Líneas que divergen

DIEGO BAUTISTA URBANEJA | EL UNIVERSAL

jueves 4 de noviembre de 2010

Dos líneas que hasta ahora habían venido caminando de modo más o menos paralelo, algunos dirían que incluso convergente, ahora empiezan a separarse decididamente. La una es la línea democrática y la otra es la línea autocrática.

El caso es que hasta no hace mucho, Hugo Chávez podía aducir con alguna verosimilitud, que su marcha hacia un régimen autocrático, donde él haga lo que le dé la gana y condujera el país hacia donde le pareciera conveniente, tenía el respaldo de la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Concedía ella, o así podía interpretar Chávez los resultados de sucesivos votaciones, que la voluntad de Chávez fuera el único elemento que el país tenía que tomar en cuenta para saber en qué dirección se iba a caminar. Pero ya esa coincidencia está desapareciendo. Ya la mayoría de los venezolanos se opone a la marcha hacia la autocracia a la que Chávez aspira, y no quiere darle a este gobernante el menor pretexto para que interprete las cosas de otro modo.

La separación entre ambos caminos es cada día mayor. Se expresó en los resultados del referéndum de 2007, en las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre de 2008, tuvo un bache en el referéndum de la reelección indefinida de febrero de 2009 y retomó su ascenso en las elecciones del 26-S. En todas esas fechas, con la relativa excepción del referéndum de la reelección indefinida, Chávez tuvo que hacer de tripas corazón y decir como esos boxeadores que el golpe le hizo daño, "no me dolió". (Digo "relativa excepción", porque los resultados del referéndum 2009, examinados con atención, no son nada halagadores para Chávez)

Privado del combustible popular, el proyecto del barinés va a tener que asentarse cada vez más sobre las propias palancas de poder que ya maneja y controla, gracias a lo avanzado en el camino de la autocracia. La marcha hacia la autocracia se impulsa a ella misma, desde su propio interior, a partir de los elementos autocráticos ya en manos de Chávez y ahora sin el apoyo popular mayoritario como un propulsor externo, digámoslo así.

La decisión de la mayoría del país es decantarse a favor del camino democrático, hoy expresado en la Mesa de la Unidad, que ha venido conduciendo el proceso de unificación de todas las fuerzas democráticas . Esa Unidad está en el proceso de equilibrar las tres exigencias simultáneas que debe enfrentar: amplitud, flexibilidad y capacidad de coordinación y dirección. Si esos requisitos se satisfacen razonablemente bien, la acumulación de fuerzas hasta constituir una mayoría democrática sólida y amplia, tiene magníficas perspectivas.

Siendo todo esto así, lo que cabe esperar es que la lógica autocrática y la lógica democrática entren en una tensión cada vez mayor. Mientras esta última fortalece su oposición a las aspiraciones a la autocracia y se coloca en una posición claramente mayoritaria, la otra tendencia autocrática no deja de usar sus recursos para acumular poder. Poder que, no me cansaré de señalarlo, es más nominal, formal, aparente, que real.

La última palabra para dilucidar esa tensión, la tiene la voluntad de la mayoría del país. Los venezolanos están ubicados ante un dilema: si queremos que el proyecto autocrático, adornado con todas las justificaciones con las que quiere envolverse, continúe su marcha hacia un poder máximo concentrado en una sola persona, o si queremos encaminarnos hacia un esquema democrático, plural, con normas e instituciones. En general, el país está enfrentado a dilemas muy claros y muy definitivos. La dirigencia democrática tiene que plantearlos a la colectividad con la mayor nitidez, y no dejar que la visión de ellos se emborrone, poniéndose a discutir demasiados asuntos a la vez.

Por otra parte, lo que quede de institucionalidad en el país, tiene que tomar nota de esa divergencia entre la voluntad democrática del país y la voluntad autocrática de su actual gobernante, y actuar para defender su propia institucionalidad, que la tendencia autocrática tratará de destruir cada vez más. Pienso sobre todo en la institucionalidad de la Fuerza Armada y en la institucionalidad latente en el Poder Judicial, y en su disposición a cumplir lo que la Constitución les pauta y no lo que ordene el autócrata actual. Tienen esas instituciones que tomar nota de tal divergencia y actuar de esa forma, pues les corresponde el papel elevadísimo de asegurar el respeto de la voluntad política del país, sobre todo cuando ésta tenga que pronunciarse de nuevo, en las elecciones del año 2012.

