Luis Vicente León: «Si el Gobierno no hace nada, habrá hambruna en Venezuela»

                           

CARMEN MUÑOS CAMÓS

ABC

LUIS VICENTE LEÓN (Caracas, 1959) apoya la actuación de la comunidad internacional en la crisis de Venezuela solo cuando busca «presionar para una negociación». El economista venezolano, que dirige la principal encuestadora de su país, tiene previsto mantener contactos en España con universidades y empresarios. Junto a José Manuel García-Margallo y Felipe González, participó este jueves en un acto sobre la situación venezolana en la Casa de América.

-¿Cuál es la radiografía de la Venezuela de Nicolás Maduro según los estudios de Datanalisis?

-Es una situación de crisis muy severa, caracterizada por una mezcla del modelo de intervención y control de precios y de cambio, que genera distorsiones muy relevantes, y también una caída significativa en el precio del petróleo que impide sin flujo de caja que el Gobierno pueda surfear encima de los problemas que genera su propio modelo. Este modelo de control ya existía y tiene impacto de inflación, desabastecimiento, desinversión y una caída muy importante en la producción. Ese problema se amplifica cuando el Gobierno no tiene divisas.

-El 96,4% de los venezolanos aseguraron en mayo que el desabastecimiento ha empeorado en los últimos días.

-La mayoría de la población, eso incluye a chavistas, independientes y opositores, está viendo un deterioro en el abastecimiento de mercancías, tanto de alimentos como de medicinas, que además tiene un crecimiento exponencial. Ha sido especialmente fuerte en los dos últimos meses.

-¿El presidente Nicolás Maduro cumplirá la Constitución y se someterá al referéndum revocatorio antes de diciembre?

-La pregunta fundamental es si el Gobierno está en capacidad de desconocer la presión de la oposición para utilizar ese mecanismo constitucional sin que eso se convierta en una gran crisis social o política que lo presionen a ejecutar ese referéndum. Obviamente este no es buscado ni querido, la popularidad del presidente ha caído como consecuencia de la crisis. No diría que el Gobierno está en una crisis de gobernabilidad, todavía eso no lo estamos viendo en Venezuela. Pero sí estaría en una situación de imposibilidad de ganar un evento electoral. Eso incluye el referéndum revocatorio y las elecciones de gobernadores, previstas para diciembre pero que aún no se han convocado. Es posible que tampoco se convoquen. El tema básico es hasta dónde puedes llegar a arrastrar a la oposición para no medirte, buscando subterfugios, control institucional o excusas para evitarlo porque sabes la respuesta de esa medición.

-¿La amenaza del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de activar la Carta Democrática a Venezuela contribuirá a que Maduro ceda y el país deje de ser una olla a presión?

-Todo lo que hace la comunidad internacional es importante. Ahora, ayuda aquello que presiona una negociación. Reunirse, discutir el problema, es positivo. Estar encima de que haya algunas violaciones de derechos y un modelo económico inadecuado es importante si se traduce en una presión para una negociación en la que el Gobierno está incluido. Si eso se usa como una excusa para tratar de provocar la salida del Gobierno o para fomentar las radicalizaciones internas, entonces sería negativo.

-¿Teme una salida del chavismo violenta, un nuevo caracazo, si no hay una negociación política urgente?

-Los riesgos de explosión social siempre existen en medio de una crisis. Sin embargo, en Venezuela ahora hay más protestas individuales y desarticuladas que un gran movimiento articulado que pueda ser evaluado como una potencial salida explosiva. Las explosiones sociales no se proyectan solo por la crisis económica, requieren muchos otros factores. La mayoría de las que han ocurrido en el mundo se han producido más por un problema político o social que económico. A menos que hubiera una hambruna, no creo que la economía provoque ese proceso.

-¿Hay riesgo de hambruna hoy en Venezuela?

-Hay una escasez brutal, una crisis impresionante, una pérdida de nivel de ingresos gigante. Hay problemas para obtener productos, pero no hay hambruna. Pero puede haberla en el futuro si el Gobierno no hace nada, si mantiene la actual política económica.

-¿Debería aceptar Venezuela la ayuda humanitaria internacional?

-El problema de las medicinas es mucho más grave que el de los alimentos. Venezuela debería aceptar en este momento la ayuda internacional en temas médicos y también de alimentos que no tenga. Como no quiere reconocer la crisis que ha creado, el Gobierno bloquea la ayuda y al final la única afectada es la población básica que no consigue ese medicamento.

