Grupo La Colina

Declaración de Grupo Ávila

Diplomacia intervencionista y expansionista
La auto proclamada Revolución Bolivariana ha desmantelado el servicio exterior venezolano. La Cancillería ha sido poblada con funcionarios que no cuentan ni con la formación ni con las calificaciones necesarias para ejercer la función diplomática.
El objetivo cada día más nítido del intervencionismo chavista en la región es replicar el actual régimen venezolano que es supresor progresivo de libertades, de la vigencia y respeto de los derechos humanos, del valor del voto, de contrapesos, controles y de alternabilidad en el ejercicio del poder, usando simultánea y selectivamente como instrumentos las funciones legislativa y judicial, la promoción del resentimiento, la confrontación social, la represión, la violencia, el engaño, el miedo y la disposición perversa de los recursos de la nación. Por lo que respecta a políticas públicas, el chavismo experimenta con esquemas comprobadamente productores de miseria y castradores de iniciativa ciudadana. Al propio tiempo, el gobierno chavista gestiona la conformación de alianzas fuera de la región con gobiernos en los que descollen algunas de las anteriores características.
El desempeño internacional del régimen chavista es antítesis de los valores y principios que orientaron la actuación internacional de Venezuela a lo largo cuatro décadas. En efecto, entre los avances de la Venezuela democrática a partir de 1958 hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, hay que señalar la formación de un cuerpo de profesionales que integraron el Servicio Exterior bajo la ley de 1961, la cual reservó el 50% de los cargos de embajador para funcionarios de carrera. Estas normas fueron respetadas por los distintos gobiernos democráticos y para mediados de la década de los 90 el porcentaje de funcionarios de carrera superaba el 80% del total.
El 2001 fue promulgada una nueva la ley del servicio exterior que fue reformada en el 2005 y la cual, entre otras cosas, estableció que "el presidente designará los jefes de todas las misiones diplomáticas". En el 2007 fue aprobada otra reforma según la cual "todos los cargos de la Cancillería, tanto del servicio interno como externo serán de libre nombramiento y remoción". Está próxima a aprobarse una tercera reforma de la ley que dejará al arbitrio del presidente la designación de todos los jefes de misiones diplomáticas y consulares de la República. El proyecto en curso de aprobación, tiene netos vicios de inconstitucionalidad, es incompatible con el ordenamiento jurídico interno, contraviene varios instrumentos internacionales y carece de técnica legislativa, pero más allá de ello, está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013- y con el capítulo de la Política Internacional en la propuesta Reforma Constitucional -rechazada con votos pero igualmente en proceso de implantación paulatina- que planteaba “socializar las relaciones internacionales e impulsar o difundir el proyecto socialista a nivel internacional”. (Se refiere, desde luego, a la versión propia que el régimen chavista denomina "Socialismo Siglo XXI"). El proyecto se apresta a legalizar dos connotaciones hoy presentes en la Cancillería venezolana, cuales son un funcionariado diplomático y consular adiestrado con absoluta prioridad, en "inocular" el ideario y procederes chavistas, cuyas posibilidades de efectividad son, desde luego, inversamente proporcionales a la fortaleza institucional y al equilibrio social del país receptor y constituye, también, un instrumento más de discriminación política porque se encamina a excluir a cuanto venezolano carezca de la disposición para propagar los postulados chavistas mal o bien disfrazados, aunque tenga óptima capacitación para la función diplomática.
Siendo la expansión del modelo chavista -arropado de falso bolivarianismo o presentado como Socialismo Siglo XXI-, más allá de nuestras fronteras, un objetivo prioritario de la actual política exterior, es previsible que con el funcionariado ocurriese algo similar a lo que el régimen hizo con los trabajadores de PDVSA, con el personal de las “misiones” o programas sociales y está en camino de hacer con los profesores y estudiantes mediante la recién sancionada Ley de Educación.
Los valores de convivencia pacífica y de respeto mutuo se avizoran más y más ausentes en la gestión exterior de Venezuela con el presente gobierno, para pesar e inquietud de los venezolanos comprometidos con la democracia. Al mismo tiempo, la creciente presencia de factores provenientes de países como Irán en nuestro territorio así como la entrega de servicios de la administración venezolana al castrismo cubano, perturban nuestro espíritu libertario y venezolanista e igualmente nos plantean serias interrogantes sobre el posible uso de nuestro suelo patrio para actividades adversas a la paz y en contra de naciones amigas.