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Expropiación y estatificación de la economía, ¿para qué? Lo que el gobierno revolucionario pretende

Alexander Guerrero

2 Noviembre, 2010

1. La anti-historia y la vuelta al pasado con grandes costos sociales y económicos

Contracorriente al reloj de la historia, pese a haber perdido el referéndum en el 2006 para una reforma constitucional que le permitiera afectar unilateralmente los derechos de propiedad y expropiar capital privado, el gobierno continua su acelerada carrera de expropiación y estatificación de empresas de capital privado, nacionales y extranjeras, si se quiere al margen de la ley y de la misma constitución, pese a que tanto ella como alguna jurisprudencia escrita en la Corte Constitucional del TSJ ha debilitado orgánicamente el ejercicio de los derechos de propiedad.Ese proceso de descapitalización basado en la expropiaión de activos privados le da contenido a lo que el gobierno denomina “socialismo del Siglo XXI” lo cual no es otra cosa que la transferencia -por la fuerza de las armas, no olvidemos la proclama cotidiana del Presidente que la revolución esta armada- de capital privado a propiedad del Estado. A todo evento, esas acciones contra la propiedad privada y sus derechos, son inconstitucionales y desde luego ilegales. La destrucción de esas libertades –económicas – básicas asentadas en la propiedad privada y sus derechos, configuran una fase de violencia institucional contra las ya precarias libertades y derechos a la propiedad privada.

2. Porqué y para qué expropiación de activos en propiedad privada

Las preguntas que se hace todo ciudadano preocupado por el destino suyo y de su familia son por demás sencillas porque no encuentran racionalidad política pero si son mecanismos de generación y pobreza, puestas en evidencia por la historia del socialismo y el comunismo de más de 80 años. Porque y para que el gobierno se ha embarcado en ese disparatado y violento esquema de descapitalización de activos en propiedad privada, demoliendo lo que resta de un marco jurídico de respeto a los derechos de propiedad ?. Cuál es el costo político y administrativo que el gobierno, ministros y Presidente están dispuestos a responder en virtud de los perjuicios y daños causados a la propiedad y libertades por irresponsabilidad política y administrativa, cuando el país retome el rumbo normal de nación civilizada? Acaso estemos entrando en la fase terminal de nuestras libertades por acción de un gobierno y por intermedio de la violencia institucionalizada y armada ?

Y más allá en el mediano plazo, cual es el costo económico y social por generación y ampliación de la pobreza dada la trasferencia de activos en propiedad privada al Estado ?, cabalgando sobre la evidencia empírica comprobada que el Estado no podrá ser nunca un administrador eficiente porque la propiedad estatal esta fuera de los incentivos naturales que mueven el desarrollo económico y social. Parafraseando a A. Smith “el Estado no crea riqueza, la destruye”, y para muestra un botón, lo que ocurre en Venezuela, una realidad demasiado protuberante como para no verla ni sentirla. Por ello la cubierta de toda propiedad estatal: una monumental corrupción.

3. Agenda de control social y político: servidumbre socialista y la propiedad del Estado

Aunque, a primera vista luce un proceso disparatado, alocado y contra-histórico; la estatificación de la economía, previa expropiación de los activos en propiedad de gente, empresas y organizaciones privadas, se explica sin mucha complejidad en el contexto de una hipotética sobrevivencia política de un régimen totalitario en su concepto y de un gobierno que requieren como conditio sine qua non la implantación de un sistema de servidumbre total y efectiva de los venezolanos por parte del Estado y su gestor, el gobierno revolucionario.

De esta manera, las estatificaciones y expropiaciones, y la enajenación del proceso de creación de riqueza de la gente, constituyen el epicentro político de un objetivo explicado en la tensión de una dominación política y social del venezolano que va al core de la existencia de individuos libres, el ejercicio se sus derechos económicos como emprendedores y dispuestos a cumplir con mayor eficiencia su función social capitalizando sus capacidades, intelecto y riqueza.

Nada es entonces un proceso ordenado por el gobierno sobre la base del desconocimiento, ignorancia o ineficiencia, como muchos así lo piensan; aunque si se quiere, algo se puede imputar a aquellas consecuencias no intencionadas, escondidas en el velo de la ignorancia, porque de lo que acontece solo puede resultar lo que vemos a diario, dado que viene incrustado en el sentido de políticas dirigidas a trazar la ruta –parafraseando a Hayek- de servilismo frente al Estado: es la quimera socialista de intereses mercantiles y políticos combinados con el marxismo como manual de operaciones para ejecutar esa dominación política y social. El control de la economía por el Estado dejara al venezolano como un amorfo agente servil de lo que el Estado le arranque con los impuestos y le devuelva en ineficiencia, corrupción, servicios públicos e infraestructura en destrucción, control policial de cada acto humano, esclavitud, es decir, miseria pobreza, como la que se ve en Cuba, Corea, y se conoció en China y en el este de Europa cuando la dominación soviética.

