APUCV PIDE RENUNCIA DE MADURO
El 21 de octubre del año 2014, en cumplimiento de lo pautado en el artículo segundo de la Ley de Universidades vigente, cumplimos con nuestra obligación de colaborar en la orientación de la vida del país y el esclarecimiento de los problemas nacionales, presentando “Una propuesta para superar la crisis”.
Un año después los problemas expuestos se han agravado de modo alarmante yla Junta Directiva de la APUCV decidió pronunciarse en los siguientes términos.
Siendo la Constitución la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico observamos con preocupación el incumplimiento, por parte del gobierno, del artículo tercero del texto constitucional el cual establece;
“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta constitución.”
El seis de diciembre del año 2015 la ciudadanía acudió a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional, debiendo optar entre quienes defendían el actual modelo de desarrollo, denominado Socialismo del Siglo XXI y quienes disentían del mismo.
En ejercicio democrático la ciudadanía respaldó, de manera absolutamente mayoritaria, a los candidatos presentados por la Mesa de la Unidad Democrática.
El respeto a la voluntad popular constituye base fundamental de un estado democrático, social, de derecho y de justicia tal y como lo consagra la constitución.
Conocido el resultado electoral la Asamblea Nacional saliente, controlada por el partido de gobierno, procede a designar de manera ilegal, nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, quienes anulan la proclamación de los diputados electos por el Estado Amazonas y la representación indígena. Decisión calificada por el Secretario General de la OEA como un “golpe directo” a los electores y un “atentado” que evidencia la “erosión de la democracia, contraviniendo los pilares fundamentales de la OEA y de principios establecidos claramente en su tratado fundacional y en la Carta Democrática Interamericana.
El 11 de febrero del 2016 el TSJ altera el orden democrático, a dar por vigente el decreto de emergencia económica, pues los decretos de estados de excepción no tienen eficacia sin la aprobación de la Asamblea Nacional, hecho que no ocurrió, y la Sala Constitucional no puede dar por eficaces estos decretos en sustitución de la Asamblea Nacional.
Ante esta situación y preocupados por el destino de la nación y sus ciudadanos, la Junta Directiva de la APUCV se pronuncia en los siguientes términos:
Solicitarle al ciudadano Nicolás Maduro Moros que ponga su cargo a la orden como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Su dimisión favorecería la reconciliación nacional y un gobierno de transición integrado por un liderazgo plural e inclusivo de todos los sectores de la sociedad que contaría con el respaldo mayoritario para afrontar la crisis.
Es necesario un cambio en el gobierno que reconstruya la institucionalidad del Estado, garantice la separación y autonomía de los poderes públicos para que Venezuela pueda contar con una democracia moderna donde desaparezca el ejercicio autoritario del poder.
Es necesaria su renuncia pues no ha mostrado disposición alguna para modificar las políticas que han conducido a la crisis actual, evidenciado una incapacidad manifiesta para tomar decisiones que nos permitan enfrentarla. Muy por el contrario las últimas medidas anunciadas devalúan la moneda, favorecen la inflación, bonifican el salario al más clásico estilo neoliberal y desconoce que todos necesitamos un aumento salarial que compense la inflación.
Hoy sectores de su partido, reconocen la existencia de una crisis de gobernabilidad y de liderazgo, acusándolo de improvisación, decadencia, ineficiencia, corrupción, amiguismo, inseguridad, incoherencia y falta de autoridad.
Habiendo asumido la Presidencia de la República el 19 de abril de 2013 usted, como funcionario de alto rango del gobierno anterior, ha sido participe y corresponsable de la actual situación.
De la destrucción de la capacidad adquisitiva del salario de todos los trabajadores, conduciendo a la población a un estado generalizado de indigencia e imposibilitando a los ciudadanos una vida digna y decorosa como lo establece la Constitución.
Del desabastecimiento de bienes esenciales para la subsistencia incumpliendo con la obligación del Estado de garantizar la salud como parte del derecho a la vida, afectando la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos al someterlos a la escasez, la carestía y las colas, entorpeciendo dos procesos esenciales de la vida del país: el trabajo y la educación.
De la destrucción del aparato productivo, generando una mayor dependencia económica, causa fundamental del desabastecimiento, al expropiar, confiscar, intervenir y perseguir a la empresa privada, violentando de este modo el capítulo VII de nuestra Constitución.
De la destrucción del sistema público de salud, de ocultar las cifras epidemiológicas, de abandonar las políticas de prevención llevando a la reaparición de enfermedades extinguidas y de colapsar el sistema privado de atención médica hospitalaria, promoviendo su destrucción a través de políticas populistas e irresponsables.
De la carencia de insumos médicos para la atención de los pacientes entorpeciendo el ejercicio de la medicina, poniendo en peligro la vida de sanos y enfermos y favoreciendo la muerte de innumerables pacientes.
Del despilfarro de la mayor fortuna recibida por la nación en toda su historia, como consecuencia de haber hecho un uso irracional e irresponsable de nuestros recursos, hipotecando el futuro del país a naciones extranjeras y fomentado una corrupción de proporciones desconocidas.
De haber convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo, donde la vida de los ciudadanos no es garantizada por el estado.
De sembrar la desesperanza en el futuro de la nación generando un éxodo jamás conocido en la historia del país, particularmente de nuestros jóvenes, quienes ven comprometidas sus posibilidades de desarrollo personal.
De llevar al borde del colapso a la universidad venezolana, al desconocer derechos constitucionales, educativos y laborales, poniendo en serio peligro el futuro de la nación al fomentar la fuga del recurso humano capacitado, cercenar el derecho a una educación de calidad y limitar la generación de nuevos conocimientos.
De la destrucción del carácter institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales al convertirlas, violando la constitución, en un actor político al servicio del partido de gobierno. Institución hoy penetrada por el narcotráfico.
De deprimir los justos reclamos de nuestra juventud, persiguiendo, deteniendo, torturando y asesinándolos.
De restringir la libertad en todas sus formas.
Es por lo anteriormente expuesto, que consideramos que solicitar su dimisión constituye un aporte más para la superación de la crisis y así cumplimos con lo que como académicos nos exige la Ley de Universidades y la Constitución.
Finalmente desde la Asociación de Profesores de la UCV queremos invitar a gremios, sindicatos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil e individualidades a fijar posición.
Me parece una excelente exposición y razonamiento de todos los problemas,que nos aquejan, y sus causas...así como su solución inicial,al menos.
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