MARITZA IZAGUIRRE
Un recorrido por los centros comerciales refleja claramente la situación: locales cerrados, pocos clientes, colas hoy disminuidas ante la escasez de los productos en automercados, ferreterías, panaderías y farmacias, entre otros. Evidencia por lo tanto de un mercado contraído y debilitado en su capacidad de consumo.
El fenómeno se ha agudizado en las últimas semanas. El aumento en los precios, consecuencia, entre otros, de la acelerada pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional lleva a incrementos semanales en el valor de los productos que componen el mercado de una familia, lo que conduce a la disminución progresiva de la cantidad de artículos por adquirir, priorizando lo indispensable. Lejos quedaron compras innecesarias, se revisan minuciosamente los precios de los productos de limpieza e higiene personal, cuidando que reste algo de lo presupuestado a fin de disponer efectivo para cubrir los costos de alguna medicina u otro gasto extra no previsto. Ello obliga a la revisión continua del presupuesto estimado, que por razones fuera del control de la familia se achica semana a semana.
De allí la angustia colectiva ante el empobrecimiento progresivo de la ciudadanía, la cual exige un cambio en la conducción de los asuntos públicos. La población aspira a soluciones a corto plazo que reviertan la situación de escasez y desabastecimiento, que ataquen de frente la escalada de precios y que derroten la inflación; que se corrijan a fondo los problemas derivados de la política económica aplicada, deseando la rectificación, lo que obliga a cambios en el modelo aplicado al promover, entre otros, la unificación cambiaria, el desmontaje de los excesivos controles y limitar la frecuente intervención en la operación del aparato productivo por parte del Estado.
En otras palabras, se necesita recuperar la confianza de la población en la capacidad de la autoridad para resolver los problemas que la aquejan, no solo los económicos sino ante las serias dificultades que confrontan en la vida diaria, asociadas a los servicios deficientes y a las calamidades de orden público, en especial la inseguridad y la alta criminalidad.
A lo anterior se suman en las últimas semanas las quejas ante los abusos de poder, al intervenir con fuerza inusitada los organismos de seguridad en la represión de los ciudadanos que reclaman los cambios necesarios para recobrar la senda del crecimiento y la expansión del aparato productivo que permita lograr una sociedad más justa e inclusiva, con empleo estable y bien remunerado, abierta y respetuosa, que genere confianza e inversión a fin de crecer en forma sostenida, revirtiendo el largo ciclo de contracción.
Respeto a la Constitución y a los mecanismos electorales en ella propuestos.
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