domingo, 10 de diciembre de 2017

Ojos sobre Venezuela. Boletín N° 34, 3 de diciembre-9 de diciembre |
2017



Poderes Públicos
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Julio Borges, reivindicó como un logro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obligar al Gobierno de Nicolás Maduro a sentarse a negociar en República Dominicana, los días 1 y 2 de diciembre, con el acompañamiento de cancilleres de cinco países del continente. “Detrás de ellos está toda la Unión Europea”, dijo Borges. “Hicimos propuestas de condiciones electorales indispensables”, informó. También rechazó la invitación formulada por Maduro para reunirse en Caracas. Borges indicó que lo más importante es alcanzar en
Dominicana un acuerdo para la ayuda humanitaria y definir garantías para las elecciones presidenciales en 2018. Adelantó que el Gobierno teme volver a Dominicana el día 15 de diciembre. La Asamblea Nacional (AN) aprobó el informe que documenta las irregularidades detectadas en el proceso electoral para gobernadores del 15 de octubre pasado. Entre ellas, la presión del Gobierno sobre los empleados públicos para que votaran por los candidatos oficialistas y el uso de los recursos del Estado para esa campaña.
La Asamblea Nacional informó a la comunidad internacional que el recién designado embajador de Venezuela en la Organización de Nacional Unidas, Samuel Moncada, no cuenta con el aval del Parlamento como manda la Constitución. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, diputado Luis Florido, envió comunicado oficial al presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajčák.
La Asamblea Nacional denunció que el Gobierno viola el derecho a la alimentación con la aplicación de un mecanismo inconstitucional de control social, el “Carnet de la Patria”, sin el que no se otorgan subsidios. En total, la Comisión de Política Interior recogió en un informe más de 4.000 violaciones de derechos humanos denunciados por ciudadanos en 2017, informó la diputada Delsa Solórzano. Además, la AN registró 37 casos de agresiones físicas contra diputados este año. La Unión Interparlamentaria Mundial indicó, por su parte, haber recibido 199 denuncias de violaciones de la
inmunidad parlamentaria en 2017. El abogado defensor del diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que pasado más de un mes desde que la Constituyente aprobó el enjuiciamiento inconstitucional contra su defendido, no ha tenido acceso a la
sentencia judicial. Guevara permanece en situación de “huésped” en la residencia del embajador de Chile en Caracas.
El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, acusó a Diego Salazar Carreño, primo del exembajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de haber “lavado” más de 3.000 millones de dólares en inmuebles en Dubai vinculados con la trama del Banco de Andorra. Montoya aseguró tener las pruebas de las cuentas por mantenimiento de 110 apartamentos. También afirmó que es “imposible” que Nicolás Maduro no supiera de la corrupción en PDVSA. Salazar fue detenido en Venezuela la semana anterior y esta semana la Fiscalía ordenó la detención de otro primo de Ramírez, de nombre José Enrique Luongo. Ambos serán imputados por el caso Banco de Andorra.
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, dijo que solicitará la extradición desde España del exdirectivo de PDVSA, Nervis Villalobos, por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia por el caso Banco de Andorra, que involucran 4.200 millones de dólares. Otros seis altos ejecutivos de PDVSA también fueron detenidos. Saab afirma que la trama involucra a 40 personas.
El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, miembro de la delegación del Gobierno en las negociaciones en República Dominicana, amenazó con congelar la convocatoria de elecciones –que la Constitución prevé se hagan en 2018– si la oposición no pide a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que levanten “las groseras sanciones” aplicadas contra miembros del gabinete de Maduro. También exigió de parte de la MUD reconocimiento para la Asamblea Nacional Constituyente.
El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, dijo que ve “con preocupación” la exigencia de la MUD en las negociaciones para que el Gobierno abra un canal para la ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos. Dijo que por razones de “defensa y seguridad de la nación” se opone a esa “injerencia”. El canal humanitario es la primera exigencia de la MUD en las negociaciones.
En transmisión de TV, Maduro afirmó que Venezuela “no es un país de mendigos” que necesite ayuda humanitaria. Anunció la creación de una criptomonedas, similar al “bitcoin”, denominada “Petro”, respaldada por reservas de oro, petróleo, gas y diamantes. Además, recordó a los electores que deben votar el domingo y luego presentarse en los puntos de control del partido oficialista, PSUV, para verificar con el Carnet de la Patria que votaron.
La rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, reivindicó la eficiencia del organismo que en menos de 150 días ha hecho tres elecciones (Constituyente, gobernadores y alcaldes) para “mantener la paz”. El domingo 10 se eligen 335 alcaldes.

