Trino Marquez
Pedro
Pablo Kuczynski presentó su renuncia porque la mayoría opositora, controlada
por su archienemiga Keiko Fujimori, lo forzó a dimitir. El motivo: sus
relaciones con Odebrecht, el zar de la construcción en América Latina; y haber
sobornado a diputados opositores para que votaran a su favor en el Congreso,
cuando el fujimorismo intentó el juicio de vacancia contra él en diciembre del
año pasado.
El Presidente negó haber mantenido cualquier tipo
de vínculo con la empresa y haber comprado el voto de los opositores. Unas
facturas mostradas por Odebrecht evidenciaron lo contrario: en realidad PPK
había asesorado al gigante brasileño y su firma había cobrado importantes
honorarios por esa labor consejera. El Presidente le había mentido al Congreso
y a la nación. Además, unos videos (¡otra vez los videos!) demostraban cómo
partidarios de PPK habían intentado sobornar a diputados de la bancada
opositora para evitar el juicio que lo habría llevado a la destitución. Un
acuerdo de última hora con Kenji Fujmori, hermano de Keiko, logró salvarlo. El
compromiso, al parecer, incluía la liberación, invocando razones humanitarias,
de Alberto Fujimori, el autócrata que durante la década de los noventa cometió
toda clase de desafueros contra los derechos humanos y permitió el
enriquecimiento obsceno de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el siniestro
Vladimiro Montesinos.
Una vez fuera del poder, a Kuczynski le corresponde
defenderse de las acusaciones de sus enemigos políticos. Este proceso ejemplifica
la rivalidad tan enconada que existe en Perú luego de casi veinte años de haber
salido Alberto Fujmori del poder y de la enorme polarización que existe en esa
nación. También muestra que las instituciones republicanas funcionan. El
Presidente se vio forzado a marcharse debido
a sus errores y excesos. Su lugar lo asumió el primer Vicepresidente, Martín
Vizcarra, a quien le corresponde concluir el período constitucional. El
terremoto desatado por Odebrecht, además de PPK, se ha llevado por delante a
Dilma Rousseff, a Lula, y a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador. En esos
países los órganos parlamentarios y de justicia han actuado para combatir la
corrupción y castigar a los responsables de esos delitos.
En donde la onda sísmica desatada por Odebrecht no
ha tenido ninguna repercusión es en
Venezuela. Los primeros desacuerdos serios entre Luisa Ortega Díaz y el
gobierno de Maduro surgieron cuando la fiscal del Ministerio Público decidió
enviar a algunos fiscales subalternos a Brasilia para que investigaran y
recopilaran suficiente información sobre los sobornos y comisiones ilegales
pagadas por Odebrecht en Venezuela. Este gesto de independencia no le fue
perdonado. Luego, la Fiscalía de Tarek W. Saab, la Contraloría y el TSJ
decidieron prohibir todo tipo de investigación por parte de la Asamblea
Nacional y los organismos jurisdiccionales a la actuación de las autoridades
venezolanas que habían sostenido algún tipo de relación o compromiso con
Odebrecht. Es decir, quedaron absueltos de antemano. Ni siquiera por una mera
formalidad abrieron una pesquisa, a pesar de las denuncias tan graves
aparecidas en Brasil acerca de los sobornos multimillonarios repartidos en
Venezuela por esa empresa.
Además de Brasil, Venezuela es el otro país del
continente donde resulta indispensable realizar una investigación a fondo de la
corrupción propiciada por Odebrecht. En ninguna otra nación la inversión de esa
empresa desde hace quince años ha sido tan cuantiosa y con resultados tan opacos.
Un rápido arqueo por las obras inconclusas dejadas por Odebrecht arroja el
siguiente balance: Línea 5 del Metro de Caracas: debió entregarse en 2010, de
los 15 km. de su recorrido, solo están listos 1,3 km; Sistema de Transporte
Caracas-Guarenas-Guatire: su fecha de inauguración era para 2012, solo funciona
un tramo; Aeropuerto de Maiquetía: el plan de trabajo comprendía el período
2013-2019, solo se han ejecutado nueve remodelaciones; Metrocable La Dolorita, con
inversión inicial de 300 millones de dólares; Metrocable Mariche: presenta un
avance de 40%, cuando debió estar culminado en 2016; Cabletren Bolivariano: se
prometió para 2015, pero de 5 estaciones solo tres están operativas, contaba
con una inversión total para su ejecución de 440 millones de dólares; Central
Hidrológica Tocoma: la primera turbina debió
haber arrancado en 2012; Complejo Agroindustrial José Ignacio Abreu de
Lima: su construcción lleva más de 7 años, en 2015 dejó de producir soya; Tercer
Puente sobre el río Orinoco: debió estar listo en 2015, reporta un avance de
70,31%; Línea II del Metro de Los Teques: en construcción desde 2007, solo mantiene
operativas tres de las siete estaciones.
Cálculos conservadores indican que la corrupción
alrededor de Odebrecht puede rondar los treinta mil millones de dólares. Una
exploración a fondo del fraude seguramente arrojará resultados escalofriantes,
que dejaran los cobros de la empresa de PPK como menudas propinas. El madurismo
celebró con fuegos artificiales la salida del expresidente peruano. Esperemos
que un día no muy lejano podamos sonreír porque en Venezuela se impuso la
Justicia.
@trinomarquezc
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