-¿Ve especialmente nervioso a Nicolás Maduro? No deja de insultar a España, a su prensa, al secretario general de la OEA, Luis Almagro...
-La estrategia de ataque es copia de la del presidente Chávez. Tiene más un objetivo de consolidación interna del chavismo, de mantener unidas a sus fuerzas, de construir los enemigos externos. Más que nervios es una búsqueda de mantener unido el chavismo en medio de esta crisis. Cuando construyes un enemigo impides que algunas personas que dentro del chavismo pudieran ser críticos de un gobierno como el de Maduro, que los hay y muchos, al final siempre van a preferir al actual presidente que a una potencia extranjera que amenaza la estabilidad. Es una repetición de lo que hizo Chávez.
-¿Observa división interna en el chavismo?
-Hay división interna en el chavismo y en la oposición. El país está polarizado, pero la polarización es múltiple. Dentro del chavismo hay una fuerza importante que se mantiene apegada al legado de Chávez y siente que Maduro ha deteriorado el país y cree además que amenaza el mantenimiento del chavismo, porque puede ser arrasado en un proceso electoral como castigo a su mal gobierno. Por otro lado en el chavismo hay actores internos que son civilistas y otros militaristas, quienes creen que hay que supeditar las decisiones al sector militar y quienes creen que eso es inadecuado. Dentro de chavismo sin embargo hay algo que los une este año: el riesgo de un referéndum revocatorio. Porque si ocurre en 2016 tendría no solo que sacar a Maduro sino convocar una elección que no podría ganar ni el chavismo madurista ni el no madurista.
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¡A JUGAR EN TODOS LOS TABLEROS INTERNACIONALES!

     Emilio Nouel V.

Venezuela sigue en boca de medio mundo.  Salimos en los principales medios a diario, y  no siempre como para sentirse orgulloso.

Su crisis no es ajena a ningún foro internacional; incluso el G7, reunión de los países más poderosos del planeta, se ha referido a nosotros, lo que no es poca cosa.

Presidentes y ex presidentes, políticos, artistas, escritores y deportistas se han pronunciado de cara al drama venezolano, manifestando su preocupación por lo que nos está sucediendo o pudiera suceder, de continuar agravándose la situación. Hasta en la campaña electoral española, es asunto de debate.

En nuestro hemisferio, en la OEA, Mercosur y Unasur, se cocinan iniciativas que persiguen solventar tan grave asunto antes de que la sangre llegue al rio. Se mencionan la activación de la Carta Democrática o de los Protocolos de Ushuaia, o los intentos por iniciar un diálogo/negociación entre las dos fuerzas enfrentadas.

En varios tableros se juega la suerte del país. Y en todos ellos las fuerzas democráticas están obligadas a actuar, no sólo por necesidad, también porque conviene. De ninguna cancha debemos estar fuera. Todo espacio hay que asumirlo sin complejos, sobre todo porque las circunstancias cambiaron, a pesar de que algunos no se han percatado de ello.

UNASUR y Mercosur no son más los cotos exclusivos en los que Chávez, Lula, Rousseff, Mujica y Kirchner, hasta hace poco, hacían lo que querían. Esas instancias están trastocadas, volteadas, y ahora abiertas a la consolidación de la democracia y la paz en el Hemisferio. El populismo y el autoritarismo, por ahora, están de retirada, y eso es una buena noticia.

Ambas organizaciones están en otra tesitura. Los gobernantes de dos países grandes como Brasil y Argentina son expresión de orientaciones políticas y económicas contrarias a las que predominaban. Los de Uruguay y Paraguay  andan en esa misma dirección. Chile, Perú y Colombia también.

Si sacamos una pequeña cuenta, de los 12 países de UNASUR, al menos 9 no van a consentir un disparate contra la mayoría de los venezolanos, a pesar de que en la Secretaria General del organismo esté un amigo del gobierno militarista de Maduro, el inefable Samper.

La mayoría en MERCOSUR está en contra de la deriva antidemocrática y enloquecida del gobierno venezolano.

¿Por qué entonces temer a reunirse con los ex presidentes Zapatero, Fernández y Torrijos?

Estos pueden hacer o deshacer o proponer lo que deseen, pero no tienen la última palabra. Primero, sus gestiones y resultados al interior de UNASUR deben pasar por la aprobación de sus miembros, cuya mayoría sabemos cuál es.  Segundo, la oposición democrática venezolana, que tiene claro lo que quiere, deberá aceptar o no lo propuesto.

