Grupo La Colina

Ojos sobre Venezuela

 

ASAMBLEA NACIONAL-Boletín N° 20, 27 de agosto-02 de septiembre | 2017

Protestas
El Alto Comisionado de la Organizaciones de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, y el abogado experto en DDHH, Hernán
Vales, presentaron en Ginebra un informe de 47 páginas sobre las “Violaciones y
abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República
Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”. El texto fue puesto a la
orden de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la labor encargada por el
Secretario General, Luis Almagro, a Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal
Internacional, en sus investigaciones sobre la presunta comisión, por parte del Gobierno
de Nicolás Maduro, de crímenes de lesa humanidad.

El informe de la ONU tomó cifras del Ministerio Público, antes de la defenestración de
Luisa Ortega Díaz, y de ONG locales, a las que se les encargó la tarea ante la negativa
del Gobierno de permitir la visita de una comisión oficial. Registró entre 124 y 157
muertes en cuatro meses, incluyendo las de 15 niños. 46 fallecimientos se atribuyeron a
“la acción de miembros de las fuerzas de seguridad” y 27 a “la acción de miembros de
colectivos armados”, los grupos paramilitares al servicio del oficialismo. También,
1.958 casos de lesiones relacionadas con las manifestaciones. "Las políticas de las
autoridades en respuesta a las protestas han ido en detrimento de los derechos y
libertades de los venezolanos", denunció el Alto Comisionado que afirmó se busca
"reprimir el disenso político e infundir temor en la población".
“Insto al Gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a
que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de
violaciones y abusos de los derechos humanos. Una vez más pido al Gobierno que
renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país
y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a
la crisis”, dijo Zeid el miércoles. Acusó al Gobierno de "reprimir el disenso político e
infundir temor en la población" y afirmó que la democracia en Venezuela "apenas está
viva, si todavía está viva".
Jorge Valero, el embajador de Venezuela en la ONU, descalificó por “infundado”,
“manipulado” y “plagado de mentiras” el informe de ACNUDH. “Es una patética
demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado Zeid
Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y
protagónica que existe en Venezuela”, dijo Valero según un comunicado. Acusó a la
ACNUDH de comportarse como las ONG “financiadas por intereses inconfesables”.

La ONG Foro Penal dijo esta semana que más de 5.300 personas han sido detenidas en
el contexto de manifestaciones antigubernamentales. Más de 640 personas fueron
sentenciadas, están siendo procesadas, o cuentan con una orden judicial de prisión
preventiva.
La ONG Human Rights Watch, exhortó a los estados miembros de la ONU a seguir el
ejemplo de gobiernos clave de América Latina, que han condenado los abusos ocurridos
en Venezuela y usar el informe del ACNUDH para ejercer una fuerte presión sobre el
Gobierno de Nicolás Maduro.

