Eduardo Fernandez
Uno de los principios más importantes del sistema democrático es el de la alternabilidad. La democracia supone que el pueblo, es decir, la suma de todos los ciudadanos, elige al gobierno. Si el gobierno lo hace bien y los ciudadanos están contentos, ese gobierno puede ser reelecto. El principio de alternabilidad permite que los electores con sus votos cambien al gobierno y elijan a un nuevo equipo para que dirijan la vida del país.
En Venezuela no existió mucha tradición de alternabilidad pacífica y civilizada hasta que llegamos al período democrático que se inició en 1958.
En 1964 por primera vez en la historia un presidente elegido en votaciones universales, directas y secretas, Rómulo Betancourt, le entregó el poder a su sucesor elegido también democráticamente. Cualquiera podría decir que esa alternabilidad era relativamente fácil porque se trataba del enroque de poder entre líderes de un mismo partido.
En 1968 un candidato postulado por la oposición al gobierno de Raúl Leoni ganó las elecciones por una mínima diferencia, Rafael Caldera y el gobierno del doctor Leoni y su partido respetando el principio de alternabilidad, acataron el veredicto popular y entregaron el poder pacífica y civilizadamente.
Los venezolanos le tomamos el gusto a ese principio y se repitió entre los dos partidos mayoritarios en el 74 y en el 78 y en el 83. Era una alternabilidad que se producía entre dos partidos de indiscutible compromiso democrático y respetuosos del orden constitucional. En 1998 gana las elecciones un oficial retirado de la Fuerza Armada que venía de liderar un intento de golpe contra la Constitución el 4 de febrero de 1992.
El gobierno democrático del presidente Rafael Caldera reconoció, como tenía que hacerlo, el triunfo de Hugo Chávez, y entregó el poder pacífica y civilizadamente.
Desgraciadamente los nuevos gobernantes no llegaron con cultura democrática. De una vez anunciaron que no pensaban entregar el poder hasta no haber alcanzado los propósitos de un proyecto revolucionario nunca bien definido.
Se trata simplemente de una ambición de poder y de perpetuarse en el gobierno por encima de la voluntad popular.
La última maniobra para ese propósito de perpetuarse en el poder contra la opinión de la mayoría de la población es la convocatoria, inconstitucional, de una pretendida Asamblea Constituyente que evidentemente fracasará como fracasó la maniobra de la dictadura de Pérez Jiménez con el plebiscito en 1957.
Seguiremos conversando.
Eduardo Fernández
@EFernandezVE
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