Y ni hablar de lo que pudiera pasar en Mercosur.

Por otro lado, en la OEA, los vientos también son otros. Sin embargo, allí el asunto es más complicado, son 34 los países, y se mezclan otros temas, crematísticos unos, diplomáticos otros.

Lo importante, y esto es un triunfo indiscutible para las fuerzas democráticas venezolanas, es que el Secretario General de esa organización, Luis Almagro, ha tomado el toro del autoritarismo venezolano por los cachos, y valientemente, se ha enfrentado a los desmanes de ese gobierno, llamando las cosas por su nombre, fundamentado en la normativa internacional vigente y en valores y principios políticos y morales universales.

Se habla que allí estaría enrarecido el ambiente, aunque, desde mi modesta opinión, los demócratas venezolanos ya ganamos por el solo hecho de que nuestra situación esté siendo considerada, cosa impensable años atrás.

La correlación de fuerzas en la OEA, como en Suramérica, no es la de la anterior década. No sabemos qué puede suceder en términos de decisiones formales o sobre la aplicación de la Carta Democrática. Es el organismo máximo hemisférico y a él, sobre todo, corresponde un pronunciamiento sobre la crisis venezolana, cuyas evidencias contundentes las puso Almagro sobre la mesa.

Ya tiene en sus manos un Informe amplio, profundo y objetivo sobre el asunto -el de Almagro- para comenzar a evaluar nuestra tragedia, en proceso de agudización, de no adoptarse posiciones urgentes. Sería imperdonable que la institución no lo considerara a la brevedad. Tiene una enorme responsabilidad. La asumió decorosamente su Secretario General, jugándose el cargo y su reelección. Para mí, quemó sus naves como el conquistador aquel, pero ganó en grandeza política y moral. Estoy seguro que la vida se lo compensará, y con creces.

Se ha iniciado, pues, una nueva fase  promisoria de la lucha por recuperar la libertad en Venezuela. Lo determinante es que los venezolanos, en el marco de ese entorno internacional que hoy no es favorable, enfrentemos unidos los desafíos políticos. Mientras el gobierno da múltiples traspiés en la ONU, OEA o UNASUR, comportándose como un bellaco,  al margen de las formas diplomáticas, de la Ley y de la decencia, la oposición debe perseverar en su conducta sobria e inteligente.

Sin miedo, juguemos en todos los espacios, y si lo hacemos bien, la recompensa no tardará en llegar. La veo cada día más cerca.

EMILIO NOUEL V.

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Los rojos: aislados y al descubierto

Trino Márquez

El comunicado elaborado por Luis Almagro para justificar la convocatoria a la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, representa una detallada radiografía de la crisis global que vive Venezuela. En 132 páginas Almagro explica las características del colapso que estremece al país en el orden político, institucional, económico y social. Por primera vez un Secretario General de ese organismo multilateral, creado en 1948, toma la decisión de iniciar los trámites que conduzcan a las sanciones políticas y morales contempladas en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001, luego de un amplio conjunto de acuerdos previos.

En la Carta, los países signatarios se comprometen a desterrar del continente las dictaduras militares, los cuartelazos y todas las formas de autoritarismo o autocracia que quebranten los principios republicanos asociados con la legitimidad de origen de los gobiernos fundada en el sufragio universal en elecciones trasparentes y equilibradas, la autonomía, equilibrio y cooperación entre los Poderes Públicos, el respeto a las libertades políticas, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, el libre albedrío, la prohibición de apresar a una persona por sus ideales políticos, entre otras conquistas civilizatorias que forman parte del desarrollo  de la Humanidad.

        Con la CDI las naciones de la región dieron un salto gigantesco hacia la civilidad, convirtiendo a la OEA en una instancia al servicio del desarrollo económico en un ambiente signado por la libertad y la democracia. Hugo Chávez suscribió la Carta y luego la invocó en un par de oportunidades: cuando su amigote Manuel Zelaya fue eyectado del poder en 2008, por pretender reelegirse violando la Constitución hondureña; y cuando Fernando Lugo, entonces presidente de Paraguay, fue sometido a juicio político por el Congreso, instancia que lo destituyó. En ambas ocasiones, Chávez se convirtió en un acusador implacable. Blandiendo la CDI exigió la expulsión del sistema interamericano de los gobiernos surgidos con esas crisis.

