domingo, 8 de febrero de 2015


           Sary Levi Carciente
 
Las transformaciones del mercado petrolero internacional han generado una importante caída de los precios petroleros desde fines del 2014. Este desplome ha agravado la crítica situación de la economía venezolana, a la cual llega tras una década caracterizada por la mayor bonanza en ingresos de su historia.
Venezuela presenta serias distorsiones económicas que se vinieron fraguando, principalmente desde 2004, momento en el que inició la tendencia alcista de los precios petroleros. Esa fecha coincidió con el aumento del gasto público, el cual empezó a crecer muy por encima de los ingresos, socavando las bases de la estabilidad económica del país. De tal manera que el déficit fiscal impulsó el endeudamiento, al que se agregaron desequilibrios monetarios y cambiarios.
La monetización del déficit, a partir de las abultadas emisiones del Banco Central de Venezuela, aceleró la inflación. A lo anterior se suma las presiones en contra de la moneda nacional tras la implementación de un esquema de control cambiario,  el cual está en crisis pues en la actualidad los venezolanos están dispuestos a pagar casi 30 veces el precio del tipo de cambio oficial. El incremento de la liquidez se sumó a las presiones negativas al sector productivo nacional que, en un entorno de controles de precios, impuestos, numerosas regulaciones y debilitamiento de los derechos de propiedad, sustituyó la producción nacional por importaciones, en las que destaca la creciente participación por parte del sector público.
El peso de las exportaciones petroleras sobre el total exportado pasó de 68,78% en 1998 a 96,28% en 2014, una cifra que pone en evidencia la profundización de la dependencia mono-productora y mono-exportadora del país. Este incremento porcentual no fue debido al fortalecimiento del sector, muy por el contrario, los convenios energéticos firmados y la continua extracción de recursos de PDVSA, ha puesto en serias dificultades financieras a la estatal petrolera. Prueba de lo anterior es la reciente degradación de calificación de PDVSA de Caa1 a Caa3 por parte de Moody’s  y que la prima de sus Credit Default Swap (CDS), un indicador que mide el riesgo de impago, alcanza los 7.000 puntos básicos (pbs).
Ahora, con menos ingresos, lo que se observa  es un aparato productivo nacional desmantelado, incapaz de satisfacer las necesidades mínimas de la población, una insuficiencia en divisas para pagar importaciones, un creciente peso en servicio de la deuda, envilecimiento del valor moneda nacional y un entorno nacional marcado por la escasez y la inflación, en una economía ya formalmente en recesión y con altos niveles de riesgo país  –que medido por el EMBI+ alcanza los 3.247pbs al 29 de enero de 2015 – lo que limita, por oneroso, el financiamiento externo.
A este grave entorno macroeconómico, hay que sumarle los problemas de inseguridad que vive la ciudadanía, el debilitamiento institucional y el deterioro ético de las dinámicas sociales. Esta realidad atiza la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos económicamente, que es el que más padece la caída del poder adquisitivo, la falta de servicio en los hospitales públicos, en las escuelas, en el transporte masivo, la falta de justicia. Todos los indicadores que sobre los arreglos sociales miden a Venezuela –sean estos de libertad, corrupción, transparencia, calidad institucional, estado derecho y otros–  la ubican en los últimos lugares del mundo.
Este es el resultado del modelo autodenominado Socialismo del Siglo XXI y que como sus homólogos del s. XX, obviaron las lógicas de las dinámicas humanas en sociedad, forzándolas a esquemas rígidos, controladores, oportunistas e insostenibles en el tiempo.
Esta comprometida situación hizo que la ciudadanía estuviera muy atenta al discurso presidencial de entrega de Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (21 de enero de 2015), a la espera de políticas y medidas correctivas. Entre los elementos señalados destacan: A) Incremento del 15% del salario mínimo y las pensiones, que no compensa la inflación promedio de 65% y de 100% en alimentos del 2014. B) Un esquema cambiario de tres mercados: uno preferencial manteniendo la tasa sobrevaluada de 6,30 Bs/US$, otro por subasta que integra dos esquemas previamente existentes y donde las cotizaciones estaban a 11Bs/US$ y 52Bs/US$ y el último a través del mercado bursátil. Dada la situación de las reservas internacionales y la caída de los ingresos en divisas, resulta poco probable que los dos primeros cuenten con una oferta suficiente para atender la demanda. Por otro lado, la permanencia de un esquema cambiario con precios múltiples mantiene los incentivos perversos que les son propios. C) Revisión del precio de venta de la gasolina, aunque no se estableció nivel ni plazo para su ajuste. D) Mayor supervisión y fiscalización en la distribución de la producción, sin que la medida atendiera a la promoción de la producción nacional y por ende no se atendió a la fuente del problema de escasez que padece la población.
Si bien algunas medidas podrían considerarse en un sentido adecuado, la falta de una visión sistémica y multidimensional, con la necesidad de acciones en las distintas aristas de la economía, erosionan su capacidad correctiva. Así, el incremento salarial se diluirá si no se racionaliza el gasto público y el mismo deja de monetizarse, pues la espiral inflacionaria absorberá dicho beneficio del trabajador. De igual manera el esquema cambiario múltiple y controlado sigue haciendo más atractivo el negocio especulativo y la importación de bienes y servicios que la producción nacional y el aumento de la productividad de los factores, por lo que la escasez y el trabajo precario no podrán ser superados.
En diversidad de ocasiones a lo largo de los últimos tres lustros muchos han sido los llamados de atención, pero todos fueron desoídos. Vale volver a insistir, pues aunque el país perdió una gran oportunidad de crecer y desarrollarse cuando los ingresos eran cuantiosos, al menos no se pierda la lección y en estos difíciles momentos se logre una rectificación positiva y se logre transitar de un modelo de control ideológico a uno de creación productiva, donde el ciudadano logre canalizar sus capacidades en un ordenamiento social que le brinde oportunidades para el logro de una vida plena en libertad y con justicia.
Sary Levy-Carciente
Economista, doctora en Estudios del Desarrollo. Profesora titular de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV 
www.sarylevy.com; saryle@yahoo.com; @saryle

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