martes, 2 de mayo de 2017

Nicolás Maduro convoca a los estados generales; por Tomás Straka
Por Tomás Straka | 2 de mayo, 2017

Convocar una constituyente para controlar el poder, todo el poder: pocas tradiciones han tenido tanta persistencia en la historia venezolana.   El anuncio de Nicolás Maduro el 1ro. de Mayo convocando otra Asamblea Constituyente parece insertarse dentro de esta línea; pero el modo en el que la concibe, cuya naturaleza última aún está por verse, sí plantea un cambio de grandes envergaduras para los venezolanos.  Uno que puede significar la pérdida misma de la república, al menos como hemos venido concibiéndola desde 1811.
Las más de veinte constituciones y la media docena de constituyentes que llevamos en doscientos años de vida republicana reflejan, antes que nada, nuestras dificultades para hacer efectivo un ordenamiento legal e institucional.  En los ciclos de inestabilidad que vivimos, los caudillos impulsaron la redacción de textos constitucionales (o la reforma de los existentes) para darle un barniz de legalidad a sus regímenes.  Pero todas estas constituyentes espetaron las formas básicas de la representatividad republicana y democrática.  Aun cuando se cometieran fraudes (bien en las urnas, o bien impidiendo a los opositores participar), el principio de que la soberanía reside en el pueblo, como comunidad de hombres (y a partir de 1946, también  de mujeres) libres que se expresan a través del voto, no era discutido.  Esta idea moderna de representatividad es lo que, hasta donde sabemos hasta el momento, cambiaría con la convocatoria que ha hecho Maduro el pasado 1° de mayo.  Aunque aún quedan muchos detalles por definir, su proyecto parece estar a medio camino entre un congreso de soviets (eso más o menos son los Consejos Comunales) y las cortes y los parlamentos anteriores a la Revolución Francesa a los que asistían representantes de corporaciones (el clero, la nobleza, portavoces de municipios), no de las personas de una circunscripción.  Si algo revolucionario se hizo en Venezuela durante la independencia, fue el Reglamento Electoral de 1810, que pasó de la vieja representación corporativa a la de los ciudadanos en su conjunto.
Es algo que no discutió ni Juan Vicente Gómez, que hizo redactarse siete constituciones como trajes a la medida, cada una de las cuales era un ajuste a sus necesidades del momento para mantenerse en el poder.  Cuando un caudillo triunfaba en una guerra civil del siglo XIX, generalmente decía que estaba encabezando una “revolución”.  A veces, como en el caso de Antonio Guzmán Blanco, eso era parcialmente cierto; pero en general se trataba de un simple asalto de macheteros al poder.   No obstante, hasta ellos consideraron las formas importantes.  Por lo general siguieron este guión: una vez tomado el poder por las armas, convocaban a una constituyente que por casualidad siempre quedaba en manos de sus seguidores.  Esta promulgaba constituciones que no pocas veces representaron avances, pero que en la práctica  no hacía más que cumplir con dos objetivos: derogar “legalmente” todos los poderes constituidos, para que el caudillo los reorganizara sin problemas; y convocaba a elecciones en las que, de nuevo, siempre ganaba el caudillo.
Así fue con las constituyentes de 1892 y 1901; y lo fue con el Congreso de Plenipotenciarios de 1870, que respectivamente fueron convocados por los caudillos triunfantes Joaquín Crespo, Cipriano Castro y Guzmán Blanco.  En alguna medida fue lo que pasó con la Constituyente de 1864, venida de la mano con la victoria de las armas federales; aunque en este caso las evidencias indican un triunfo electoral legítimo en los comicios convocados por los triunfadores.  Y fue lo que hicieron los militares, después de dar dos golpes, con la Constituyente de 1953.  Si bien a la Constituyente de 1946  la convocó un gobierno nacido de una insurrección, el hecho de que fuera electa con voto universal, dando un salto enorme hacia la democratización, la sustrae de este grupo.  Algo similar pasó con la de 1999, que en su origen fue básicamente democrática, más allá de que la función instrumental que tenía para sus promotores quedara demostrada cuando quisieron reformarla tan pronto les hizo falta, así como ahora lo quiere hacer Maduro.   Pero con él, se ha anunciado un cambio importante.
Ya varios juristas han expresado sus opiniones sobre la forma en que esto violenta los principios de la Constitución de 1999.  Por su parte, los analistas políticos han identificado los posibles objetivos extra-jurídicos de esta propuesta: anular los poderes (la molesta Asamblea, que no pudo ser suprimida por la sentencia 156; la aún más molesta Fiscal); sacar del juego a los partidos políticos que están teniendo éxito enfrentando al gobierno; garantizar al menos la mitad de los curules, proveídos a miembros de organizaciones, dominadas por el gobierno; y ganar tiempo no sólo para llegar a 2018, sino incluso un poco más allá.  A lo mejor, además, Maduro esperaba que esto calmara las protestas y le lavara la cara internacionalmente (al cabo, ha convocado a algún  tipo de elección…); dos cosas que no han ocurrido. Por último, en el plan está dar el “gran salto adelante” hacia un socialismo de tipo autoritario, que por la resistencia de la sociedad la Revolución Bolivariana no ha logrado en ya diez años de intentos.   Como no hay modo de que Maduro alcance todo esto con el apoyo popular, que no tiene; ni tampoco posee los márgenes de acción, nacional e internacional, de Gómez o Pérez Jiménez para burlar las leyes republicanas, aun proclamando lo contrario; optó por acabar con la república.  Es decir, la república tal como ha venido existiendo desde la Independencia.
Maduro está convocando a algo así como los Estados Generales, ese parlamento francés anterior a la Revolución al que acudían representantes de los diversos sectores y ciudades.  Como Luis XVI, una enorme crisis lo obliga a hacerlo, y acaso como el malhadado Borbón, cree que de la reunión saldrá fortalecido.  No sabemos si los paralelismos terminarán allí.  Lo que sí puede verse es una innovación grande dentro de una vieja tradición de los autócratas venezolanos, subiendo la apuesta hasta donde ninguno antes se había atrevido.   Ya veremos cómo responde a esto la sociedad.

