Grupo La Colina

ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA: 
Ojos sobre Venezuela. Boletín N° 31, 12-18 de noviembre |2017|

Poderes Públicos
 
La Asamblea Nacional (AN) rechazó la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional
Constituyente, de la “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y
la Tolerancia”, que prevé penas de cárcel hasta por 20 años. La plenaria denunció que la
Constituyente, electa de manera fraudulenta en julio, no tiene competencias para legislar
y “usurpa” funciones del Poder Legislativo y, además, pretende criminalizar la
disidencia política y la protesta ciudadana.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, exigió al Poder Ejecutivo
que reconozca las facultades del Parlamento para refinanciar la deuda pública externa y
diseñar un plan confiable para atender la emergencia humanitaria. Borges criticó que el
presidente Nicolás Maduro privilegie el pago de bonos a los acreedores y mantenga la
política económica que alimenta la hiperinflación.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado José
Guerra, exigió al Poder Ejecutivo que informe al Legislativo del “supuesto acuerdo
secreto para refinanciar la deuda con Rusia” y recordó que todas las negociaciones
sobre endeudamientos deben pasar por el Parlamento. También la AN criticó que el
Gobierno no presentó un plan en la reunión a la que convocó a los tenedores de bonos
venezolanos. El diputado Rafael Guzmán afirmó que a ese encuentro en el palacio de
Gobierno sólo asistieron 20% de los acreedores y no se les presentó un plan de
refinanciamiento. Según la AN la deuda venezolana suma unos 150 mil millones de
dólares.
La Asamblea Nacional designó una comisión que adelantará consultas con la sociedad
civil organizada sobre el proceso de negociación con el Gobierno, que se prepara en
República Dominicana el 1 de diciembre. El jefe de la bancada parlamentaria de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la AN, diputado Stalin González, dijo que
quieren ser lo más transparentes ante el país.
La diputada a la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, planteó que la plenaria del
Parlamento solicite a la ONU activar el protocolo de la agencia para los refugiados
(ACNUR) e instalen un corredor humanitario en los 220 kilómetros de la frontera entre
Venezuela y Colombia para asistir a los que se desplazan huyendo de la crisis
económica.
En Chile, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exilio,
“ordenaron” al Gobierno de Maduro declarar la apertura de un canal humanitario.
Exigieron a Maduro “que vele por la protección de los derechos humanos y demás
bienes jurídicos que le corresponden garantizar como jefe del Poder Ejecutivo”.
El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, anunció que usarán la tecnología para
impedir que través de las redes sociales se “siembre el odio”, de acuerdo a la ley
recientemente aprobada por la Constituyente, e instruyó a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) a actuar.
El presidente Nicolás Maduro adelantó que como parte de las negociaciones que se
espera empiecen el 1 de diciembre con la oposición, demandará que levanten “la
persecución financiera y económica, y las sanciones contra Venezuela”, impuestas por
EEUU, Canadá y laUnión Europea a su gobierno. Maduro se reunió con ese fin con el
expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. También alertó al
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos que será “su pesadilla por 100 años” y lo
acusó de haberle impedido comprar medicamentos. Sin embargo, también propuso
trabajar juntos con Donald Trump contra el tráfico de drogas y ofreció apoyo militar y
técnico para “exterminar toda la producción de droga”. Maduro, además, pidió al
gobierno de España “no devolver” al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio
Ledezma –calificado como preso político– que se evadió de su arresto domiciliario con
complicidad militar, según él mismo afirmó. El presidente Maduro ordenó esta semana
constituir un equipo que revise en 15 días “todas las leyes del sistema de justicia penal
del país” para endurecer las penas.
La Cancillería venezolana consideró un “acto inamistoso” el recibimiento de Ledezma
por parte del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. En un comunicado
denunciaron que Ledezma es “un prófugo de la justicia” y la atención que le dispensó
Rajoy es parte de “una larga lista de agresiones e injerencias” y de apoyo a “un grupo
extremista”.