Entorno socioeconómico y político
El diputado Ángel Alvarado, presentó los informes económicos que elabora la Asamblea Nacional mensualmente. El Índice Nacional de Precios al Consumidor midió la inflación de noviembre en 56,7%. La acumulada de 2017 es de 1.369%. La proyección al cierre del año es 2.100%. El Índice de Actividad Económica de la AN registró 15 trimestres de recesión económica. La contracción es del 24,5% entre 2012-2017. La caída de la actividad económica fue de 12% entre enero y septiembre de 2017.
La agencia calificadora S&P Global Ratings, declaró de nuevo a Venezuela en default por el impago de 183 millones de dólares por dos bonos de deuda, con vencimientos en 2023 y 2028. La agencia Reuters informó que las exportaciones de petróleo de Venezuela a EEUU cayeron en noviembre a 475.165 barriles diarios, el nivel más bajo desde enero de 2003.
La ONG Súmate y el portavoz electoral de la MUD, Vicente Bello, denunciaron que el CNE impidió a dos millones de electores su derecho a votar en los comicios para alcaldes de este domingo 10, por no actualizar los datos en el registro.
Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, aseguró que el proceso electoral en Venezuela “es seguro y confiable”.
La fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega, acusó al ministro de la Defensa de ordenar la masacre de venezolanos en una acción localizada que implicó la muerte de 20 jóvenes en el estado Miranda en 2016. Sobre las masivas detenciones de exgerentes de PDVSA, dijo que no se trata de lucha contra la corrupción sino “una evidente guerra entre mafias” para castigar al entorno del expresidente de Petróleos de Venezuela y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez.
La ONG Codevida propuso emplear el fondo de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud para atender la emergencia humanitaria, que implica el incremento de muertes por falta de medicamentos e insumos médicos. La ONG Acción Solidaria lamentó que Maduro rechazara la opción de la ayuda humanitaria. Ambas ONG indicaron que la ayuda humanitaria no implica una “intervención extranjera” sino detener el sufrimiento. Escasez de 80% de antirretrovirales pone en peligro la vida de pacientes con VIH.
50 ONG hicieron pública una carta en la que rechazaron la actitud de Alfred-Maurice De Zayas, enviado de la Organización de Nacionales Unidas para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo. Le criticaron que su agenda “no fue pública ni plural”, no obstante le habían entregado, antes de su visita, informes documentados de las violaciones a los DDHH. Acusaron a De Zayas de “intentar de forma constante eximir de responsabilidades al Gobierno”. Esta es la primera visita que el Gobierno autoriza a un funcionario en materia de derechos humanos en 15 años. Por 11 veces ha negado las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros, Iván Freites, denunció que por órdenes militares obligaron a la operación de una planta en el complejo petrolero de Cardón (Falcón) que estaba paralizada por deterioro “severo”. El nuevo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, mayor general Manuel Quevedo, se comprometió con Maduro en aumentar en un millón de barriles diarios la producción. El sindicato alertó que “se violan todas las normas y protocolos de seguridad”.
En Caracas el 75% de la flota del transporte público está paralizada por escasez de repuestos a insumos.
Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, rechazó que el presidente Nicolás Maduro niegue que existe en el país una situación de crisis humanitaria y que se requiere ayuda. “No es más que otra demostración de orgullo y ceguera”, dijo.
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció el cierre de sus oficinas en Venezuela. Apenas seis aerolíneas afiliadas al gremio mundial se mantienen operando en el país. Además, en comunicado oficial el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que existe “inventario crítico de gasolina” para aviones.
La petrolera china, Sinopec, demandó a PDVSA en un tribunal de Estados Unidos por 23,7 millones de dólares, más daños punitivos, por un contrato de mayo de 2012.
Sinopec acusó a PDVSA de “engaño deliberado” y una conspiración coordinada. La petrolera Exxon Mobil anunció su disposición a asistir a Guyana en el pleito judicial con Venezuela por el bloque Stabroek, descubierto en 2015, a unos 190 kilómetros de la costa del país, considerado la segunda mayor reserva del mundo.