4. Así comenzó la destrucción de los derechos económicos

Vale acotar algunos antecedentes no lejanos en la historia de estos eventos revolucionarios incluidos en el devenir político como instrumento de control político y social y económico y que nos han traído a donde estamos hoy. Por ejemplo, aquella –funesta- decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 1999 que aparentemente y muy ingenuamente le entrego al gobierno la guadaña de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de carácter originario; es decir, de un instrumento político en manos de fanáticos ideologizados cuyo objetivo inmediato era la destrucción de todas las instituciones conformantes del poder político: congreso, judicatura, poder público, y con ello el marco jurídico que abarcaba el respeto por parte del estado y terceros de los derechos económicos, propiedad.

Todo ello fue destruido por un proceso de reconstitución innecesario pero condición prerrevolucionaria para pervertir el orden y el destino de los derechos de los ciudadanos, particularmente el económico. Para eventualmente dar paso en el mediano plazo con lo que estamos presenciando hoy. Aquella CSJ no diviso quizás inducida por intereses políticos-mercantilistas en su forma para que una degollina institucional acabaría con libertades y derechos, y que la propuesta de socialismo no era otra que el conocido servilismo político y social que caracterizo al Estado soviético y al comunismo puro y simple que se conoció en la segunda mitad del Siglo XX. Solo sobre esos conceptos podemos comprender lo que ocurre y nos evitaremos así hacernos la misma pregunta miles de veces, porque ese disparatado proceso de expropiaciones y estatificaciones, si el Estado no es eficiente ni racional con sus economías?

5. Estatificación de derechos económicos: tierras, empresas y ahora la vivienda

Las respuestas son hoy evidentes, y la gente ha comenzado a comprenderlas, el objetivo de las expropiaciones y estatificaciones masivas en estos últimos anos es la inhabilitación económica de los individuos para hacerlos todos dependientes del Estado. Es un proceso que sabemos es de pobreza en movimiento, porque los activos estatificados como la evidencia empírica lo señala, serán arruinados más temprano que tarde, con lo cual la descapitalización acotada en esta nota y puesta en marcha desde la promulgación de la nueva constitución y en sucesivas leyes sobre el entorno económico sectorial que han enajenado progresiva y ahora violentamente al ciudadano de su soberanía económica.

Leyes que destruyeron la propiedad privada sobre tierras –una buena parte de tierras fértiles expropiadas, aguas, bosques, espacio electromagnético, recursos naturales (petróleo etc.), infraestructura, electricidad, telecomunicaciones aun en marcha, bancos, cementos, empresas productoras de alimentos y servicios agroindustriales, centros comerciales, y finalmente tierras urbanas, todas ellas en manos de promotores privados para el mercado de vivienda de sectores medios.

Las consecuencias de este último evento, de apropiación de tierras urbanas, y viviendas en construcción, introducen en el mercado inmobiliario de viviendas un factor depredador de precios y desvalorización de los activos inmobiliarios de las familias venezolanas. Ese proceso depredador sobre precios y valores inducidos ahora directamente por la intervención del Estado se expresará en envilecimiento del mercado, la demanda por vivienda caerá porque nadie la comprará sabiendo que el marco jurídico para su venta esta obstruido, después de todo, la vivienda es el activo de mayor valor en el balance de la familia. Amigo lector, imagínese ahora si Ud. quería vender, quien le compra si el marco jurídico de esa transacción esta ahora intervenido y politizado

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SANTOS Y CHÁVEZ DECIDIDOS A QUE NADIE LES DESCARRILE SU RELACIÓN

El Universal

Atrás quedó aquella afirmación del presidente Hugo Chávez de que con Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia era imposible reestablecer relaciones con la vecina nación. Al menos así quedó sellado en sendos discursos que pronunciaron luego de sostener el segundo encuentro bilateral ayer en el Palacio de Miraflores, el cual estuvo enmarcado por la camaradería de los mandatarios y la firma de acuerdos que sellan la reanudación de relaciones iniciada en el encuentro de Santa Marta (Colombia), el pasado 10 de agosto.

"Los dos estamos absolutamente decididos" a no dejar "que nadie nos descarrile", dijo Santos. "Que nadie nos descarrile", respondió por su parte Chávez, no sin antes destacar que "independientemente de las diferencias políticas y distintos enfoques" de sus Gobiernos, ambas naciones están "llamadas a unirse de nuevo".

