Las protestas, la represión y el desastre económico parecen haberse instalado en Venezuela sin que haya visos de solución. Desde hace dos meses el país vive en una situación de emergencia y, lejos de diluirse, la crisis se enquista con el correr del tiempo. Los llamamientos al diálogo chocan con la falta de voluntad política.
Una comisión de ministros de Exteriores de la Unasur tiene previsto retomar hoy en Caracas las gestiones para facilitar el acercamiento entre Nicolás Maduro y sus detractores. Pero difícilmente la oposición va a sentarse con el Gobierno cuando sus líderes están siendo encarcelados o acosados judicialmente, y cuando la brutalidad policial, la arbitrariedad y la censura informativa coartan las libertades.
Estos días el presidente Maduro ha movido ficha, pero en dos jugadas de alcance limitado. Por un lado, llamó al diálogo en un artículo publicado en el diario The New York Times, en el que, sin embargo, se presentaba como víctima de una conspiración golpista, culpaba a los manifestantes de la violencia y acusaba a los medios de tergiversar la realidad. Más que a la oposición, el texto apelaba al Congreso de EE UU, que estudia la imposición de sanciones a Venezuela.
Por otro lado, Maduro creó esta semana un consejo de derechos humanos, movido sin duda por la repercusión internacional que están teniendo los abusos de las fuerzas policiales. Los informes y pronunciamientos de Amnistía Internacional, la Conferencia Episcopal Venezolana, la ONU, la UE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican que, si bien tardíamente, la represión empieza a pasarle factura al Gobierno. A ello se une la muy oportuna decisión española de suspender la venta de material antidisturbios a Caracas.
Pero de la misma forma que los llamamientos al diálogo caerán en el vacío mientras no haya disposición de ir al fondo de la crisis —lo que implica rectificar las políticas—, ninguna comisión servirá de nada si el Gobierno no toma medidas efectivas, como frenar a los grupos de choque del chavismo que cometen tropelías con la connivencia de las fuerzas de seguridad.
La oposición, por su parte, debe conciliar posiciones. Los desacuerdos en la estrategia —retirada de las calles o mantener la presión de las protestas— han acabado por agrietar a la Mesa de Unidad Nacional. Y no es el momento de personalismos ni disputas de liderazgo.
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