EMILIO NOUEL V.
Esta semana ha sido intensa en los espacios institucionales
hemisféricos, y en particular, para Venezuela.
Nuestro país ha estado en el ojo del huracán. Su enorme
crisis sigue dando de qué hablar.
Una mayoría determinante en la OEA, la de los gobiernos que
representan alrededor del 95% de la población del continente, decidió tomar al
toro por los cachos, al asumir una posición clara sobre la situación que
estamos viviendo, con vistas a adoptar medidas que presionen al gobierno venezolano
para que permita elecciones democráticas, libere los presos políticos y respete
la representación popular del parlamento y sus atribuciones constitucionales.
Sin embargo, en el plano nacional acaba de ocurrir un
acontecimiento de suma gravedad que
viene a justificar con mayor fuerza la especial atención de los países que integran aquel organismo
internacional.
El Tribunal Supremo, apéndice sumiso del poder ejecutivo,
como todos sabemos, emitió una decisión en el marco de un procedimiento, mediante
la cual “ordena” al gobierno un conjunto de acciones o medidas, todas constitutivas
de una suerte de carta blanca para hacer lo que le venga en gana, en todas las
materias de la competencia del poder nacional, particularmente, en el campo
legal nacional e internacional.
En concreto, se ordena al Ejecutivo nacional a que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y
necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también
que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la
gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares,
penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime
pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del
Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por
parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación
sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el
Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar
(…) todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18
y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente”
Dicho en pocas palabras, al estilo nazi de comienzos de los
años treinta del siglo XX, el TSJ otorga al presidente, a contravía del derecho,
unas potestades cara a un supuesto de
estado de conmoción que solo existe en la mente retorcida del gobierno. Debo
recordar que a Adolfo Hitler, en 1933, le otorgaron, a través de una ley habilitante,
poderes similares, y ya sabemos a qué condujo tal proceder.
Si no había pruebas suficientes de que en Venezuela vivimos
bajo una dictadura con apariencia de democracia, desde hace algunos años, ésta “bendición”
o fundamentación “jurídica” del TSJ, lo confirma sin ninguna duda.
No es, por supuesto, la primera sentencia emitida por esa
instancia jurisdiccional en la que se salta sin ningún pudor el ordenamiento constitucional
vigente.
Ha sido una conducta reiterada y sistemática.
En esta ocasión dan otra vuelta de tuerca, y de manera desembozada
y sin miramientos formales, el TSJ
cooptado muestra su esencia real, su entrega al poder autoritario, evidenciando
que no goza de autonomía e independencia algunas.
Con esa medida el gobierno pretende hacer creer al país y al
mundo que está sometido a los dictados del derecho. Que solo obedece a los
tribunales de la República.
Jugada ésta inútil, porque ya es vox populi, dentro y fuera
del país, que la realidad es otra. Que en Venezuela la separación de los
poderes públicos fue borrada en los hechos, y ahora, con la sentencia
comentada, de manera formal.
La democracia venezolana viene siendo desnaturalizada,
vaciada de sus contenidos sustanciales, desde hace más de una década.
Un fascismo de nuevo cuño militar-cívico ha ido avanzando progresivamente
a través de instituciones nacionales levantadas durante varias décadas, demoliéndolas,
con el propósito de instaurar un nuevo orden que no han podido consolidar, pero
generando un enorme perjuicio a la sociedad a ojos vista. Un caos del que será
difícil y costoso salir.
Con la decisión del TSJ comentada, a la OEA se le ha puesto
en bandeja de plata la oportunidad de tomar la medida que corresponde, de
conformidad con su ordenamiento jurídico vinculante para todos sus miembros.
Ahora, la condición de dictadura del chavismo no puede ser más
evidente. Los poderes dictatoriales están claramente establecidos en aquel
documento oficial. El que tenga ojos que vea.
EMILIO NOUEL V.
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