Tentaciones peligrosas: ¿Ajuste económico sin cambio político?
En medio de la peor crisis de nuestra historia se abren dos frentes de tensión y conflicto, uno derivado de la escasez de alimentos y medicinas, otro vinculado con el impulso que las fuerzas democráticas otorgan a la convocatoria del Referéndum Revocatorio como mecanismo, constitucional y democrático, para sustituir a los responsables de la crisis por un nuevo gobierno, democráticamente electo, alternativo, renovador.
La respuesta del gobierno ha sido sistemática: violencia política, humillación pública contra los hambrientos, persecución contra la disidencia, postergación del referéndum revocatorio y montaje de un proceso de “diálogo” diseñado para ganar tiempo y apaciguar unos ánimos legítimamente caldeados.
Una manifestación de diputados opositores puertas del Consejo Nacional Electoral es respondida violentamente por grupos oficialistas, “colectivos”, terminando el hecho con el líder de la bancada democrática herido con un objeto contundente. Ni una palabra de la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, lamentando los hechos y rechazando la violencia desatada contra los diputados.
La fracasada instauración de los CLAP, con los que el gobierno pretende discriminar políticamente la distribución de alimentos básicos en las comunidades, se ha desarrollado mientras en sectores populares tan distintos como las caraqueñas comunidades de Catia o La Vega, como la comunidad mirandina de Petare, como los pueblos de Cariaco o San Juan de Los Morros, la gente sale a la calle a exigir masivamente comida. La respuesta gubernamental ha sido represión y humillación. No hay producción para surtir de alimentos a Venezuela, ni existen divisas suficientes para importarlos.
Un salvavidas de cemento
Está claro que el experimento del “diálogo” impuesto por el gobierno autoritario pretende apaciguar el conflicto político, pero ha sido aprovechado para traer a la luz pública una especie de “salvavidas”: un Plan de Ajuste económico impulsado por algunos sectores de UNASUR, con colaboración de algún “facilitador” amigo del gobierno y la experticia técnica de economistas reformistas dispuestos a colaborar con la presente elite gobernante a sortear la crisis.
Pero, ¿puede este gobierno autoritario desarrollar la reforma necesaria para sacar a Venezuela de la crisis? ¿Pueden separarse las reformas económicas de las reformas políticas e institucionales necesarias para permitirle al país recuperarse? ¿Tiene el actual gobierno y los actuales detentadores del poder la legitimidad necesaria para aplicar efectivamente los cambios? ¿Quiénes pagaran los costos de un plan de ajuste? ¿Serán efectivas las reformas económicas si se mantiene el actual régimen autoritario?
No faltará quien perciba detrás de los bigotes de Nicolás Maduro a un moderno Adolfo Suárez, quien construyó la transición democrática desde el franquismo. Otros podrán ver en un Aristóbulo Istúriz el perfil de un modernizador económico, de un nuevo Deng Xiao Ping, versión criolla. No voy a criticar esas esperanzas, pero voy a alertar respecto a algunas limitaciones importantes para que este optimismo tenga asidero.
Política y economía: una sola realidad
He venido insistiendo en el hecho de que la transición venezolana tendrá que ser, a la vez, tanto política como económica, en la medida en que Venezuela ha de salir de un régimen fundamentalmente autoritario como de una institucionalidad económica extractiva, marcada por controles férreos que inhiben la iniciativa productiva autónoma.
El contexto de este proceso también es determinante. El empobrecimiento del 85% de la población, la escasez de alimentos y medicinas que se convierte en una creciente conflictividad social. Cada día hay enfrentamientos, protestas, por hambre, por razones laborales, algunas se convierten en saqueo. La reducción progresiva de la capacidad del Estado para asegurar un orden público es el correlato de una creciente pérdida de legitimidad del poder político.
El problema social y económico en Venezuela es fundamentalmente político, en sus causas y en los rasgos de su agudización. La red de mafias que se enriquecen con la crisis es un fenómeno del poder, y sin desmontar esos negocios derivados del control político, no podrá funcionar la sociedad venezolana. En este contexto la reconstrucción económica de Venezuela no se separa de la reconstrucción institucional, tanto social como política. No es posible abstraer un plan de ajustes económicos, con su impacto social sobre los sectores más vulnerables, del problema de legitimidad política que debe asumir quien pretenda desarrollarlo.
El plan de ajuste económico no puede desarrollarse desvinculado con un cambio sustancial en la correlación y en el funcionamiento del poder. El gobierno de Nicolás Maduro ha perdido su legitimidad. Sin legitimidad las reformas económicas no tendrán gobernabilidad, por ende, su sostenibilidad en el tiempo será corta.
Durante los años ochenta crisis económicas profundas, marcadas por la hiperinflación y el endeudamiento, marcaron la vida de muchos países latinoamericanos. Los regímenes autoritarios, que dominaban a países como Argentina y Brasil, fueron incapaces de enfrentar estas crisis, fundamentalmente por arrastrar un grave déficit de legitimidad política.
Bajo un régimen autoritario la gobernabilidad de las reformas se dificulta. Las nuevas democracias latinoamericanas tuvieron que dar la cara por el proceso de reformas del Estado.
En el caso venezolano la tentación tecnocrática de separar metodológicamente el cambio económico del político puede tener graves implicaciones. Pretender postergar el cambio político por adelantar el cambio económico, puede derivar en un retroceso en ambos ámbitos, el impacto social de las reformas encontraría a un gobierno sin legitimidad, sin credibilidad interna o externa, con una conflictividad social creciente y una escalada represiva que pondría agua en el molino de la autocratización.
Flor de un día.., envenenada
De igual manera, puede ser el Plan de Ajuste flor de un día, en caso de que no venga acompañada de la democratización del sistema, porque en la medida que un programa de apertura y liberalización económica se desarrolle empieza a encontrarse con férreas resistencias en las elites políticas, en la nomenklatura que se beneficia del antiguo régimen. Los reformistas y modernizadores, aliados del régimen autoritario, se enfrentarán a un dilema difícil de resolver, pueden optar por detener las reformas a las puertas de los intereses creados, conviviendo y coexistiendo con la corrupción y el autoritarismo, o bien pueden proceder a impulsar la democratización del sistema, con la dificultades inherentes a haber pasado por su pasantía colaboracionista con el régimen. Si no pueden estos tecnócratas superar este dilema serán despachados rápidamente por otros sectores del poder, por otras facciones, por otras tribus.
La tentación central de los tecnócratas, y de aquellos políticos que pretendan sumarse, es la de desarrollar un Plan de Ajuste económico postergando la transición política, permitiendo o aupando la postergación del Referéndum Revocatorio. Caer en esa tentación podría hundir a estos personajes junto al régimen autoritario, cual el mortal abrazo del oso, sea a corto plazo o a mediano plazo.
Asumir la complejidad de las reformas
A quienes, dentro del chavismo, reconocen la profundidad del desastre económico y social, y creen que es imprescindible una reforma estructural, podría darles una recomendación: impulsen el Revocatorio para 2016, promuevan que se le coloque fecha próxima a su realización. Construyan los puentes necesarios para la reconstrucción del tejido social, preparándose para abandonar el poder.
Quienes diseñen el Plan de Reformas deben asumir la complejidad del cambio que Venezuela necesita y exige, salir del régimen autoritario y superar un modelo económico destructivo, es un proceso simultáneo. No se puede pretender acabar con uno sin demoler al otro. Cuidado con caer en tentación.
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