El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami acusó a la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos de actuar
“como un tribunal inquisidor”. El Gobierno también rechazó las “ilegales, absurdas e
ineficaces” sanciones aprobadas por la Unión Europea contra funcionarios del
Gobierno. “Las instituciones europeas demuestran su lamentable y vergonzosa
subordinación a los dictámenes del Gobierno de los Estados Unidos”, dijeron.
El Gobierno de Venezuela repudió la ruptura del “orden constitucional” en Zimbabwe y
demandó la inmediata restauración de la “institucionalidad democrática y al pleno
respeto a la Constitución, las leyes y la democracia en este hermano país africano”.
Entorno socioeconómico y político
El preso político desde 2015, Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, se
evadió de su prisión domiciliaria y salió por la frontera con Colombia rumbo a Madrid,
donde fue recibido por el presidente Mariano Rajoy. El Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) reforzó de inmediato la custodia de la residencia del líder
opositor, Leopoldo López, también en arresto domiciliario. “Soy más útil luchando por
la democracia de Venezuela en el extranjero que rehén en mi casa”, se justificó
Ledezma. Dijo que fue advertido de que sería enviado de nuevo a la cárcel militar de
donde fue sacado por razones médicas, y por eso decidió escapar.
La representación de la Mesa de la Unidad Democrática confirmó que participará en un
primer encuentro para negociar con el Gobierno de Maduro, previsto para los días 1 y 2
de diciembre en República Dominicana. “Consideramos un paso importante a favor del
rescate de la democracia que el Gobierno de Nicolás Maduro finalmente haya aceptado
participar en un proceso de negociación formal” con el acompañamiento de los
cancilleres de México, Chile y Paraguay, precisó un comunicado de la MUD, que
reiteró que exigen “elecciones presidenciales libres y transparentes, con observación
internacional calificada, con un Consejo Nacional Electoral imparcial”, la liberación de
los presos políticos y permitir la ayuda humanitaria. Los acompañantes por parte del
Gobierno de Maduro serán los cancilleres de Bolivia y Nicaragua. En un encuentro
preparatorio, delegados de ambos sectores definieron la metodología a seguir. Los
facilitadores de esa primera reunión fueron el canciller de República Dominicana,
Miguel Vargas, y José Luis Rodríguez Zapatero.
La calificadora crediticia Standard & Poors (S&P) declaró la deuda venezolana en
default debido a que el Gobierno de Maduro no abonó 200 millones de dólares
correspondiente al pago de bonos con vencimiento en 2019 y 2024, luego de acabarse el
período de gracia. También el grupo de aseguradores ISDA rebajó la nota de la deuda
venezolana porque “los tenedores de bonos no recibieron el pago de intereses sobre
títulos de la deuda soberana”. La agencia calificadora Fitch colocó la deuda de Petróleos
de Venezuela (PDVSA) en default selectivo. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela
aseguró que pagó, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
Rusia y Venezuela acordaron reestructurar hasta 2026 los 3.150 millones de dólares que
le debe al país euroasiático desde 2011, un 2% de la deuda global del país. “Las
condiciones de pago son muy ventajosas hasta 2016”, afirmó un portavoz del Gobierno
de Maduro sin ofrecer detalles del acuerdo “confidencial”, según deseos de Rusia. En el
Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Venezuela no solicitó auxilio adicional.
Geng Shuang, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo que su país
“cree que el Gobierno y el pueblo de Venezuela tienen credibilidad para gestionar
adecuadamente la cuestión de su deuda”, y eludió responder si ambos negocian la
reestructuración de la deuda que Venezuela mantiene por 23 mil millones de dólares.
El Gobierno de Brasil llevará al Club de París la denuncia del impago por parte de
Venezuela de 334,50 millones de dólares, con un retraso de más de dos meses.
