Grupo La Colina

LOS PARIAS DE AMÉRICA

ÁLVARO VARGAS LLOSA 

LA TERCERA

¿Están cumpliendo los países latinoamericanos sus deberes en relación con venezolanos que han huido? No. Algunos han adoptado medidas para dar cabida dentro de la legalidad a muchos de ellos pero no a todos. Ante el drama humanitario, es indispensable actuar de forma mucho más estructurada, coordinada y con sentido del largo plazo.
No hay una política regional. Eso va contra el espíritu de la Declaración de Cartagena de 1984, que, además de agrupar a la región en un texto común, invoca instrumentos jurídicos continentales para justificarse.
Tampoco hay una estrategia de largo plazo. La razón en sencilla: los gobiernos latinoamericanos fingen creer que se trata de un asunto de corto plazo. ¿De corto plazo? Según la ONU, desde 2014 han salido 2,4 millones de venezolanos, cifra conservadora porque estos son los inscritos en bases de datos oficiales en los países de destino. Según el ACNUR, de esos 2,4 millones, están inscritos unos 395 mil en Perú, 84 mil en Chile, 250 mil en Ecuador, 58.000 en Brasil, y así sucesivamente. Todos los países mencionados, sin embargo, saben que albergan un número bastante mayor que el oficial. Y también, que un muy alto porcentaje no volverá a Venezuela.
Las medidas ad hoc de los distintos gobiernos sólo incorporan a la legalidad a una parte de los venezolanos por corto tiempo. Brilla por su ausencia algún proyecto para acogerlos a casi todos (excluyo a infiltrados políticos del chavismo o delincuentes comunes) con un sentido de largo plazo.
La mejor vía es la innombrable: concederles el estatuto de refugiados bajo el espíritu de la Declaración de Cartagena de 1984. Los países que están recibiendo venezolanos firmaron ese documento y varios lo han “nacionalizado”. Allí se recoge la postura regional ante el drama de los centroamericanos que huyeron tras las guerras de los 70 y 80, ampliando el concepto de lo que es un refugiado alojado en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, ambos de la ONU, cuyo énfasis estaba en la persecución del solicitante. En Cartagena, los latinoamericanos se refirieron a quienes huyen porque su vida o su libertad está en peligro por situaciones que perturben gravemente el orden público, incluyendo la violación masiva de los derechos humanos.
Al no aceptar que los venezolanos son refugiados, algunos gobiernos latinoamericanos están otorgando permisos temporales. Pero las condiciones sólo son realistas en ciertos casos. Todos piden pasaportes y algunos, pasaporte con sello de ingreso. Es el caso de Colombia, donde hay miles que no tienen un sello. Algunos piden certificados venezolanos de antecedentes penales (Chile y Argentina), documento caro que la dictadura jamás extenderá a todos los que lo merecen. Otros, como Perú, han modificado el plazo para solicitar el permiso adelantándolo medio año, lo que excluirá a muchos. Etcétera.
En todos los casos los permisos son de un año. Que se puedan renovar no quita la precariedad del estatuto otorgado, viendo lo volubles que son los gobiernos en un asunto frente al cual carecen de estrategia y mirada al horizonte.
Es cierto que la situación es complicada, especialmente en Colombia o en la frontera de Brasil, desde el punto de vista de la infraestructura, para no hablar de la conmoción social que supone para cualquier comunidad recibir un influjo de forasteros masivo de forma muy repentina. Por eso urge una política regional que distribuya responsabilidades y tareas (algo que deberá incluir un aumento sustancial de la cooperación internacional para los punto de frontera) y permita lo antes posible incorporar a estos parias de Venezuela al mercado y a la sociedad sin la minusvalía que supone estar fuera de la legalidad.