miércoles, 28 de noviembre de 2012

VENEZUELA: ¿Voto Manual o Voto Electrónico?


Mario Torre

Desde 1998, el voto para las elecciones de autoridades en Venezuela es automatizado, el cual surgió de una importante presión de la sociedad civil plasmada en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, aprobada en 1997. El artículo 154 de la ley indica claramente: “el proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación será totalmente automatizado”.

Este cambio en la forma como el voto de los electores es registrado y contabilizado no es exclusivo de nuestro país. Muchos países han adoptado el voto automatizado. En Latinoamérica, Brasil ha sido vanguardia en este aspecto, implantando el voto electrónico desde 1984. En las recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos, 62% de los electores votaron con máquinas de votación electrónica, y 99.5% de los votos fueron contados utilizando sistemas electrónicos[1]. Sin embargo, otros países no lo hacen así. En Alemania, la Corte Constitucional Federal declaró inconstitucional el uso de “aparatos electorales orientados por computador” en la votación y el escrutinio (Sentencia del Segundo Senado, 3 de marzo de 2009)[2].

En primer lugar, podemos establecer que todo sistema de votación (manual o electrónico) debe proporcionar las siguientes garantías:

a) Respeto a la selección del votante: El Sistema debe contabilizar correctamente la selección del elector.
b) Asegurar secreto del voto: La selección realizada por el votante es secreta, y no debe ser relacionada con su identidad.
c) Debe ser de fácil operación, a fin de que el elector pueda ejercer su derecho con comodidad y mínimo esfuerzo, aun en condiciones de discapacidad.
d) No debe permitir la coacción ni otra forma de intromisión.
e) Asegurar que un elector emita su voto una sola vez: No debe permitir que una persona no habilitada para votar lo haga o usurpe la identidad de otra
f) Debe realizar el conteo exacto de todas las opciones seleccionadas por los electores.
g) Debe proporcionar el escrutinio dentro del  mínimo tiempo posible.
h) Debe ser seguro: incorporar mecanismos que impidan la alteración de resultados, o que estos sean detectados si ocurren.
i) Debe ser auditable, a través de evidencias verificables que puedan garantizar que  funciona correctamente, dentro de los parámetros previstos en la ley.

En el voto manual, el elector simplemente marca su selección en una boleta o forma, con un lápiz, marcador o sello. El escrutinio se realiza mediante el conteo manual de cada una de estas boletas, ya marcadas, después del cierre de la mesa de votación.  Este conteo es realizado por los miembros de mesa, y observado por los testigos acreditados para presenciar el acto. Generalmente, el acto de escrutinio es un acto público. Después de finalizar el escrutinio, los resultados son transcritos, manualmente, a un acta, en donde se refleja el conteo de votos de cada uno de los candidatos que estaban en competencia para cada cargo, en esa mesa. Todas las actas, provenientes de las mesas de votación, son llevadas a centros del organismo electoral en los distintos niveles: distrital, municipal y estatal. En cada nivel, se realiza un escrutinio parcial de resultados, que son posteriormente transportados al nivel inmediatamente superior. Finalmente, los escrutinios estatales son consolidados nacionalmente, de donde se obtiene los resultados totales definitivos.

En el voto manual, la transmisión de la información electoral pasa, de las boletas marcadas por los votantes, a las actas, y a la consolidación de estas actas en los niveles municipal, estatal y nacional, todo mediante el movimiento físico de formatos que son transcritos por miembros de mesa, por miembros de juntas electorales (municipales, regionales y nacionales) y por funcionarios del organismo electoral. Los votos son contados, transcritos, sumados, por múltiples personas que intervienen en el proceso de conteo, escrutinio y obtención de resultados.

En el voto electrónico, el elector se enfrenta, en esencia, a un computador. Éste le presenta, a través de una pantalla táctil (en la mayoría de los casos), los distintos candidatos u opciones en competencia, a fin de que el votante haga, tocando esta pantalla, la selección de su interés. Tan pronto como el elector finaliza su elección, la máquina registra en memoria el voto emitido, asegurándose que tal registro se realiza sin guardar secuencia alguna, y que el mismo no se asocia con la identidad del elector que lo emitió.  En muchos casos (como  en el caso de los equipos utilizados en Venezuela), el equipo imprime un comprobante, el cual refleja la selección realizada por el votante. Este comprobante es depositado por el mismo votante en una urna o caja de resguardo.

