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LA FISCALÍA ACUSA A ALCALDE LEDEZMA POR SUPUESTA CONSPIRACIÓN CONTRA MADURO

EL ALCALDE Metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, preso desde hace más de un mes, fue acusado hoy por el Ministerio Público (MP) por conspirar contra el Gobierno venezolano al apoyar, presuntamente, a grupos que "pretendían desestabilizar el país" con acciones violentas.

"El fiscal 16 del Área Metropolitana de Caracas, José Luis Orta, acusó al burgomaestre por los delitos de conspiración y asociación, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo", dice un comunicado de la Fiscalía difundido hoy.

El fiscal solicitó la admisión de la acusación y enjuiciamiento a Ledezma, así como que se mantenga la medida privativa de libertad en su contra.

Ledezma, detenido el 19 de febrero pasado, fue señalado de conspiración y asociación para delinquir y ha sido vinculado por la Fiscalía con dos personas acusadas de conspiración para la rebelión en septiembre pasado.

Según el comunicado de la Fiscalía, la causa contra Ledezma guarda relación con el caso de los jóvenes Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia en septiembre pasado por hacer proselitismo en ese país y actualmente imputados por su presunta vinculación con "planes conspirativos".

La esposa del alcalde preso, Mitzy Capriles, viajó ayer a Panamá para participar en actividades organizadas en el marco de la VII Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de este mes.

Mitzy Capriles y Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso desde hace un año, participarán en el "Foro de sociedad civil y actores sociales" y en otras actividades.

Tanto Capriles como Tintori han recibido en los últimos meses el apoyo del exmandatario uruguayo Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del expresidente del gobierno español Felipe González (1982-1996) y del exgobernante brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), los cuales incluso han manifestado su voluntad de defender legalmente a los políticos detenidos.