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La razón oculta de la represión

ANGEL OROPEZA

En estos días de salvaje represión y barbarie oficialista, que han causado dolor y luto en numerosos hogares de nuestro país, mucha gente se pregunta a qué se debe tanta impiedad e insensibilidad humanas, que ya se igualan con las prácticas más aberrantes del gorilismo militarista suramericano. Pues bien, sirvan dos ejemplos, como muestra, para ilustrar por qué de tanta saña.
Hoy en Venezuela estamos siendo testigos de un extraño fenómeno macroeconómico, y es la coexistencia de recesión con concentración del ingreso. Esta insólita presencia de aumento de la desigualdad social a medida que la economía del país decrece se explica solamente por el acceso diferencial y discriminatorio a los dólares baratos que permite el control de cambio. En la actualidad, 10% más rico del país se queda con el 32,2% del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre tiene que conformarse y subsistir con apenas 13%.
El estadístico italiano Corrado Gini desarrolló un método para medir la desigualdad económica, y es lo que se conoce como el “coeficiente de Gini”. Este índice es un número entre 0 y 1; 0 expresa la igualdad total y 1 la máxima desigualdad. Pues bien, para 2016 el índice de Gini venezolano se ubica en un altísimo 0.44, el más elevado registrado en los últimos 20 años, y ha venido creciendo sostenidamente desde 2014.
En otras palabras, en nuestro país hay un grupo que se está enriqueciendo –a paso de vencedores– a costa del empobrecimiento de la mayoría de los venezolanos. Nuestra dictadura no solo es masivamente empobrecedora sino estructuralmente injusta. Además de cruel máquina de pobres, es un instrumento de generación acelerada de injusticia y desigualdad. Y la base de esta diabólica dinámica está en que hay un pequeño grupo que vive con dólares a los cuales puede acceder y negociar, y un inmenso país que sobrevive con bolívares cada vez más devaluados e inútiles. Este lucrativo negocio debe ser resguardado y protegido, y por ello hay que reprimir con furia a quienes claman por un orden distinto.
Un segundo ejemplo tiene que ver con el negocio de las llamadas “bolsas CLAP”. Las CLAP son un mecanismo de entregar limosnas a la población a cambio del enriquecimiento grosero de algunos privilegiados. Estas cajas, contentivas de productos importados, tienen un costo de aproximadamente 14 dólares en los países donde se compra. Si le agregamos costos de embalaje, transporte y otros, este costo pudiera llegar, digamos, a 20 dólares. Los dólares para comprar estos productos se adquieren al cambio preferencial de 10 bolívares por dólar. En otras palabras, el costo para el gobierno de estas cajas de limosna es de aproximadamente 200 bolívares. Sin embargo, se las vende a un pueblo necesitado y pobre al escandaloso precio de 14.000 bolívares. ¿Quiénes son los corruptos que tienen acceso a este multimillonario negocio que consiste en enriquecerse obscenamente aprovechando el hambre y la necesidad de los venezolanos? Esta criminal corrupción solamente se explica por la existencia de mafias de poder en el alto gobierno, para quienes todo el que aspire a un cambio de esta situación es una amenaza a su lucrativo negocio, y debe ser sometido por la fuerza bruta.
En la historia de los países hay ejemplos de represiones que, aunque siempre injustificables, se llevan a cabo por razones políticas, ideológicas, religiosas o étnicas. Pero la brutal y salvaje violencia de las fuerzas represivas de la dictadura madurocabellista se hace por la más innoble de las razones: por salvaguardar un negocio.
En otras oportunidades hemos afirmado que para la clase política gobernante, Venezuela no es un país sino un botín. Por eso esta dictadura, en esencia, es un maloliente negocio. La represión que ha teñido de sangre los hogares de nuestros hermanos es la consecuencia de la crueldad y mal corazón de la putrefacta oligarquía roja. La misma que no le importa causar sufrimiento o generar dolor, si esa es la forma de mantener sus puestos, su corrupción y sus fortunas.

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Populismos buenos y populismos malos

