MOISES NAIM
¿Cómo se sentirían los españoles si un
gobierno con propensiones autoritarias convoca unas elecciones
adelantadas en las que los partidos opositores están invalidados, sus
principales dirigentes están presos o exiliados y el árbitro electoral
es un ente controlado por el presidente que busca ser reelecto? Para ser
más concreto, ir a unas elecciones que se celebrarán dentro de unas
semanas y en las cuales el PSOE está invalidado, Pedro Sánchez está
preso y Albert Rivera en el exilio.
Eso sería inaceptable. Y,
seguramente, eso lo sabe el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, esa es la propuesta que Zapatero quiso que aceptara la
oposición venezolana.
Cuando decidieron negociar con el
régimen de Nicolás Maduro su participación en las próximas elecciones,
los partidos opositores tenían unos objetivos muy concretos: que se
organizaran unos comicios presidenciales transparentes, libres y
competitivos; que se liberara a todos los presos políticos; que se
restituyeran los derechos políticos a los candidatos opositores
arbitrariamente inhabilitados; que se reconociera la Asamblea Nacional
elegida por el pueblo y, lo más importante, que se atendiera la crisis
que está diezmando a los venezolanos. Nada de eso resultó aceptable para
el gobierno de Maduro.
Y eso lo sabe Zapatero.
Todos los sondeos de opinión muestran
que la mayoría de los venezolanos no quiere que Nicolás Maduro siga
siendo su presidente. Y la gran mayoría desea que la salida del actual
régimen sea democrática y sin violencia. ¡Quieren votar! Pero no en
elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de
este gobierno. El Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro, en
teoría independiente, está a cargo de garantizar la pulcritud de las
elecciones. En la práctica es, desde hace casi dos décadas, un
desvergonzado y transparente apéndice del gobierno.
Eso lo sabe Zapatero.
La gran mayoría de los medios de
comunicación están controlados directa o indirectamente por el régimen,
que los usa como un potente instrumento de propaganda. También son la
fuente de constantes e inmisericordes ataques a la oposición, a la cual
no se le permite el derecho de réplica o la rectificación de las
calumnias que diariamente diseminan los órganos del Estado.
Eso lo sabe Zapatero.
El gobierno no ha permitido la
presencia de observadores internacionales neutrales y cualificados en
ninguna de las elecciones que ha habido y en las que están por venir.
Eso también lo sabe Zapatero.
Más aún, los líderes de la oposición
más populares, competentes y electoralmente competitivos están presos,
han sido inhabilitados por jueces leales al gobierno o han debido huir
al exilio. Y sí, eso lo sabe Zapatero.
A los 28 años, David Smolansky fue
electo alcalde de El Hatillo, una zona adyacente a Caracas. El alcalde
más joven en la historia de Venezuela llevó a cabo una gestión exitosa y
supo sobreponerse a las más burdas maniobras del gobierno para hacerlo
fracasar. La popularidad y el éxito de Smolansky resultaron intolerables
para Maduro y sus esbirros. El joven alcalde fue acusado por el
Tribunal Supremo de Justicia, otro apéndice del gobierno, de no reprimir
con violencia las protestas pacíficas que ocurrieron en su
jurisdicción. Fue inmediatamente destituido y se ordenó su arresto y
traslado a una cárcel donde rutinariamente los presos políticos son
torturados. Smolansky se negó a entregarse y estuvo 35 días en fuga.
Finalmente, se lanzó a un arriesgado periplo por el sur de Venezuela que
le permitió entrar a Brasil por la ruta de la selva. En un gesto que
les honra, las autoridades brasileñas lo acogieron. Hoy el joven
político vive en el exilio y sueña con volver a trabajar por Venezuela.
El de Smolansky no es un caso aislado. Otros 12 alcaldes han sido
arbitrariamente destituidos, y la mitad de ellos han sido encarcelados y
maltratados.
Y, por supuesto, todo esto lo sabe Zapatero.
Recientemente, el ex jefe del
gobierno español participó junto con Pablo Iglesias, el líder de
Podemos, en un acto de apoyo a Evo Morales, el presidente de Bolivia.
Morales lleva 12 años en el poder y aspira a un cuarto mandato. La
Constitución boliviana no contempla esa posibilidad: un presidente solo
puede permanecer en el cargo dos períodos consecutivos. En 2016 Morales
convocó un referéndum nacional para eliminar esa limitación. Lo perdió.
Sin amilanarse, el presidente apeló entonces al Tribunal Constitucional,
cuyos magistrados no tuvieron problema alguno en decidir que Morales
puede postularse una vez más a la Presidencia de Bolivia.
La conducta de Evo Morales no merece el aval y el aplauso de un demócrata.
Y Zapatero lo sabe.
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