La Constitución es el proyecto de país

AURELIO ARREAZA | EL UNIVERSAL

sábado 4 de septiembre de 2010

La otra noche vi en la televisión a un conocido articulista decir que la Mesa de la Unidad y los candidatos aún no han hablado de proyecto de país y que eso hace falta. Y me pregunto: ¿Un proyecto de país? Me imagino que es un plan para desarrollar el país que queremos. ¿Qué más puede ser?

Queremos un país donde haya paz. Donde se promueva la productividad ciudadana. La oportunidad para crear nuestros propios negocios y trabajo para otros con la garantía de que nuestra labor será apreciada y protegida. Solo así lograremos lo más importante: nuestras necesidades materiales y el bienestar que solo ofrece la seguridad económica y el trabajo digno. Queremos un país donde se administre bien la riqueza para poder tener las cosas básicas que queremos los seres humanos del mundo que somos todos esencialmente iguales: vivienda, trabajo, suficiente oferta de bienes de consumo, seguridad, buenos servicios, buena educación...

Para esto no hace falta complicarnos con un proyecto de país. Solo cumplir la Constitución que ya ofrece las leyes para que todos podamos lograr todo el bienestar material y espiritual posible.

La Mesa y los candidatos deben asegurarnos que harán lo necesario para que se respete la Constitución; asegurarnos que es esencial que la Constitución sea cumplida y que las leyes que promueven estabilidad y progreso sean activadas. Solo eso hará realidad el bienestar que queremos. Solicitar un proyecto de país es negativo. Es comunicar que algo hace falta, que nuestros dirigentes olvidan algo y que no son suficientemente competentes. Es ponernos a pensar en qué es lo que hace falta, confundirnos. Es desconfiar de los dirigentes que luchan por la democracia y que lo han hecho bien. Comprendamos que nuestra Constitución no sigue ideologías sino que ofrece leyes que en los países que las tienen y las cumplen han promovido bienestar y prosperidad. Leyes que demuestran que solo con verdaderas democracias se puede lograr la mayor igualdad y el mayor bienestar posible: verdadero socialismo.

Los engañados con ideologías fantasiosas -que limitan y oprimen la naturaleza humana, que promueven separación y odio y crean miseria- que observen al mundo sin prejuicios y vean que los países donde se vive mejor son aquellos cuyos dirigentes no siguen ideologías estancadas sino simplemente mantienen democracias: la forma de gobierno que evoluciona positivamente según el quehacer natural de la humanidad.

Lo primero es descentralizar política y económicamente. Esto promueve proceder cívico, forma los mejores funcionarios públicos y de inmediato motiva creatividad, trabajo y prosperidad. Descentralizar para que todo mejore y cumplir la Constitución. Nada más

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Mesa Unitaria Democrática exige que el presidente respete las normas electorales

Durante una visita al estado Zulia, el presidente de la Mesa de la Unidad (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, exigió al presidente, Hugo Chávez, respetar las normas electorales . “La Constitución hay separación de poderes, y al Poder Electoral le corresponde vigilar por la correcta aplicación de las leyes electorales,” resaltó Aveledo. Asimismo, el presidente de la MUD afirmó que, “el presidente no es juez de la conducta de los rectores electorales, al contrario, los rectores son los que arbitran y son los que deben decirnos a nosotros como debemos comportarnos”. A su vez, Indicó que cuando el jefe de Estado asume la tarea de militante de un partido “el presidente está sometido a la autoridad del Poder Electoral que esperamos aplique la ley como corresponde, con respeto a la ley, a la Constitución que es lo que nos corresponde a todos”.

Sobre el calificativo de “Operación Demolición” de la campaña oficialista, Aveledo señaló que el jefe de Estado en los 11 años de gobierno “ha demolido el bolívar fuerte, el sistema eléctrico nacional, disimula en Caracas evitando los apagones allá y en todo el país hay apagones porque no se hicieron las inversiones”.