En los sectores más pobres de Venezuela la desnutrición infantil alcanza el 68%,
denunció Cáritas, la organización de la acción social de la iglesia católica. La ONG
Médicos por la Salud alertó que la epidemia de malaria y difteria está presente en 14 de
los 24 estados del país. Aumentó el fallecimiento de transplantados por falta en el país
de medicamentos que deben tomar de por vida. Antes de morir, una de las enfermas
grabó un video en el que solicitó al Gobierno atender esta necesidad.
 
Entorno internacional
Los 28 ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron por unanimidad las
primeras medidas restrictivas contra el Gobierno de Venezuela, que apuntan a un
embargo de armas y material antidisturbios, así como un marco legal para imponer
medidas selectivas contra funcionarios, como el congelamiento de bienes y prohibición
de entrar en el territorio comunitario. La UE ratificó sus “esfuerzos políticos y
diplomáticos para apoyar una salida pacífica negociada a la crisis política” y lograr
“negociaciones creíbles y significativas”, el respeto a las instituciones democráticas, la
adopción de un calendario electoral completo y la liberación de todos los prisioneros
políticos. Se indicó que la aplicación de sanciones será gradual y flexible y podrán ser
expandidas a quienes violen los derechos humanos. Dejaron claro que las sanciones no
son para perjudicar a la población de Venezuela.
Según BBC, Venezuela no teme el embargo de la UE, ya que sus principales
proveedores de armas son China y Rusia. De ambos países llega el 90% de las armas
que compró Caracas en los últimos cinco años, dijeron citando al Instituto de
Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, abordó el tema de la crisis de Venezuela
en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU, que se hizo a instancias
de Estados Unidos e Italia. Recalcó que ningún país “puede ignorar lo que está
sucediendo” ni ser “complaciente con la violación sistemática de los derechos
humanos”. Rechazó las “excusas metodológicas” en el sector diplomático, que permiten
que el Gobierno de Maduro “torture, asesine, persiga y tenga presos de conciencia”.
China, Rusia y Bolivia no asistieron a la reunión. La representante de Estados Unidos,
Nikki Haley, reiteró que Venezuela es “un narcoestado violento” y una amenaza para el
mundo. El embajador de Japón ante el Consejo de Seguridad abogó por la “restauración
lo antes posible de la democracia”. Rusia y China no asistieron al encuentro en un gesto
de respaldo al Gobierno de Nicolás Maduro. Tampoco asistieron Bolivia y Egipto.
El Gobierno de Venezuela calificó de “acto hostil e intervencionista” la reunión del
Consejo de Seguridad, dijo el embajador en la ONU, Rafael Ramírez.
La Organización de Estados Americanos culminó la ronda de audiencias que buscan
determinar si hay base para acusar al Gobierno de Venezuela en la Corte Penal
Internacional. En menos de dos meses el equipo de juristas habrá decidido si hay base
para formalizar la acusación por delitos de lesa humanidad, dijo Santiago Cantón,
miembro del equipo designado por Luis Almagro. Cantón señaló que Maduro u otros
miembros de su gobierno “pueden terminar detenidos y eventualmente presos”.
Reconoció “la valentía” de los venezolanos víctimas del Estado que han aportado sus
testimonios en las audiencias públicas.
La Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, acudió a la Corte
Penal Internacional para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el
presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, y el
ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol. Ortega solicitó una orden de captura
internacional contra Maduro por “asesinatos, torturas, encarcelación y un ataque
sistemático contra la población civil”.
La Casa Blanca informó en un comunicado del encuentro entre los vicepresidentes de
Estados Unidos y de Colombia, Mike Pence y Óscar Naranjo, quienes reafirmaron su
compromiso de contribuir a la “restauración de la democracia” en Venezuela y
coincidieron en su preocupación por el “deterioro” de la situación en ese país. Pence
también recibió al secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, a quien
agradeció los “esfuerzos” de la Santa Sede para “restaurar la democracia en Venezuela”.
Daniel Wilkinson, portavoz de Human Rights Watch, dijo que están “muy
preocupados” porque “ya no queda ninguna fachada de la democracia allá y realmente
es desesperante”.
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