Los venezolanos merecen estatus de refugiados
Ricardo Hausmann y Julian Hinz
Prodavinci
CAMBRIDGE – Venezuela vuelve a estar en las noticias. A través de una perfidia sin precedentes,
el presidente Nicolás Maduro se otorgó la victoria en las elecciones
presidenciales que se realizaron el 20 de mayo. Dado que el abiertamente
progobierno Consejo Nacional Electoral había eliminado de la lista a
los tres principales partidos de oposición y descalificado a dos
importantes líderes políticos, gran parte de la oposición boicoteó el
proceso electoral. Los otros dos candidatos que participaron se negaron a
reconocer el resultado, en vista de las muchas violaciones que habían
ocurrido. Lo mismo hicieron Estados Unidos, Canadá, la Unión Europeay la mayoría de los países latinoamericanos.
A pesar de los actos de intimidación oficiales –por ejemplo, se obligó a los votantes a identificarse en los stands del partido de gobierno bajo amenaza de ser removidos de los programas de asistencia social–
la abstención alcanzó niveles récord. Sin bien nunca hubo dudas con
respecto al resultado de las elecciones, el evento destruyó toda
pretensión de legitimidad por parte de Maduro.
Entretanto, el
catastrófico colapso económico de Venezuela continúa a un ritmo
abismante. Durante el presente año, hasta abril los precios de los alimentos se habían multiplicado por 100, y solo en el último mes subieron más del 200%. El precio del dólar se ha multiplicado por más de 100 desde julio de 2017. De acuerdo al informe mensual de la OPEP,
en el año que terminó en abril de 2018, la producción de petróleo
disminuyó el 27% (lo que equivale a 520.000 barriles anuales). Su nivel
actual es de 1,4 millones de bpd, dos millones de barriles diarios menos
que en 1999, cuando asumió el poder Hugo Chávez, el antecesor y
patrocinador de Maduro. El salario mínimo, recibido por el trabajador
medio, solo alcanza para adquirir menos de 900 calorías al día, lo que
es insuficiente para alimentar a una persona, y menos a una familia.
CARITAS Venezuela, la entidad católica de caridad, proyecta que en el
curso de este año 280.000 niños morirán de inanición.
Bajo estas
condiciones, no es sorprendente que los venezolanos estén abandonando su
país a un ritmo que no tiene precedentes en Las Américas. Hubo una
época en que la gente salía en avión a destinos como Estados Unidos,
España y Panamá, con la esperanza de encontrar un futuro mejor en el
extranjero, pero hoy sale a pie, cruzando la frontera para entrar a Colombia o Brasil, o trata de llegar en barco a Aruba, Curaçao, y Trinidad y Tobago, impulsada nada más que por la desesperación.
Abundan las estimaciones sobre esta emigración.
Colombia ha intentado poner algo de orden en el proceso, pidiéndoles
que se registren a los venezolanos que han entrado legalmente al país.
203,000 lo hicieron el mes pasado, además de los 63.000 que se habían
registrado el año anterior. Sin embargo, ¿cuántos no lo han hecho? El
gobierno colombiano calcula que para fines de 2017 había alrededor de 550.000 venezolanos en su país. Y ¿cuántos habrán entrado desde entonces?
Es difícil medir la escala de este éxodo. Para hacerlo, hemos colaborado con Muhammed Yildirim de
la Universidad de Koç, en Estambul, en la creación de un indicador de
la emigración que emplea datos provenientes de Twitter. Esto es
especialmente apropiado porque en 2016 más del 28% de los venezolanos tenían cuenta en
esta plataforma, y porque ella nos permite identificar la ubicación
actual de sus usuarios. Aun cuando ellos no constituyen una muestra
aleatoria de la población, son bastante representativos puesto que su
huella geográfica tiene una alta correlación con la de la población en
general.
Empleando datos
recopilados de Twitter Streaming API, que contiene una muestra aleatoria
del 1% de los tuits del mundo, seguimos la pista de personas que
tuitearon desde Venezuela entre febrero y abril de 2017, y luego
examinamos desde dónde tuitearon entre febrero y abril de 2018. Tomamos
en cuenta solo a quienes habían tuiteado desde Venezuela en el primer
periodo y desde el exterior en el segundo. Restamos a quienes habían
tuiteado solo desde el exterior en el primer periodo y solo desde
Venezuela en el segundo. También controlamos por el hecho de que los
migrantes tienden a tuitear menos que los demás, lo que hace más difícil
encontrarlos dentro de la muestra del 1%. Nuestro cálculo de la emigración neta es
que ella fue del 7,37% en los nueve meses que van desde abril de 2017
hasta febrero de 2018, lo que representa una tasa anualizada de
emigración del 9,7%.
Dado que Venezuela
tiene 30 millones de habitantes, esto significa 2,9 millones de personas
al año. Todavía más, la presencia geográfica de estos emigrantes es
diferente de la previa: el 24% está en Colombia, el 15% tanto en Chile
como en Argentina, y cerca del 5% en cada uno de estos países: Estados
Unidos, España, Perú y Ecuador. En vista de que la situación económica
venezolana continúa su rápido deterioro, es razonable suponer que este
masivo éxodo se va a acelerar.
A la comunidad
internacional le ha resultado problemático decidir qué hacer con
respecto a Venezuela. La Unión Europea y algunas fuerzas políticas
dentro del país han pedido nuevas elecciones, pero realizar elecciones
justas mientras Maduro esté en el poder es una contradicción total.
Otros han abogado por una acción más contundente. Pero, mientras tanto, ¿en qué forma deberían los países abordar la emigración venezolana?
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estado instando a los países a otorgar el estatus de refugiados a los venezolanos. La Declaración de Cartagena de 1984 incluso
los compromete a ello. Sin embargo, los países de la región se han
opuesto debido a que temen un alto número de refugiados y la repercusión
que ellos podrían tener en los presupuestos nacionales. Para
consternación de ACNUR, Trinidad y Tobago ha llegado a deportar refugiados venezolanos.
Es obvio que la
comunidad internacional necesita tiempo para resolver la crisis política
de Venezuela, pero ese es un tiempo que los venezolanos no tienen. Los
países pueden excusarse con el hecho de que han buscado activamente una
solución diplomática y que incluso han ofrecido asistencia humanitaria,
solo para ser rechazados por el régimen de Maduro. No obstante, el
derecho internacional y la moralidad básica obligan a los países a
llamar las cosas por su verdadero nombre y a otorgar el estatus de
refugiados a los venezolanos. Hacerlo no solo corregirá una situación
injusta, sino que también entrañará beneficios a los países, pues podrán
disponer de la energía y la creatividad de personas de bien, que solo
anhelan vivir y trabajar de manera productiva y sin miedo.
***
Ricardo Hausmann, ex Ministro de Planificación de
Venezuela y ex Economista Jefe del Banco Inter-Americano de Desarrollo,
es Director del Center for International Development at Harvard
University y profesor de economía del Harvard Kennedy School.
Copyright: Project Syndicate, 2017.
www.project-syndicate.org
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Traducción de Ana María Velasco