Agregó que el presidente Chávez “ha demolido el empleo y las oportunidades de empleo por la vía de las estatizaciones y la creación de desconfianza al atacar la propiedad privada”.

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CARTA DIRIGIDA POR LA MESA UNITARIA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARLAMENTO DE MERCOSUR, PARLAMENTO LATINOAMERICANO, PARLAMENTO EUROPEO Y PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Caracas, 1 de septiembre de 2010

Estimado Señor

SANTIAGO CANTON

Secretario Ejecutivo de la CIDH

Urgente

En nombre de la Unidad Democrática venezolana queremos denunciar ante la comunidad internacional el fallecimiento del productor agropecuario Franklin Brito, quien fue confinado en el Hospital Militar de Caracas por orden del Vicepresidente de República Sr. Elías Jaua, contra su voluntad, tras una lucha de más de seis (6) años y de ocho (8) huelgas de hambre, en señal de protesta por el despojo arbitrario de su fundo agrícola ordenado por el gobierno, en flagrante violación al derecho a la propiedad consagrado en los artículos 112 y 115 de la Constitución Nacional.

El gobierno venezolano ignoró la petición de Franklin Brito: su derecho a ser escuchado y la devolución plena y legal de sus tierras, que no eran más que una pequeña propiedad agrícola. Fue insensible ante el clamor de su familia y ante los llamados de los organismos internacionales para permitir que tuviera acceso a una asistencia médica elegida por él mismo. Así las cosas, se trata de la primera muerte de conciencia en este gobierno y un muerto a conciencia del gobierno.

Franklin Brito se erige como el mejor ejemplo de cómo la intolerancia, la ausencia de dialogo y el talante autoritario de un gobierno, termina por llevar a la muerte a un ser humano indefenso, que decidió luchar por lo suyo, por lo que le pertenece.

Su lucha dejó de ser un reclamo por el respeto a sus derechos para convertirse ahora en una protesta contundente por la indolencia, el abuso, la prepotencia y la insensibilidad de las autoridades.

El país exige del gobierno de Venezuela una explicación sobre esta nueva violación de los Derechos Humanos. La persecución sistemática a la que fue sometido Franklin Bito; las circunstancias infra humanas y el manejo indigno que se dio a su protesta; la reclusión forzosa a la que fue sometido en abierta violación a los acuerdos internacionales.

En particular, es necesario que explique también porqué no se dio cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA según las cuales: “La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias a fin de permitir el acceso, tratamiento y monitoreo de la situación de salud del Señor Brito por un médico de su confianza, y a fin de que el señor Franklin Brito reciba visitas regularmente. La CIDH también solicitó al Estado que informe dentro del plazo de 10 días sobre la adopción de las medidas cautelares y actualizar dicha información en forma periódica”. La muerte de Franklin Brito es una muestra más del desamparo y la discriminación existente en Venezuela.

Al elevar a usted las consideraciones anteriores, respetuosamente solicitamos ante esa organización un pronunciamiento solidario ante esta abusiva conducta del gobierno venezolano, en la esperanza que se una a nuestro llamado para que se haga justicia.

Atentamente,

RAMON GUILLERMO AVELEDO

Secretario Ejecutivo

EL MISMO TEXTO FUE ENVIADO A PARLAMENTO EUROPEO, PARLAMENTO DE MERCOSUR, PARLAMENTO LATINOAMERICANO, PARLAMENTO CENTROAMERICANO

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¿Quién mató
a Franklin Brito?

Tal Cual
Teodoro Petkoff

Ha llegado la hora de establecer responsabilidades en la muerte de Franklin Brito. Porque a Brito se le dejó morir. No fue casual su fallecimiento, no fue un accidente. No sería exagerado decir que fue un asesinato.

Quienes debían atender sus planteamientos sabían que no estaban ante un simulador. Sabían que si no respondían a sus solicitudes, que no eran nada del otro mundo sino un modesto reconocimiento de la justicia que lo asistía, Brito llevaría su huelga de hambre hasta el final.

