ELSA CARDOZO
Desde los primeros meses del año pasado se diagnosticaba el final de la “década dorada” para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en América Latina. Un decenio que, sin embargo, un gran sin embargo, dejó pocos cambios en la marcada desigualdad de la distribución del ingreso regional, con todo lo que implica en baja calidad de la atención a la salud, la educación y la participación en los asuntos públicos.
Esto, tan grave y penoso, lo es más porque la que termina fue una década durante la cual se instalaron gobiernos que alcanzaron altos niveles de votación con sus promesas de refundación democrática e inclusión. Para ello, la mayoría contó con los abundantes recursos económicos que proveyó el aumento en los precios y la demanda internacional de las materias primas, mientras que los demás encontraron alivio en acuerdos de cooperación, muy visiblemente en los concertados por Venezuela con unos y otros.
Aunque los promedios regionales borran los perfiles propios de las subregiones y los países (sin ir muy lejos, hay un abismo entre Venezuela y Uruguay), no parece aventurado sostener que el aprovechamiento de oportunidades a lo largo de esa década fue en conjunto muy mediocre, en todos los registros.
Las regresiones éticas e institucionales fueron muy marcadas, especialmente en los países que más bulla refundadora hicieron al comienzo de la década. En casos como Venezuela, Brasil y Argentina los grandes escándalos de corrupción que salpican sin tregua al alto gobierno son el saldo natural de diez años de concentración de poder a través de procesos reeleccionistas en los que el presidente o el partido de gobierno, o ambos, han desafiado el sano principio de la alternancia y lo esencial de la separación de poderes, los controles sobre su ejercicio y la práctica de la transparencia.
Entre 2003 y 2013, a la temprana mezcla de coincidencias refundadoras con redes de acuerdos económicos al margen de la institucionalidad de la integración, se sumaron las necesidades de cada cual de ponerle sordina a sus ambiciones de poder y a quienes se les opusieran. El final del ciclo de abundancia de promesas y recursos deja una estela muy grande de insatisfacciones: una verdadera resaca económica, política y social ante la cual la capacidad institucional de respuesta está empobrecida, nacional y regionalmente. Es así internacionalmente en el plano económico, pero el vacío es tanto o más notable en los compromisos regionales con la democracia y los derechos humanos, tan debilitados como han sido a conveniencia desde la Alianza Bolivariana, la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Venezuela, el país latinoamericano que promovió con más empeños económicos y políticos el gran modelo refundador y participativo, es hoy la más extrema ilustración de las miserias económicas, políticas y sociales de la década dorada. Superarlas no solo exige, de entrada, alcanzar y sostener la concertación democrática interior, sino seguirla procurando internacionalmente. Así como la recuperación de la democracia peruana alentó en su momento el más avanzado compromiso hemisférico con la democracia, el caso venezolano, por las dificultades y riesgos que entraña, está llamado a inspirar nuevas estrategias para la reconstrucción y protección de la democracia, desde adentro y desde afuera. A los venezolanos nos urge acordarlas.
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