Grupo La Colina

MANDATOS Y DILEMAS

Marta de la Vega

l 16 de julio de 2017, la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y organizada por los partidos y sociedad civil democráticos, fue un acto simbólico poderoso, una espectacular movilización de ciudadanos en el país y en el extranjero. Fue deslumbrante la colaboración de la gente para armar carpas, conseguir mesas y sillas, recibir en donación abundantes alimentos y bebidas, apoyar los equipos de trabajo, compartir con la gente que se encontraba en los lugares escogidos y contribuir a que las votaciones transcurrieran pacíficamente.

Fue un hecho ejemplar, político y cívico, sin precedentes, sin presencia militar para custodiarlo ni intervención del consejo nacional electoral. Aunque sus resultados son legalmente vinculantes según el artículo 70 de la Constitución, el régimen transgresor de Maduro no los reconoce. Lamentablemente, un ataque a tiros de bandas paramilitares protegidas por el gobierno tuvo el saldo trágico de una persona asesinada y más de siete heridas entre la población indefensa que esperaba para participar en el acto electoral en una zona populosa de Caracas.

Este crimen no pudo empañar la demostración mayoritaria de voluntad de cambio de más de siete millones seiscientos mil venezolanos que votaron sí a los tres mandatos que se derivaron de este proceso pero que la AN aún no ha hecho efectivos. Mientras siga en el poder la camarilla militar-civil cuyo único empeño es perpetuarse a sangre y fuego, seguirá la pretensión de imponer por todos los medios su proyecto de dominación totalitaria mediante la falsa asamblea constituyente, cuyo rechazo multitudinario fue el primer mandato.

Las elecciones ilegales realizadas el 30 de julio para instalar la inconstitucional constituyente, no solo pusieron en evidencia la gigantesca trampa para alterar los resultados reales, según cálculos probados de la Mesa de la Unidad Democrática de 2.483.073 votos, el 12,4% de la población electoral, sino que la respuesta represiva y sanguinaria se ha intensificado.

El segundo mandato, respeto a la Constitución por las fuerzas armadas y funcionarios del Estado y respaldo a las decisiones de la AN no podrá ser exigido si no se cumple lo previsto en el tercer mandato. Este plantea la renovación de los poderes públicos como establece la Constitución, elecciones transparentes y libres, con observadores nacionales e internacionales y la conformación de un gobierno de unión nacional. Ni de transición, ni paralelo.

El dilema que enfrentan hoy las fuerzas democráticas es moral y político. La democracia es dialogal y es plural. Para dirimir los conflictos busca de manera cooperativa construir consensos. Para el ejercicio del poder se rige por los principios de alternancia y temporalidad que logra de manera competitiva a través de las elecciones.

Ante un cne parcializado y tramposo hay legítimas razones morales para desconfiar del llamado a elecciones de gobernadores y alcaldes, previstas en la Constitución para diciembre de 2016, que acaba de anunciar Tibisay Lucena, a pesar del estruendoso fraude descubierto.

A diferencia de las parlamentarias de diciembre de 2015, cuyos resultados fueron incuestionables, el 30 de julio no hubo ni controles, ni auditorías previas, ni identificación biométrica, ni tinta indeleble, ni testigos, ni observadores, ni actas que pudieran ser cotejadas con el resultado registrado en las máquinas de votación. El dilema moral se resuelve al plantear que sin estos mecanismos de vigilancia la participación electoral es inaceptable.

El dilema político es participar o no. Inscribir a los candidatos de las fuerzas opositoras no significa que forzosamente haya elecciones. Pero sería un costo muy alto para el régimen suspenderlas o postergarlas de nuevo. Abstenerse, en cambio, implica cerrar ese camino de lucha y facilitar al gobierno que acapare gobernaciones y alcaldías porque no hay competidores. Cooperar y competir son inherentes a toda democracia.