A diferencia del voto manual, en la máquina electrónica los votos  son registrados y contados digitalmente a través de su programa de aplicación, que se ejecuta dentro de esta misma máquina.  Es la máquina de votación la que realiza el escrutinio, contando con exactitud cada uno de los votos electrónicos almacenados en su memoria. No hay conteo físico de votos. Al final del escrutinio, imprime un acta que muestra claramente los resultados de tal conteo, a fin de que los miembros de mesa puedan constatarlo y anunciarlo públicamente. En aquellas máquinas de votación que imprimen un comprobante, éstos se depositan en la caja de resguardo, y su conteo debe coincidir con la información impresa en el acta. Copias de las actas de escrutinio se entregan a los testigos presentes.

Después del escrutinio, la máquina de votación transmite los resultados del acta a un centro de cómputo o de totalización. Esta transmisión se realiza utilizando algoritmos de seguridad para la protección de los datos que se transmiten, y para impedir que éstos puedan ser cambiados durante el tiempo de transmisión. Es este centro de totalización, por medio de computadores, el que suma todas las actas, y el que finalmente genera un boletín de resultados. En muchos casos, como Venezuela, no hay conteos distritales, municipales o estatales de las actas. Todas ellas se cuentan en un único punto del sistema, que es precisamente el centro de totalización. El centro de totalización publica los resultados (por mesa), los cuales pueden ser revisados y cotejados por los testigos, quienes tienen copias de las actas generadas por las máquinas de votación durante el escrutinio local.

En el sistema de voto electrónico, el escrutinio en la mesa, la transmisión de la información y la generación del boletín final no depende de personas. Todo lo hacen computadores, tanto en la mesa, como en el centro de totalización.

¿Cuál de los dos sistemas es el más seguro? ¿El sistema de votación manual o el automatizado?  Resulta evidente que el sistema de voto manual tiene una gran ventaja: es fácilmente entendible por cualquier persona. Es un acto simple de contar boletas o papeletas, y reflejar tales cuentas en una hoja de papel. También es fácilmente auditable: los testigos pueden observar el conteo de las boletas y cómo los resultados son transcritos en las actas. Una de sus desventajas es el tiempo para ofrecer resultados: dado que debe hacerse el conteo en todos los niveles de la jerarquía estatal, el tiempo para finalmente obtener resultados definitivos a nivel nacional puede tomarse días. En aquellos países con sistema  de votación manual, los primeros resultados son producto de conteos rápidos basados en métodos estadísticos.

Debilidades del Voto Manual

Pero, más allá de sus ventajas o desventajas, el sistema de voto manual tiene una debilidad fundamental: no puede garantizar que el voto emitido por el votante sea preservado y que llegue a ser sumado en los resultados. En el voto manual,  no se puede asegurar que las actas, que se llenan manualmente, reflejen exactamente la cantidad de votos que fueron realmente emitidos en una mesa.
En otras palabras, el conteo de votos y su transcripción al acta será fidedigna en la medida en que estén presentes testigos de todas las organizaciones políticas o de los candidatos que están compitiendo en la contienda electoral en tal mesa. Si tan solo uno de ellos no está presente, los votos obtenidos por la opción sin testigos pueden ser fácilmente sumados a otras opciones, o simplemente “desaparecidos”, por conveniencia o negociación entre los miembros de mesa y los testigos presentes. Este comportamiento, que en ciertos países puede ser impensable, es muy común en Venezuela, acuñándose la famosa frase “Acta mata voto”. 
En el sistema de voto manual, más allá de lo que ocurre en la mesa, las actas son posteriormente sumadas en los centros de conteo municipales y estatales, en donde, también la ausencia de testigos de algunas toldas políticas hacía que los votos obtenidos por tales toldas fueran “transferidos” a otras opciones o candidatos. Los votos emitidos a los partidos o candidatos que eran incapaces de tener testigos en todas las mesas, y en las juntas municipales o regionales,  en muchos casos eran simplemente escamoteados, sin que hubiera forma de evitarlo.
El sistema de voto manual no posee un mecanismo adecuado para asegurar la preservación de la voluntad del elector, o sea su voto, a través de todo el recorrido que este voto hace desde la mesa de votación hasta el boletín de resultados. Además, los errores humanos de cálculo y transcripción aparecen con demasiada frecuencia bajo este sistema. Es importante destacar que el voto manual es considerado confiable únicamente en aquellos países con una cultura política en que la honestidad es un valor profundamente arraigado.
Este problema con el voto manual fue endémico en nuestro país por muchos años, y fue la principal razón por la que, en 1997, se aprobara la Ley de Sufragio antes referida, obligando a la adopción del voto automatizado.
En el voto electrónico, en cambio, se preserva la voluntad del elector, desde la emisión del voto, hasta el resultado en el boletín de totalización, siempre que el sistema esté implementado bajo técnicas de alta seguridad de datos, y que todos los programas y componentes sean previa y adecuadamente auditados. El transporte de ese voto, independiente de la organización política a la que pertenezca, e independiente a la presencia de sus testigos en cualquiera de las fases de escrutinio del sistema, está garantizado por el mismo sistema.  Además, tiene una ventaja muy importante: el resultado oficial definitivo de cualquier elección puede ser notificado al público en pocas horas. A esto se le añade la facilidad con que el elector puede emitir su voto, aun en condiciones de discapacidad.

