Grupo La Colina

Ratifican privativa de libertad contra Richard Blanco

Caracas. El tribunal tercero de control del Área Metropolitana ratificó esta madrugada la medida privativa de libertad contra el prefecto de Caracas, Richard Blanco. La medida causó la indignación de unas 30 personas que se encontraban a las puertas del Palacio de Justicia esperando la decisión, las cuales de inmediato empezaron a corear "Pueblo madura, esto es dictadura". En horas de la madrugada se conoció que Andreína Blanco, hija del prefecto, se declaró en huelga de hambre y se unirá a los estudiantes en las afueras de la Organización de Estados Americanos (OEA) hoy a partir de las seis de la mañana. La decisión de la jueza Jeanne Medina se conoció a las 12:50 minutos de la madrugada de este miércoles.

Ismael García dice que Fernández está preso por una pelea de "mafias"

El diputado dijo en la AN que con esta acción Cabello ataca a Rangel y otros grupos. El viernes pasado el Gobierno nacional decretó la intervención de los bancos Banpro, Bolívar, Canarias y Confederado, entidades que pertenecían a Fernández. De inmediato, ordenaron allanar la residencia del magnate, que terminó retenido en la Disip. El lunes, la Fiscalía le imputó tres delitos: distracción de recursos de los ahorristas, apropiación indebida de créditos y asociación para delinquir. Antes de ofrecer su versión de lo ocurrido, García identificó a cuatro grupos políticos y económicos que estarían protagonizando una lucha intestina para aumentar su poder en el seno del chavismo: Fernández y Adán Chávez; Diosdado Cabello y Rafael Sarría; Jesse y Arné Chacón Escamillo, y José Vicente Rangel y Pedro Torres Ciliberto. La historia que concluyó con la captura del banquero fue narrada así por el secretario general de Podemos: "Rangel perdió poder, Cabello lo había arrinconado, y a través de la sociedad que establecieron Fernández y Torres Ciliberto, quien acaba de huir del país, lograron hacerse algunos negocios. Esto permitió un acercamiento entre Adán Chávez y el ex vicepresidente de la República. Ahora, esto (el encarcelamiento del jefe del Grupo Bolívar) es una operación de Cabello contra el grupo de Rangel y el resto de las mafias que operan dentro del Gobierno nacional".

Buenos amigos

El legislador afirmó que el presidente Hugo Chávez conoce muy bien a Fernández, aunque ahora se refiera a él con un genérico "ricachón". "Fernández es el principal distribuidor de alimentos del país, dueño de empresas atuneras que trabajan para el Estado, de dos barcos exportadores de gasoil y de un periódico que, en realidad, es propiedad de su hermano Adán. En el avión de Fernández han viajado el papá del Presidente y los amigos de la revolución". El parlamentario afirmó que el general Hugo Carvajal, responsable de la Dirección de Inteligencia Militar, también está involucrado en este caso y se preguntó: "¿Cómo es que un general participa en operaciones financieras de esta naturaleza?". García recordó que Fernández se disponía a adquirir Digitel; sin embargo, acotó, esta transacción naufragó producto de la lucha que sostienen estas "mafias". A su juicio, estos grupos se han hecho "multimillonarios gracias a operaciones financieras fraudulentas" avaladas por Miraflores.

Amenaza de muerte

El dirigente de Podemos denunció que el empresario Maurice Beracha habría amenazado con asesinarlo. García ha señalado que Beracha asesoró a Rafael Isea, ex ministro de Finanzas y actual gobernador de Aragua, "en el montaje de la colocación de bonos y notas estructuradas". "En una reunión con judíos, Beracha dijo que yo sería muy bueno con el micrófono, pero que éste no para balas", acotó.

Denuncian "golpes" a Zulia y Táchira ante la IS

UNT sumó su propio documento a los consignados por AD y el MAS a la plenaria. El partido Un Nuevo Tiempo (UNT), también consignó -como lo hizo Acción Democrática- una denuncia particular en el seno de la Internacional Socialistam, reunida hasta ayer en República Dominicana, en la que pone al tanto a los 170 partidos que la integran, del "golpe de Estado continuado" del gobierno de Hugo Chávez contra los mandatarios de Zulia y Táchira, Pablo Pérez (UNT) y César Pérez Vivas (Copei). En rueda de prensa en Caracas, Enrique Ochoa Antich fue el portavoz del contenido del documento consignado en la IS por Timoteo Zambrano (UNT), delegado del partido. El texto es amplio y preciso al citar las irregularidades de todo tipo. Ochoa señaló que se destaca la persecución contra Manuel Rosales, asilado en Perú, a quien esta semana le ocuparon militarmente sus tierras. "Confiamos en que esta iniciativa nuestra consiga reducir la actitud de indulgencia que algunos partidos socialistas del mundo tienen para el proyecto político de poder de Chávez dejándose engañar por la prédica seudosocialista de un pensamiento que como el del tirano venezolano puede ser identificado más con una versión caribeña de un fascismo-comunismo de origen electoral", dijo Ochoa. En el último día de sesiones de la IS, los delegados denunciaron "las amenazas y retrocesos que sufren las libertades en países de América Latina, África y Oriente Medio", y pidieron a esta institución que "esté vigilante ante esta problemática", citó Efe. Henry Ramos (AD) y Felipe Mujica (MAS) denunciaron la situación venezolana y alertaron que cerca de 2 mil personas están presas o procesadas por su oposición política.