        Ahora el cuadro se invirtió. El gobierno de Nicolás Maduro ha cometido una larga lista de atropellos contra la Carta Magna. Además de los aspectos señalados por Luis Almagro, esas violaciones han sido ampliamente documentadas por los constitucionalistas más importantes del país. Allan Brewer-Carías, Asdrúbal Aguiar, Juan Manuel Raffalli, Luis A. Herrera entro otros abogados, han levantando un enorme expediente de esas violaciones, impunes porque el TSJ, de modo especial la Sala Constitucional, han actuado como cómplices del Presidente para convertir la Constitución en polvo cósmico. Las trasgresiones se han convertido en rutinarias desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.

Razones para invocar la aplicación de la CDI sobran. Los juristas las han argumentado con argumentos irrebatibles. El mismo gobierno de Maduro ha dado pruebas que la justifican. Basta leer los “considerando” del último Decreto de Emergencia Económica para determinar que en Venezuela se rompió el hilo constitucional y hay que restablecerlo lo más pronto posible. Almagro fue electo Secretario General para velar por el cumplimiento de la CDI. Es lo que está haciendo.

La discusión en la OEA recoloca la atención de la comunidad internacional sobre Venezuela. La crisis sistémica que vive la nación vuelve a ser uno de los temas de la agenda global. La camarilla que rodea a Maduro no saldrá bien librada ni siquiera en el caso de que no se consigan los 24 votos necesarios para aplicar las sanciones políticas y morales contempladas en la CDI. Ahora el mundo refrescará en su memoria que en Venezuela el Poder Legislativo es pisoteado por un Presidente de la República con talante dictatorial, que los parlamentarios representantes de 60% del electorado son amenazados con prisión, que Leopoldo López, Antonio Ledezma y Manuel Rosales, junto a muchos otros políticos, se encuentran secuestrados o exiliados. Recordará que la gente se muere por falta de medicinas porque el Gobierno no acepta la ayuda humanitaria internacional y que la escasez de alimentos se debe a la aplicación de una política absurda basada en la destrucción del aparato productivo nacional.

A Maduro le será más difícil eludir el revocatorio en 2016. Todos los gobiernos, incluidos los que se alíen con él en la votación, sabrán que la consulta popular constituye el único camino para evitar que la violencia se desborde. La presión internacional se elevará. La dictadura roja está cada más aislada y al descubierto.

@trinomarquezc

          

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El saqueo como realidad y representación

                 IBSEN MARTINEZ

“El saqueo es mi representación”. Aun sin haber leído a Schopenhauer, tal podría ser el lema que guía a ese venezolano arquetípicamente vestido con bermudas, calzado con chanclas de goma, el torso desnudo y gorra de béisbol que, enterado de que un camión de 22 ruedas que transporta un container de harina de maíz precocida ha volcado en una zanja cercana a su caserío, se lanza a la carretera jurando no regresar al bohío sin algo que poner al fuego.

Advierto, por cierto, algunas diferencias entre la actual epidemia de saqueos de baja, mediana y altísima intensidad que hoy azota a Venezuela, y los sangrientos motines y masivos pillajes que, en tres días de febrero de 1989, estremecieron Caracas y su extrarradio, dejando un saldo de 300 muertos y que convinimos todos en recordar como El Caracazo.

En aquella ocasión, las decapitaciones y los cercenamientos fueron cosa común durante las primeras horas de conmoción. Un rezagado llegaba a la carrera con ánimo de entrar a la brava al supermercado. Se liaba a puñetazos con la brigada de espontáneos controladores de tráfico que lo retenían en el umbral de la puerta de vidrio que acababan de romper. El tumulto no le permitía entrar al rezagado, pero tampoco recular del todo.

Entonces, una estalactita de vidrio pretensado, hasta ese momento imperceptible y oscilante en lo más alto, se precipitaba sobe el infeliz que se batía con el villanaje saqueador justo en el instante en que, por proteger la cara entre los brazos, bajaba la cabeza y ofrecía limpiamente el cogote al astillón que lo guillotinaba.

Pero este tipo de ocurrencia fue, como decía, cosa de las primeras horas del Caracazo. La mayoría de los muertos fue abatida durante la noche por ráfagas de fusil de asalto que atravesaron la mampostería las planchas de zinc, las láminas de cartón y el maderamen vencido de las favelas caraqueñas que cubren los cerros circundantes: el Ejército había salido a la calle a “restablecer” el orden del único modo que saben hacerlo los militares. Eso fue hace ya 27 años; no se contaba con la telefonía celular ni las redes sociales. Ni con el cleptochavismo.