Debilidades del Voto Electrónico

El voto electrónico, no obstante, cuenta con una debilidad: desconfianza. En el voto electrónico, a diferencia del voto manual, el elector común no entiende exactamente qué es lo que pasa: el voto es almacenado digitalmente, contado y transmitido de un computador (máquina de votación) a otro (centro de totalización) sin que nadie pueda “ver el proceso”. Esta aparente “falta de transparencia” hace que muchos electores sientan temor por cuál es el destino que finalmente tiene su voto. A esto se añade el hecho de que, dado que se están utilizando medios computacionales, los electores temen que estos sistemas sean adulterados por “hackers” que pueden cambiar los resultados. En el caso de Venezuela, se añade la desconfianza que tiene un buen porcentaje de electores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el ente operador y administrador del sistema de voto electrónico.

Sin embargo, en Venezuela el voto electrónico ha demostrado ser mucho más confiable, y más seguro que el voto manual. Las razones que soportan esta aseveración son las siguientes:

a) Todo el sistema de voto electrónico, incluyendo máquinas de votación, sistema de telecomunicaciones y centro de totalización es sometido a una serie de auditorías técnicas, realizadas por técnicos acreditados por las organizaciones políticas. Existen profesionales y técnicos  venezolanos que se dedican a esta labor específica, y revisan exhaustivamente cada programa de aplicación, cada componente y la configuración de cada equipo que interviene en el sistema. Están presentes en todo el proceso de  configuración y programación de cada una de las máquinas de votación que se usan en cada evento electoral,  y son testigos en el centro de totalización el día de las elecciones.

Las auditorías de programas de las máquinas de votación antes de la producción, y durante auditoría de producción y pre-despacho, así como la auditoría de los programas de  totalización y de la infraestructura de transmisión, han permitido verificar que el sistema de votación desarrollado preserva todas las características de un sistema seguro. Complementario con lo anterior, estos auditores, conjuntamente con el organismo electoral y en presencia de observadores nacionales e internacionales, también realizan, días después de culminado el evento electoral, una auditoría de mesas escogidas al azar. En cada una de estas mesas, se revisa que las boletas impresas en las cajas de resguardo coincidan con los resultados en las actas.

Todas estas actividades se realizan, una y otra vez, antes de cada evento electoral. Los auditores siempre han podido comprobar que el sistema de voto electrónico cumple con los requisitos de confiabilidad, exactitud y seguridad requeridos para la elección.

b) A pesar de la rigurosidad de las auditorías, es posible que alguien piense que se pueden cambiar las máquinas en el camino después de producidas y ser utilizadas el día de la elección. Por esta razón, se le pide a los ciudadanos, miembros de mesa y testigos que verifiquen el riguroso cumplimiento de ciertas condiciones mínimas, tales como la impresión del voto y revisión por el elector, la desconexión de la máquina de la línea de trasmisión durante toda la elección, y la impresión del acta al cerrar la mesa. Además, al final del cierre de todas las mesas de un centro de votación, se realiza la Verificación Ciudadana, cuando los miembros de mesa, en presencia de testigos, seleccionan aleatoriamente un porcentaje de mesas (54% a nivel nacional) cuyas cajas de resguardo son abiertas, sus comprobantes contados y los resultados obtenidos comparados contra el acta de escrutinio impreso por la máquina de votación de las mesas correspondientes. En todas las verificaciones ciudadanas realizadas hasta este momento no se ha encontrado diferencias entre las actas impresas y el contenido de las cajas pero se debe insistir en la importancia de que la misma se realice.