Poderes Públicos
La directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, denunció “al mundo” las nuevas
acciones de la “írrita y fraudulenta asamblea nacional constituyente” que aprobó
enjuiciar, por “traición a la patria” a la directiva del Parlamento y a legisladores de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Responsabilizamos a Maduro de la integridad
física de los parlamentarios venezolanos, sometidos hoy a los peligros de agresión,
persecución y encarcelamiento. Solicitamos de la comunidad internacional su
solidaridad con la institución de la Asamblea Nacional y con sus integrantes, así como
con otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática bajo amenaza de la dictadura”,
expresó un comunicado oficial.
El presidente del Parlamento venezolano, diputado Julio Borges, anunció que a partir
del lunes 4 de septiembre, sostendrá encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel
Macron; con la canciller de Alemania, Angela Merkel; con el presidente del gobierno de
España, Mariano Rajoy y con la primera ministra del Reino Unido, Theresa
May. Borges envió esta semana una carta al Papa Francisco en la que le pidió ayuda
urgente para que el Gobierno de Nicolás Maduro abra un canal humanitario para la
entrada de alimentos y medicinas a Venezuela, aprovechando su viaje a Colombia.
Borges denunció en Twitter que "cada semana cuatro niños mueren por desnutrición, el
índice de escasez de medicinas supera noventa por ciento (90%)". Destacó que más de
50 países desconocen la legitimidad de la Constituyente y no aprobarán ningún contrato
que no cuente con el aval de la Asamblea Nacional.
Una comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga al caso Odebrecht,
determinó que la empresa brasileña dejó 11 obras inconclusas y en otras 80 hubo
sobreprecio. El Parlamento denunció que los registros oficiales están incompletos, por
lo que solicitarán información al Departamento de Justicia de EEUU sobre los sobornos
detectados por ese país.
El fiscal general de la República, designado por la Constituyente, Tarek William Saab,
denunció a su antecesora, la destituida y exiliada Luisa Ortega Díaz, por complicidad
con un desfalco de 200 millones de dólares contra Petróleos de Venezuela (PDVSA),
mediante sobreprecios en contrataciones que el Estado hizo entre 2010 y 2016. Saab
eximió de responsabilidades a la alta gerencia de PDVSA.
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, ha pedido a procuradores y fiscales del continente
que “no remitan información relacionada con narcotráfico, corrupción y legitimación de
capitales a Venezuela porque van a ser destruidas”. La funcionaria se reunió con la
Comisión y con la Corte Interamericana de DDHH, así como con el Fiscal de Costa
Rica; también con el Procurador de México. Insistió en acusar al presidente Nicolás
Maduro de ser parte de una trama de corrupción en el caso Odebrecht. "Tengo muchas
pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no sólo a Venezuela sino a toda
la región. Estas pruebas fueron entregadas a funcionarios de la Fiscalía de Estados
Unidos y de Brasil”, afirmó Ortega esta semana.
El diputado a la Asamblea Nacional, disidente del oficialismo, Germán Ferrer, dijo que
él y su esposa, Luisa Ortega, han recibido oferta de asilo político en Colombia, Brasil,
Chile, México y Paraguay, y que ellos evalúan dónde no les impongan restricciones
para sus actividades políticas, pues necesitan “libertad de acción” para llevar adelante
las gestiones sobre la crisis en Venezuela. Ferrer descartó volver a Venezuela porque
“hay una cacería de brujas terrible”, dijo en entrevista con el diario La Tercera. La
pareja se encuentra bajo la protección del gobierno de Colombia.
La Asamblea Constituyente aprobó iniciar "conjuntamente con los órganos del Estado
un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción
de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano". Dijeron que
investigarán a los diputados Julio Borges y Freddy Guevara por alentar las sanciones
económicas de Estados Unidos contra el Gobierno de Maduro. El presidente del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, anunció la instalación de la nueva
Comisión de Alto Nivel para el Aporte Constitucional. Se ofreció para iniciar el proceso
por “traición a la patria” contra los diputados, a quienes responsabiliza por “las decenas
de muertos” de las protestas antigubernamentales.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que China y Rusia, así como
Irán y la India, ayudarán a Venezuela a superar la sanciones financieras aprobadas por
Estados Unidos. La excanciller afirmó que el Gobierno de Maduro no tiene cómo pagar
alimentos y medicamentos “teniendo nosotros barcos en la costa cargados” producto del
“bloqueo”. Amenazó a los medios de comunicación que “promuevan mensajes de odio,
de intolerancia, de discriminación, de fascismo serán sujetos duramente a las sanciones”
y acusó a la MUD de ser “una organización criminal para la intervención”.
La constituyente Esther Quiaro insistió en regular las redes sociales y poner sanciones
de prisión a quienes “faltan el respeto a la autoridad o promueven contravalores”.
La constituyente y exministra de Prisiones, Iris Varela, propuso a “fusilar” a quienes
apoyen las sanciones del gobierno de Donald Trump contra el Gobierno de Nicolás
Maduro, así como “degradar” a los militares que no le respalden. También el
constituyente Diosdado Cabello consideró culpables a los diputados de oposición por
“dar la vuelta al mundo para pedir sanciones en contra de Venezuela”.