DANIEL INNERARITY

EL PAÍS

En tiempos de incertidumbre, establecer alguna distinción nítida ofrece más ventajas psicológicas que políticas. Reconforta saberse en el lado bueno de la historia y, sobre todo, tener alguien sobre el que desplegar toda la ira (aunque la designación del destinatario no sea del todo acertada y nosotros mismos tengamos algunos reproches que hacernos a nosotros mismos). Esta función de antagonismo consolador la ejercen contraposiciones del estilo de la casta y la gente, el pueblo y el sistema, la trama y los inocentes, el establishment y la periferia, perdedores y ganadores de la crisis, aparatos y bases. Cada una de ellas aporta un matiz a la descripción del combate, todas tienen sus buenas razones, pero también un elemento de debilidad y paradoja, e incluso pueden representar algún peligro amenazante para esa democracia en la que dicen querer profundizar.
Para apaciguar ese temor hay quien ha recurrido a introducir otra entre buenos y malos populismos (lo cual plantea la paradoja de que ya no estaríamos ante una distinción tan rotunda sino un curioso menage à trois que debería obligarnos a disquisiciones más sutiles, que una campaña electoral por supuesto no permite). Además de los malos per se, habría populismos buenos y populismos malos. No han faltado analistas o miembros de la nueva izquierda populista que han reintroducido de este modo la categoría supuestamente periclitada de derecha e izquierda. ¿En qué quedamos? ¿Se había superado la distinción entre izquierda y derecha o la mantenemos a nuestra disposición para usar de ella cuando nos convenga, como hacían otros con el “uso alternativo del derecho”?
En ciertos países, como Portugal, España o Italia, hay un populismo democratizador y progresista, mientras que en otros, como Francia, Alemania u Holanda, el populismo se ha traducido en un movimiento reaccionario. Si alguien recuerda (como Ruben Amón en estas páginas) las coincidencias entre unos y otros, provocaría que los aludidos sacaran a pasear todas sus buenas intenciones, pero el problema persiste una vez terminada la jauría digital. Pensemos en el caso de las actuales elecciones presidenciales francesas. No solo se trata de que entre los votantes de cada candidato quienes más tienen a Le Pen como su segunda mejor opción son aquellos que presuntamente menos se le parecen, los de Mélenchon; tampoco me refiero a las evidentes coincidencias programáticas (salida de la UE, posicionamiento geoestratégico, políticas sociales, soberanía nacional), sino a las similitudes de lógica política: ambos comparten una descripción antagonista del espacio político; para ambos está muy claro quién es el pueblo y quién no lo es. Y esto a mí me preocuparía incluso aunque estuviera inequívocamente del lado de los buenos.
Ciertos elitismos expulsan sitemáticamente del "nosotros"
Chantal Mouffe vino en apoyo de Jean-Luc Mélenchon durante la campaña electoral al introducir esa distinción entre el populismo de radicalización democrática y el populismo autoritario en un artículo en Le Monde. He tenido diversas ocasiones la posibilidad de discutir con Mouffe esta distinción porque me parece que no es sensible a su potencial antipluralista, como han señalado, entre otros, Pierre Rosanvallon en su magnífico libro Le peuple intruovable, Gérard Grunberg o, más extensamente, Bernard Manin en sus estudios sobre la democracia representativa. Esta estrategia es un instrumento potencial de exclusión. Quienes la utilizan están continuamente tentados de confundir al adversario político con un enemigo del pueblo. Quien dispone del arma privilegiada que identifica con precisión lo “popular”, administra al mismo tiempo la legitimidad. En la medida en que declara como adversarios del pueblo a quienes no comparten una determinada posición política es muy fácil que acaben pensando que los discrepantes no pertenecen a la comunidad política.
En cambio, el pluralismo (que podríamos adjetivar como liberal, republicano o socialdemócrata) insiste en mantener la distinción categórica entre el desacuerdo político y la no pertenencia a la comunidad. Es un principio democrático fundamental que quien discrepa sigue perteneciendo a los nuestros y tiene los mismos derechos a hacer oír su voz que si formara parte de la mayoría. Hay momentos de decisión en los que se reconfiguran minorías y mayorías, mandatos que no proceden del pueblo soberano sino del modesto recuento de votos que determina quién manda y quién debe obedecer por un tiempo, no quien forma parte o no del pueblo. Lo importante es que esta minoría es excluida de las funciones de gobierno pero no de la pertenencia a la colectividad, al pueblo. Esa posición (haber perdido pero no abandonar la comunidad) se traduce en la posibilidad siempre abierta de, bajo determinadas condiciones, revisar e incluso revocar las decisiones adoptadas, lo que viene acompañado por el derecho de la minoría a dejar de serlo en algún momento y convertirse en mayoría. Para que eso sea una posibilidad real, las minorías actuales deben disponer de los medios de supervisión, control y crítica pero, sobre todo, del derecho de no ser considerados como enemigos exteriores o adversarios del pueblo.
Este es el núcleo del debate que me interesa, de lo que resulta verdaderamente preocupante, más allá de las escaramuzas electorales del momento. Los populistas de izquierdas reiteran sus convicciones pluralistas y debemos aceptar la sinceridad de sus convicciones, lo cual es perfectamente compatible con unos conceptos y unas prácticas que las contradicen. El pluralismo es muy exigente y a ninguna mayoría triunfante le gusta que le pongan dificultades. Conocedores de esa tendencia, deberíamos abstenernos de ciertos modos de argumentar y movilizar que pueden afectar a los derechos de quienes no piensan como nosotros.
La izquierda radical dispone de términos (trama, casta) que son herramientas de exclusión masiva
Del mismo modo que ciertos elitismos expulsan sistemáticamente del “nosotros” que manda a los que cons¡deran ignorantes o el populismo de derechas tiene un concepto del nosotros nacional que excluye a casi todos los de fuera (y a buena parte de los de dentro), el populismo de izquierdas tiene a su disposición, con los términos que pone en circulación (casta, sistema, trama, élites…), de poderosos instrumentos de exclusión masiva.
Íntimamente unido al problema de excusión que lleva implícito un antagonismo así entendido, están los derivados de su simplicidad: su tendencia a ritualizar y gesticular la oposición; su preferencia por los temas de agenda política en los que las diferencias son más llamativas frente a otros con menores desacuerdos; su propensión a quedar embelesados por una cierta magia de las palabras que suele ir unida a una excesiva confianza en el poder de la escenificación; su preferencia por la rotundidad frente a los matices.
Teniendo en cuenta esta simplicidad conceptual y, sobre todo, la desconfianza que producen hacia dentro y hacia fuera, no es extraño que tengan también enormes dificultades para ponerse pactar con otros. ¿Cómo explicas a los tuyos que has acordado algo con quienes no pertenecen al pueblo y que, sin embargo, necesitas para cambiar las cosas, aunque no en la medida en que desearías? Es la paradoja de quienes desean hacerse cargo de la totalidad: que o la consiguen por procedimientos violentos (lo que no parece ser el caso) o se retiran al rincón de la minoría escogida pero improductiva, que mantiene íntegras las esencias pero no ha cambiado nada de esa realidad que tanto les indignaba.
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Su último libro es La democracia en Europa (Galaxia-Gutenberg).


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ASAMBLEA NACIONAL: EL FRAUDE DE LA 
CONSTITUYENTE  COMO EXCUSA PARA 
CONSOLIDAR EL GOLPE DE ESTADO
   
