TRINO MARQUEZ
Numerosas personalidades,
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que
son inaceptables las condiciones fijadas por el gobierno -y su secretaría de
asuntos electorales, el CNE-, para las elecciones presidenciales del 22 de
abril. En el plano nacional: la Conferencia Episcopal, la Asociación de
Rectores, el Observatorio Electoral Venezolano, son solo algunas de las
numerosas agrupaciones que han manifestado su desacuerdo. En el ámbito
internacional: el Grupo de Lima, la Unión Europea, el gobierno de Canadá,
usualmente tan discreto en materia de asuntos exteriores, han señalado su
disconformidad. Jorge Roig, miembro del equipo de asesores que apoyó a los
negociadores en República Dominicana,
también ha evidenciado su descontento. Parlamentos y jefes de Estado de
naciones democráticas de todo el planeta, se han mostrado en contra de esa
elección apresurada, convocada de forma unilateral e inconsulta.
Como
al régimen le han parecido insuficientes los abusos electorales cometidos en
los últimos procesos electorales, además
ha agredido de forma sistemática a los integrantes de la MUD, hasta arrinconarlos
y vejarlos. En plena ronda de conversaciones en Santo Domingo, invalidó la
tarjeta de la MUD, proscribió a Voluntad Popular y a Primero Justicia -cuya
máxima autoridad, Julio Borges, era el jefe de la delegación negociadora por el
lado opositor. Mantiene inhabilitados o presos a Henrique Capriles y a Leopoldo
López, dos figuras opositoras claves. Para aumentar la provocación, el CNE
aprobó en horas el partido de Maduro, Somos Venezuela, con el cual pretende
sepultar el poder que detenta Diosdado Cabello en el Psuv. Todo el cuadro ha sido diseñado para realizar
unos comicios a la medida del propósito de Maduro: abrocharse al poder.
De
este cuadro tan negativo para la oposición han tomado nota los presidentes y
parlamentos de países democráticos, incluso de aquellos en donde los procesos
políticos transcurren en medio de tensiones muy fuertes, pero se respeta a la
oposición y se aceptan las decisiones de los órganos de representación popular.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, uno de los más severos adversarios
de Maduro, hace pocos meses estuvo a punto de ser ajuiciado y destituido por un
ala del fujimorismo. El Congreso falló a favor del Presidente, y PPK continuó
en la primera magistratura.
La
intención de participar en los comicios de abril no debe obviar las condiciones
tan adversas que el gobierno pretende imponer. El liderazgo democrático no
puede ignorar que el aparato gubernamental y el Psuv, se han convertido en una poderosa
maquinaria diseñada para escamotear la voluntad popular, chantajear al elector
y manipular los resultados, sin que exista la menor posibilidad de demostrar
los delitos electorales cometidos por el oficialismo, mientras a los
adversarios se les inventan infracciones no contempladas en las leyes
electorales. El caso de los diputados de Amazonas es apenas uno de los numerosos
fraudes perpetrados por el oficialismo.
Acudir a la
cita electoral de abril como si no fuese importante la vigilancia internacional
y no existiese la base de datos proporcionada por el carnet de la patria, los
clap, los puntos rojos, el voto asistido, las trabas para que se inscriban los
electores del exterior y los nuevos votantes, las migraciones arbitrarias desde
los grandes centros de votación hacia los pequeños, donde es más fácil
extorsionar el elector de bajos recursos y más dependiente de los subsidios del
gobierno, no solo constituye un signo de ingenuidad, sino una clara señal de
ignorancia. Ese esquema global tan perverso no puede corregirse con el simple
cambio de Tibisay Lucena, símbolo de los abusos del régimen. Resulta
fundamental modificar al menos los aspectos más perversos de ese diabólico
andamiaje.
A
estas alturas, ya no es suficiente contar con un candidato de unidad, un
programa de gobierno y una estructura organizativa bien engranada para ganarle
a un gobierno, ciertamente impopular y nefasto, pero que ha transformado las
elecciones en una forma eficaz de prostituir la democracia y el voto. La
ingenuidad y la ignorancia son dos defectos inadmisibles en política,
especialmente dañinos cuando el adversario carece de todo escrúpulo.
Lo
correcto es, como plantean algunos dirigentes y organizaciones civiles, luchar
porque las elecciones presidenciales se efectúen en 2018 dentro de los
parámetros establecidos en la Ley del Sufragio: equidad, transparencia y
justicia. El acoso de la comunidad internacional tiene asustado al gobierno. Maduro
sabe que el mundo se le vendrá encima, y con razón. A los abusadores nadie los
quiere.
En
esta fase de la resistencia, exijamos que las condiciones para votar mejoren.
La comunidad internacional es una aliada muy poderosa. Hay que aprovecharla.
@trinomarquezc
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