En la Declaración de Miraflores, ambos gobiernos acordaron favorecer las exportaciones de productos colombianos hacia Venezuela, restablecer el envío de combustible venezolano a regiones fronterizas de Colombia y fijaron una reunión de responsables de la lucha contra el narcotráfico para el 19 de noviembre. Además Venezuela autorizó el pago de 336 millones de dólares de deuda con exportadores colombianos, la cual Bogotá calcula en unos 800 millones de dólares.

Cerca del mediodía ambos presidentes colocaron una ofrenda floral ante el sarcófago del Libertador en el Panteón Nacional. En un vehículo, conducido por Chávez e "incautado a un narcotraficante", según reveló después el propio mandatario, Santos de copiloto y la canciller colombiana, María Angela Holguín, de pasajera, dieron un paseo por el centro de la ciudad. "Caracas está bonita", aseguró Chávez que dijo Holguín. "Tenía cierto temor porque me decían que él sabía acelerar, pero no sabía frenar", comentó Santos, de forma jocosa, sobre el conductor.

Además el mandatario colombiano recordó que en 1939 su tío abuelo Eduardo Santos, entonces presidente de Colombia, firmó un tratado de no agresión con Venezuela, que estipulaba que cualquier diferencia sería resuelta por la vía diplomática". "Quisiera refrendar ese acuerdo, 71 años más tarde", subrayó.

Posteriormente ambos mandatarios sostuvieron un encuentro privado, mientras las delegaciones estaban reunidas. A las 6.20 pm, desde el Salón Ayacucho, en cadena de radio y televisión, se suscribieron los acuerdos y los presidentes anunciaron que se reunirían cada tres meses. "Hemos tenido diferencias, sí. Pero nuestros destinos son los mismos (...) Tenemos que trabajar juntos si queremos, 200 años más tarde, liberarnos de otra opresión: la de la pobreza", destacó Santos.

Caracas comprometió a comprar caña de azúcar a Bogotá y anunció la autorización de exportaciones hacia Colombia en los sectores químicos, farmacéuticos, plástico y textil por un monto de $ 219 millones. Además restablecerán el suministro de combustible venezolano a Colombia por más de 37 millones de litros mensuales.

Al tomar la palabra Chávez, su par colombiano lo sorprendió con una llamada de su compatriota, el grande liga Edgar Rentería, responsable del jonrón que dio la Serie Mundial a los Gigantes de San Francisco.

"Deroguemos una vez y para siempre aquella diplomacia de micrófono (...) que a veces se convierte en locura (que) con una llamada, una nota se pueden solucionar ", sentenció el el presidente Chávez.

María L. Da Corte

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"Los comunismos y socialismos sólo conducen a la catástrofe"

Cuatro patrullas, ocho motorizados y 16 efectivos de la Policía Nacional escoltaron, con seguimiento de perros de presa, al dirigente político español Jaime Mayor Oreja durante su visita a Venezuela. Vicepresidente del Grupo Parlamentario Popular Europeo, militante del Partido Popular, ex ministro del Interior en el gobierno de Aznar, Mayor Oreja se tomó filosóficamente la circunstancia y cumplió su agenda en medio de esa parafernalia sin dar muestras de disgusto. Vasco de nacimiento, durante su paso por el gobierno lidió con la ETA de los años ochenta, pero ya desde mucho antes supo lo que significa ser objetivo militar de la organización.

-¿A qué atribuye la solicitud de extradición de Arturo Cubillas, por parte del gobierno español?

-En la lucha contra el terrorismo hay que aplicar toda la ley sin dejar un resquicio. La petición del Gobierno español es lógica y cuenta con todo mi respaldo. Ojalá la respuesta del Gobierno venezolano sea también la correcta.

-¿Obedece la solicitud a los cambios en el gabinete del gobierno de Zapatero?

--Sería largo y prolijo, además de inútil, entrar en un juicio de intenciones sobre el gobierno español, cuya política, yo he dicho, no es la correcta. Nunca he creído que el diálogo con los terroristas llegue a ninguna parte. Pero sería absurdo decir que el gobierno hace esto por un motivo o por otro.

-En Venezuela, desde la oposición, no se entiende la blandura del gobierno español hacia el venezolano y no sólo en el caso Cubillas.

-Para eso nosotros estamos tratando de favorecer una alternativa al actual gobierno español y no sólo en el plano interior, sino también en el exterior. La política de España en estos temas y en sus relaciones con algunos países de América latina deja mucho que desear.