Durante un acto realizado el 1° de mayo de 2017, el Gobierno de Venezuela anunció  su   intención de convocar a una “asamblea nacional constituyente ciudadana”. Según   el anuncio, esta asamblea estaría integrada por representantes de diversas “clases”,   como los obreros, comunas, campesinos, líderes comunitarios y miembros de la  “unión cívico-militar”, de conformidad con las bases que el Gobierno aprobará para  su remisión al Consejo Nacional Electoral, cada una de esas “clases” designará  “directamente” entre sus miembros a un representante. La nueva asamblea nacional constituyente así escogída podría asumir todos los poderes del Estado.  En específico, en su anuncio el En específico, en su anunció el Gobierno indicó que la constituyente tendría                       aproximadamente quinientos miembros, la mitad de los cuales serían directamente electos por la base  electos por la base de clases obreras, campesinos y comunas, entre otras. Esto es, mediante una elección solo dentro de los miembros de esas “clases”. El resto de los constituyentes mitad serían designados a nivel territorial o sectorial  .
De acuerdo con estas declaraciones, estamos ante un claro fraude a la Constitución de 1999, que  pretende “simular” un proceso constituyente con base en los artículos  347, 348 y 349 de la Constitución. Así, y en primer lugar, ​no se trata de una asamblea nacional constituyente electa a través derecho al sufragio y del derecho a optar a cargos de elección popular, con base en los artículos 62, 63, 64 y 65 de la Constitución. En efecto, (i) los constituyentes no serán electos en votaciones libres, secretas y universales, sino a través de procesos de elección dentro de las “clases” escogidas por el Gobierno en las bases de la  constituyente. Además, (ii) los venezolanos no podrán libremente optar al cargo de  constituyente, pues su selección se realizará solo dentro de las “clases” escogidas por el Gobierno. 
Además, en segundo lugar, ​la asamblea nacional constituyente fraudulentamente seleccionada, asumiría todas las funciones del Estado, incluso, por sobre la Asamblea Nacional. Como sea que esta “constituyente” sería designada solo entre miembros de las “clases” o “consejos”, el Gobierno lograría su control y con él, formalmente,  el control de todos los poderes. En tercer lugar, ​este proceso constituyente no responde a elecciones.
​Solo hay elecciones, de acuerdo con diversos Tratados Internacionales y la propia Constitución, si todos los electores libremente pueden votar por cualquier otro elector, en condiciones que garanticen la integridad del proceso. Todas esas condiciones están ausentes en el  anuncio formulado el 1° de mayo, pues la “constituyente” solo sería una extensión de los consejos y asambleas que ya controla el Gobierno. Lejos de restablecer el orden democrático y constitucional, el anuncio del Gobierno venezolano del 1° de mayo de 2017 consolida el golpe de Estado, el secuestro del voto popular y, en suma, la derogatoria de facto de la Constitución.   
Nosotros pedimos convocar al pueblo para que vote y decida de forma directa. Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se restituya de manera inmediata el ejercicio del derecho al voto libre en nuestro país,  con un Consejo Nacional Electoral imparcial apegado a la ley, con la participación de  los líderes políticos que están presos o inhabilitados y con observadores  internacionales que garanticen la legitimidad y legalidad de los resultados.     Que por ser Nicolás Maduro el responsable de la ruptura del orden constitucional y del secuestro del derecho de los Venezolanos de realizar el Referendo Revocatorio en  2016, se activen los distintos mecanismos que permite la Constitución la celebración de una elección presidencial anticipada este mismo año 2017.     Que se fije de manera inmediata un cronograma electoral integral que también  garantice la celebración en 2017 de las elecciones de Gobernadores y Diputados  Estadales que correspondían en diciembre de 2016, y las de Alcaldes y Concejales que       corresponden en diciembre de este año.  La solución está en el voto del pueblo. 

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lunes, 1 de mayo de 2017

LA OPINIÓN DE POMPEYO

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La situación ha llegado a un punto en que a la cúpula corrupta que se mantiene en el poder pareciera no importale darle un baño de sangre a Venezuela, –suman 29 muertos en 26 días de protestas–, ni les importa el porvenir del país y mucho menos los sufrimientos de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
Ante una crisis económica que ha derivado en hambrunas colectivas no piensan en tomar medidas aún cuando sea para aliviar la dramática situación. En su Reporte Global de Crisis Alimentarias 2017, la FAO señala que el “empeoramiento de la situación económica en Venezuela puede causar una severa escasez de bienes de consumo, incluyendo comida y medicina.” Son tres años en recesión económica y dos con inflación de tres dígitos.
Nuestro pueblo ha demostrado, el particular con la mega marcha del 19 de Abril, que no está dispuesto a soportar pasivamente las violaciones a la Constitución, el atropello a los derechos ciudadanos hasta el punto de burlarse de las instrucciones de la Fiscal General de la Nación. Un organismo represivo como el SEBIN, –que no es exagerado decir que está superando con creces a la “Seguridad Nacional” de Pedro Estrada–, desconoce las órdenes de libertad dictadas por los tribunales a favor de un grupo de presos políticos y por tanto no acata la autoridad del poder judicial al mantener en prisión a centenares de ciudadanos literalmente secuestrados, a quienes se le desconoce los más elementales derechos ciudadanos. Es tal la violación de los derechos ciudadanos que ha pasado a ser la peor crisis de derechos humanos en toda América.
El curso de la lucha ha ido clarificando los objetivos mínimos e inmediatos. La mayoría de nuestro pueblo, a pesar de la represión más brutal, ha manifestado de mil maneras su voluntad indeclinable de un cambio político, de salir de este régimen y conquistar, mediante el ejercicio del derecho del voto, un gobierno respetuoso de la Constitución que gobierne para todos los venezolanos en paz.
Se puede afirmar con toda propiedad que es la inmensa mayoría la que quiere el cambio político. Cuando el 90% de los encuestados señala que la situación es mala y va para peor se confirma que hay un porcentaje importante de los denominados “chavistas” que no comparten los métodos de gobernar de Maduro, quien para colmo del cinismo vuelve a hablar de diálogo y de elecciones. Nadie le cree. La Unidad en la lucha debe continuar hasta lograr la victoria. ¡Sí se puede!

Lecciones del 19 de abril

Las jornadas adelantadas a partir de la mega marcha del 19 de Abril y el Plantón del 24A arrojan enseñanzas que tienen que ser consideradas en esta nueva etapa de la lucha por conquistar democracia y libertad, detener la hambruna y abrirle a nuestro pueblo nuevas oportunidades para alcanzar una calidad de vida decente.
A diferencia de 1957, – cuando la lucha contra la dictadura perezjimenista se circunscribió principalmente a la zona metropolitana– las jornadas de protestas de hoy se están librando en cada rincón de nuestra patria coordinadas por los organismos unitarios de la disidencia para salir del dictador y sus secuaces y lograr un clima de convivencia pacífica donde nos respetemos todos, sin importar creencias políticas o religiosas.
Es un digno ejemplo la forma como todas las religiones, desempeñando papel protagónico la iglesia católica, se han unido para cobijarnos en la Constitución vigente y coexistir en un  régimen democrático, de libertades, de oportunidades para todos, y en particular en estos momentos, detener la hambruna que carcome los estómagos de niños y ancianos y que ha llegado al extremo de provocar muertes innecesarias solo por carencia de alimentos, de medicamentos, de atención médica oportuna. Urgen medidas que puedan solventar esa crisis humanitaria que acogota a la inmensa mayoría de un pueblo que está dispuesto a arriesgar la vida y la libertad con tal de lograr el cambio político que implique la salida de Maduro, de su régimen, de su modelo económico y de sus malvados métodos epresivos, aplicados a través de organismos de seguridad del régimen en complicidad con las bandas armadas de la coalición de gobierno que ya han cobrado 22 víctimas en apenas 24 días de protesta, contados hasta el momento de escribir este comentario el 24A.
En el curso de la lucha se han ido perfilando los objetivos prioritarios en torno a los cuales nuclearnos con un sentido de Unidad Nacional, y con un objetivo que es el salvar a Venezuela de este terrible drama a que lo ha sometido una dictadura que después de 18 años de desgobierno pretende perpetuarse en el poder.
Nunca como hoy queremos un gobierno que gobierne para todos y que tenga como prioridad sacar a Venezuela de esta profunda crisis. Es una abrumadora mayoría que quiere y reclama ese cambio y que le asigna a la dirección política grandes responsabilidades, entre las cuales debemos mencionar nuevas iniciativas que garanticen la presencia activa de esas multitudes en la calle, y con el apoyo de la solidaridad internacional, conquistar una Venezuela democrática y en libertad. Un pueblo unido, con objetivos claros y una dirección consecuente y firme, es invencible.

