GUSTAVO TARRE
Las “comisiones de la verdad” se han convertido en una práctica
corriente en países que han vivido períodos de violencia y transiciones
democráticas. Buscan afrontar la impunidad, romper el ciclo de violencia
y de violación de los derechos humanos y lograr establecer, de manera
objetiva e imparcial, qué fue lo que realmente ocurrió en un determinado
lapso histórico. Todo ello para propiciar una reconciliación auténtica,
basada en recomendaciones de políticas que buscan identificar y atender
las causas de los abusos y de las violaciones con el fin de prevenir su
futura repetición.
Históricamente, las comisiones de la verdad se han creado durante
períodos de cambio político, cuando se derrumban regímenes dictatoriales
o con la finalidad de ayudar a la resolución de un conflicto armado. No
suele ocurrir que sea el régimen autoritario y represivo el que la
promueva.
La característica más importante de una verdadera comisión de la
verdad debe ser su absoluta imparcialidad. A estos efectos, sus miembros
deben estar totalmente alejados de toda parcialidad o influencia
política, así como gozar de una intachable honorabilidad y reputación
moral y profesional. Los procedimientos para las investigaciones deben
ser absolutamente transparentes y no pretender sustituir a los
tribunales de justicia. No les corresponde establecer responsabilidades
penales individuales y sus actuaciones solo pueden servir como elementos
de juicio para los procesos judiciales
En Venezuela, la mal llamada e ilegítima asamblea nacional
constituyente ha creado una “comisión para la verdad, la justicia y la
tranquilidad pública”; una suerte de tribunal de inquisición, con
amplios poderes de investigación y atribuciones sancionatorias.
Este mamotreto, que desvirtúa la esencia de las comisiones de la
verdad, es totalmente inaceptable y merece un rechazo general que aún no
ha ocurrido. No olvidamos los muy acertados comentarios del
Observatorio Venezolano de la Justicia que dirige la profesora Laura
Louza y otras valiosas opiniones de organizaciones no gubernamentales
como Transparencia Venezuela que, con legítima indignación, han señalado
que más que una comisión de la verdad es una comisión de la venganza
que busca perseguir a la oposición política y a quienes se atreven a
pensar distinto.
¿Quiénes integran este adefesio? Empecemos por señalar que su presidente es
Delcy Rodríguez. Está integrado por el defensor del pueblo, el
fiscal general, tres miembros de la ANC, tres de organizaciones de
víctimas de la violencia política 1999-2017, un miembro de una
organización venezolana de derechos humanos; dos personas designadas por
su “competencia profesional, integridad y ética”, y tres diputados de
la Asamblea Nacional en representación de la “derecha”.
Muy correctamente, la Asamblea Nacional se negó a participar en
esta parodia. Las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos no
fueron ni siquiera consultadas y solo las “víctimas” afines al gobierno
fueron tomadas en cuenta. En resumen, los 14 miembros de la comisión
son militantes o declarados simpatizantes del PSUV.
La presidente de la ANC y de la comisión anunció que esta abordará
varias investigaciones, entre ellas: los planes desestabilizadores
promovidos por Julio Borges contra el sistema socioeconómico y
financiero del país; la violencia y el terror que generaron grupos de
choque opositores durante los últimos meses, dirigidos por el diputado
Freddy Guevara; y la presunta red de corrupción y extorsión encabezada
por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y por su esposo. No hay ninguna
intención de investigar los asesinatos de cientos de manifestantes ni
los miles de heridos en las calles de las ciudades venezolanas, ni la
tortura sistemática, ni las detenciones arbitrarias, ni los juicios por
tribunales militares, ni el saqueo de los dineros públicos, ni las
violaciones de la libertad de expresión.
¿Engaña a alguien esta payasada? No lo creo, pero sí pienso que el
repudio a esta manipulación espuria, a este patético mamarracho, debe
ser mucho más sonoro y contundente, antes de que empiece a “establecer
verdades” y a imponer “la tranquilidad pública”. Nadie con un átomo de
respeto por sí mismo puede participar en actividades promovidas o
auspiciadas por una comisión de odio y de venganza.
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