ALFREDO MEZA
EL PAÍS
La nueva reunión entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, que está en suspenso por la amenaza proferida la semana pasada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de levantarse de la mesa porque el Gobierno "no cumple los acuerdos", se celebrará este martes 6 de diciembre, un año después de que las fuerzas antichavistas recuperaran el control de la Asamblea Nacional, después de 17 años de dominio oficialista, con una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias. La victoria se vendió como el inicio de un cambio político en Venezuela que hasta la fecha no ha ocurrido. El bloqueo político, al contrario, se profundiza cada día más a pesar de la presencia de una representación del Vaticano y de tres expresidentes iberoamericanos que buscan la convivencia entre las partes.
El viernes, el jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez, solicitó en un escrito al Tribunal Supremo de Justicia que "corrija la omisión legislativa" y designe a dos de los rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyos periodos vencen en diciembre. El bloqueo político parece tan inamovible que desde ya el chavismo da por descontado que en la Asamblea Nacional no habrá acuerdo, y que serán los magistrados de la Sala Electoral los que asuman las labores que corresponden a los parlamentarios.
El acuerdo entre las fuerzas, necesario para nombrar a los rectores, no es posible. Como parte de los consensos alcanzados en la mesa, el chavismo exige que la directiva del Parlamento incluya en el orden del día la desincorporación de tres diputados opositores del Estado de Amazonas (sur selvático de Venezuela) juramentados en julio. Sobre ellos pende la prohibición de proclamación dictada por el Supremo en atención a un recurso de amparo por las supuestas irregularidades ocurridas en aquella región durante las elecciones. La oposición cumplió a su manera. La directiva leyó una carta enviada a la directiva por los tres asambleístas en la que solicitaban su baja. Esto no ha gustado al chavismo.
Todo comenzó en enero. La directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado socialdemócrata Henry Ramos Allup, se propuso desmontar la iconografía chavista en el Palacio Federal Legislativo y todas aquellas normas impuestas por el régimen para limitar la entrada de la prensa a las sesiones. Con el gesto, inmortalizado en un video que se hizo viral, Ramos Allup se procuró la inquina del chavismo. Además, supuso el comienzo de una batalla legal en la que la oposición ha salido claramente en desventaja. Todas las iniciativas legislativas opositores, que buscaban disputarle al Gobierno el respaldo de su militancia, son de inmediato bloqueadas por el Ejecutivo, que debe promulgarlas según la Constitución, y en última instancia por el Supremo, que controla el régimen.
La carta magna de Venezuela, aprobada en 1999, convierte al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a en el árbitro definitivo en caso de colisión de poderes. Por esa razón, apenas se consumó la derrota, la legislatura anterior procuró mantener el control del Poder Judicial haciendo renunciar a magistrados con períodos próximos a vencerse o ya vencidos para sustituirlos por fichas incondicionales. En aquellas sesiones de finales de 2015, en cuestionados procedimientos, nombraron a 12 personas, de las 32 que componen el máximo tribunal, casi todas chavistas, que garantizan decisiones favorables al régimen en caso de controversias.
En el limbo quedaron varias leyes que habrían podido cambiar el panorama político: la ley de amnistía y reconciliación (que permitiría liberar a los presos políticos); la ley de reforma del Banco Central de Venezuela; la de otorgamiento de títulos de propiedad a los adjudicatarios de la Misión Vivienda (el programa social fundado en 2010 para otorgar viviendas a damnificados); la reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia o la ley de presupuesto de 2017. La Asamblea Nacional ha quedado como un foro de debate político. Los magistrados han dictado 35 sentencias que minan sus atribuciones constitucionales.
Cuando el 28 de julio la oposición decidió incorporar a tres diputados del Estado de Amazonas, cuya juramentación había sido suspendida por el Supremo en enero al aceptar un recurso de amparo, el TSJ, el 1 de agosto, decidió declarar al Parlamento en desacato. La medida ha terminado por liquidar las funciones contraloras del legislativo y ha detenido sus iniciativas. También parece haber frustrado las expectativas de cambio que se generaron hace un año.
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