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CARTA ENVIADA POR LA UNIDAD DEMOCRÁTICA AL PAPA FRANCISCO

Querido Santo Padre
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como representación política organizada de los demócratas venezolanos, se dirige públicamente a usted, desde el afecto y el respeto que le profesamos y del cual nos sentimos orgullosos.
Queremos agradecer profundamente su constante preocupación por nuestro sufrido país que, como usted perfectamente conoce, padece una crisis humanitaria sin precedentes, agravada ahora por el autogolpe de Estado perpetrado por el régimen militarista en el poder. Los venezolanos sufren por falta de comida, por falta de medicinas, por la violencia de las fuerzas represivas del Estado y de los grupos paramilitares del gobierno, y ahora por el autogolpe de Estado, que ha terminado por quitarle al pueblo su Constitución y la posibilidad de resolver esta dolorosa crisis por medio de las elecciones. Usted no sólo ha señalado las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen hoy en Venezuela, sino que ha expresado en numerosas oportunidades que si no hay garantías y “condiciones muy claras” por parte del régimen, no hay posibilidad ni de diálogo ni de resolver esta gravísima crisis humanitaria y política.
Los venezolanos estamos hoy más unidos que nunca en torno a la demanda de un cambio político en el país. Y los factores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática también lo están, tanto en sus propósitos como en sus acciones.  La última evidencia de esto es el reciente Manifiesto, firmado por unanimidad y sin excepción alguna por todos los partidos políticos de la Unidad esta misma semana, en el que se señalan claramente los objetivos unitarios de esta lucha, a fin de restituir el orden constitucional en el país:
  • Que se restituya de manera inmediata el ejercicio del derecho a las elecciones, con un Consejo Nacional Electoral imparcial apegado a la ley, con la participación de los líderes políticos que están presos o inhabilitados y con observadores internacionales que garanticen la legitimidad y legalidad de los resultados.
  • Que por ser Nicolás Maduro el responsable de la ruptura del orden constitucional, se activen los distintos mecanismos que permite la Constitución la celebración de una elección presidencial anticipada este mismo año 2017.
  • Que se fije de manera inmediata un cronograma electoral integral que también garantice la celebración en 2017 de las elecciones de Gobernadores y Diputados Estadales que correspondían en diciembre de 2016, y las de Alcaldes y Concejales que corresponden en diciembre de este año.
  • Que permita la activación de un canal humanitario para atender las necesidades básicas en medicinas y alimentos de nuestros ciudadanos.
  • Que respete a la Asamblea Nacional como poder independiente y se le devuelvan las competencias usurpadas por el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia,
  • Que libere a todos los presos políticos.
  • Que desmovilice a las fuerzas paramilitares y desista de distribuir 500.000 armas a civiles afectos al gobierno.
Además de estar unidos –sin excepción- con respecto a estas demandas y acciones, y con respecto a su afirmación reciente sobre la necesidad de un diálogo con condiciones, la Unidad ha hecho suyos los planteamientos del Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. El cardenal Parolin ha señalado como necesarios para cualquier diálogo futuro, a saber, que el gobierno cese en la represión militar, policial y en la de los grupos paramilitares que hoy afecta a las manifestaciones pacíficas del pueblo venezolano; que reconozca la autoridad y autonomía constitucional de la Asamblea Nacional; que libere a los presos políticos, y que facilite la ayuda humanitaria internacional,  cuyas condiciones el gobierno no dado señal alguna de querer cumplir, y es está intransigencia la que ha llevado al fracaso a dos intentos precedentes, en 2014 y 2016, en los cuales la Santa Sede ha participado. Los venezolanos nos sentimos defraudados por un diálogo sin resultados, en el cual la intención gubernamental ha sido más propagandística que sustancial, desprestigiando así a ese valioso instrumento e intentando, sin éxito, desmoralizar a la opinión pública y dividir a la coalición opositora.
En ese mismo camino se ha situado la Organización de los Estados Americanos, que a raíz de los informes precisos que ha presentado su Secretario General, Luis Almagro, al Consejo Permanente, y que son consistentes con lo anterior, ha pedido, recién y como efecto, una reunión de Cancilleres para dialogar sobre las vías más apropiadas para resolver sobre la crisis venezolana. Y la Conferencia Episcopal venezolana ha sido también muy clara en cuanto a la exigencia de condiciones, la primera de las cuales es un cronograma electoral para permitir que el pueblo se exprese, antes de pensar en cualquier tipo de conversaciones con el régimen.
La Unidad, de manera unitaria y sin excepciones, ha dejado claro ante los venezolanos y ante el mundo que el único diálogo que se acepta hoy en Venezuela es el diálogo de los votos como único camino para destrabar la crisis y restablecer la democracia hoy secuestrada en Venezuela. En esto, de nuevo, querido Padre, no hay divisiones ni desunión en la Unidad venezolana.
Le saludamos respetuosamente y con profundo y reiterado afecto, Su Santidad Francisco, y rogamos de usted sus bendiciones, para todo el pueblo de Venezuela que le ama y ora todos los días por usted.

Atentamente,

Mesa de la Unidad Democrática

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¿CÓMO SE SALE DE UN DICTADOR?

