ELSA CARDOZO
El Consejo Permanente de la OEA convocado por la mayoría de sus miembros dejó abierta la consideración de la inocultablemente crítica situación venezolana. Mientras tanto, antes que objetar sustantivamente los argumentos que han ido sumando votos a la necesidad de concretar acciones diplomáticas, el gobierno venezolano no ha hecho más que confirmar todos los diagnósticos y temores sobre su autocratización, en medio del empobrecimiento de sus opciones para sostenerse por una vía que no sea la de la supresión de contrapesos y críticas.
Es ese el mensaje que han reforzado las dos sentencias más recientes del Tribunal Supremo de Justicia. Significan la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de la Asamblea Nacional como tal, precedida por la orden al Ejecutivo de revisar un amplio espectro de leyes vinculadas a la posibilidad de ejercer represión. Todo ello, por supuesto, enunciado en nombre de la defensa de la Constitución, pero violatorio de ella. En tanto que la capacidad de legislar que se traslada al TSJ y a la Presidencia intenta internacionalmente la legitimación de compromisos económicos sin la aprobación parlamentaria, la orden de revisar la política exterior luce orientada a bloquearse ante la OEA (incluido el retiro de este foro y la amenaza de revisión de los convenios de cooperación que la canciller se esmeró en recordar en la sesión del lunes) y a cualquiera de sus iniciativas, incluidas las que busquen acercamiento a un gobierno que también se cuida de su propias fracturas.
Hoy la situación de Venezuela es de ruptura del orden constitucional, tan complicada como necesitada de atención urgente y bien pensada entre los venezolanos, urgida también de la debida atención internacional, tanto sobre las decisiones anunciadas y por anunciar desde el gobierno como sobre las acciones represivas que pudieran desencadenarse. Es fundamental la continuación de las conversaciones que con toda seguridad han seguido a la iniciativa bosquejada en el documento al final del Consejo Permanente del martes, también el análisis franco de cada país sobre sus relaciones con el gobierno venezolano y sobre sus posibilidades de incidir a favor del retorno de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos.
A la OEA no cabe inventarle invasiones, organización de golpes de Estado ni decisiones de bloqueo, tampoco que se comporte como alfil de Washington. Eso es desconocer su evolución histórica no tan reciente, el sustento estatutario de su Carta, de la Carta Democrática Interamericana y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En cambio, sí hay que exigirle, aprovechar y agradecer las manifestaciones de preocupación y la disposición a acordar medios legítimos, firmes y eficaces en apoyo a los venezolanos. Todo un desafío, precisamente de la peculiar naturaleza del que perfila el artículo 20 de la Carta Democrática, inspirado en el caso de Perú, cuyas características se comenzaron a repetir en varios países latinoamericanos, socios de la Alianza Bolivariana, con su brecha de legitimidad entre el origen democrático electoral y el ejercicio arbitrario del poder.
Cierro comentando que el ejemplo peruano, que tantas referencias ha recibido desde la difusión de las sentencias del Tribunal Supremo venezolano, no es una ilustración banal y merece estudio, no en plan de predicción, sino de posibilidades constructivas de organización nacional y apoyo internacional. Fujimori, tras casi una década de régimen autoritario había perdido popularidad, era cada vez más cuestionado éticamente y por no tomar distancia de Vladimiro Montesinos a la vez que estaba muy deslegitimado internacionalmente; con todo, hacía alarde de los apoyos sin fracturas de sus bases políticas y militares de poder, que en realidad resultaron no serlo. La unidad en la estrategia democrática opositora y su movilización, acompañada por una inteligente estrategia diplomática hemisférica lograron mover la situación a una mesa de negociación con mediación sincera y eficaz.
Mucho ha cambiado de entonces a esta parte y no dudo de que la situación nuestra es bastante más complicada, pero en lo esencialmente común conviene insistir en lo crítico de la buena coordinación democrática interior y en la creciente voluntad de apoyo internacional.
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