Entorno sociopolítico y económico
La Mesa de la Unidad Democrática, en un comunicado, apoyó las sanciones económicas
del gobierno de Donald Trump al de Venezuela. “Sanciones de quien sea a vagabundos,
violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre
contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela”.
“Solicitamos a toda la comunidad internacional advertir a todos los ciudadanos y
empresas de sus respectivos países que deben abstenerse de efectuar operaciones
financieras o contratos de interés nacional” con Venezuela sin aprobación del
Parlamento, refiere el documento.
Lilian Tintori, la esposa del preso político, Leopoldo López, fue imputada por un
tribunal por trasladar en un vehículo de su propiedad una cantidad de dinero en efectivo
que las autoridades consideraron excesiva. Tintori señaló que puede demostrar la
procedencia lícita del dinero, que no es ilegal poseer efectivo y que lo requería para
pagar la hospitalización de su abuela centenaria, que por su edad no está asegurada.
Precisó que ningún banco le permite tener una cuenta personal por temor a represalias
del Gobierno. El Ministerio Público imputó a los vicepresidentes de operaciones
interbancarias del Banco Occidental de Descuento por “distracción de recursos de una
institución bancaria en provecho de un tercero”. El tribunal le impuso a Tintori
prohibición de salida del país. Estaba previsto que ella acompañara al diputado Julio
Borges en sus encuentros con los mandatarios Macron, Rajoy, Merkel y May. Los
presidentes de Francia y España repudiaron la medida.
Caritas de Venezuela, organización que dirige la acción social del Episcopado
venezolano, alertó que aumentó a 60% la desnutrición en niños menores de 5 años. Los
índices del último boletín alcanzaron la “escala de emergencia”. El crecimiento de la
tasa en agosto fue de 11% respecto de la medición del julio pasado.
La cámara de compensación de Nueva York comunicó que suspendió sus servicios de
intermediación para transar bonos venezolanos, incluyendo los de PDVSA. Fox
Business informó que la decisión de la Depository Trust & Clearing Corp sentó un
precedente para otras firmas.
Familiares del capitán Juan Caguaripano Scott, líder de la rebelión en un cuartel militar
el mes pasado, está desaparecido y ha sido “torturado” en la sede de la Policía Militar
(DGCIM) donde estaba detenido. También, los familiares del exministro de la Defensa,
general Raúl Baduel, dijeron que luego de 23 días sin saber de su paradero, pudieron
verlo en una sede de la Policía Política (SEBIN).