TSJ niega devolverles puertos y aeropuertos a las regiones

Desechó petición para regresarles temporalmente esos asuntos a regiones. Los puertos, aeropuertos y carreteras que fueron reasumidos por el Gobierno nacional seguirán en manos de éste, al menos hasta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida si la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización aprobada en marzo pasado por la Asamblea Nacional se ajusta a la Constitución. La decisión la adoptó la Sala Constitucional del máximo juzgado al admitir la demanda de nulidad contra la modificación del instrumento que desarrolla las competencias de los estados y municipios, interpuesto en mayo pasado por el procurador de Carabobo, Leonel Pérez Méndez. Adjunto a esa querella figuraba una solicitud de medida cautelar para que el TSJ dejara temporalmente sin efecto el cambio legal, mediante el cual el Ejecutivo nacional asumió la gestión de las terminales marítimas y aéreas y de las carreteras que hasta entonces administraban las distintas gobernaciones del país. En el fallo redactado por la presidenta de la Sala y del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, se rechazó la petición alegando que los accionantes no presentaron elementos que le hicieran sospechar que la aplicación de la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización "causará algún perjuicio a la sociedad o las instituciones nacionales" que no pueda ser reparado cuando dicte el dictamen de fondo.

El Estado es el gran depositante de los bancos intervenidos

Entidades de Ricardo Fernández tienen 18% de los fondos públicos en la banca privada. Entre diciembre de 2008 y noviembre de este año, la Superintendencia de Bancos detecta inconsistencias en el origen de los fondos, incumplimiento de índices de solvencia y numerosas violaciones a las normas, que desatan un arsenal de medidas administrativas previas a la intervención del Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro. No obstante, a lo largo de este período el dinero del Estado continúa fluyendo generosamente hacia las tesorerías de las entidades en poder de Ricardo Fernández Barrueco, al punto que al cierre de octubre de 2009 lo inyectado en depósitos asciende a 4 mil 838 millones de bolívares fuertes, una magnitud que representa 18% de todas las colocaciones de organismos públicos en la banca privada. Otra forma de observar la magnitud de las colocaciones públicas es que lo invertido en estos cuatro bancos a través de cuentas corrientes, ahorro y depósitos a plazo equivale a 25% del dinero que el Estado posee en sus entidades financieras: Venezuela, Banfoandes, Industrial, Banco del Tesoro y Banco Agrícola. Esto ocurre a pesar de que por la pequeña red de agencias y el estancamiento en el grupo de bancos intervenidos no hay una entidad que amase más de 2% del total de depósitos en el sistema y de forma combinada sólo controlan 5,7%. En realidad, las estadísticas que desnudan los depósitos en cuentas de ahorro, corrientes y a plazo son bastante conservadoras porque no incluyen el cúmulo de bolívares que organismos públicos desembolsan a través de colocaciones de corto plazo conocidas como "mesa de dinero". El caso del Banco Canarias es ilustrativo. Al incluir las operaciones de la mesa de dinero los depósitos de organismos públicos, al cierre de octubre de este año, aumentan desde 2 mil 073 millones de bolívares fuertes hasta 4 mil 652 millones, que equivalen a 41,52% de todas sus captaciones.

Estos datos no son un secreto en el alto Gobierno. El 11 de diciembre de 2008 la Superintendencia de Bancos le exigió al Canarias un cronograma de medidas para disminuir la "alta dependencia de los depósitos oficiales", que para septiembre de ese año representaban 49,52% de todas las captaciones.

Al 31 de diciembre de 2008 el Banco Industrial de Venezuela, Banfoandes, Instituto Municipal de Crédito Popular y el Banco del Tesoro tenían colocaciones a dos días de plazo en el Canarias por el orden de 505 millones de bolívares fuertes, unos 235 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Al 30 de junio de este año, en la cuenta "otros depósitos a plazo" aparecen colocaciones por el orden de 359 millones de bolívares fuertes, que principalmente pertenecen al Seniat y al Ipasme. Al cierre del primer semestre de 2009, el Banco del Tesoro, Banco de Comercio Exterior y Banco Industrial tenían colocado en el Banco Bolívar a través de la mesa de dinero por 822 millones de bolívares fuertes. Para esa misma fecha, Banfoandes, a través de préstamos en el mercado overnight, donde las entidades financieras se prestan entre sí, le inyecta al Banco Bolívar 268,4 millones de bolívares fuertes.

