HECTOR SCHAMIS
Es la Carta Democrática de la OEA, aquel documento escrito en 2001. Pocos meses atrás, aquí mismo tracé un paralelo entre la crisis peruana de los noventa y la actual de Venezuela. El Perú de Fujimori y esta Venezuela chavista exhiben rasgos similares, no importa el signo ideológico proclamado desde el poder. Así como debemos a Fujimori el concepto de “autogolpe”, Maduro bien puede reclamar derechos de autor por la noción de “golpe judicial”.
Ello por la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia con la nomenclatura adepta, presta a invalidar las leyes emanadas de la Asamblea Nacional. Para ello cuenta con una Sala Constitucional que actúa para privar a la Asamblea de sus poderes de control político sobre el gobierno y la administración pública. Lo hace violando la propia Constitución que el chavismo escribió y aprobó, no debe olvidarse. Es común a las autocracias en declinación quebrantar la institucionalidad que ellas mismas han creado.
Por ende, el conflicto de poderes ya está instalado. Comienza a tomar forma la necesidad de aplicar la Carta, según han manifestado los expresidentes nucleados en IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. De hecho, la alteración del orden constitucional es un pedido a gritos del artículo 20 de la Carta, el cual anticipa la posibilidad de convocar al Consejo Permanente de la OEA para analizar dicha crisis y decidir sobre la misma, incluyendo el envío de una misión al país en cuestión.
Sería necesario. Intervenir en Venezuela es imperioso para prevenir una profundización de la crisis política y la inminente crisis humanitaria. Téngase en cuenta, además, que el proyecto de Ley de Amnistía ha sido discutido pero todavía no ha sido aprobado. Será la madre de todas las batallas. Es la ley sin la cual la elección del 6 de diciembre pierde todo su sentido; ley con la que el oficialismo no puede coexistir ni por un minuto. Con los presos políticos en la calle, el gobierno caería como un castillo de naipes.
A sabiendas, la Sala Constitucional probablemente sentencie la inconstitucionalidad de la amnistía. Significaría una dramática reducción de las opciones de negociación pacíficas. El hilo siempre se corta por la parte más delgada. Luis Almagro lo dijo, concisamente y hasta con una cierta licencia poética: “No hacemos nada si no hacemos nuestra la prisión de cada preso político. Su prisión es prisión de nuestros derechos”.
Ello mientras espera una petición formal para invocar la Carta, menos un requisito burocrático que la necesidad de acumular capital político para sostener su aplicación en el tiempo. Es que el gobierno de Maduro continúa con apoyo en la región, sea por ideología, por petróleo aún subsidiado, o por temor al efecto dominó. Precisamente, Dilma, Lula y Maduro, acorralados los tres, no paran de elogiarse mutuamente.
No es casual, entonces, que los familiares de los presos políticos reciban buen trato en muchas legislaturas latinoamericanas pero no por parte de los Ejecutivos. Fue el caso con la canciller de México y el presidente de Paraguay, pero nadie más en el último tiempo. Las cancillerías latinoamericanas deberían recordar las palabras de Martin Luther King: “Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestro amigos”.
Hasta el propio Mauricio Macri ha dejado de hablar sobre Venezuela. Aquella nítida foto con Lilian Tintori en la noche de su elección aparece un tanto desdibujada hoy, en la nebulosa de quienes invocan la “diplomacia silenciosa”. Tal vez ignoren que la diplomacia silenciosa jamás se usa a expensas de la “diplomacia publica”, es decir, a costa de hablar de los valores permanentes, no importa a quien incomoden, ya que es la única manera de ser creíble ante la comunidad internacional.
Este escenario no es bueno para los demócratas venezolanos, obviamente, tan necesitados de apoyo internacional. La paradoja es que tampoco es bueno para el propio Macri, quien, callado, terminará dejando pasar la oportunidad de construir aquel liderazgo que insinuó con su victoria y que tanta esperanza había despertado en todo el hemisferio.
La solidaridad internacional no es más que hacer de la prisión de un preso político, la prisión de uno mismo, como bien dijo Almagro. En el caso venezolano, también implica hacer de la desesperación de las colas por alimentos, la propia desesperación. Y de la angustia por la falta de medicinas, la angustia propia. La Carta Democrática es el instrumento necesario para transformar esa empatía en acción.
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