LUIS PEDRO ESPAÑA

Prodavinci

La preocupación que tenían muchos politólogos del continente y, especialmente de nuestro país, ha sido superada. Ya no puede haber dudas sobre como denominar al sistema político de la aventura llamada Socialismo del Siglo XXI. Estamos en presencia de una dictadura en proceso, es decir, de un régimen que cada día se define más como lo que es: Autocrático, aislacionista y totalitario.
La concentración “de facto” de todos los poderes en el Ejecutivo, especialmente los de la Asamblea Nacional, tras el intento fallido de legitimarlo por medio de las infames sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, así como, la confiscación de los derechos electorales en el último trimestre del año pasado, con la anulación de la convocatoria al Referéndum Revocatorio; el desconocimiento en proceso del Ministerio Público y la Fiscalía General; el histérico anuncio del retiro de la OEA y, para estupor de toda la comunidad internacional; la represión y violación de los derechos humanos en estos últimos días, no son sino indicadores de la evidencia: Venezuela es una dictadura.
Descontado el régimen cubano, Venezuela es el único régimen dictatorial del continente. Luego de 30 años de superadas casi todas las dictaduras de América Latina, hoy somos el atraso político más bochornoso de la región. Dicho eso, no nos queda sino luchar por restablecer la democracia, ahora sí en un contexto sin disfraces ni tapujos.
Desde el punto de vista académico, el esfuerzo más importante por sistematizar los procesos de transición y consolidación democrática fue el estudio que coordinó el politólogo y latinoamericanista Guillermo O´Donnell. El estudio “Transiciones desde un Gobierno Autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas”[1], además de haber sido una lectura indispensable para los científicos sociales de los años ochenta, es un trabajo que, si bien ya va para 30 años, mantiene vigencia para nosotros. Entre otras cosas porque es enteramente cierto que en los últimos cuatro años Venezuela ha retrocedido a las mazmorras del primitivismo militar latinoamericano.
El trabajo citado, estudió cómo las sociedades pueden salir de la oscuridad del autoritarismo. Consistió en la sistematización de los procesos de reconstrucción democrática en países inmersos en regímenes autoritarios. Tal esfuerzo, como dirían sus autores, no sólo fue por interés académico (que por sí mismo sería suficiente) sino incluso, porque “…los que hemos participado en este proyecto confiamos en que al menos pueda contribuir a que los activistas y los estudiosos efectúen un análisis mejor informado… sobre las capacidades potenciales que involucra el complicado proceso de derrumbe de la dominación autoritaria…”.[2]
La intención de los autores fue, si bien no lo dicen textualmente, tratar de ofrecer un manual para salir de esa lacra mundial, y de Latinoamérica en particular, que son los dictadores.
Los ingredientes de la salida
Como se entenderá, son muchos los aspectos y consideraciones que tiene un estudio que abarcó a casi una docena de países (incluida la Venezuela de 1958), se prolongó por 8 años y se recopiló en 4 tomos. Para el caso que nos ocupa, cómo zafarnos de nuestra actual dictadura, vamos a tomar solamente tres conclusiones que nos parecen cruciales para tratar de iluminar los tiempos presentes.
Las dos primeras que mencionaremos puede que no sean tan importantes como la última. Además, y cuando ellas sean expuestas, seguramente el lector no se sorprenderá por ninguna de ellas. Aquí el asunto no es si el equipo de investigación liderado por O´Donnell dio, o no, con la fórmula mágica para librarnos de las pestes autoritarias y militaristas. Lo importante, como veremos es la recurrencia. En todas las transiciones estudiadas, los elementos que señalaremos a continuación fueron comunes en todos los casos. Con lo cual, y al menos probabilísticamente, no será sino hasta que ellos estén presentes, cuando la transición a la democracia tiene chance de que ocurra.
El primer elemento es desolador para el pensamiento de los sociólogos. Dicho de una vez, no hay procesos estructurados que expliquen la transición. Si bien los procesos estructurales sí lo son para los quiebres democráticos (tal y como lo sistematizó Juan Linz), por el contrario, para el proceso de restablecimiento o transición del autoritarismo, no los hay, o al menos no con la claridad que las crisis económicas, la violencia social o la ilegitimidad de los partidos políticos, explican cuando las democracias sucumben a la tentación autoritaria.
Lógicamente, no se afirma que los factores estructurales son independientes a las transiciones políticas desde el autoritarismo. Lo que se quiere decir es que no parecen ser suficientes, y ni siquiera sabemos si deben ser necesarios. Un gobierno autoritario puede desplomarse por un contexto de crisis económica, pero también los hay que han caído en plena bonanza (Pérez Jiménez, 1959); producto de grandes esquemas de exclusión social, pero también han ocurrido bajo intentos de inclusión (Velazco Alvarado, 1975); consecuencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos; aunque más de una dictadura se mantuvo por muchos años después de haber masacrado a su pueblo (Pinochet o Stroessner).
En definitiva, el contexto estructural no parece ser significativo para la transición autoritaria. Es una suerte de telón de fondo, cuyos factores potencialmente desestabilizadores del régimen (dificultades económicas, uso de la violencia sin control normativo, exclusión social o política, impunidad y corrupción, entre otras situaciones frecuentes en las dictaduras), se activan cuando ocurre cierta conjunción de factores coyunturales que, para mayor incertidumbre, son diferentes en cada caso.
No existe pues un patrón, ni siquiera de las causas más inmediatas, esas que son posibles de identificar tras un trabajo periodístico después de ocurridos los hechos que condujeron a la caída de la dictadura, que pudieran servirnos de hoja de ruta para organizar las acciones necesarias para derrocar al dictador.
Dicho esto, el estudio en cuestión sugiere que son (otra vez para desgracia de los sociólogos y nuestros esquemas analíticos) las iniciativas individuales, la identificación en campo de aquello que a la postre puede señalarse como el desencadenante de la ruptura del régimen, lo que en definitiva cuenta para su desenlace y caída. Se trata de políticos obviamente, de líderes, por supuesto, que tras el largo trajinar con la dictadura (o con el régimen que se va endureciendo hasta convertirse en un autoritarismo), logran seleccionar la acción necesaria, el hecho desencadenante, el cual difícilmente puede ser reducido a una variable dentro de una ecuación y que incluso su exitosa consecuencia, tampoco puede ser anticipada más allá de haber sido, como otras acciones, no más que una apuesta.