-¿De qué manera puede influir en la situación españolas ramificaciones de ETA con la guerrilla colombiana, involucrada a su vez con el gobierno venezolano?

-Las ramificaciones de ETA y sus relaciones con las FARC han sido permanentes y no son nuevas.Yo arranqué como ministro del Interior en 1996... .

-Y ya ETA había atentado contra su vida.

- Tuve una etapa difícil siendo muy joven, cuando asumí responsabilidades en la (UCD, partido de la transición durante el gobierno de Adolfo Suárez) y ETA decidió matar a sus miembros en 1980. Tuve la suerte de salir ileso de una serie de atentados. En cambio mis compañeros de lista fueron asesinados.

-Luego enfrentó a ETA como ministro del Interior.

-Durante el gobierno de José María Aznar y en eso siempre he defendido lo mismo. Hay dos políticas antiterroristas: aquella que entra sólo en el Estado de derecho y otra que al final necesita dialogar y negociar con los terroristas. Esta segunda es un atajo que te lleva, o al diálogo con los terroristas o la creación de órganos, fuera de la ley, para matarles. Curiosamente a los gobiernos que dialogan siempre han intentado matarles. Aquí la única referencia es el Estado de derecho.

-¿Insiste el gobierno español en negociar con ETA?

-Porque forma parte del proyecto de Rodríguez Zapatero, asentado en la expresión del relativismo máximo en todos los terrenos, incluyendo la lucha antiterrorrista. ¿Por qué Zapatero abre una negociación política con ETA en el 2004, fecha en la que llega? Porque es parte de su proyecto y su gobierno va a concluir con otro proceso de las mismas características.

-¿No plantea eso un conflicto de poderes si consideramos que los tribunales avanzan en los procesos a ETA?

-Los procesos políticos y sociales, cuando se ponen en marcha, son difíciles de parar.

-En el 2007 usted me dijo que las negociaciones de Uribe con las FARC, a propósito de la mediación de Chávez, eran "un disparate", con el agravante de qu el mediador estaba inclinado a favor de uno de los bandos.

-Frente a las organizaciones terroristas sólo cabe el estado de derecho. ETA, además de ser una organización terrorista es un proyecto político de ruptura de España. De manera que se trata no sólo de combatir a una organización terrorista sino a un proyecto político.

-Que, además, se inscribe en la izquierda radical.

-En la ruptura de España. Ellos aprendieron de sus padres que el terrorismo era el método para independizar al País Vasco. Por eso a ETA no sólo debe medírsela por sus comandos sino por la forma en que evoluciona la fortaleza de una nación. Cuando una organización terrorista tiene tales características, su fuerza equivale a debilidad de la nación.

-No obstante, a pesar de los años de gobierno del PP, ahí sigue ETA.

-La presencia de ETA en los ochenta no se parece en nada a la del 2010. En aquel momento era una pesadilla permanente para los españoles. Hoy es otra cosa. Hay que tener paciencia, perseverancia y tenacidad para combatir a una organización de esas características. No es un proceso de la noche a la mañana. Debemos entenderlo en toda su complejidad.

-Me decía usted, en el 2007, que al final los totalitarismo pierden. Y lo advertía a propósito del proyecto chavista. ¿Cómo lo ve ahora?

-Yo tengo una visión esperanzadora del futuro. Al final siempre se avanza en la buena dirección. Hoy vivimos una crisis de valores en Occidente, que no sólo es económica, o financiera, sino de modelo, del Estado de bienestar. Esa misma crisis ocurrió en América latina diez años antes. No se trata de meras desigualdades sociales, es la crisis de nuestro modelo, que se adelanta en países donde el fenómeno es más notorio.

-¿Habla de la crisis del modelo del Estado interventor?

-Del modelo democrático. De nuestro modelo. No por casualidad emergen en América latina movimientos populistas, expresión de la crisis de valores del modelo democrático occidental.

-Entonces, ¿lo que está en cuestión es la democracia?

-Los movimientos populistas son el resultado de la crisis de nuestro modelo. No el resultado de un modelo genial o innovador. Es la crisis de valores de un sistema democrático que en lugares donde hay desigualdad social prende diez años antes. . Lo que hay en Europa ahora...

-¿Emerge el populismo en Europa?

-De otra manera. Este año, por ejemplo, en Holanda, ha surgido un partido populista, de extrema derecha, xenófobo, contra la inmigración, fruto de la crisis de valores. Es la expresión del populismo, pero al revés. Es un populismo de extrema derecha, propio de sociedades de alto grado de bienestar.