Hoy, Venezuela registra diariamente un aumento en la cadencia con que se suceden saqueos, aun en presencia de la Guardia Nacional. Hay método en el pillaje: información privilegiada de dónde, cuándo y qué producto de primera necesidad ha llegado al automercado o al almacén. Quienes alientan y dirigen profesionalmente los saqueos no necesariamente compiten con los revendedores chavistas llamados bachaqueros; ambas corporaciones cuentan con la aquiescencia gubernamental.

Ocurre, ciertamente, el “saqueo aleatorio”, como ese del camión de cerveza o arroz que se accidenta cerca de una villa miseria cuya desdentada población se precipita a vaciar el vehículo. Pero la norma es que el nivel de organización alcanzado ya por el paramilitarismo chavista impregne el oficio de saquear.
Cifras: el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, informa de que, entre enero y febrero de 2016 se documentaron 64 saqueos o intentos de saqueo. El 81% de los hechos fue en contra de transportes de alimentos o bebidas, mientras cubrían sus rutas de distribución. El 19% restante fue contra centros de expendio de alimentos, depósitos y otras instalaciones. Como en el resto de la actividad criminal —homicidios, asaltos, secuestros—, la impunidad es del 99%.
La cúpula “cívico-militar” y sus boliburgueses han saqueado durante 17 años miles de millones de dólares. ¿Podía evitarse que cundiera el ejemplo? Tal y como afirmaba en el siglo pasado José Ignacio Cabrujas, insuperable satírico: “Venezuela es un botín”.
@ibsenmartinez
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EL TRONCO COMÚN

FRANCESC DE CARRERAS

Los enfrentamientos entre políticos y entre partidos políticos nos hacen creer, a veces, que el mundo se divide en dos bloques antagónicos sin posibilidad alguna de entenderse. La realidad es distinta: los últimos siglos muestran que el mundo moderno solo es comprensible si vemos que muchas de estas disputas suelen darse dentro de un tronco cultural común. No es fácil resumir, en un breve artículo, los elementos esenciales de ese tronco, pero tampoco es imposible. Lo intentaremos, discúlpenme la simplificación.

Un primer elemento lo podemos situar en los orígenes de nuestra cultura: la antigüedad clásica griega y romana. Ahí encontramos los principales instrumentos que hoy utilizamos para comprender el mundo (la filosofía y la ciencia) y para ordenarlo conforme a una jerarquía de valores (la ética, el derecho y la política). Antes todo era magia. Pero estas enseñanzas se medio olvidaron durante los siglos siguientes: al poder establecido no le interesaba el saber sino la ignorancia.

Pero al fin, imprenta mediante, lo antiguo volvió a aflorar con fuerza: ya estamos en el Renacimiento. El Discurso de la dignidad del hombre, de Pico della Mirandola, es una pieza filosófica que expresa con claridad la ruptura con la antigua tradición medieval: Dios, a diferencia de los demás seres de la naturaleza, ha creado al hombre y le ha dotado de libertad. Y así le habla Dios al hombre: “Tú, que no estás constreñido por límite alguno, determinarás por ti mismo los límites de tu naturaleza, según tu libre albedrío, en cuyas manos te he confiado. Te he colocado en el centro del mundo para que desde allí puedas examinar con mayor comodidad que hay a tu alrededor, que hay en el mundo”. El hombre ya era libre y estaba dotado de la facultad de descubrirse a sí mismo y descubrir lo que había a su alrededor. Estamos a fines del siglo XV y se abría un vasto territorio a explorar.

En los dos siglos siguientes, algunos escritores y filósofos (Erasmo, Maquiavelo, Montaigne, Bodino) sentaron las bases de las ideas de secularización y de tolerancia, y los matemáticos y físicos (Copérnico, Galileo, Newton, Descartes) dieron un giro decisivo al concepto de ciencia, una nueva forma de saber, un método para conocer el mundo basado en la razón y la experiencia. El hombre ya era libre en abstracto, le faltaba ser libre en sociedad.

Fueron los ingleses Hobbes y Locke, ambos científicos y filósofos, los que iniciaron el nuevo camino hacia la libertad política. Sentaron un dogma: en un hipotético estado de naturaleza —un supuesto lógico, no histórico— los hombres eran en teoría libres, iguales y racionales. En la práctica, sin embargo, no eran libres porque entraban en conflicto unos con otros y siempre ganaba el más fuerte, el más violento. La razón les inclinaba a remediar la situación y para ello era necesario crear un poder supremo, un Estado, que estableciera un orden.

