ÁLEX VÁSQUEZ
Especial para EL MUNDO /Caracas
La segunda fase comenzó, algo tímida, un poco antes. Se trata de la búsqueda de excusas administrativas, con el apoyo de la Contraloría General de la República, para inhabilitar políticamente a liderazgos incómodos.
El 9 de junio, cuando se conoció la decisión del partido opositor Un Nuevo Tiempo de que el ex gobernador del estado Zulia Manuel Rosales sería candidato a diputado en la entidad, salió a la luz una decisión de la Contraloría que le prohíbe ejercer funciones públicas por siete años y seis meses. Según la resolución, Rosales incumplió la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones como mandatario regional (2004-2008).
Una fuente del oficialismo, que pidió reservar su nombre, aseveró que ya hay sanciones listas contra más dirigentes de oposición. “En algunos casos se pedirán sanciones administrativas y en otros se instará a la Fiscalía investigar si corresponde aplicar sanciones penales”, aseveró.
Lo mismo que le ocurrió a Rosales le pasó el lunes Daniel Ceballos, alcalde destituido de San Cristóbal, estado Táchira, quien estará inhabilitado políticamente hasta abril de 2016, según decisión de la Contraloría. Ceballos está preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas, y había ganado las elecciones primarias de la oposición para ser candidato a las parlamentarias.Pese a la sanción, la oposición decidió que Ceballos será su candidato a diputado por San Cristóbal.
La oposición buscaba que al ganar las parlamentarias Rosales pudiera regresar de su exilio en Perú y Ceballos salir de prisión. La defensa del dirigente y el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, afirmaron que la sanción es administrativa y “de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia no le impide ser diputado”. Aníbal Sánchez, coordinador del Plan de Acción de la Mesa de la Unidad Democrática, recordó que además de las investigaciones administrativas contra Ceballos, Rosales y el propio Leopoldo López -que está inhabilitado desde 2006-, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, Pedro Carreño (PSUV), advirtió de que revisan 49 expedientes. “Carreño aclaró que enviará los expedientes a subcomisiones y que antes del receso parlamentario (15 de agosto) se conocerán nuevas decisiones. Es el ABC electoral del chavismo: descalificar, quebrar candidaturas y dividir a la oposición“.
Dijo que se han escuchado amenazas contra diputados que buscan seguir en la Asamblea como Julio Montoya -quien denunció irregularidades entre el Gobierno venezolano y el partido Podemos de España-, Abelardo Díaz y Julio Borges.
Entre los dirigentes investigados por la Comisión de la Asamblea están Pablo Pérez, también ex gobernador de Zulia, del mismo partido de Rosales, y también un nombre que sonó como candidato. Enzo Scarano, ex alcalde de San Diego, estado Carabobo, es otro de los amenazados. El dirigente estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, junto a Ceballos y López, y al salir ganó las primarias de la oposición para ser candidato por la zona en la que fue alcalde. La Comisión de Contraloría también investiga al gobernador de Lara, Henri Falcón.
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