-Frente a la crisis quedan dos opciones. O volver al pasado para la recuperación de los valores perdidos o la búsqueda de una nueva manera de organizarse en sociedad.

-Las dos cosas son compatibles. No sólo vivimos una época de crisis, sino de nuevos desafíos. Es un nuevo mundo en el que debemos compartir nuestras riquezas con otras potencias emergentes. Las clases medias ya no sólo existen en las sociedades occidentales. Hace falta actualizar valores.

-¿A qué valores se refiere?

-A aquellos que afectan a la persona y las instituciones más próximas a ella: familia, educación, austeridad, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, el no vivir por encima de las posibilidades reales, el de no endeudarse más de lo necesario.

-Esa es la receta perfecta para perder unas elecciones.

-No se que sentido electoral tiene, pero eso es lo que se debe hacer. La crisis está allí y tiene diversas manifestaciones. Desde el populismo hasta movimientos radicales xenófobos.

-¿Es el Tea Party una manifestación de esos movimientos?

-No me atrevo a analizar una sociedad como la norteamericana, pero, ¿qué duda cabe de que el debate en los EE.UU., cultural, social, en el propio corazón de la mentalidad del norteamericano, va más allá de las diferencia tradicionales sobre la actitud ante los impuestos o la izquierda y la derecha? Ese debate tenía que llegar porque la democracia occidental se ha hecho vieja desde 1945.

-Spengler proclamó antes la decadencia de Occidente.

-Hay una cierta decadencia. En España se percibe una crisis total, nacional, económica, social, de empleo.

-La crisis del capitalismo de la cual habló Marx.

-Es la crisis de nuestro modelo. Marx dijo otras cosas, pero las referencias comunistas y socialistas han dado lo que han dado: expropiaciones, el estado interventor. Y eso no lleva sino a la catástrofe.

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MESA DE LA UNIDAD NO PROMOVERÁ PURGAS EN LAS FUERZAS ARMADAS, declaró Ramón Guillermo Aveledo

EL UNIVERSAL

miércoles 3 de noviembre de 2010

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¿DEBEMOS DESCONOCER TRATADOS, CONVENIOS O CONTRATOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR CHÁVEZ?

Recientemente, varios venezolanos han lanzado a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) una propuesta relacionada con la suscripción del gobierno nacional de algunos convenios y contratos internacionales, cuyos contenidos, según los proponentes, serían ilegítimos, inconstitucionales, fraudulentos o contrarios a los intereses de la nación.

Dicha propuesta pide que la MUD haga una declaración a fecha cierta, en la que indicaría que el próximo gobierno nacional desconocería tales convenios, de modo que los países que contraten hoy con Chávez, desde ya se atengan a las consecuencias riesgosas, habida cuenta del nuevo poder que se instaurará en el 2012.

La fundamentación de tal propuesta sería la “doctrina de la deuda odiosa”, cuyo formulador fue el jurista ruso, ex ministro del Zar Nicolás II, Alexander Nahum Sack, quien hacia el año 1927 la define así: "Si un poder despótico contrae una deuda, no por las necesidades o el interés de su pueblo, sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, ésta es una deuda odiosa e ilegítima para la población de todo el Estado. Esta deuda no es obligatoria para la nación, es un deuda del régimen, es una deuda personal del poder que la ha contratado, en consecuencia, ella cae con la caída de este poder”.

La doctrina Sack, por otro lado, confiere a los acreedores una responsabilidad en la deuda, al señalar que si éstos conocían los designios del prestatario, estarían cometiendo “un acto hostil frente al pueblo”, lo cual los expone a la contingencia de un eventual no pago de aquella si el régimen cae; por tanto, no podrían reclamar lo debido. Estaríamos entonces frente a una situación en la que no se aplicaría el principio aceptado del Derecho Internacional (DI) de que todo tratado en vigor vincula a las partes y debe ser cumplido de buena fe (pacta sunt servanda).

Ahora bien, el asunto planteado, a mi juicio, puede ser abordado desde 3 ópticas distintas, por cierto, no desvinculadas. Así, tenemos que hay razones jurídicas, de conveniencia política y/o de oportunidad.

Las más largas y complejas de explicar son las de naturaleza jurídica, lo cual en este corto espacio debemos presentar muy apretadamente.

El Derecho Internacional aceptado por las naciones civilizadas tiene sus fuentes. Primero, las fuentes convencionales (tratados); segundo, las fuentes consuetudinarias (la costumbre internacional) y, por último, los principios no escritos. Con mucho menor peso, los actos unilaterales de los estados y organizaciones internacionales, y finalmente, la jurisprudencia internacional.

