FELIPE SÁNCHEZ
EL PAÍS
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue uno de los críticos que se alzó con mayor aspereza contra los insultos y amenazas que Donald Trump lanzó a México durante la campaña a la Casa Blanca. Canciller del Gobierno de José Mujica, llegó a la OEA en 2015 con los frentes abiertos de Cuba, en espera de su regreso a la organización, o el proceso de paz en Colombia. En este periodo se ha visto ante los desafíos que plantean a la democracia la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el recrudecimiento de la crisis económica y política en Venezuela y la irrupción de Trump, que este miércoles firmó una orden ejecutiva para iniciar la construcción de un muro en la frontera con México.
Si en plena carrera presidencia estadounidense Almagro (Cerro Chato, Uruguay, 1963) fue muy duro con respecto a los exabruptos del magnate, en esta entrevista a su paso por Madrid —antes de reunirse con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy— no menciona directamente el nombre del nuevo mandatario de Estados Unidos.
Pregunta. ¿Qué efecto va a tener el Gobierno de Donald Trump sobre la OEA?
Respuesta. No creo que el planteamiento correcto sea pensar cómo una nueva Administración va a cambiar la OEA. Esta es la organización regional más antigua del mundo [1890, formalizada en 1948] y está asentada en principios y valores muy fuertes que han servido para estructurar un sistema de convivencia en el continente basado en el respeto a la democracia y los derechos humanos. Esos principios se han sostenido y profundizado con cualquiera que haya sido la Administración estadounidense. Nuestro trabajo continuará bajo los mismos parámetros.
P. Esta semana la tensión se agudizó con México, otro de los líderes regionales.
R. Tensiones bilaterales ha habido y hay en todo el hemisferio. Siempre esperamos que los países encuentren el camino para resolverlas, para solucionar de manera amistosa sus diferencias.
P. Pero esta vez la división es por el muro que quiere construir Trump. ¿Qué implicaciones va a tener?
R. Como ha sido planteado, no se trata de un muro entre México y Estados Unidos, sino de una barrera entre este país y América Latina. Lo que cuesta construirlo, esos 15.000 millones de dólares, sería mucho más importante como contribución para la eliminación de las causas reales de la migración latinoamericana a Estados Unidos: la inseguridad, la falta de oportunidades, los niveles de subdesarrollo… Eso sería mucho más efectivo para cualquier política migratoria estadounidense que la construcción de un muro.
P. La oposición venezolana dio por terminado el jueves el diálogo actual con el Gobierno. ¿Qué tan encallado ve ese proceso?
R. El proceso de Venezuela ha entrado a una fase de deterioro final. Vemos que cada una de las mesas que se armaron en los últimos dos meses sufrió erosiones importantes. La mesa uno supuestamente era para devolver poderes a la Asamblea Nacional [Parlamento], pero esta perdió tres facultades en esta fase: la de hacerle un juicio político al presidente, la posibilidad de elegir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y la inmunidad de los parlamentarios, con la prisión, por ejemplo, del diputado Gilber Caro. Y ni qué hablar de lo que ya había perdido sin la rendición de cuentas del mandatario ante la Asamblea ni la aprobación del presupuesto. Es el descalabro llevado a sus últimas consecuencias. Estamos hablando de variables absolutamente autoritarias.
P. ¿Qué critica de la negociación?
R. No tenemos más que ver el desconocimiento de un derecho electoral de la gente como era el referéndum revocatorio. Esa consulta no podía formar parte de una mesa de negociación, no pertenecía ni al Gobierno ni a la oposición, sino a los cientos de miles de venezolanos que firmaron y que no podían ser dejados en la calle en cuanto a su derecho de revocar al presidente. Y no es que no se hagan elecciones adelantadas, tampoco se hacen las atrasadas. Todos los gobernadores ya traspasaron su periodo de gobierno y todavía no hay ni siquiera miras a unos comicios. Todos los derechos electorales del pueblo han sido completamente avasallados por esa mesa de diálogo. El deterioro institucional ha sido cada vez más fuerte. Los juicios en Houston por los casos de corrupción de PDVSA y los de Nueva York por el caso de narcotráfico de los sobrinos de la pareja presidencial son también sintomáticos de este deterioro.
P. ¿Hasta qué punto cree que está comprometido el Gobierno con el diálogo?
R. En la segunda mesa, que supuestamente iba a ir liberando a los presos políticos, hay una contradicción muy importante, y es que haya nuevos presos de este tipo. Cuando hay una negociación de este carácter, lo menos que se puede hacer para demostrar la buena fe en el diálogo es que no haya nuevos encarcelamientos. Pero vemos que el Gobierno sigue encerrando presos políticos. La lógica se mantiene: “Meto preso a quien quiero cuando quiero y libero al que se me ocurre cuando se me ocurre”. Es el avasallamiento de los derechos civiles y políticos de las personas por la expresión de sus ideas.
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