Llámese “burdel político”, olfato, si lo quieren más recatado, pero estamos hablando de esa capacidad intuitiva (adiestrada por años de militancia), que se convierte en factor determinante para que suceda el quiebre esperado. Este segundo factor, la acción individual, la orientación del líder o líderes, se evidencia en que tras cada proceso de transición democrática hay un componente de habilidad individual (o conjunto de ellos) que no sólo por coraje, valentía o determinación, sus protagonistas pasan a la historia como “padres de la democracia”, sino por la agudeza de criterio y evaluación situacional que, como hemos dicho, es producto de la conjunción de la teoría y la praxis. Consiste en cierta “ética de la sensatez” podríamos decir, fraguada con trabajo y estudio, y no sólo con intuición. Ese carácter del político habilidoso formado por años, es lo que termina definiendo a los líderes históricos.
Pero no todo es casuística o encuentro marcado por la suerte entre líderes y situaciones. Algún elemento estructural también está presente, y precisamente ese componente es el que puede darnos luces a nosotros, simples ciudadanos victimas de vivir en dictadura, sobre qué hacer y qué cosas apoyar, para contribuir con la transición.
De la Ruptura, como inicio del fin.
Siguiendo el trabajo de O´Donnell, luego de que el mismo se interroga sobre la supremacía del velo de incertidumbre que rodea a las caídas de las dictaduras, y se cuestiona si sólo existe un alto grado de indeterminación estructural en los procesos de derrumbe del dictador, vuelve atrás y reconoce que ciertamente si hay recurrencias que advertir. De ellas recogeremos una, la más importante, y dejemos que él mismo lo diga: “…no hay ninguna transición cuyo comienzo no sea consecuencia, directa o indirectamente, de divisiones importantes dentro del propio régimen autoritario, principalmente las fluctuantes divisiones que separan a los “duros” de los “blandos”.”[3]
La división convertida en ruptura puede ser de varios tipos; desde la más elemental, es decir aquella que divide a la cúpula gobernante entre “blandos y duros” (palomas o halcones) a otras que segmentan entre civiles y militares, políticos y técnicos, dirigentes de base y burócratas del partido. No en todos los casos se trata de Radicales vs. Moderados, pero si en la mayoría. En la medida en que el régimen confronta dificultades, mayor será la tesis de la radicalización. Donde unos piden profundizar lo que se viene haciendo (los “duros”), para otros eso es una insensatez y siguieren cambios (los “blandos”), como única forma de salir de la situación problemática. Como se entenderá, conforme se agudicen los problemas económicos o políticos, esa división interna se hará más fuerte.
Es bastante obvio que esa primera división ya ocurrió en Venezuela. Ante las dificultades económicas que dejó el presidente Chávez, por el ya lejano 2013, personajes importantes del gobierno, parte de lo que podríamos llamar la élite civilista y tecnocrática del régimen, sugirió cambios que nunca contaron con la aprobación de la coalición heredera del chavismo. Proceso que terminó con la exclusión del gobierno de exministros y puede que esa haya sido la causa más importante de la salida del propio presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quienes, ante la imposición de mantener la línea de los controles y el estatismo económico por parte de los radicales, terminaron yéndose del gobierno pasando a un tercer estanco político de variados e imprecisos nombres.
Pero todavía más importante que aquella ruptura temprana, es la evidenciada recientemente del quiebre entre el gobierno y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, lo que en buenas cuentas ha sido la catalizadora del zaperoco político y social de la actualidad.
La declaración de la Fiscal General al calificar como un rompimiento del hilo constitucional, la pretensión del Tribunal Supremo y el Ejecutivo para hacerse con todas las funciones de la Asamblea Nacional, terminaron por sentenciar “de jure” lo que hasta entonces había sido “de facto”, tumbando la última “hoja de parra” del régimen, dejándolo desnudo ante la comunidad internacional.
Visto estos quiebres, tenemos evidencia más que suficiente que nos indica que el inicio del fin está allí. Ha habido una ruptura, una incisión que puede presumirse como profunda, o al menos importante, se ha quebrado lo que siempre trato de presentársenos como impoluto y firme.
La revolución está partida, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que es simplemente imposible que se vuelva a recomponer y, lo que es peor, esa incisión se hará más grande mientras sus causas originarias estén presentes, a saber, la imposibilidad de mantener la gobernabilidad en el marco de la actual Constitución, dadas las pretensiones de continuismo y el contexto de inviabilidad socioeconómica que suponen sus políticas.
El papel de las protestas
La lucha social, las movilizaciones contra la dictadura son esenciales para propiciar la transición. Multitudinaria y con la consiguiente represión, la protesta social deja en claro el poco apoyo del régimen. En ausencia de elecciones que permitan explicitar la dimensión del apoyo o rechazo que tiene el gobierno, la lucha en la calle se convierte en el termómetro de su impopularidad. No importa qué tanto se reprima, cuánto le huyan a procesos electorales, incluso la más férrea de las dictaduras tarde o temprano sede frente a la ausencia de apoyos políticos. Incluso los claves, aquellos de los que depende en concreto (económicos y militares), terminan dando paso a algún tipo de negociación o acuerdo que permite la transición, cuando el rechazo popular es masivo.
Lógicamente no toda transición autoritaria es producto de arreglos entre las partes, fuera de contextos de negociación entre el gobierno y la oposición, el conflicto puro y simple quien lo dirime, sea en forma de golpe de Estado o en forma de conflicto bélico abierto o guerra civil, son las fuerzas armadas. En conclusión, la resolución política y no militar pasa necesariamente por una negociación. ¿Cuál es la salida para nosotros al día de hoy, la política o la militar?
Para responder a la pregunta algunas explicaciones previas son necesarias.
En primer lugar, el gobierno de Venezuela no es un clásico autoritarismo en el sentido de que se instaló como tal desde el principio. Por el contrario, su origen fue democrático, su legitimidad provino de las urnas electorales, y aunque precisamente porque su praxis dista mucho de ser propia de quienes creen en los sistemas políticos guiados por la libertad, éste se fue cerrando progresivamente, fue rebanando las libertades en la medida en que un sistema abierto iba dejando en claro las pérdidas de apoyo y el final de sus días.
