MARTA DE LA VEGA
Las 4 rectoras del CNE han violado
reiteradamente la Constitución vigente de 1999. Por mandato constitucional,
según los artículos 161 y 162, las elecciones para gobernadores y consejos
legislativos regionales debieron haberse realizado conjuntamente en diciembre
de 2016 puesto que el período de dichas autoridades en sus cargos es de 4 años
y la última elección fue en 2012.
Sin explicación ninguna el proceso electoral
regional, con carácter improrrogable, fue postergado y finalmente el CNE
convocó para 2017 la elección de gobernadores, aunque dejó de lado, de modo
arbitrario, la de los consejos legislativos. La fecha escogida fue diciembre
10. Con la intromisión de la ilegítima e ilegal anc el Poder Electoral adelantó
los comicios para el 15 de octubre.
Sabemos que la asamblea nacional
constituyente no solo es de origen ilegal, inconstitucional e ilegítima,
asentada sobre un gran fraude electoral, sino que se ha autoasignado
prerrogativas que no le corresponden ni en el ámbito electoral, ni en el
legislativo ni el judicial, pisoteando la Constitución y pasando por encima de
sus funciones. Quien la preside es, como las rectoras del CNE, igualmente
violadora de la Carta Magna que aún sigue vigente y ha cometido con sus
actuaciones, delitos de lesa patria.
Bajo la responsabilidad de la Unidad
Democrática, circula un informe, rigurosamente documentado, sobre la violación
continuada por parte del CNE de los derechos políticos de los venezolanos en el
marco de las elecciones de octubre de 2017. Han sido demostrados los casos de
violaciones a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009)
y a su Reglamento (2012) y a la Ley de Regularización de los Períodos
Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales
(2010).
Han sido lesionados gravemente los derechos
políticos de los venezolanos, tanto los previstos en el ordenamiento jurídico
interno como los que protegen Tratados y Acuerdos Internacionales. Fue violado,
por ejemplo, el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que
establece elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio
universal y secreto, dentro de los períodos fijados en la Constitución.
No hay democracia en Venezuela. Elementos
que le son esenciales han sido aplastados o tergiversados. No se cumple ninguno
de los principios que la definen en su acepción actual, como John Rawls ha
destacado: entre otros, los iguales derechos y libertades básicos de la
ciudadanía que todo poder público debe respetar, como el derecho del voto y el
derecho a participar en política, la libertad de pensamiento y de asociación,
la libertad de conciencia y también “las protecciones del imperio de la ley”.
La persecución política, norma del régimen
de Maduro, inhabilita mediante la Contraloría, órgano al que no compete tal
decisión, a líderes de las fuerzas democráticas, impedidos así de participar en
las elecciones a gobernadores. Igualmente el CNE, con apoyo del tribunal
supremo de justicia, inhabilitó a partidos políticos y prohibió el uso de la
tarjeta electoral a la Mesa de la Unidad Democrática en 7 estados del país por
procesos judiciales abiertos en tribunales regionales que no tienen competencia
electoral.
El documento de la MUD merece una detallada
atención y difusión, no solo por las contundentes denuncias de los hechos
delictivos de carácter electoral, (ejs., cronograma, ilegítima reubicación o
anulación de centros, etc.) sino por los actos comprobados de corrupción
durante el procedimiento electoral. La responsabilidad personal de cada una de
las rectoras por violación de los derechos humanos de contenido político, es
exigible en el derecho venezolano y en el internacional.
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