CARLOS ROMERO MENDOZA
POLITIKA UCAB
¿Y ahora qué?, se preguntan todos luego de los eventos del 16 de julio y de la ruptura del orden constitucional concretada el 30 de julio del 2017. Foros, conversatorios y charlas se ven repletas de público, que con ansiedad y angustia acude en búsqueda de una respuesta a esa inquietud.
Los dirigentes políticos, hasta la fecha, sólo tienen una respuesta: las elecciones regionales que aún no tienen fecha cierta, pero que debieron realizarse en diciembre 2016. Con esas fechas hay que tener cuidado, pues el régimen puede jugar con ella, buscando que no haya espacio para la protesta legítima y menos para el debate sobre los temas medulares de la crisis política actual.
¿Y ahora qué? no parece una pregunta fácil de responder desde la sociedad civil, más aún cuando hay un eventual proceso electoral en las próximas semanas. Ello hace que sea más cómodo ocupar las agendas en lo electoral, cuya dinámica es más conocida.
En estos tiempos difíciles las elecciones deben ser asumidas como una forma de reivindicar el valor del sufragio como instrumento democrático, las propuestas de gobierno regional y el propio perfil del candidato, pierden espacio en las prioridades, porque no estamos en tiempos normales de democracia.
El candidato, sea quien sea, tiene que asumir el compromiso de defender el orden constitucional y democrático, aceptando los riesgos propios de esa labor histórica; mientras que los ciudadanos tenemos que demostrar nuestro compromiso con el sufragio como derecho y reivindicar el voto como instrumento democrático.
Foto: Diario Región
¿Y ahora qué? tiene una respuesta en lo inmediato en el ámbito electoral; ello exige una extraordinaria logística que no debe preocuparnos, pues en el pasado reciente cada vez que la sociedad venezolana ha sido convocada para un proceso electoral o de consulta, siempre ha demostrado una extraordinaria capacidad de movilización que de manera contundente expresa su compromiso con la democracia.
Recordemos que en 2015 rescatamos la Asamblea Nacional con la movilización electoral y con el voto; el Parlamento se puso al servicio de los venezolanos. Luego, en el 2016, superamos los obstáculos mal intencionados del CNE y logramos demostrar que el 1% no impidió la movilización para exigir el derecho a solicitar un revocatorio. En ambos casos, la participación obligó al Gobierno a impedir la solicitud del revocatorio y a inventar el desacato para justificar el desconocimiento a la Asamblea Nacional.
El régimen le tiene miedo a la participación pacífica y cívica de los venezolanos, por lo tanto, ¿y ahora qué?, encuentra otra respuesta práctica en la tarea de ocupar la calle. Retomar la calle a través de una labor cívica de reivindicación de la participación como derecho humano y como herramienta efectiva para resistir a un régimen que pretende arrebatarnos la libertad para expresar las ideas, las palabras y que además tiene la osadía de pretender apagar nuestra convicción en los valores democráticos.
Es el momento de reflexionar sobre nuestro deber como ciudadanos y nuestro destino como sociedad, tal y como lo sugirió en su obra “Mensaje Sin Destino”, Mario Briceño Iragorry, cuando reconociéndose parte mínima y expresión veraz del pueblo, invitó a asumir el deber presente de ayudar a ese mismo pueblo “no a que grite, como aconsejan los demagogos, ni a que olvide sus desgracias, como indican los conformistas del pesimismo, sino a que reflexione sobre sí mismo, sobre su deber y su destino”.[1]
Ese llamado permite identificar en estos momentos la tarea de reivindicar las asambleas de ciudadanos como expresión legítima de soberanía popular, los coloquios, los conversatorios, y como nunca antes, es importante que el debate político y cívico sea un antídoto contra el totalitarismo.
El Compromiso Unitario para la Gobernabilidad , presentado al país por la dirigencia política, aporta dos herramientas muy oportunas para promover el encuentro, el vínculo y los lazos entre la sociedad civil y las fuerzas democráticas de la Unidad. Esos instrumentos son: la propuesta de Plan de Gobierno Común de Unidad y la propuesta de un Plan de Atención Inmediata a la Crisis Humanitaria, con énfasis en alimentación (abastecimiento y precios), salud (medicamentos y atención) y a la necesidad de respuestas concretas al legítimo descontento popular.
La divulgación, el debate y la discusión de esos dos documentos en estos meses, contribuiría a generar mayor confianza por parte de los ciudadanos en las acciones futuras de la Unidad. Pero además, permitiría una labor política de inclusión en las soluciones que se plantean para el país inmediatamente que ocurra el cambio político. Además, aportaría insumos fundamentales para la narrativa de la sociedad civil en la defensa de la democracia y de la Constitución.
¿Y ahora qué? encuentra en el documento: Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, dos supuestos fundamentales sobre los cuales la sociedad civil debe asumir un rol contralor y velar porque los mismos sean garantizados por la dirigencia política, a saber:
1.- El reconocimiento de la Unidad de las fuerzas políticas democráticas como indispensables y necesarias tanto para el logro del cambio político, como para la viabilidad, estabilidad y gobernabilidad de los próximos gobiernos.
2.- El compromiso de los líderes políticos en reforzar a la Unidad Democrática como plataforma válida e instancia de conducción y coordinación política, junto a los partidos que la conforman, y como expresión de ello, se propuso el diseño de un Gran Frente Social donde estarán presentes todos los sectores del país.
Que ese Compromiso de Unidad no quede en letra muerta, que su contenido contribuya en la motivación y la capacidad de organizarnos para su debate, divulgación, discusión y generación de propuestas. Que ese ejercicio cívico, no electoral, sea el antídoto para construir lazos y vínculos entre Unidad y sociedad civil organizada, así como entre la misma sociedad civil organizada, a los fines de lograr una mayor cohesión en función de un gran Acuerdo Nacional o Compromiso Nacional.
¿Y ahora qué?, no tiene otra respuesta que defender a la Asamblea Nacional como único poder político legítimo reconocido internacionalmente. Defender el voto como instrumento democrático y asumir la participación ciudadana como antídoto para recorrer el camino que nos lleve a la restitución del orden democrático y constitucional de Venezuela.
25 de agosto de 2017
[1] BRICEÑO IRAGORRY, Mario. Mensaje sin destino y otros ensayos. Biblioteca Ayacucho. Pág 105.
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