El último episodio del final de la legitimidad de origen que tuvo el chavismo, fueron las elecciones del 6 de diciembre de 2015 y el contundente triunfo de la oposición. A partir de allí, no sólo implícita, sino explícitamente, el gobierno ha fanfarroneado denunciando que no volverá a hacer elecciones, si el resultado puede anticiparse como una derrota.
En segundo lugar, el gobierno controla el aparato de poder armado del país. No es este el lugar para hipotéticas explicaciones sobre la naturaleza de ese apoyo, o la probabilidad de que lo pierda creando una incisión en la fuerza armada que termine produciendo algún tipo de sublevación militar. Además, no hay forma de saber si ello lejos de llevarnos a una transición autoritaria, termine llevándonos a otro autoritarismo, ahora sí y sin ambages, de tipo militar. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga sobre la posición de la fuerza armada no será sino una mera especulación que, dicho sea de paso, puede que tampoco sea tan necesario saber “lo que pasa adentro”, para saber lo que pasará con el actual gobierno.
En tercer y último lugar, seguramente producto de las protestas civiles, de la inviabilidad material del régimen, junto con la ruptura interna que se evidenció ante el intento de concentrar los poderes y anular la Asamblea Nacional y la Constitución, en algún momento entre el presente y finales de 2018, vamos a terminar en algún tipo de elección o de elecciones. La solución del juego actual será de tipo “minimax”, bien para el gobierno o para la oposición, es decir la mínima pérdida de la máxima esperada, que en términos concretos no es más y se reduce a la pugna entre una elección mínima, representada por las elecciones locales o regionales a finales de año, o una máxima, es decir un cronograma electoral integral que se precipita este año y abarca la sucesión del propio presidente.
Esta negociación o acuerdo, explícito o implícito, conversado o simplemente tolerado, sobre cuál será el tipo de consulta electoral y sus condiciones, es donde la fuerza armada, como último bastión de soporte que tiene el actual gobierno, inclinará la balanza a favor o no de la transición autoritaria. La interrogante es sí, como le ocurrió a Pinochet, el equivalente de la Junta Militar chilena de entonces, nuestra fuerza armada decide no acompañar el presumible intento de desconocer los resultados electorales o, por el contrario, en lo que sería la evidente escalada del conflicto a lo inimaginable, la fuerza armada permite el desconocimiento de lo que pueda ocurrir en el proceso electoral que se avecina, cualquiera que este sea.
A la negociación, como fin.
El texto que nos ha venido acompañando, en este intento de saber cuál será el desenlace de la crisis política venezolana, señala otras recurrencias que pueden ser útiles para nosotros. Igual como no hay inicio de transición del autoritarismo sino cuando tiene lugar la ruptura interna, tampoco se alcanza un régimen político liberalizado (“democradura” o “dictablanda” que son los tipos de gobiernos que propician condiciones para el tránsito de una dictadura a un proceso democrático), sino con la presencia de un pacto o negociación entre los actores.
Por el carácter exhaustivo de la investigación que venimos siguiendo, el pacto o la negociación es previa a la transición si ella no es asistida por la fuerza (golpe o guerra civil). De ser el resultado de un acto de fuerza, el pacto es posterior al derrocamiento del régimen.
Para nuestro caso, aquí hemos afirmado que descontamos la posibilidad de una transición propiciada por la fuerza armada. Mitad porque desconocemos lo que ocurre en su interior, y mitad porque no hay la más mínima señal de que ello esté en camino. Así las cosas, conformémoslo con el hecho de que este actor va a hacer lo presumible, lo esperado y sin sorpresas. En definitiva, va a permitir, puede que incluso va a presionar para que ocurra una consulta electoral y, como ha sido hasta el presente, cabe esperar que acate su resultado, aunque las cúpulas políticas opinen lo contrario.
Si ese es el escenario no sólo plausible, sino incluso probable, pues entonces una negociación será el paso previo a la transición democrática.
Como se entenderá, la oposición tiene un doble problema para sentarse a dirimir así sea los términos de la capitulación del gobierno. Dada la insensata práctica del gobierno de dinamitar todos los puentes que cruza, en los últimos meses es el propio gobierno el que instala la idea de la traición de los opositores si se acercan a conversar con ellos. Es casi desquiciante esta fórmula de auto-desprestigio en el que cae el gobierno. Para ellos radicalizar la revolución, que se supone es el objeto de sus desvelos, es una amenaza para el ciudadano común, es algo muy malo que nos va a pasar. “Si se portan mal, los castigo y radicalizo la revolución”.
De igual forma hablar con ellos es rayarse, es traicionar a los tuyos. Conversar con el gobierno es, dicho por ellos mismos, propio de opositores que juegan sucio y a espaldas de los suyos. Es la dialéctica de la “mala junta”, en la que se reconocen como algo perjudicial para el diferente a ellos mismos.
En ambos casos se trata de amenazas. La primera, para que la oposición no siga avanzando. La segunda, para desprestigiarla. En buenas cuentas el gobierno sabe que sentarse a dialogar en serio no será sino la última etapa de su derrota definitiva. Pactar un cronograma electoral no es más que negociar una transición del autoritarismo que ellos representan. Por eso se burlan del diálogo, como lo hicieron en octubre pasado. Por eso dinamitan lo que dicen propiciar. Si van a una conversación autentica, es decir con tema, plazo e interlocutores, es porque están vencidos.
Como indica la teoría, la transición si no pasa por la fuerza, lo hace por un pacto. Por eso el diálogo es subversivo para ellos y quizás sólo accedan a él cuando la amenaza de la fuerza provenga de adentro o cuando se convenzan de su propia derrota.
La política tiene muchas paradojas. Lo que hoy sería visto como entreguista y una victoria para el gobierno, en su momento será la derrota de la dictadura y la cristalización de la transición.
La fórmula para derrocar a la dictadura que nos tocó vivir fue descubierta hace mucho y consiste en crear las condiciones para que el dialogo tenga lugar, pero cuando el gobierno esté derrotado, gracias a sus fracturas internas, la habilidad de nuestros líderes, la protesta civil y la neutralidad de los militares en esta crisis política, institucional y socioeconómica que vive el país.
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[1] O´Donnell y Shmitter. Paidos, México, 1988.
[2] P.18
[3] P.31
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