Ante la grave crisis institucional que vive actualmente el país, como consecuencia de la ruptura del hilo constitucional y el desconocimiento de la autonomía y separación de los Poderes Públicos; ante el agravamiento de la crisis socioeconómica caracterizada por una dramática caída de la producción nacional, severa escasez de productos básicos y de una elevada inflación que ha empobrecido al país entero, la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, ha considerado imperativo hacer pública nuestra posición.
En primer lugar, condenamos los deplorables sucesos de vandalismo y robo de los que han sido objeto empresas industriales y comerciales en el estado Carabobo, así como en otros estados del país. Quien roba y destruye medios de producción, no solamente se lleva algo que no le pertenece, algo por lo cual no ha trabajado, algo que no ha creado, sino que también acaba con las fuentes de ingresos de cientos y miles de trabajadores y sus familias y le quita a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los bienes que se producían en las fábricas destrozadas. Quien comete el acto de robar y destruir es tan responsable de eliminar la posibilidad de muchos de producir y trabajar, y de corromper la moral de toda la población, como lo es aquel que planifica el vandalismo.
Estos sucesos vandálicos que están diezmando al sector industrial y comercial en Carabobo, se traducirán en más escasez, inflación, desempleo y deterioro de la calidad de vida, no solo de los carabobeños sino también del país en general.
La pobreza que padecemos los venezolanos no es necesaria, no la deberíamos tener, es el producto de políticas económicas perversas que han conculcado los bienes y los derechos de los ciudadanos. La pobreza es producto de tener un gobierno que gasta más de lo que le ingresa, causándonos la inflación. La pobreza es el resultado de obstruir la producción mediante leyes que imposibilitan el acceso a la materia prima. La pobreza es producto de intentar ocultar la incompetencia gubernamental castigando al sector privado porque éste es eficiente. Todos los venezolanos estamos pagando el costo de tener un gobierno que, en materia económica, improvisa y experimenta deambulando de fracaso en fracaso.
Venezuela puede ser un país de razón, de justicia, de libertad, de producción y de prosperidad, pero para eso necesita ser conducida con propósito, con inteligencia, con planificación hecha por personas con las necesarias destrezas -que las hay-, no con personas escogidas por su afiliación política. La prosperidad de Venezuela dependerá de su capacidad de crear riqueza y la creación de riqueza requiere de tener empresas que estén libres del cerco de controles y puedan producir. Nuevamente hemos aprendido que la distribución del petróleo no nos compra la inteligencia ni respeto institucional.
Como si toda la crisis que nos afecta fuera poca, otra vez el gobierno nacional nos sorprende con promesas de soluciones que nada tienen que ver con los problemas. Nos propone una asamblea constituyente que, además de no resolver la grave crisis económica, nos secuestra el derecho de la elección a través del voto universal, directo y secreto.
El problema no es la Constitución, como lo quieren hacer ver, sino el desconocimiento que se hace de ella; el desconocimiento de la separación y autonomía de los poderes públicos; el desconocimiento de los derechos de propiedad; y el desconocimiento del estado de derecho.
Los venezolanos no necesitamos cambiar la Constitución pero sí necesitamos elecciones que nos permitan, tal y como lo establece el sistema democrático, escoger de manera universal, directa, secreta y auditable a nuevos gobernantes. Solo así podremos comenzar la reconstrucción de un país de producción, de puestos de trabajo decentes y estables, de abundancia y de crecimiento.
La Junta Directiva
Caracas, 8 de mayo de 2017
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