Sobre esta premisa, Locke trazará el esquema básico de lo que será el orden liberal y democrático. Mediante un hipotético contrato acordado entre todos los hombres —de hecho, una Constitución— se crea un Estado como poder supremo que se compromete a un único fin: asegurar que la libertad de la que disfrutaban todos en el estado de naturaleza seguirá, perfeccionada, en el nuevo Estado, si los hombres le ceden el monopolio de la violencia, es decir, el poder de aprobar y aplicar las leyes. Estas leyes únicamente estarán justificadas cuando su finalidad sea impedir que el ejercicio de la libertad por parte de uno vulnere la libertad de los demás. Para ello, el poder político deberá dividirse —en legislativo y ejecutivo— y las leyes serán elaboradas y aprobadas por asambleas representativas elegidas por los ciudadanos.

Los rasgos esenciales del actual modelo de Estado democrático de derecho ya estaban configurados: leyes democráticas, garantía de las libertades individuales, separación de poderes. Racionalismo ilustrado y liberalismo político: este es el tronco común que hoy nos une. Un Estado limitado a garantizar que los hombres ejerzan en iguales condiciones su libertad —es decir, sus derechos— sin vulnerar la libertad de los demás. Faltaba, naturalmente, desarrollar el modelo. No fue sencillo ni rápido. Aún estamos en ello.

Entre quienes han permanecido dentro de este tronco común ha habido numerosas diferencias, las que separan a los progresistas de los conservadores, los primeros partidarios de aumentar el grado de libertad y de igualdad, los segundos de frenarlo y restringirlo. Quizás el cambio principal fue el paso de los derechos individuales a los sociales, la idea de que la simple libertad individual no producía, por razones económicas, una sociedad igual: el Estado debía intervenir, no solo limitarse a garantizar, para que hubiera crecimiento y bienestar. El empuje principal en esta dirección fue de los socialistas, aunque también determinados liberales, como Stuart Mill, lo propiciaron.

Tras luchas sociales y políticas, así como debates teóricos, a lo largo de los siglos XIX y XX, la idea de que las libertades son compatibles con la justicia y la igualdad social es hoy ampliamente compartida. Es la idea de Estado social que complementa al Estado democrático de derecho. A veces se olvida que Keynes o Beveridge eran del partido liberal británico o que los comunistas italianos, con Togliatti a la cabeza, aceptaron la economía de mercado. Asimismo, Boyer o Solchaga, ministros de Felipe González, introdujeron reformas liberales en economía, como hacen ahora en Francia Manuel Valls y el ministro Macron.

Ahora bien, no todos han confluido en este tronco común occidental. Hubo desvíos y muy notorios. Movimientos antiliberales (como los carlistas en España o el fascismo italiano), corrientes románticas e historicistas fuertemente nacionalistas (como Action Française en Francia), regímenes contrarios al mercado y a las libertades (como el comunismo soviético) o irracionalistas (como el nazismo), se han situado al margen de este tronco común, se han apartado de la Ilustración, han prescindido de la razón, han basado sus ideas en los sentimientos y las emociones.

Peligroso camino. En España, tras las elecciones, se tendrá que pactar, esta vez sin excusas. Pueden pactar todas aquellas fuerzas políticas cuyas ideas se sitúen dentro de este tronco común. Sin miedo, sin complejos, con seguridad. Lo peligroso sería desviarse, aventurarse, prescindir de la realidad, dejarse seducir por la magia, por las falsas ilusiones. Y todo ello por llegar al Gobierno, por un plato de lentejas.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

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Para qué sirve la democracia

Adela Cortina

El País

Desde que en los años 2007 y 2008 empezamos a tomar conciencia de la crisis, la insatisfacción con la situación económica de nuestro país se convirtió en indignación, con motivos más que sobrados, que existían en realidad desde mucho antes. Las voces de la indignación no exigían otro régimen político, distinto a la democracia, sino todo lo contrario: pedían su realización auténtica. Nadie sugería que imagináramos otra forma de gobierno, como podría ser un despotismo ilustrado, empeñado en dar al pueblo lo que supuestamente necesita, aunque no lo sepa, sino una democracia radical.

Se habló entonces de falta de legitimidad de la política, pero equivocadamente, porque los representantes y las instituciones eran legítimos, como lo son ahora. Lo que había sufrido un serio desgaste era la credibilidad de unos y otras, lo cual no es determinante desde el punto de vista legal, pero resulta gravísimo para la vida cotidiana, porque sin confianza no funciona la democracia.

