MICHAEL PENFOLD
El Gobierno huye hacia adelante. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin consulta previa a través de un referendo para validar sus bases comiciales, y en medio de una crisis de gobernabilidad que se agrava permanentemente, luce como un acto desesperado. Es una decisión política tan destemplada como la salida de la OEA, anticipando la posibilidad de que se activase la Carta Democrática. Al apelar a los artículos 347, 348 y 349 que le permiten al Presidente convocar vía decreto una Asamblea Nacional Constituyente, Maduro prefirió hacer una apuesta aún más incierta que, incluso, continuar profundizando el conflicto de desgaste que mantiene con la oposición. Esto es en sí mismo sorprendente.
Quizás las presiones internas e internacionales fueron tan grandes sobre el Gobierno para convocar algún tipo de elección –regionales o probablemente una mega elección–, y ante la certeza de tenerlas perdidas, es muy probable que estas mismas presiones terminaran obligándolo a impulsar este tipo de convocatoria precisamente para continuar posponiendo, esta vez formalmente, el calendario electoral. El argumento político del oficialismo es bastante obvio: mientras haya un proceso Constituyente quedan oficialmente suspendidos todos los comicios para gobernadores, alcaldes y también para presidente. La Constituyente ayuda así a darle un barniz “legal” a la situación de facto que nos cobija: que el chavismo ya no gana elecciones y que dejó de estar dispuesto a medirse bajo sus propias reglas constitucionales y electorales.
Sin embargo, tanto para el chavismo como para el presidente utilizar este instrumento constitucional es políticamente muy riesgoso. Puede perfectamente representar un quiebre irreparable. Las constituyentes sirven para promover un cambio institucional, incluso uno que permita concentrar más poder en la Presidencia como lo logró la revolución bolivariana a finales del siglo pasado, pero pocas veces para atrincherarse, sobre todo en medio de un colapso económico como el que experimentamos, y con unas protestas sociales y políticas como las que se presentan en la actualidad.
Evidentemente, el carácter corporativista e incluso de representación indirecta que asoman las bases comiciales que diseña el Ejecutivo le va a restar cualquier viso de constitucionalidad y legitimidad a ese proceso; pero sobre todo es difícil, por no decir imposible, explicarles a los ciudadanos de a pie cómo es que una constituyente ayuda a resolver los problemas económicos y sociales del país. Mi impresión es que esta convocatoria es un boomerang que puede terminar haciendo al Gobierno aún más impopular (y no sólo más autoritario) pues va a terminar de confirmar en la opinión publica lo irreparable que resulta su propia ineficiencia y, más aún, su afán de mantenerse en el poder a cualquier costo.
¿Cómo es que una Constituyente resuelve los problemas de abastecimiento e inflación por los que protestan los sectores populares en el oeste de Caracas? La Constituyente va a hacer que en la opinión publica el chavismo parezca aún más desconectado de sus propias bases electorales y sociales. La idea de que el carácter corporativista de la constituyente –misiones, obreros, sectores productivos, comunas, etc.– va a dinamizar esa conexión, me parece que es un acto de fe más que un cálculo político realista. Tratar de ejercer el control político a través de este mecanismo es una propuesta no solo temeraria sino tremendamente irresponsable.
Esta decisión gubernamental también va a profundizar la presión internacional. El Gobierno va a tratar de venderle a la comunidad internacional que la decisión es perfectamente constitucional y que abre además un camino electoral que es precisamente lo que la oposición ha venido solicitando. Y evidentemente muy pronto el Gobierno también contará con el respaldo de la Sala Constitucional del TSJ para blindar aún más sus argumentos. Pero el Vaticano debe estar sorprendido –así como los países de la región que estaban dispuestos a buscar una solución negociada fuera de la esfera de influencia de la OEA–, de cómo es que un Gobierno que viene hablando de negociación y diálogo como una condición necesaria para lograr la paz, impone repentinamente una salida corporativista de este tipo.
En la mente de los actores internacionales esta convocatoria profundiza más bien la ruptura constitucional y le resta más credibilidad al Gobierno. Tampoco nos debería sorprender que las fisuras internas dentro del chavismo a partir de ahora comiencen a hacerse cada día más evidentes. En la medida en que la convocatoria vaya siendo rechazada en la opinión pública, en esa misma medida actores internos se van a ir deslindando. La sociedad, por su parte, conjuntamente con los partidos políticos de oposición, continuará protestando en las calles. La sociedad percibe que esta es su responsabilidad existencial frente a un Gobierno que hace rato perdió el compás moral y político.
Venezuela, por decir lo menos, es oficialmente un berenjenal.
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