ALICIA GONZALEZ
EL PAÍS
Desde 2009, cuando la economía brasileña se contrajo como
consecuencia de la crisis financiera internacional, Brasil no había
experimentado un escenario tan complicado. En pleno frenazo de la
economía, que a finales de 2014 caía el 0,3% según el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el Gobierno ha emprendido un programa de ajuste y el banco central ha
retomado las subidas de los tipos de interés. Todo para recuperar la
confianza de los inversores a cualquier precio e intentar evitar que el
escándalo de Petrobras acabe por rematar el legado económico de Dilma Rousseff.
“En buena medida, el Gobierno brasileño ha dirigido Petrobras igual
que el país: con elevado gasto y pobre planificación”, aseguran los
estrategas de Global Risk Insights.
El desplome del precio de las materias primas ha resultado
especialmente duro para la economía brasileña. La actividad y los
ingresos se han frenado en seco. El déficit público cerró 2014 en el
6,7%, el nivel más alto en la última década, lo que ha disparado la
deuda pública al 63,4% del PIB. Unas cifras que no presentaban un gran
problema en el pasado dada la ingente entrada de capital extranjero para
financiar los desequilibrios. Ahora la situación ha cambiado
radicalmente y como consecuencia del escándalo de Petrobras y la
desconfianza en la economía, ninguna empresa brasileña ha podido colocar
deuda en el mercado internacional desde noviembre.
El diagnóstico es generalizado. “Por los errores y distorsiones
acumulados en los últimos años, el país se ve forzado a adoptar una
política económica restrictiva en un momento en que la actividad interna
está siendo golpeada por una serie de shocks negativos importantes”,
sostienen en BBVA Research. “Años de errores, problemas de oferta no
abordados y una excesiva intervención estatal han coincidido con una
situación global más difícil y han creado el escenario para un doble
revés: una actividad a la baja e inflación al alza”, subraya el
economista para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales
(IIF), Ramón Aracena.
El nuevo ministro de Finanzas, Joaquim Levy,
ha empezado a aplicar reglas más estrictas para obtener determinados
beneficios sociales, como el seguro de desempleo, y ha anunciado subidas
de impuestos sobre las importaciones y los carburantes, entre otros. El
freno en los planes de inversión de Petrobras,
que suponían el 10% del total del país, se ha trasladado directamente a
la economía. Al tiempo, el banco central ha subido los tipos de interés
hasta el 12,75% actual para contener una inflación del 7,7%. Los
analistas auguran que el precio del dinero acabará el año cerca del
13,25% para tratar de contener la subida de precios.
Hay más. Una severa sequía ha empezado a provocar racionamientos de
agua y electricidad en el corazón de la región industrial del país y eso
reducirá el PIB en medio punto. Casi con toda seguridad, la economía
entró en recesión en el primer trimestre.
El mayor riesgo, dicen los analistas, es que el ajuste no se aplique
hasta el final, que los recortes en gastos y ayudas y las subidas de
impuestos dificulten tanto la situación económica que al Gobierno le
resulte imposible la negociación con el Congreso —ya bastante
complicada— y aceleren la pérdida de apoyo de los ciudadanos. La tasa de
aprobación de Rousseff cayó desde el 42% en diciembre hasta el 12% en
abril, según una encuesta de Datafolha, “en buena medida como
consecuencia del escándalo de corrupción en Petrobras”, apuntan desde el
IIF. Aracena augura que el apoyo a Rousseff se diluirá aún más en los
próximos meses, por el deterioro de las condiciones laborales y los
escándalos de corrupción.
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