En su último informe Faraco & Asociados indica que las transacciones en este mercado, visitado constantemente por los bancos de Ricardo Fernández, han crecido velozmente. A septiembre de este año los montos transados en el mercado overnight representan 7% de todos los recursos que maneja el sistema financiero, una proporción que es considerada como sumamente elevada.

El Banco Central advirtió de la continua utilización del mercado overnight. El 14 de enero de este año, la Superintendencia reconoce en un oficio que el BCV le ha informado que el Canarias "presentó de forma recurrente en diciembre de 2008, un déficit de liquidez por aproximadamente 562 millones de bolívares fuertes producto de la alta dependencia de los depósitos oficiales y la demanda de fondos a través de préstamos overnight". En el caso del Confederado, "al 31 de diciembre de 2008, los depósitos a plazo y financiamientos bajo la modalidad de overnight provenientes del sector público representan 56,18% y 41,06%, de los otros financiamientos obtenidos". Las cuentas de Banpro a junio de 2009 también evidencian colocaciones importantes a través de la mesa de dinero provenientes de Bandes, Banco Industrial de Venezuela, Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Bolívar, Banco del Tesoro y Banco de Exportación y Comercio. A pesar de que el alto Gobierno conocía a fondo el cuadro de insolvencia de los cuatro bancos hoy intervenidos, se mantuvo una constante inyección de depósitos de organismos públicos.

Temen deterioro del sector agrícola

En Guárico afinan un parcelamiento de 80 a 100 hectáreas por productor. La política del "rescate de tierras" que viene aplicando el Gobierno, lejos de potenciar la producción primaria nacional lo que ha generado en los últimos años ha sido desestímulo y desinversión tanto en la ganandería como en la agricultura.

Los productores temen que las intervenciones que aplicó el Instituto Nacional de Tierras (INTI) este lunes en Guárico, Zulia y Táchira, entre otras entidades, afecten aún más la producción que se encuentra deteriorada.

A pesar de que los funcionarios del Gobierno han aseverado que las fincas afectadas por la medida se encontraban ociosas, los gremios que representan a los productores, así como los mismos propietarios, aseguran que se encontraban produciendo a máxima capacidad. Además de las regulaciones que enfrenta el sector agrícola en materia de precios y comercialización, este año ha padecido las peores condiciones climáticas de los últimos tiempos lo que ha mermado la producción.

En descenso

En el caso de Guárico -donde se intervinieron nueve predios- las fincas ubicadas en la cuenca del Río Tiznado produjeron en la última zafra, que acaba de culminar, 70 millones de kilos de maíz entre blanco y amarillo, que representa 30% de los 190 mil toneladas que produjo este año esa entidad, informó Carlos Albornoz, director Nacional de Fedeagro. Pero este año la producción de maíz en esa región, como consecuencia de la sequía, cayó 75% respecto a 2008, al pasar de 575.000 toneladas el año pasado a 190.000 recolectadas en 2009 .

El estado Guárico aporta entre 55% y 58% del maíz que se consume en todo el país.

Los productores de esa entidad consideran que las intervenciones de tierras productivas son negativas para el desarrollo del aparato productivo interno, pues los predios se entregan a personas que no están capacitadas para mantenerlos productivos y con el tiempo terminan por convertirse en lo que el Estado penaliza: tierras ociosas.

En Zulia fueron intervenidas dos fincas, cuya actividad estaba dirigida a la ganadería de doble propósito. Carlos Benavides, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Municipio Colón (Aganaco), informó que la hacienda La Milagrosa, propiedad de Manuel Rosales, procesa entre 1.000 y 1.300 litros de leche diarios, entre 50 y 60 novillos por trimestre, y unos 15.000 kilos de plátano por quincena. Indicó que esta intervención mermará aún más la producción primaria en la entidad, que ya ha disminuido entre 60% y 70% en los últimos seis años.

Recordó que en la zona de Machiques se han dejado de producir más de 230.000 litros de leche y una importante cantidad de carne, producto de las intervenciones e invasiones. Hasta hace un mes, según las cifras que Aganaco maneja, el rescate de tierras iba por el orden de 2.150.000 hectáreas en todo el territorio nacional.

El lazo del INTI llegó hasta el Táchira donde en esta oleada ha sido intervenida una finca, propiedad del ganadero Giuseppe Gianetti, pero la Asociación de Ganaderos de la entidad (Asogata) conoce por lo menos unos ocho expedientes de expropiación en la entidad. Gustavo Spósito, vicepresidente del gremio, dijo que más allá del tema legal, la expropiación de fincas genera temor en los productores de la región, y de esta manera afecta la inversión en el campo. De hecho, producto de la amenaza a la propiedad privada, la inseguridad y los efectos del control de precios, el Táchira descendió del tercer al sexto puesto en producción de leche y carne en todo el país.

(LAS NOTICIAS SON TOMADAS DE EL UNIVERSAL)