RAQUEL GAMUS
Con la excepción del movimiento Soy Venezuela, no hubo divergencias
sustanciales en los otros partidos de oposición respecto a la
negociación de República Dominicana. Específicamente de Henri Falcón
solo recuerdo el reiterado reclamo de no haber sido tomado en cuenta y
de que el G4 se arrogara el derecho de actuar ignorando a los
integrantes minoritarios de la MUD. Recordemos también que una vez que
los representantes de la oposición se retiraron de las conversaciones,
precisamente por la negativa del gobierno a ceder a sus propuestas,
coincidentes por cierto con el documento por los cancilleres
acompañantes de ambas partes, fue dirigida una carta al presidente
Maduro firmada por los distintos partidos, entre ellos Avanzada
Progresista, en el cual se puntualizan las condiciones electorales
mínimas exigidas, que resumidamente consistían en la elaboración de un
cronograma electoral con margen suficiente para garantizar, construir y
difundir adecuadamente las ofertas electorales; permitir la constitución
de una misión de observación internacional que verificara todo el
proceso; la designación de un CNE equilibrado que garantizara
transparencia e imparcialidad; acceso equilibrado a los medios y
suspensión de la inhabilitación de partidos políticos y líderes, además
de asuntos operativos diversos. Muchos de los cuales en la práctica han
sido letra muerta.
La respuesta esperable a la evidencia de la irrevocable decisión
gubernamental de impedir esas condiciones que los obligaban a medirse
competitivamente era la negativa a participar. El tradicional ventajismo
con que había actuado siempre el CNE fue llevado al absurdo en las
elecciones de la asamblea nacional constituyente y se multiplicaron con
renovada violencia las trampas tradicionales en las elecciones de
gobernadores y alcaldes. No se puede dejar de recalcar el impune
desconocimiento de los resultados electorales del estado Bolívar y el
fraude denunciado por Smartmatic.
Para rebatir el axioma de la conveniencia de participar en
cualquier proceso electoral no importa su naturaleza, traigo a colación
por ilustrativa la argumentación de Benigno Alarcón, quien en artículo
reciente en la revista Politika UCAB sostiene que los procesos
electorales sirven tanto para democratizar como para autocratizar
mediante la legitimación a los regímenes autoritarios. En aquellos casos
en los que un régimen autoritario controla a su capricho las
condiciones y el sistema electoral, suele suceder que para reducir la
incertidumbre sobre los resultados mucha gente termina votando, mas no
eligiendo, con lo cual legitiman el régimen. Esas son precisamente las
características de las actuales elecciones presidenciales en Venezuela,
por lo que no se trata, como se quiere hacer creer, de que votar por
Falcón es la opción correcta para salir de Maduro. Creería más bien que
al decidir lanzar su candidatura con las condiciones electorales
impuestas Falcón prioriza su posicionamiento en el liderazgo opositor,
legitimando de paso un proceso abiertamente fraudulento sin
posibilidades de éxito. Lamentablemente, la confusión se ve favorecida
por el inexplicable silencio de los otros partidos.
En momentos tan difíciles para la oposición, cuando es imperativa
la búsqueda de puntos de acuerdo para salir de esta profunda crisis que
nos aqueja, nos sorprende la reciente y sórdida noticia de que un grupo
de parlamentarios de UNT, encabezados por Timoteo Zambrano, se separan
de su partido y de la MUD para incorporarse al movimiento ProCiudadanos
de Leocenis García, un extraño personaje proveniente de un oscuro
periodismo que se las ha visto varias veces con la justicia y la cárcel.
Sobre intenciones y características de esta jugada recomiendo la
lectura del artículo de la destacada periodista Sebastiana Barráez
publicado el viernes pasado en el semanario Quinto Día.
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