La crisis política social y económica que atraviesa Venezuela es cada vez más profunda. La salida democrática que frene el conflicto no está a la vuelta de la esquina, ni para el Gobierno ni para los sectores opositores. Maduro cometió el error desde que tomó posesión de la primera magistratura de creer que ganar con tan estrecho margen le obviaría la obligación ética y política de reconocer al resto del país. Quizás pensó que con solo duplicar las originalidades de su padre político todo fluiría sin mayores contratiempos y disfrutaría de las mieles del poder a sus anchas. Se olvidó, sin embargo, que en la psiquis de la mayoría de los venezolanos opositores estaba fresca la conflictividad y la exclusión a que han estado avasallados durante tantos años. Los venezolanos han estado sometidos a innumerables atropellos y abusos. Han visto el enriquecimiento fácil y el estilo de vida de muchos de los revolucionarios mientras han destruido el aparato productivo del país y la economía sumergiendo a la nación a una crisis económica de las peores de su historia.
Faltaba el detonante que prendiera la mecha para que el país se sumergiera ya por muchos días a un escenario de conflicto que nos puede llevar a las puertas de una guerra civil y que es lo peor que le podría pasar a esta nación. Mientras pasan los días, el gobierno se sumerge en la más torpe de las estrategias que es la de reprimir, mentir, en seguir ahogando a los sectores opositores no solo con gases lacrimógenos sino con el más absoluto irrespeto a los derechos humanos y secuestrando a las instituciones del Estado cada vez más al servicio de las decisiones del Ejecutivo.
Se suma el dictamen de la sala constitucional del TSJ con relación al caso de la diputada María Corina Machado. En cualquier parte del mundo democrático antes de cuestionar a la diputada por aceptar una fórmula transitoria en un organismo multilateral para su participación, hubiesen destituido al Presidente de la Asamblea por abuso de poder. Desmedida jurisprudencia la que deja el máximo tribunal para futuras actuaciones del Presidente del Legislativo quien podrá remover a su antojo a cuanto opositor se le atraviese por delante.
Esta situación empastela el cuadro nacional y obliga a que las partes del conflicto se sienten en una mesa de negociación con un mediador internacional que ayude al establecimiento de unos acuerdos satisfactorios que permitan que el país retome la normalidad y el gobierno pueda dentro de un escenario de diálogo y de cultura de paz, trabajar para sacar al país de este descalabro al que se ha sometido durante los últimos años.
El estado del Vaticano se ha puesto a la orden como mediador de un proceso de negociación como alternativa para asegurar la paz en el país. Esta propuesta es la más sensata ya que los Cancilleres de Unasur no generan confianza en la oposición. Nos podemos librar de la tragedia de una guerra civil si a tiempo recogemos las velas que nos mantienen al garete. Varias voces sensatas se han alzado en el país haciendo un llamado para que se inicie este proceso. Negociar es una necesidad. Es por ello fundamental entender que la diferencia entre negociar y dialogar no es semántica. No son sinónimos. Un amigo me insiste que si se habla de negociación la población opositora va a entender que es una entrega. No es así. Dialogar permite que las partes conozcan sus posiciones, exponer puntos de vista y explorar vías para atacar el conflicto. No implica acordar, ni entregar nada. Por el contrario, un proceso de negociación requiere ausencia de violencia y actores previamente designados para tomar decisiones en el proceso con un garante y mecanismos de verificación son claves para la resolución del conflicto.
@bernalette1
No hay comentarios:
Publicar un comentario