Las auditorías técnicas, realizadas antes, durante y después del evento electoral son la forma de asegurar que el sistema funciona adecuadamente, dentro de los cánones de seguridad en el procesamiento y transmisión de información electoral, y que se preserva la voluntad del elector y el secreto del voto. Es por ello que deben hacerse siempre, para cada elección. Pero, adicionalmente a estos procedimientos tecnológicos, la Verificación Ciudadana consiste en una garantía adicional, porque permite a los electores, testigos, miembros de mesa y a las organizaciones políticas garantizar la auditabilidad y trazabilidad (capacidad de seguir rastro o pista del voto) del sistema de votación y de los resultados que de este sistema se obtienen.

En conclusión, cada sistema de votación tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo del país en donde éstos sean utilizados. Cada nación tiene problemas y situaciones muy específicas que hacen que uno u otro sistema puedan ser utilizados. Hay muchos países que han adoptado el voto electrónico, otros han preferido mantener el voto manual. Pero es importante destacar que la realidad de un país, como puede ser Alemania, en la que difícilmente se concibe que un ciudadano pueda alterar el contenido de un acta manual, es distinto a la realidad de otro país, en el que el dicho “acta mata voto” era una práctica muy común, como es el caso de Venezuela. En esta situación concreta, hay fundadas razones para afirmar que el voto electrónico es el que mejor asegura y preserva la voluntad popular.






[1] Key Facts for 2012 | Verified Voting, https://www.verifiedvoting.org/key-facts-2012/

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¿UN GOBIERNO DE CONCILIACIÓN?


Enrique Viloria Vera




Yo no hablo de venganzas ni perdones,
el olvido es la única venganza y el único
perdón.

                        Jorge Luis Borges

Hay gobiernos de gobiernos: unos son incluyentes, abiertos, respetuosos de la opinión contraria, corteses en el trato con sus ciudadanos y con los demás colegas que gobiernan Estados soberanos. Hay otros, sin embargo, como el nuestro, que hacen todo lo contrario: están hechos para la exclusión y el desprecio,  para el irrespeto y el insulto, para la separación y la diferencia.

Nuestro actual gobierno es tributario de la “O”: o estás conmigo o estás contra mí, es su intransigente manera de entender el ejercicio del poder o de formular las políticas públicas.

Esa “O” de diferencia y exclusión tiene infinidad de fórmulas y aplicaciones ya conocidas y repetidas hasta el cansancio por el Líder y sus acólitos:

  • Revolucionario o Imperialista
  • Escuálido o del Proceso
  • Vende Patria o rojo rojito
  •  Fascista o bolivariano
  • Lacayo del Imperialismo o Lancero de la Revolución
  • Explotador o pueblo
  • Neoliberales o socialistas
  • Urbanización o Barrio
  • Patriotas o traidores
  • Venezolanos o del Partido Único
  • Chavistas o golpistas
  • Oeste o Este
  • Fidelistas o Caprilistas
En fin, buenos y malos, los míos y los demás, venezolanos de primera y venezolanos de segunda.

Este gobierno de la “O” profundiza día a día, peligrosamente, la antidemocrática y riesgosa senda del círculo, del cerco, del recinto exclusivo, de la rosca.

 Este proceder absolutista lo llevará, indefectiblemente,  a profundizar la “O” del odio, del oscurantismo, del ocultamiento, para terminar haciendo creciente uso de los conocidos instrumentos de la autocracia intolerante: cepo, esposas, grillete, juicio, prisión o exilio.

¿Es qué es tan difícil promover un gobierno de la “Y”? Nosotros y Ustedes, Ustedes y Nosotros, venezolanos y más venezolanos.       


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Oposición exige a la Fiscalía procesar a rectores del CNE

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Aveledo acudió a la Fiscalía acompañado por el exdecano de la Facultad de Derecho de la UCV, Alberto Arteaga Sánchez GUSTAVO BANDRES
JUAN FRANCISCO ALONSO |  
EL UNIVERSAL
Por considerar que violaron la Ley contra la Corrupción al autorizar el traslado de 108 electores fuera del lapso legal permitido, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) solicitó al Ministerio Público que lleve a los tribunales a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D'Amelio y Socorro Hernández.

Luego de consignar la denuncia contra las autoridades del organismo comicial, el secretario Ejecutivo de la alianza opositora, Ramón Guillermo Aveledo, denunció que la migración de los seis candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a gobernadores, de sus familiares y de funcionarios como el vicepresidente Nicolás Maduro y el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Pedro Maldonado, "es un delito muy claro".

