GUYANA, VENEZUELA Y LA HAYA
SADIO GARAVINI DI TURNO
Miembro del Grupo Avila
El anterior Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el 15 de diciembre del 2016 alegando sus atribuciones previstas en el Acuerdo de Ginebra (el tratado que regula desde 1966, la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana), manifestó que había “llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como el próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”. El actual Secretario General Antonio Guterres ha confirmado la decisión de su antecesor y ha referido el caso a la CIJ, agregando que las partes podrían seguir beneficiándose de los buenos oficios de la ONU para “buscar superar sus diferencias con respecto a la controversia”. En el art.I del Acuerdo de Ginebra se lee que hay que “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. Guyana afirma que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras Venezuela, por su parte, sostiene que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra establece que el Secretario General, si las partes no llegan a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La decisión de ambos Secretarios Generales es la opción que Guyana, desde hace más medio siglo, siempre ha preferido. El gobierno Maduro en un comunicado reitera que la decisión de Ban Ki-Moon “excedía las competencias otorgadas a su investidura”. Argumento muy endeble, dada la letra del Acuerdo de Ginebra. En cambio, la Cancillería, si consideraba la Corte incompetente para dirimir la controversia, debería haberlo manifestado inmediatamente después de la decisión de Ban Ki-moon. Este es sólo uno de la cadena de gravísimos errores del gobierno en estos últimos 14 años, que nos ha conducido a la opción preferida por Guyana. En el 2004 el Presidente Chavez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. En febrero del 2007, el Presidente Chávez afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del Gobierno de Rómulo Betancourt, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el gobierno autónomo de izquierda (pero todavía no independiente) del Primer Ministro de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan. Afirmación poco seria, para no decir irresponsable, ya que deslegitima la misma reclamación venezolana. Cuando Guyana en el 2014 manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ, el gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación, por ejemplo. Guyana tiene ya tiempo preparándose para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ha contratado al experto jurista internacional canadiense-iraní el Dr Payam Akhavan y al muy respetado ex Canciller de Guyana y ex Secretario General del Commonweath, Sir Sridath Ramphall. Recordemos también que en la Secretaría General de Ban Ki-moon trabajaron en estos años dos altas funcionarias guyanesas: Valerie Moss, Sub Secretaria General para Asuntos Humanitarios y Catherine Pollard, Secretaria General Asistente para la Asamblea General. Mientras tanto ¿qué hacía el gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El encargado oficial, el Embajador Roy Chaderton tuvo por años cinco cargos que ejercer y aun cuando ha dejado algunos, le han dado otros, como formar parte del equipo negociador en el llamado “diálogo” con la oposición. Y en cuanto a la asesoría, extraoficialmente me han informado que los asesores internos son unos respetables profesores de Derecho Penal y más recientemente he escuchado que han contratado a juristas internacionales que han estado involucrados en la defensa de la posición nicaragüense en el caso de la delimitación marítima frente a Colombia en la CIJ. Al respecto, el gobierno debería haber informado al país. El gobierno Maduro, al no respetar la decisión del Secretario General pagará costos políticos relevantes ya que será acusado, con razón o sin razón, de violar el Acuerdo de Ginebra y el principio del “Pacta sunt servanda”. La negligencia, la impreparación y la estupidez se pagan caras en política internacional.
@sadiocaracas
Miembro del Grupo Avila
El anterior Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el 15 de diciembre del 2016 alegando sus atribuciones previstas en el Acuerdo de Ginebra (el tratado que regula desde 1966, la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana), manifestó que había “llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como el próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”. El actual Secretario General Antonio Guterres ha confirmado la decisión de su antecesor y ha referido el caso a la CIJ, agregando que las partes podrían seguir beneficiándose de los buenos oficios de la ONU para “buscar superar sus diferencias con respecto a la controversia”. En el art.I del Acuerdo de Ginebra se lee que hay que “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. Guyana afirma que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras Venezuela, por su parte, sostiene que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra establece que el Secretario General, si las partes no llegan a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La decisión de ambos Secretarios Generales es la opción que Guyana, desde hace más medio siglo, siempre ha preferido. El gobierno Maduro en un comunicado reitera que la decisión de Ban Ki-Moon “excedía las competencias otorgadas a su investidura”. Argumento muy endeble, dada la letra del Acuerdo de Ginebra. En cambio, la Cancillería, si consideraba la Corte incompetente para dirimir la controversia, debería haberlo manifestado inmediatamente después de la decisión de Ban Ki-moon. Este es sólo uno de la cadena de gravísimos errores del gobierno en estos últimos 14 años, que nos ha conducido a la opción preferida por Guyana. En el 2004 el Presidente Chavez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. En febrero del 2007, el Presidente Chávez afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del Gobierno de Rómulo Betancourt, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el gobierno autónomo de izquierda (pero todavía no independiente) del Primer Ministro de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan. Afirmación poco seria, para no decir irresponsable, ya que deslegitima la misma reclamación venezolana. Cuando Guyana en el 2014 manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ, el gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación, por ejemplo. Guyana tiene ya tiempo preparándose para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ha contratado al experto jurista internacional canadiense-iraní el Dr Payam Akhavan y al muy respetado ex Canciller de Guyana y ex Secretario General del Commonweath, Sir Sridath Ramphall. Recordemos también que en la Secretaría General de Ban Ki-moon trabajaron en estos años dos altas funcionarias guyanesas: Valerie Moss, Sub Secretaria General para Asuntos Humanitarios y Catherine Pollard, Secretaria General Asistente para la Asamblea General. Mientras tanto ¿qué hacía el gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El encargado oficial, el Embajador Roy Chaderton tuvo por años cinco cargos que ejercer y aun cuando ha dejado algunos, le han dado otros, como formar parte del equipo negociador en el llamado “diálogo” con la oposición. Y en cuanto a la asesoría, extraoficialmente me han informado que los asesores internos son unos respetables profesores de Derecho Penal y más recientemente he escuchado que han contratado a juristas internacionales que han estado involucrados en la defensa de la posición nicaragüense en el caso de la delimitación marítima frente a Colombia en la CIJ. Al respecto, el gobierno debería haber informado al país. El gobierno Maduro, al no respetar la decisión del Secretario General pagará costos políticos relevantes ya que será acusado, con razón o sin razón, de violar el Acuerdo de Ginebra y el principio del “Pacta sunt servanda”. La negligencia, la impreparación y la estupidez se pagan caras en política internacional.
@sadiocaracas
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