Lo suyo no era bluff. El hombre había dado muestras suficientes de su determinación y de su coraje, y la gente del gobierno no podía dudar de que nada ni nadie lo haría retroceder en su empeño, si su petición no era atendida como debía ser.

De manera que, fría y cruelmente, dejaron que la vida se fuera yendo de su martirizado organismo. Sin embargo, no era un obcecado. Varias veces suspendió el ayuno, ante promesas de solución, dando oportunidad para una salida, pero, con la misma voluntad de hierro, lo reemprendía cada vez que comprobaba el engaño y la farsa de que se le hacía víctima.

Pero ante todo hay que rechazar la especie canallesca que algunos plumíferos y funcionarios del régimen han puesto a rodar, según la cual los adversarios del gobierno estarían “disfrutando” de la muerte de Brito, porque ella afectaría al gobierno. Es el caso del ladrón que juzga por su condición.

La presencia aplastante de la muerte, y menos en estas condiciones tan dramáticas, no es motivo de gozo para nadie. Sólo quienes dejaron morir a Franklin Brito pueden tener la mente tan retorcida como para tratar de esconder su responsabilidad, de disimularla, queriendo ver en otros su propia insensibilidad e inhumanidad. Más les habría valido permanecer discretamente callados, frente a la consternación y la rabia que embargan al país, antes que escupir sobre sí mismos. Se burlaron de Franklin Brito y ahora se burlan de quienes lamentan su desaparición.

Nadie “goza” con los apuros del gobierno, pero nadie puede eximirse de acusarlo. No hacerlo sería ceder a ese chantaje innoble que pretende acallar las voces del dolor, de la cólera y del reclamo con el falaz argumento de que ello sería “aprovecharse” del caso para “atacar” al gobierno.

Porque esa muerte tiene responsables y señalarlo es un deber. Desde el alcalde del municipio donde vivía Brito, en el estado Bolívar, quien inició la cadena de abusos contra él, hasta el Presidente de la República, quien apenas dio dos o tres respuestas burocráticas e inocuas, pasando por la Fiscal, quien lo declaró “loco” y lo secuestró en el Hospital Militar, así como por la Defensora del Pueblo, quien jamás perdía oportunidad de quedarse callada, sin hablar del INTI, protagonista fundamental del atropello, todo el aparato del Estado aplastó la humanidad de Franklin Brito, hasta que finalmente lo asfixió.

No se “ataca” al gobierno, no se aprovecha la obvia incomodidad que esta muerte le produce, pero ningún gobierno puede pretender impunidad cuando no cumple con sus obligaciones.

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FRANKLIN BRITO

Teodoro Petkoff

Talcual

Franklin Brito murió de inhumanidad; lo mató la insensibilidad. No pedía nada extraordinario sino un poco de atención y de respuesta para sus modestos requerimientos. No era un político ni una figura pública de otro orden, cuya huelga de hambre hubiera podido movilizar a la opinión pública. Era apenas un venezolano del común, un pequeño agricultor que decidió jugarse la vida en nombre de un principio, en nombre de un derecho que consideró vulnerado por el gobierno de su país. No defendía un latifundio ni una gran empresa; apenas si una pequeña propiedad agrícola, un terrón literalmente, que le fuera arrebatado arbitrariamente por el INTI, para entregarlo, al margen de toda disposición legal, a algún amigo de la “causa”.

Pero ese terrenito era su vida, era lo que lo hacía sentirse ciudadano y, además, útil. Porque era un productor, un hombre que le sacaba fruto a la tierra. Murió abogando por su derecho a ser oído, a ser tratado como una persona. Era todo. Se lo pedía al Presidente porque ningún otro funcionario le prestó la atención debida. Pero el Presidente no tenía tiempo para ocuparse de lo que a sus ojos debía ser una insignificancia, una molestia a la cual no podía dedicar su precioso tiempo. Así que lo dejó morir.

Su destino estaba sellado desde el comienzo.

