CARLOS MALAMUD
Cada día que pasa las noticias provenientes de Venezuela son más preocupantes. La detención de Antonio Ledezma, sacado
a la fuerza de su despacho por la policía secreta bolivariana, es el
último dato de una secuencia infernal. Desde la óptica del poder, el
gobierno sólo se defiende frente a una oleada golpista y
desestabilizadora, cuyo único propósito es liquidar las conquistas
populares obtenidas gracias al esfuerzo del comandante eterno.
Por eso Nicolás Maduro insiste una y otra vez en que no negociará con la oposición para no traicionar a Hugo Chávez, su
memoria y su legado. El presidente se enroca en sus posiciones
inmovilistas y mueve sus piezas de forma táctica con la intención de
llegar indemne a la casilla siguiente o al día después.
En la misma sintonía actúan sus corifeos. Como tantos otros, Atilio Borón acusa al alcalde de Caracas de participar en una conspiración para derrocar por medios violentos al gobierno de Maduro. Pero su provocación va más allá: “La magnanimidad de la revolución bolivariana le permitió a Ledezma seguir
disfrutando de todas las garantías del Estado de Derecho y, bajo ese
amparo, promover arteramente la violación del orden constitucional”. Es
interesante ver la forma en que muchos defensores del chavismo han
acudido recientemente al estado de derecho para justificar las políticas
represivas del gobierno.
El tacticismo comienza a jugarle malas pasadas al chavismo. La
sensación de que por algún lado la situación explotará es cada vez
mayor. Junto a las denuncias continuadas de golpes de estado encontramos
las medidas destinadas a frenar las colas, el combate desigual en la
“guerra económica” o los embates contra la prensa y el gobierno español,
promotores de políticas desestabilizadoras.
La última acción es el encarcelamiento de un popular dirigente político, como Ledezma, proveniente de las filas de AD (Acción Democrática). En
este caso, el accionar chavista tiene el claro objetivo de provocar a
la oposición para obligarla a manifestarse violentamente y perder los
papeles. Sus posibilidades de imponerse en la calle, gracias al
monopolio de la violencia, son evidentes. Al mismo tiempo pretende
cargarse de razón frente a sus seguidores internos y a los presidentes
todavía amigos o tibios del vecindario.
De momento, los gobiernos y los políticos latinoamericanos se
han caracterizado por el silencio, por mirar a otro lado o por condenar
con la boca pequeña. Lo más que llegan buena parte de ellos es
a mostrar su preocupación por lo ocurrido, o a demandar más tiempo para
poder investigar, como si todo fuera novedoso e hicieran falta más
evidencias.
Y si bien Itamaraty mostró una vez más su preocupación por Venezuela y
llamó nuevamente a los actores implicados a trabajar por la paz y el
mantenimiento de la democracia, Dilma Rousseff insistió en que la detención de Ledezma era un asunto interno de Venezuela. Por su parte, Ernesto Samper,
secretario general de Unasur, señaló que la organización debía actuar
con prudencia y diplomacia. Según su punto de vista, la función de
Unasur “no es atizar incendios sino apagarlos… Nuestra tarea consiste en
buscar canales discretos y efectivos para que las cosas se arreglen o
se mejoren a través del diálogo… entre los actores de la crisis”.
La prudencia y moderación en las palabras de ciertos actores
muy próximos a Venezuela denota la imprevisibilidad y la irracionalidad
del régimen. Si hay tanto temor a herir susceptibilidades es
porque nadie confía a corto plazo en una solución negociada que conduzca
al diálogo entre las partes. Los mensajes y actos desestabilizadores
de Maduro y Diosdado Cabello son seguidos con preocupación por los gobiernos de todo el continente americano e inclusive de Europa.
La posición española es sumamente delicada. Detrás de las
acciones bolivarianas hay una provocación encubierta que permita
justificar nuevas expropiaciones. Maduro se apoya en la
aparente debilidad de España consecuencia de la crisis económica de
2008. La denuncia del complót Miami – Madrid – Bogotá también afectó a
Colombia. El prudente presidente Juan Manuel Santos,
siempre pendiente de las negociaciones de La Habana con las FARC y del
papel que pueda jugar el gobierno venezolano, ha debido salir al cruce
de tamañas acusaciones y desmentirlas de forma rotunda.
Pese a que la situación de Argentina difiere de la de Venezuela, hay algunos elementos comunes que explican las conductas de Cristina Fernández y de Maduro.
La sensación de que se aproxima un cambio de ciclo político continental
y sus posibles repercusiones internas afecta el proceso de toma de
decisiones y hace más fácil cometer errores, que de otra manera no se
producirían.
Esto ocurrió con el desgraciado manejo del caso Nisman por Fernández y sus recientes denuncias contra el “partido Judicial”, al que acusó de golpista. Lo mismo sucede con Maduro y Cabello y sus últimas medidas represivas, comenzando por el apresamiento de Ledezma. Es una incógnita cómo y cuándo terminará el proceso venezolano,
pero los diferentes actores comienzan a actuar como si esto fuera a
ocurrir más pronto que tarde. De momento la prudencia de la oposición es
la mejor noticia que se pueda tener en un escenario tan convulso como
el actual.
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