Entorno internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda
preocupación por el deterioro en la separación e independencia de poderes y el
menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela" a raíz de las recientes
decisiones de la Asamblea Constituyente, que “exceden” sus competencias y “usurpan”
las de la Asamblea Nacional, “lo que afecta a la separación de poderes y la democracia
representativa", dice el comunicado, que rechazó la "potestad discrecional" de la
Constituyente destituir y nombrar autoridades, reformar leyes y aplicar decisiones sin
control de otros poderes. La CIDH recordó que emitió medidas de protección a favor de
la Fiscal Luisa Ortega Díaz, “toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan
un riesgo inminente de daño irreparable".
El Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó la decisión de enjuiciar a
dirigentes de la oposición. Acusó a Maduro de ser el “responsable directo del
sufrimiento del pueblo venezolano” e insistió en pedir “elecciones libres, justas y
monitoreadas internacionalmente”, “disolver la ilegítima Asamblea Constituyente,
respetar la Constitución y las autoridades de la Asamblea Nacional”.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la Conferencia de
Embajadores del Servicio Europeo de Acción Exterior, reiteró que la Unión Europea
(UE) debe “tomar medidas” contra el “régimen antidemocrático” de Nicolás Maduro.
“Queremos que la voz de Europa se escuche en el mundo, a través de una diplomacia y
la promoción de nuestros valores”.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su primera reunión con los
embajadores de su país, calificó al Gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura”
que “intenta perpetuarse a un precio humanitario sin precedentes y radicalizaciones
ideológicas preocupantes”. Venezuela también fue tema de conversación entre el
ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, y su par brasileño,
Aloysio Nunes. Le Drian habría dicho que Francia y la Unión Europea (UE) evaluarán
su relación con Venezuela, informó la agencia EFE, citando a un portavoz de la
Cancillería gala. Francia analiza “la mejor manera de acompañar toda iniciativa que
permita un diálogo creíble, sincero y serio, que implique a los países de la región”.
La Cancillería de Venezuela rechazó las declaraciones de Emmanuel Macron. Dijeron
que “atenta contra la institucionalidad venezolana y parecieran estar arrastradas por la
permanente obsesión imperial de atacar a nuestro pueblo, ignorando los más
elementales principios del Derecho Internacional”.
El embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, denunció que las sanciones de
EEUU sobre Venezuela buscan que “el país caiga en default”.
Rusia acusó a Estados Unidos de querer “agravar las tensiones” en Venezuela con
la adopción de nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La
portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, citada en un comunicado, señaló
que “la propia lógica de las sanciones conduce a un agravamiento de las tensiones”.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, consideró
que las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos al de
Venezuela complicarán más la situación. “Los problemas de Venezuela deberían ser
resueltos por su propio Gobierno y pueblo (…) La experiencia histórica muestra que la
interferencia externa y las sanciones unilaterales complicarán la situación y no pueden
ayudar a solucionar la cuestión”, dijo Hua en rueda de prensa.
La Cancillería de Bolivia rechazó las sanciones impuesta por Estados Unidos al
Gobierno de Venezuela. Dijo que “intentan asfixiar la economía de ese país y atentan
contra el derecho del pueblo venezolano a tener acceso a productos básicos, en especial
alimentos y medicinas”.
El premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, se reunió con
Luisa Ortega Díaz, como Fiscal General de Venezuela y desconoció a la Asamblea
Constituyente por “ilegítima”. Arias criticó a la MUD por aceptar concurrir a las
elecciones de gobernadores. Fue “un error” que “quitó a la gente de las calles”, dijo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que busca una transición política
en Venezuela porque el Gobierno de Nicolás Maduro “acabó con la democracia”. Para
ello dijo que espera conversar con el Papa Francisco, que visitará Colombia en los
próximos días. “Tener una dictadura en la mitad de América Latina es algo que a nadie
le conviene, a Colombia no le conviene, no le conviene al mundo tampoco”, dijo
Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2016.
Colombia denunció la incursión en su territorio de unos 20 militares de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) que agredieron a los habitantes de la frontera. La
Cancillería de ese país entregó una nota de protesta formal a la Embajada de Venezuela.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, negó la acusación “falsa” y alegó que la GNB
fue atacada por “paramilitares”. Pidió a Colombia cesar sus “provocaciones” a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB). El Congreso de Colombia pidió al Gobierno
denuncia a Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El canciller Jorge Arreaza también acusó a Costa Rica de “agredir la democracia
venezolana” por recibir su Fiscal General, Jorge Chavarría, a la destituida Luisa Ortega
Díaz. El canciller de Costa Rica, Manuel González, respondió que “es un poco difícil
agredir algo que no existe”.
La Presidencia de Colombia estudia un plan de contingencia para atender a una masiva
ola de refugiados procedentes de Venezuela, proyectada por el Consejero de Seguridad,
Juan Carlos Restrepo. “Tenemos lista la logística y de dónde la vamos a sacar y cómo se
va a administrar”, dijo Restrepo, quien cifró entre 25.000 y 30.000 el trasiego de
venezolanos en la frontera binacional. Colombia ha estudiado la experiencia de Turquía
con los campos de refugiados para los sirios. El Gobierno aprobó un decreto que
permite a los venezolanos con Permiso Especial de Permanencia usar el sistema de
salud estatal.
El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, instó al diálogo
político en Venezuela entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, “que están legitimados
por el voto popular”, dijo en rueda de prensa en Praga.
Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández
(República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), en un comunicado conjunto
pidieron “coherencia” a la comunidad internacional y pidieron no avivar la
confrontación. “Las sanciones y la hipótesis esgrimida de una intervención militar no
contribuyen a una solución inteligente y constructiva y son profundamente
inconvenientes”, dice el documento. Rodríguez Zapatero regresó esta semana a
Venezuela y sostuvo una reunión, entre otros, con el preso político Leopoldo López.
El Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunció que “se profundiza la dictadura
mediática en Venezuela” con la prohibición de la señal de dos canales de TV
colombianos y dos radios locales. “Es una situación de deterioro absoluto de la libertad
de expresión en Venezuela”. Lanza recordó que los canales NTN24, CNN, Caracol y
RCN no pueden ser vistos en la TV satelital por prohibición legal “sin el debido
proceso”.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet y el primer ministro de Jamaica, Andrew
Holness, en reunión con Santiago, instaron a las fuerzas políticas de Venezuela a
encontrar una salida pronta y pacífica a la crisis, que “es seguida con preocupación por
el continente entero”.
El Parlamento de Mercosur encomendó a su Mesa Directiva visitar Venezuela entre el
14 y el 16 de septiembre para “contribuir en el proceso de diálogo” entre Gobierno y
oposición “a través de gestiones de buenos oficios”.
La Unión Interparlamentaria (UIP) expresó su “profunda” preocupación por la decisión
de la Constituyente de enjuiciar por “traición a la patria” a diputados de oposición. El
gremio condenó “los continuos intentos de retirar los poderes a la Asamblea Nacional y
hostigar a sus líderes y miembros”. Exige respetar el derecho de los diputados a
“desempeñar sus mandatos libremente y con seguridad, sin amenazas de exclusiones
violentas o ilegales de la vida política”, declaró el secretario general de la UIP, Martin
Chungong.

EG/eg