La doctrina, como es el caso de la deuda odiosa, es sólo eso, una teoría que no se ha convertido en un tratado, ni en una costumbre, ni en un principio de derecho, que haya sido aceptado en el conjunto del Derecho Internacional. Puede ser que moralmente tenga toda la justificación que queramos darle, pero no alcanza el rango exigible en el DI.

Ciertamente, en la historia hay varios casos concretos que tal doctrina ha sido esgrimida. En México, por Benito Juárez (1861); en la Guerra España-EEUU de finales de siglo XIX, Cipriano Castro en Venezuela (1902), Costa Rica contra el Reino Unido (1922), entre otros. Pero estos casos, con resultados diversos, y dependieron de las relaciones de poder, no condujeron a la configuración de una costumbre ni a la creación de una norma jurídica de DI, que hoy por hoy pueda ser alegada.

El tema, sin embargo, ha generado múltiples estudios académicos, entre los cuales cabe mencionar uno, que está relacionado directamente con la petición que se hace a la MUD. Me refiero al de los economistas de la Universidad de Harvard, M. Kremer y S. Jayachandran, quienes en un artículo publicado en la publicación Finances and Development, “Odious Debt”, en el 2002, plantean la institucionalización de la “denuncia a priori de las deudas” a fin de evitar su repudiación ex post, y la creación de una norma que exonere a los países victimas, de toda responsabilidad respecto de las deudas odiosas. A mi juicio, ésta es una interesante propuesta que debería ser tomada en cuenta. No obstante, y mientras ella no se sancione por la comunidad internacional, no podría ser alegada, jurídicamente hablando, en las actuales circunstancias, ni en el caso particular de Venezuela, por muy odiosas que puedan ser las deudas que el gobierno de Chávez haya contraído en detrimento de los venezolanos.

Para concluir con este punto, valga sólo mencionar, que en el caso hipotético de que tal doctrina tuviera la posibilidad de ser esgrimida, negarnos a pagar tales deudas, implicaría demostrar 3 cosas: a) ausencia de consentimiento, es decir, que no haya sido contraída por la voluntad del pueblo (¿quien representa la voluntad popular en Venezuela hoy? ¿No es la Asamblea Nacional la que aprueba los convenios?); b) ausencia de beneficio, es decir, que los fondos han sido gastados en contra de los intereses de la población; y c) conocimiento de las intenciones del prestatario por parte del acreedor. Estos extremos ¿como serían demostrados en el caso de Venezuela?

El otro enfoque, es el de la conveniencia política de hacer una declaración como la solicitada por algunos venezolanos. La interrogante principal es: ¿conviene a los intereses políticos de las fuerzas democráticas hacer una declaración en la que se advierta urbi et orbe que el gobierno que tome posesión en el 2012 desconocerá los convenios que haya firmado el actual, sin tomar en cuenta las normas, los principios y la costumbre internacionales aceptados por la comunidad internacional?

¿Cómo serían vistas las fuerzas democráticas, no sólo por los gobiernos autoritarios más cercanos o afines a Chávez, sino también por aquellos que también han firmado acuerdos con él pero que son democráticos? Los partidos que conforman la MUD han expresado ya, que serán respetuosos de los compromisos internacionales, siguiendo en esto la tradición de Venezuela en sus relaciones exteriores.

El reconocimiento internacional de que goza hoy la oposición, sobre todo, a partir de la conducta política asumida en los últimos años y demostrada en los eventos electorales, no puede ser echada por la borda adoptando posiciones que podrían ser tachadas de irresponsables. Las fuerzas democráticas necesitan ganarse la confianza de la comunidad internacional, que aun debe ser consolidada. El nuevo gobierno que entrará en el 2012 dispone de un programa y de los equipos profesionales y técnicos formados y experimentados que asumirán la conducción del país, y el manejo adecuado de lo internacional es fundamental para ganar apoyos y neutralizar las amenazas. Nuestra conducta gubernamental no puede ser vista como la de un Estado maula, infractor de las reglas de convivencia internacionales. Ni siquiera los sandinistas al llegar al poder, se atrevieron a desconocer la deuda de Somoza. Fueron los cubanos, sí, los cubanos, los que les recomendaron no hacerlo.

Chávez ha firmado miles de convenios de diversa naturaleza. Allí están, los bielorrusos, los iraníes, los sirios, los cubanos; pero están también argentinos, brasileños, ecuatorianos, rusos, ucranianos, portugueses, españoles, chinos, entre otros.