Había tropezado con el sacrosanto “principio de autoridad” y frente a éste las angustias del ciudadano común no valen nada. Sobre todo, cuando ese principio no opera dentro del contexto de una sociedad democrática, donde la opinión pública puede hacer valer sus fueros. Cuando no existe un Parlamento que sirva de caja de resonancia para las preocupaciones ciudadanas, porque una mayoría abusadora impide cualquier debate que no plazca al Gran Capo, no hay manera de dar cauce institucional a lo que para una parte del pueblo es importante.

Cuando la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo son extensiones del Poder Ejecutivo y su capacidad de reacción está absolutamente condicionada por la voluntad del Amo, el ciudadano común se encuentra completamente indefenso, sobre todo si el Poder Supremo lo ubica en alguna de las categorías que sus partidarios tienen como obligación odiar o despreciar. Brito entraba en esta categoría. La orden era tratarlo como una nada, como un loco, como un subhumano irrisorio. Y así lo trataban el Poder Supremo y sus paniaguados. Los medios, que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, nos encontrábamos impotentes ante el macizo muro de sordera que el Capo Supremo mandó a construir en torno a Franklin Brito. Pero su muerte ha perforado el muro de silencio. Nunca asumió poses de héroe. Más bien parco en el hablar, sólo insistía, con absoluta pertinencia y coherencia, hasta el final, en la defensa de su derecho violado.

Su batalla en solitario fue la de un hombre humilde y sencillo, que no podía blandir otra arma que la de su propia vida. La puso en juego con una determinación sobrehumana.

Nunca simuló ni montó shows. Simplemente, se dejó morir, casi calladamente, en nombre de algo tan abstracto pero tan poderoso como es el derecho a la vida en dignidad.

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UNA MUERTE QUE PUDO EVITARSE

Alonso Moleiro

Lo fundamental sobre el terrible episodio de la muerte de Franklin Brito es que pudo haberse evitado. Un tratamiento más flexible, más honesto, una relación menos draconiana con el tema de la propiedad, un gesto claro para honrar la palabra empeñada, un mínimo de sentido común para negociar de parte de las autoridades, lo tendrían acá en este momento.

Y aunque los reportes sobre su delicado estado de salud tienen días circulando, daba la impresión de que las autoridades pensaron que esto no les iba a suceder. El silencio en las altas esferas oficiales, y las respuestas, torpes todas ellas, de algunos diputados apurados en desembarazar al gobierno de cualquier vínculo con lo sucedido, son suficientemente descriptivas. Es un nuevo desaguisado, otro lunar, un nuevo entuerto que le aparece a un gobierno que no da pie con bola desde hace al menos dos meses en el manejo de sus obligaciones.

De manera más amplia, no quedan en absoluto bien paradas las instituciones del estado, en especial la Defensoría del Pueblo, probablemente la más disfuncional de todas en esta hora. Una instancia que fue pensada para defender los intereses de los ciudadanos frente a los abusos del estado, y que en cualquier circunstancia no pierde ocasión de declarar y decidir cosas con el objeto de agradar al presidente Chávez. Oficina que representa un arreglo decorativo y que, vaciada de contenido desde hace rato, parece haber perdido son razón de ser. La muerte de Brito es paradigmática. Representa el capítulo más grave en toda la polémica sobre la propiedad privada que ha ido adelantando el actual gobierno. Su figura se convertirá en todo un símbolo sobre el significado del respeto a la Constitución Nacional y los valores ciudadanos y complica la posición de un gobierno que, así como se dice humanista, se descuidó de forma inexplicable en este capítulo con su tozudez tradicional. Puesto que la causa de Brito compromete el papel del estado venezolano y lo deja muy mal parado, es sencillo preveer que este caso tendrá su impacto en el ámbito hemisférico y dará de qué hablar por mucho tiempo. Es uno de los varios pasivos –uno de los más importantes- en materia de derechos humanos que va coleccionando un gobierno que se sigue creyendo con derecho a ocupar toda la vida.

La muerte de Franklin Brito es toda una vergüenza y marca un antes y un después en el tratamiento de los derechos humanos en la Quinta República.

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