Grupo La Colina

La masacre de la narcocracia

EL NACIONAL EDITORIAL

Ya no podemos hablar simplemente de Venezuela como un Estado forajido sino de una narcocracia, valga decir, de una nueva y avanzada fase de los carteles de la droga con extensión ya no regional sino nacional, con representantes en las diferentes instancias públicas, con embajadores y representantes en los diversos organismos internacionales, funcionarios que si bien no son activos en el negocio sí lo son a la hora de facilitar el tránsito de la mercancía y de quienes llevan la responsabilidad del lavado del dinero sucio.

En el transcurso de estos últimos años, luego del poschavismo, se ha acelerado el acercamiento entre las prácticas de las redes del narcotráfico y sus tentáculos entre una camarilla civil y militar poco interesada en el proyecto político de Chávez, pero sí en mantener el poder para no perder los privilegios del negocio transnacional de la droga y sus multimillonarias ganancias, que convierten de la noche a la mañana a un madurista en un extravagante nuevo rico.

No puede extrañar entonces que cada día se vuelvan una práctica frecuente los mismos métodos criminales que los carteles colombianos o mexicanos aplican contra quienes los denuncian. Y no es de suponer que estos se refieran escasamente a las autoridades policiales y militares, sino también a aquellos que alertan a la sociedad sobre el creciente poder que adquieren sobre la vida y los bienes de los ciudadanos.

Esta masacre ocurrida el sábado 29 de julio, en la antesala del simulacro de votación para elegir a los integrantes de una asamblea nacional constituyente, y luego el domingo 30 en el transcurso del acto de elegir a los pocos estimables candidatos a cambiar la histórica Constitución de Chávez (recuerden el librito azul que nos atusaron hasta el cansancio) en una propuesta redactada a la ligera y a conveniencia de los explotadores del poder, correspondió a una cacería más propia de los integrantes de los carteles mexicanos que de una razzia política al estilo de Hitler, Mussolini o Stalin.

Y es que en el fondo el problema no es político sino narcopolítico. Si Nicolás sale del poder es muy probable que nadie le llore, ni coloque flores en su altar. En fin, no es sino un gobernante “gobernable” para quienes necesitan gobernar tras bastidores. Los verdaderos perdedores son los que necesitan de alguien que no gobierne porque de esa manera gobiernan a sus anchas, tiene al hombre de paja que justifica, sin molestar, una institucionalidad fingida, un muñeco de ventrílocuo, el presidente débil e inepto que ocupa un lugar en la utilería del escenario.

Cuando llegamos a esta punta del muelle, pantanoso y turbio, entendemos por qué la fiscal Luisa Ortega se aparta de la corriente y renuncia a ser cómplice de esta trama. ¿Lo hizo tarde? Qué falta de memoria histórica. Sus declaraciones ayer ante los medios de comunicación fueron y serán una implacable sentencia en suspenso para Maduro y sus cómplices, una acusación rotunda que Nicolás llevará en su presumible conciencia, algo que está en duda humanamente hablando.