El insistente argumento lógico, aunque simplista, de que la democracia está representada sólo en el voto, usado por los “electoralistas” en Venezuela y que tanto han contribuido al fortalecimiento del régimen en los últimos dos años, parece dejar de lado la importancia de los otros principios necesarios para la existencia de una verdadera democracia. Las elecciones y el gobierno de la mayoría son sin duda, componentes claves de ella, pero no son suficientes para que sea válida o efectiva.
Para que se pueda hablar realmente de democracia es necesario el respeto al ordenamiento legal. No puede un tribunal, conformado por magistrados seleccionados violando procedimientos y normas fijadas en las leyes y los requisitos para su designación, desconocer y desautorizar a la Asamblea Nacional, electa por votación popular; o peor aún, autorizar y convocar ilegalmente el proceso electoral para instaurar una todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente, incumpliendo con el debido referéndum aprobatorio que exige nuestra Constitución.
La democracia es gobernar para todos, no solo para los acólitos o simpatizantes. Maduro no solo ha sido un gobernante nefasto, sino también irresponsable al favorecer a un pequeño grupo de familiares y amigos a los que ha convertido en poderosos boliburgueses, enriqueciéndolos a costa del hambre y sufrimiento de la gran mayoría de la población venezolana. Esto ha generado la mayor corrupción de toda la historia de Venezuela, la más grave crisis económica que haya conocido Latinoamérica.
Si algo atenta contra la democracia, es precisamente la falta de neutralidad del ente electoral. Para que el resultado de una elección sea legítimo se requieren garantías y normas claras que generen confianza y transparencia tanto para los participantes como para los electores. La institución encargada de los comicios debe estar conformada por personas honorables, confiables; por eso es tan corrosivo para nuestra democracia que personas indudablemente identificadas con el régimen sean quienes tengan competencia para contabilizar los votos en un proceso lleno de opacidad e irregularidades. De la misma manera, son inadmisibles los abusos de poder que ejerce el gobierno de Maduro al usar medios y recursos públicos en favor de su oprobioso gobierno. Ello está claramente tipificado como delitos electorales; es corrupción absoluta.
No se puede restringir el voto a solo una parte de la población. Para que el voto sea realmente signo de democracia debe ser facilitado a todos los ciudadanos, en cualquier lugar que se encuentren. Ya son varias las elecciones que a los venezolanos que viven en el exterior, por dolorosas y distintas causas originadas en la era chavista, les han restringido e imposibilitado su derecho al voto. Y solo porque las señoras del CNE asumen que son opositores. Para las elecciones presidenciales ilegalmente convocadas para mayo, por ejemplo, no podrían —si quisieran- participar los venezolanos que viven en el exterior. Como acto de grosero cinismo, hasta hoy solo existe un ofrecimiento, no cumplido, de abrir el consulado ubicado en Miami, para que participen los venezolanos que legalmente residan en los Estados Unidos.
Otra condición indispensable para la democracia es que no existan coacciones ni mentiras para conseguir el voto de los ciudadanos. El Carnet de la patria, los CLAP, el plan Chamba Juvenil, las bonificaciones absurdas otorgadas recientemente, son las herramientas de chantaje con las que cuenta Maduro para inducir y forzar a sus electores; ello sin contar con las manipulaciones y amenazas a las que son permanentemente sometidos los funcionarios públicos.
Todas las reflexiones anteriores, nos obligan a no votar. Una elección en estas condiciones vulnera los principios y requisitos básicos de la democracia y ante eso, no podemos ser indiferentes. Las elecciones propuestas para el 20 de Mayo, no solo son ilegales, son indiscutiblemente ilegítimas.
Con su insistencia de los electoralistas de votar, como sea, cuando sea, sin prestar atención a las legítimas observaciones de políticos y ciudadanos que plantean atender el llamado internacional a no participar, ignoran el hecho de que la democracia solo es viable cuando se respetan las leyes y los derechos. Todos debemos comprender que no se trata de abstencionismo, sino de luchar por una democracia legítima y verdadera.
Estamos convencidos de que la única y definitiva solución para la grave crisis que atraviesa Venezuela, pasa por una elección, en la que una mayoría exprese la necesidad de cambio y se restaure el estado democrático y de derecho necesario para avanzar hacia un futuro mejor. Pero a eso solo llegaremos a través de la defensa real de nuestros derechos y de los principios democráticos. Esperamos que el nuevo Frente Amplio Nacional entienda que la lucha, es más que electoralista, que es hora de seguir la ruta que nos devuelva la democracia de verdad.
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