Los episodios nacionales que empezaron el 20-D no han hecho sino iniciar una nueva etapa, la del aburrimiento, la sensación de que todo está dicho y oído, la resignación ante las nuevas actuaciones y sobreactuaciones. Nos preparamos otra vez para asistir al espectáculo de las descalificaciones mutuas, los pactos en pro del puro número, el juego de los sillones, las declaraciones panfletarias o insustanciales. ¿Pero es esto la democracia? ¿Es para esto para lo que sirve?

Según dicen los textos del ramo, una sociedad democrática tiene como punto de partida la existencia en ella de desacuerdos, y parte de su tarea consiste en generar acuerdos, porque son los miembros de esa sociedad los que tienen que resolver sus problemas conjuntamente y no puede haber exclusiones. Las sociedades democráticas tienen que ser de alguna manera un sistema de cooperación.

En las totalitarias y dictatoriales, el supuesto acuerdo se impone oficialmente, y la tarea política se reduce a clausurar medios de comunicación molestos, a silenciar a los disidentes con la cárcel, el asesinato y otros medios persuasivos. Pero en las democracias este modo de proceder está desautorizado de raíz, precisamente porque los destinatarios de las leyes, los ciudadanos, tienen que ser de alguna manera sus autores, y son ellos los que tienen que encontrar los puntos comunes, directamente o a través de representantes. Para lograrlo hay en realidad tres caminos.

No existe la Verdad en política. Existe la búsqueda conjunta de lo justo y lo conveniente

Uno de ellos consiste en agudizar los desacuerdos de los que se parte, convirtiéndolos en conflictos que instauran la política amigo-enemigo, hasta asaltar los cielos y desde ellos forzar la supuesta utopía del mundo nuevo. Hace unos días, en un encuentro sobre temas políticos, uno de los intervinientes aseguró que en nuestro país la verdad ha sido secuestrada y eliminada en los últimos tiempos, y recurrió como colofón al bello proverbio de Antonio Machado: “¿Tu verdad? No, la Verdad, y ven conmigo a buscarla; la tuya, guárdatela”. Con lo que venía a decir que en el mundo político existe la Verdad, que en él tratamos de lo verdadero y lo falso, afirmación peligrosa si las hay porque, si es así, quienes encuentren la verdad se sienten obligados a imponerla. Como decían los viejos inquisidores, no se puede dar las mismas oportunidades a la verdad que al error. De donde se sigue que la defensa del pluralismo y la tolerancia serían papel mojado.

Pero sucede que las cuestiones políticas no se miden por parámetros de verdad y falsedad. Eso ocurre en las ciencias, que deben comprobar si sus afirmaciones se dejan validar por la realidad. En el ámbito político hablamos de legitimidad de las instituciones y de justicia de las normas. Y las decisiones acerca de lo justo y lo injusto requieren el uso público de la razón desde el respeto y la tolerancia. No existe la Verdad en política, existe la búsqueda conjunta de lo justo y lo conveniente.

Por eso, un segundo camino para generar acuerdos consiste en agregar los intereses en conflicto de modo que se satisfagan los de la mayoría, o los de la suma mayoritaria de minorías, que es lo que hay y es donde estamos; pero necesita un norte para llegar a políticas no sólo legítimas, sino también justas. Ese norte consistiría en economizar desacuerdos, en tratar de encontrar la mayor cantidad de acuerdos posible, buscando un núcleo compartido de exigencias básicas, que una sociedad democrática del siglo XXI debería satisfacer para estar a la altura de los valores sobre los que se sustenta. Los partidos que defiendan ese núcleo deberían conjugar sus esfuerzos para convertirlo en realidad, a través de pactos; y sobre todo, a través de realizaciones.

Hay que economizar desacuerdos y esforzarse para conseguir pactos y realizaciones

Y en este sentido, de la misma manera que Tocqueville viajó a América para descubrir por qué allí la democracia funcionaba mejor que en Francia y para aprender de sus mejores usos, convendría ahora dirigir la mirada hacia los países ejemplares en el quehacer democrático, hacia los que pueden servir de referentes. Según el índice de democracia, elaborado por la unidad de Inteligencia de The Economist, que pretende determinar el rango de democracia de 167 países, en los últimos años son países escandinavos los que figuran a la cabeza de la clasificación, especialmente Noruega. ¿Las razones de esa buena situación? Fundamentalmente, unas instituciones públicas sólidas, una cultura basada en la confianza, baja desigualdad, buenos servicios públicos financiados con impuestos, un sistema de bienestar social que nivela desigualdades, y un índice elevado de participación política. Resulta interesante comprobar que Suiza, dotada de estructuras sumamente participativas, no encabeza el índice de consolidación democrática, entre otras cosas porque los resultados de las consultas populares en ocasiones son antidemocráticos.

