¿Llegó la crisis a las Alcaldías?
Carlos Romero Mendoza
“La crisis llegó a las alcaldías”, dijo
en el año 2014 Carlos Ocaríz, actuando como vocero de la Asociación de
Alcaldes de Venezuela. En esa oportunidad, advirtió que el Gobierno
nacional tenía como estrategia asfixiar financieramente a los gobiernos
municipales presididos por alcaldes legítimamente electos en la
plataforma de la Unidad democrática.[1]
Nuevamente, en el año 2016, se alertó que
por falta de recursos para cubrir los gastos, el 80% de las alcaldías
estaban en rojo, la denuncia la hizo en esta oportunidad Gerardo Blyde,
actuando como presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela.[2]
Complementan esos antecedentes varias
declaraciones que a lo largo del año 2017 fueron registrándose en medios
digitales y en las cuales se acusaba el impacto negativo sobre el
presupuesto municipal de los diversos aumentos salariales aprobados por
el gobierno nacional.
En ese sentido, el Municipio Hatillo[3], en septiembre 2017, se declaró en emergencia. El Municipio Libertador (Mérida[4]), también alzó su voz de alerta. Los secundaron las alcaldías opositoras ubicadas en el estado Táchira[5]
y también reclamó por recursos públicos –ante lo que calificó de
inminente quiebra– el alcalde del Municipio Marcano del estado Nueva
Esparta[6].
¿Las elecciones municipales del 10 de
diciembre 2017 sirvieron de marco para abordar entre candidatos de la
Unidad y vecinos el tema del impacto de la crisis económica en las
finanzas públicas municipales? ¿Esta rápida y atípica campaña electoral
municipal, permitió a los vecinos entender el riesgo y la amenaza que
hay sobre la propia existencia del municipio como unidad política
primaria?
¿Cómo enfrentar la hiperinflación?, es
una pregunta que se hace todo ciudadano y lejos de abrirse los espacios
para discutir y debatir el tema, orientar y construir estrategias
básicas para enfrentar el desafío financiero, no hay voces que estén
haciendo una labor educativa e informativa sobre cómo afrontar la
crisis. Es más, si vemos la campaña bajo la experiencia del municipio
Baruta, el tema de la hiperinflación no parece haber golpeado los fondos
de los diversos candidatos a esa Alcaldía.
El economista Luis Oliveros[7] dijo que experimentamos un “terremoto de gran intensidad y aún nos falta los efectos del Tsunami”.
Para Oliveros, vivimos una hiperinflación con terribles costos para la
sociedad en general, que directamente también impactará negativamente en
las finanzas públicas municipales, pues principalmente esta realidad
afecta la capacidad de recaudar impuestos, potenciando así el déficit
fiscal.
Además del impacto negativo en el tema
financiero, Luis Oliveros alerta que otra de las consecuencias de la
hiperinflación es el incremento de los índices de pobreza. Estos dos
elementos claramente plantean un desafío enorme para los alcaldes que
serán electos el 10 de diciembre 2017 y supone un escenario muy grave
para todos los vecinos de cada municipio del país, pues significa el
deterioro de la calidad de vida. Para Luis Oliveros el principal reto es
sobrevivir, en tal sentido, advierte que quien no actúe rápido y con
inteligencia, simplemente pierde. Asdrúbal Oliveros, también economista,
presenta la hiperinflación como un proceso destructivo que arrasa con
todo, y del cual nadie sale inmune[8].
El 11 de diciembre el país amanecerá con
nuevas autoridades municipales. Es decir, con una realidad política
distinta, pero además, con una interpretación de la participación
ciudadana en el proceso electoral y sobre la transparencia del Consejo
Nacional Electoral en ese proceso. No podemos ignorar que hay unas
condiciones económicas y sociales que se van agravando con el paso de
los días y que según el FMI nos llevarán a cerrar el año 2017 con una
inflación de 652% y un PIB del 12%. ¿Estamos conscientes los vecinos que
nuestro municipio y su capacidad de respuesta se verá afectada por los
efectos de la hiperinflación? ¿Estarán conscientes los candidatos sobre
la necesidad de asumir una gestión en tiempos de enfermedad crónica de
la economía venezolana?
Para el diputado y economista José Guerra[9],
nos espera un futuro más negativo, principalmente porque el Gobierno no
impulsa los cambios necesarios en la política de planificación central.
Guerra advierte que llevamos 15 trimestres seguidos (desde 2014) de
caída.
Los municipios están en riesgo, no sólo
por el intento de implantar ese modelo político llamado estado comunal,
sino porque ahora hay un componente económico que claramente obstaculiza
e impide cualquier propuesta de desarrollo y sostenibilidad de gestión
municipal. Alcaldes, concejales y vecinos necesariamente van a tener que
encontrarse y debatir sobre la salud financiera del municipio, a los
fines de aclarar las expectativas, pero también, a los fines de
articular un plan de cooperación vecinal o de inclusión social, a los
fines de enfrentar los desafíos que tenemos por delante.
El año 2017 se veía en el pasado como la
oportunidad electoral y política de poner en la agenda nacional el
debate sobre la descentralización como política de estado y la autonomía
municipal como principio rector del desarrollo local. Ese round hoy
está perdido. El esfuerzo que significó los “Lineamientos para la
Gestión Municipal 2014-2018”, en las elecciones municipales del
2013, los resultados positivos que esas propuestas tuvieron a lo largo y
ancho del país donde había un gobierno de Unidad, están allí como
aprendizaje para valorar la importancia de pensar y actuar en Unidad.
Como dijo Ocaríz en el 2014: la crisis llegó a las alcaldías. ¿Estamos
preparados?, guste o no, la sociedad civil tendrá que decir algo y
exigir transparencia a los nuevos alcaldes, solicitando un diagnóstico
sobre el presupuesto 2018, pues participando o no electoralmente el 10D,
no podrán evitar sufrir las consecuencias de un municipio que podría
verse claramente disminuido financieramente para responder a las
necesidades básicas de sus vecinos y prestar los servicios que el
ciudadano espera recibir.
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