxford o la propia Organización Mundial de la Salud.

Los procuradores de acuerdos políticos, los papás de los helados del centro, de la neutralidad, de la objetividad, guardaron silencio, mientras el resto de las personas informadas reclamábamos esta barbaridad. Esta tarde se desplegaron en las redes con tres mensajes clave: 

- Señalar culpables es fácil, ergo, es una obviedad innecesaria.

- Ante la intransigencia injustificada del poder, lo mejor es complacer sus demandas (otras vacunas, acceso a dinero de cuentas congeladas, reconocimiento político, etc.), o darle más opciones.

- Admitir que la “culpa” es nuestra por no prever que patearía la mesa, y en consecuencia, por no tener opciones para complacerle.

Ya bajaron línea. Y son tan inelegantes, que ni siquiera se preocupan por ponderar lo que están copiando y pegando, por cambiar algún verbo o ponerle un emoji. 

Lo he dicho en los #EnSerio que hago con mi amado (y francamente equilibrado) esposo, son unos cínicos, y justo por desconocer los incentivos para ejercer con semejante constancia su cinismo, declaro que no respeto:

- Su voluntad de hacerle todo más fácil al poder.

- La demonización de la culpa, porque “polariza", salvo si puede enrostrársela a la oposición o repartirla entre la oposición y el poder a partes iguales.

- El desprecio por el raciocinio del resto, porque siempre producen mensajes para subnormales.

- Y el lenguaje “Cabaliere”, esa mezcla de new age con un optimismo sin asidero: “Si el Ejecutivo te escupe en la cara, agradece que tienes puesto el tapabocas y usa lo que te queda de agua para volver a empezar: lavarte es un escupitajo, te hace grande”.

El chavismo es culpable porque:

- No hace suficientes pruebas PCR, aún teniendo material donado para hacerlas.

- Por no hacer suficientes pruebas, no tiene manera de marcar la trazabilidad de los contagios, y muchísimo menos de detectar variantes entre los contagiados.

- Ni en pandemia han querido emitir un boletín epidemiológico.

- Un año después, no existe un plan único y masivo de vacunación, ni siquiera existe un presupuesto para realizarlo.

- Con las pocas dosis recibidas hasta ahora (700 mil en total), se privilegió al poder y no a los grupos prioritarios y por eso sigue muriendo personal de salud cada día.

- Y a pesar de todo esto, ¡rechazan vacunas necesarias!

La salud es un derecho humano, irrenunciable. Un Estado regularmente ausente, y apenas fallido sólo para castigar, es culpable de decisiones que perjudican a su población. Esta vez nos niega el acceso a la salud, a la necesaria inmunidad de rebaño de un país cuya mayoría es pobre, que está mal alimentada y justo por eso, es mucho más susceptible de contagiarse y al hacerlo, tener como única certeza que el sistema de salud también está destrozado.

Esto es una crisis humanitaria. Tuitear para tratar de eximir las culpas del chavismo es sencillo, lo complejo es vivir en este país bajo el yugo de quienes lo destrozaron. A cada vocero de esta vileza, a cada falso equilibrista que tiró la toalla ante la dictadura, a cada persona que le da más poder al poder: ¡el coño de tu madre!