TRINO MARQUEZ
La
ronda de negociaciones entre el régimen presidido por Nicolás Maduro y la Mesa
de la Unidad Democrática iniciada en República Dominicana, cuyo gobierno es
intimo amigo de Miraflores, se desarrollará en el marco del mayor deterioro
económico y social que haya conocido el país y la mayor presión internacional
que se haya desatado contra gobierno venezolano alguno. Ni siquiera Hugo Chávez
fue tan hostigado cuando, a partir de 2007, inaugura el socialismo del siglo XXI con expropiaciones y
confiscaciones, acompañado de inhabilitaciones (Leopoldo López fue la primera
víctima importante) y amenazas a quienes se opusieran a su modelo totalitario.
La cena en Washington en la que
participaron Donald Trump, Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynki, se
inserta en esa atmósfera de alarma e intenciones de la comunidad internacional
de actuar con mayor decisión para impedir que Venezuela termine convertida en
una réplica del modelo cubano. Ya la nación es vista como una seria amenaza
internacional: las acusaciones de narcotráfico (las recientes declaraciones del
Vicepresidente colombiano fueron lapidarias), la violación sistemática de los
derechos humanos, la crisis humanitaria y la fuga masiva y continua de venezolanos
hacia otros países de la región, son algunos de problemas graves que son
observados con preocupación porque afectan de modo directo la gobernabilidad de
la zona.
La situación de soledad, aislamiento y
desprestigio internacional en la que se encuentra Maduro, debe ser considerada
por los negociadores de la MUD. Las denuncias lideradas por Luis Almagro en la
OEA y las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano están surtiendo
los efectos esperados. El gobierno no logra recomponer sus finanzas. El cuadro
de Pdvsa es tan crítico que hasta
Rafael Ramírez, principal responsable del deterioro de la industria petrolera
ha formulado críticas severas al manejo de la empresa. El dólar paralelo continúa su viaje
meteórico hacia las nubes, arrastrando consigo
a toda la economía. A los castigos ya infringidos por los norteamericanos,
podrían sumarse las nueva sanciones que eventualmente tomarían la Unión Europea
y los países más importantes de América Latina.
Las condiciones en las que el gobierno
llega a República Dominicana son muy distintas a las prevalecientes en
noviembre del año 2016, cuando se realizó e ciclo anterior. Ahora no es el
momento de la arrogancia y el desparpajo por parte del mandatario y su equipo,
sino de la búsqueda genuina de una salida a una crisis que no hayan como
resolver y que se agudiza a ritmos acelerados.
Nicolás Maduro aspira lograr la
cuadratura del círculo. Pretende salir del aislamiento en el que se encuentra y
reducir en algunas atmósferas la presión internacional, darle algo de
prestancia a la asamblea constituyente, aquelarre que no logra convencer a
nadie ni dentro ni fuera del país, ganar tiempo para ver si logra capear el
temporal que se desató con sus continuos abusos a los derechos humanos y el
volumen creciente de presos políticos hacinados en las cárceles venezolanas, y espera
un milagro económico que dispare los precios del crudo hasta las nubes para
atenuar la crítica situación de las finanzas públicas.
Dentro de los límites del sistema
democrático, el diálogo nunca puede proscribirse. Forma parte de la esencia de
la política. Con el diálogo las fuerzas opuestas encuentran los espacios para
evitar la confrontación destructiva. El quid
de la situación actual reside en que todos los problemas que suscitan el
diálogo han sido creados por el gobierno. La oposición lo único que ha hecho es
denunciar, como toda fuerza contrincante debe hacer, esas falencias con el
ánimo de demostrar que quienes ejercen la jefatura de la nación no están
preparados para dirigir, son ineptos y, peor aún, corruptos. El gobierno, por
su parte, quiere perpetuarse en el poder exclusivamente a partir de su control sobre
las Fuerzas Armadas, los tribunales y, desde hace algunos meses, de esa
entelequia que es la asamblea constituyente.
Para empotrar en un cepo al diálogo,
Maduro ha dicho que exige el reconocimiento, por parte de la MUD, de la
asamblea constituyente. Primer gran escollo. La constituyente es fraudulenta e írrita.
En el plebiscito del 16 de julio, más de
siete millones y medio de personas
votaron a favor de que no se aceptara la legalidad de ese cuerpo, ni se
acataran sus decisiones. El gobierno, con su demanda, busca colocar a la MUD en
contra de sus bases naturales, constituidas por esos millones de venezolanos
que dentro y fuera de la nación expresaron su rotundo rechazo a ese organismo.
Amparada en la consulta de julio, la comunidad internacional se solidarizó con
los demócratas venezolanos, desconociendo la legalidad de la constituyente. Aceptar
ahora la legalidad de la constituyente puede convertirse en un boomerang para
la MUD. Resulta muy difícil explicar y entender que lo que hace apenas unos
meses se consideraba un fraude a la Constitución del 99, hoy se le expida
certificado de autenticidad.
Maduro exige que se admita a la
constituyente como órgano legítimo del
ordenamiento jurídico porque requiere con urgencia algún organismo oficial que avale los créditos internacionales que
necesita contraer el Estado a nombre de la República. Esa certificación se la
daría la constituyente avalada por la MUD. Maduro exige las joyas de la Corona.
A cambio es muy poco lo que ofrece, como si fuese la oposición la única o la
más interesada en que las negociaciones prosperen. Ni siquiera admite liberar
los presos políticos. De manera cínica
evita referirse a las inhabilitaciones políticas dictadas por la
Contraloría, un órgano administrativo. Aparenta una fuerza que no posee.
Entablar el diálogo le conviene al país.
Pero, quien se encuentra acorralado es el gobierno. No está en capacidad de
imponer condiciones inaceptables. Esta
debilidad debe aprovecharla la MUD para obtener los mayores beneficios
para la democracia y la gente.
@trinomarquezc
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