Entorno internacional
Todd Robinson, exembajador en Guatemala, será el encargado de Negocios de la legación de Estados Unidos en Caracas, informó la congresista republicana Ileana Ros- Lehtinen.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó la Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela, ahora a la espera de la aprobación del senado. Busca coordinar con la ONU y la comunidad del continente ayuda humanitaria efectiva. Los legisladores también exhortan al gobierno de Donald Trump a ampliar las sanciones a los miembros del Gobierno y otros poderes del Estado que le secundan y extenderla hasta 2022. La propuesta prevé que la embajada de EEUU en la ONU impulse una resolución que ordene a Caracas recibir la ayuda y distribuirla si se mantiene la negativa del Gobierno de Maduro.
La comisión asesora de la MUD en su negociación en República Dominicana con el Gobierno, dijo en un comunicado que “la comunidad internacional, que por primera vez acompaña con realismo el proceso de negociación, contribuye a crear una luz de esperanza para avanzar con una agenda precisa que busca, al final, restablecer la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y abordar la tragedia humanitaria que nos aqueja”. El canciller de México, Luis Videgaray, uno de los acompañantes, comentó que el diálogo –que aborda seis puntos consensuados– va en “dirección
correcta”. “Hemos señalado una ruptura del orden democrático institucional y la necesidad urgente de que se restablezca la plena vigencia de la Constitución”. México no “escatimará esfuerzo alguno en materia diplomática”, dijo Videgaray. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo estar “moderadamente optimista” por “un eventual acuerdo”. “No estamos allí todavía, pero veremos si es que este borrador constituye la base que nos permita cerrar un acuerdo en la próxima reunión”. “Hay un documento que contempla la figura de un comité de seguimiento y de verificación para garantizar que lo que eventualmente se acuerde se cumpla efectivamente”, añadió Muñoz. El próximo
encuentro en Dominicana será el 15 de diciembre.
Rafael Ramírez dijo haber “renunciado” a su cargo como embajador de Venezuela en la ONU por petición de Nicolás Maduro. Publicó una carta, sin precisar su ubicación. “Si el Gobierno va contra mí, sería una de las peores maniobras”, dijo sobre las masivas detenciones de funcionarios petroleros de su entorno. “No estoy vinculado a ningún hecho de corrupción”, aseguró a la BBC.
Alfonso Dastis, ministro Asuntos Exteriores de España, aseguró que su país y México están decididos a apoyar los esfuerzos de “mediación y facilitación” entre el Gobierno y la MUD. “Queremos, ambos, que sea una salida dialogada, democrática, que pueda ser una realidad y que sea el pueblo venezolano una vez más el que decida”, dijo en Guatemala. Dastis pidió al secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, “coordinación” entre la Unión Europea y ese país ante la crisis venezolana, durante un almuerzo de trabajo de los Veintiocho con Tillerson en Bruselas.
Una declaración conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea expresó preocupación por el deterioro de la economía y los derechos humanos en Venezuela. De nuevo rechazaron la elección de la Constituyente “por su forma y contenido”. “Es obvio que en Venezuela hay una dictadura. Se encuentra en una situación muy inestable y debemos implicarnos por una cuestión de principios”, recogió el texto.
EG/eg

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