Este es el sueño europeo de la socialdemocracia, que en España está en franco retroceso por el empobrecimiento de parte de la población, que ha reducido las clases medias en 3,5 millones de personas, según datos del estudio que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación del BBVA han dado a conocer. Lo cual es malo por sí mismo, pero también porque el funcionamiento de la democracia exige igualación. Si a esto se añade que el núcleo de la socialdemocracia no es para España y para la Unión Europea un simple sueño, sino un compromiso, encarnarlo en la vida política es lo que nos corresponde.

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y directora de la Fundación ÉTNOR.

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Sistema de cambio complementario      

PEDRO PALMA

EL NACIONAL

En recientes declaraciones, el ministro Pérez Abad informó que el gobierno está próximo a poner en marcha un nuevo sistema de cambio complementario, en el que la tasa de cambio, Dicom, responderá a las realidades del mercado, buscando con ello captar, administrar y colocar divisas en sectores clave que permitan estimular las exportaciones y sustituir las importaciones. ¿Significa esto la eliminación del control cambiario y la migración a un sistema de libre convertibilidad? Definitivamente, no.

Lo que se pretende es sustituir el Sistema Marginal de Divisas, Simadi, cuya tasa ha experimentado un notable incremento, por otro, también controlado, pero en el que el tipo de cambio sea fluctuante y responda a las fuerzas del mercado, permitiendo que Pdvsa y otras empresas públicas, así como exportadores privados e individuos puedan vender divisas a esa tasa. Con ello se buscaría, entre otras cosas, mejorar la precaria situación financiera de la petrolera, flexibilizar el acceso a las divisas controladas, pero a un precio más realista, y estimular las exportaciones. Sin embargo, seguirá vigente el sistema protegido de cambio con una tasa preferencial Dipro, que hoy sigue anclada en el absurdo nivel de diez bolívares por dólar. Este se aplicará a las importaciones esenciales, a los pagos de pensionados en el exterior y a otras operaciones marginales, así como a las divisas requeridas por el sector público para el servicio de deuda externa, viáticos de funcionarios, seguridad, defensa nacional y otros pagos foráneos. Este último sistema será alimentado con divisas de Pdvsa, que seguirán siendo vendidas al BCV a la tasa preferencial.

Comentó Pérez Abad que el comportamiento reciente de la tasa Simadi había frenado el avance del dólar negro, cuyo precio había retrocedido en las últimas semanas. De allí que sea válido que nos preguntemos si el funcionamiento del nuevo sistema complementario podrá lograr que el tipo de cambio paralelo siga bajando, cerrando la brecha entre ambas tasas. Eso dependerá en buena medida de la transparencia con que funcione el nuevo sistema, lográndose que la oferta y la demanda de divisas en ese mercado tiendan a equipararse, pues solo así se limitaría la necesidad de acudir al mercado paralelo para comprar moneda extranjera. La oferta dependerá de la cantidad de dólares que podrá vender Pdvsa, y de la disposición de los tenedores privados de divisas, los exportadores entre ellos, de ofrecerlas al tipo de cambio Dicom. La demanda, por su parte, estará estrechamente vinculada a la cantidad de dinero que se pueda canalizar hacia la compra de divisas, por lo que es fundamental restringir la oferta monetaria, para lo cual es indispensable aplicar medidas correctivas al enorme desequilibrio fiscal y suprimir el financiamiento de gasto público deficitario por parte del BCV, es decir, imponer disciplina fiscal y monetaria. Adicionalmente, es necesario minimizar las limitaciones a la adquisición de divisas en el mercado complementario y, simultáneamente, legalizar el mercado paralelo.

El gobierno tiene la esperanza de que la nueva tasa cambiaria fomente las exportaciones, pero ello solo se logrará si los productores locales pueden incrementar su producción, para lo cual tienen que contar con los insumos importados que requieren, es decir, deberán tener acceso a los dólares que se necesitan para realizar esas compras foráneas. Adicionalmente, se tienen que flexibilizar los controles de precios, reconociendo los mayores costos generados por el encarecimiento de la divisa y por la inflación, pues de lo contrario no habrá incremento de la producción que permita aumentar las exportaciones y sustituir importaciones.

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