No obstante, el respeto de estos compromisos no significa que no puedan ser revisados o renegociados en su momento. Todo tratado puede se modificado o denunciado, cláusulas de escape siempre están en los textos de cada uno. Con tal propósito, el nuevo gobierno del 2012 hará los estudios correspondientes, y con base en la normativa internacional hará lo que tenga que hacer, todo en defensa de los intereses del país. De allí que la comunidad internacional deba quedarse tranquila al respecto de lo que será la conducta de las fuerzas democráticas venezolanas.

De lo anterior se deduce la respuesta del tercer enfoque posible de este asunto. ¿Resulta realmente oportuno hoy hacer tal propuesta, habida cuenta del prestigio que comenzamos a recuperar como oposición, en contraste con el acelerado descrédito que el gobierno de Chávez viene experimentando en el ámbito internacional? Después de que hemos logrado crear un matriz de opinión en el mundo adversa al tiranuelo de Miraflores ¿vamos ahora a generar un innecesario ruido en nuestra relación con los países y los sectores democráticos del planeta, planteando un tema que en lugar de ayudar a nuestra causa la puede enturbiar? Las respuestas a estas interrogantes son obvias. De sobra sabemos los disparates que está cometiendo el gobierno en la esfera internacional y cuánto nos costará a los venezolanos enderezar esos entuertos. El momento de la justicia se acerca cada vez más..

EMILIO NOUEL V.

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Irrespeto a la FAN
Teodoro Petkoff
Tal Cual

El Presidente “aconsejó” a la oposición que rece por su triunfo (el de él) en 2012 porque de lo contrario los militares se van a alzar. “Ellos (es decir, la oposición) tratarían de echar de la Fuerza Armada a todos los que apoyan a Chávez y se les alzarán los militares”. Se lee y no se puede creer que Chacumbele haya sido capaz de tamaño exabrupto. Al chantaje tradicional que hace a los pobres, asegurándoles que si la oposición gana van a ser eliminadas las “misiones”, se une éste, dirigido ahora a los militares. Yo-El-Supremo realmente está perdiendo la brújula. Sus palabras trasudan un absoluto desprecio por el pueblo –y ahora por los militares–. Es la idea de que los demás son débiles mentales o tontos, a los cuales se puede manipular de modo tan burdo.

De entrada, hay una total falta de respeto por la Fuerza Armada como institución y por cada militar en tanto que persona y ciudadano. Atribuye a cada militar su propia condición. Se proyecta él en los militares. En el último medio siglo el único militar que se ha alzado contra un gobierno democráticamente elegido ha sido precisamente Chacumbele.

De manera que ahora nos amenaza con dirigir un nuevo golpe contra un veredicto popular. Porque obviamente, ¿cómo se alzarían los militares si su comandante en jefe no se los ordena? Chacumbele es quien seguramente se pasea por la posibilidad de esa felonía. Pero se equivoca. Es bien probable que corra la misma suerte de Pinochet, cuando instó a la Fuerza Armada chilena a desconocer el resultado electoral que lo sacó de la presidencia y a Chile de la dictadura. En este caso, la respuesta fue rotundamente negativa. “Tendríamos que matar a medio Chile”.

Chacumbele tiene que estar ya bastante nervioso por la perspectiva de una derrota electoral en 2012. Apelar a una jugada tan torpe no habla precisamente de alguien que se siente seguro. Este mensaje va a ser repetido una y mil veces de aquí a esa fecha, tratando de que la mentira repetida hasta el infinito termine por volverse verdad. Otra vez se equivoca. Un nuevo gobierno dará a la FAN el trato institucional que Chacumbele no ha sido capaz de darle. Todo se regirá por la Constitución y la Ley y nadie tiene porqué temer arbitrariedades ni abusos. Por otro lado, una Fuerza Armada que ha tolerado disciplinadamente once años de dislates de toda índole por parte de Chacumbele, precisamente por respetar su condición de Presidente democráticamente elegido, ¿por qué razón habría de ignorar un resultado electoral de 2012, tan democrático como el de 2006, pero que esta vez consagre la alternabilidad republicana en el poder? ¿Por qué ofende a la FAN de esta manera? Por otra parte, ¿cómo se atreve el Presidente a dividir a la FAN entre oficiales que apoyan a Chávez y los que, implícitamente, no lo harían? ¿Será necesario recordarle nuevamente el texto constitucional, que establece el carácter no partidista de la FAN y su subordinación a los intereses nacionales y “en ningún caso a los de persona alguna”? ¿Es acaso la FAN una montonera donde no existen vínculos institucionales entre sus integrantes sino la obediencia a un caudillo que la maneja a su antojo?

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