"El 15 de abril de este año se aprobó la conformación definitiva del Registro Electoral. Con posterioridad hubo modificaciones en beneficio de unas personas que son candidatos del PSUV a gobernaciones", recordó el dirigente político, quien aseveró: "Este privilegio a parte de ser antidemocrático, constituye un delito muy claro. El artículo 68 de la Ley contra la Corrupción establece específicamente que el funcionario público que utilice su cargo para favorecer o perjudicar a un candidato o partido político será sancionado con prisión de uno a tres años".

Aveledo recordó que las autoridades del Poder Electoral deben ser imparciales y no pueden promover a ninguna tendencia.

"¿Qué estamos pidiendo al Ministerio Público? Que investigue, que establezca responsabilidades personales y que en defensa de las instituciones proceda a llevar ante los tribunales la causa de estas personas", agregó el Secretario Ejecutivo de la MUD.

Otra acción 

Esta es la segunda acción que interpone el bloque opositor contra las migraciones electorales aprobadas por el CNE con miras a las elecciones regionales del 16 de diciembre, pues hace unas semanas acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar la nulidad de los cambios.

Consultado sobre los motivos por los cuáles demoraron tanto en interponer la denuncia ante el Ministerio Público, Aveledo replicó: "Porque hay que hacer las cosas como se deben hacer. Hay que estudiar el caso desde el punto de vista jurídico y luego proceder. Esto no es una carrera sino una actuación seria, ciudadana, que lo que persigue es que en Venezuela impere el Estado de Derecho".

El rectora Hernández, al defender la decisión de autorizar los cambios extemporáneos, señaló que los mismos buscaban que "los candidatos postulados a gobernadores se les concediera el derecho al sufragio porque se postularon en un determinado estado. Son casos excepcionales".

Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) el padrón electoral definitivo no puede ser modificado después de haber sido publicado por el organismo comicial. El Registro que se utilizará en las regionales del próximo 16 de diciembre fue publicado por el CNE el pasado 15 de abril.

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Colombia y el fallo de la CIJ




ADOLFO R. TAYLHARDAT  

EL UNIVERSAL
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la controversia Nicaragua - Colombia ha suscitado en este último país reacciones diversas, comprensibles, aunque algunas también apasionadas.

Muchas voces expresan indignación y claman por el desacato, otras reaccionan con moderación y racionalidad y algunas, aunque no están de acuerdo, reconocen objetivamente que Colombia está obligada a aceptar el resultado del litigio.

Entre los primeros debo destacar una declaración del expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho lo siguiente: "Los fallos en derecho se acatan. Fallos del despojo que distan de ser un fallo jurídico se rechazan.  Fallos que respetan derechos adquiridos se acatan. Fallos que violan derechos adquiridos se rechazan... Un fallo de despojo de soberanía es rechazable no obstante que exista tradición y voluntad de respeto de fallos. Rechacemos el fallo del despojo que dista de ser un fallo jurídico y consistente".

Tengo un hondo respeto hacia el expresidente Uribe, sobre todo por la firme actitud que siempre ha mantenido frente al dictador venezolano. Sin embargo, encuentro que esta declaración es contradictoria.

La Carta de las Naciones Unidas dice, en su artículo 93, que todos los miembros de esa organización "son, ipso facto, partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

En su artículo 94, párrafo 1, la Carta establece que "Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte".

La segunda parte de la declaración de Uribe contradice la primera parte. Un gobierno no puede aducir que su soberanía ha resultado lesionada como excusa para rechazar, como dice él, un fallo simplemente porque le resulte desfavorable.  El artículo 60 del Estatuto de la CIJ establece: "El fallo (de la Corte) será definitivo e inapelable". Cuando un país acepta la jurisdicción obligatoria de un órgano judicial internacional mediante una declaración expresa o al hacerse parte del instrumento que lo crea, hace renuncia parcial de su soberanía a los efectos de las decisiones de esos órganos. Además, el artículo 94, párrafo 2 de la Carta, dispone que "si una de las partes dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo".

En la segunda posición se ubican quienes admiten la validez de la decisión de la CIJ, pero consideran que hay recursos legales que Colombia debe ejercer para tratar de preservar sus derechos o paralizar la ejecución del fallo.  En esta posición parece ubicarse el gobierno según declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, su canciller, numerosos parlamentarios e importantes figuras políticas. Concretamente plantean que se solicite la revisión del fallo, opción que está contemplada en el párrafo del Estatuto de la CIJ pero con limitaciones muy específicas: "Sólo podrá pedirse la revisión de fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser decisivo y que, al pronunciarse el fallo fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia". El caso de Colombia no parece encajar dentro de esos parámetros.

Finalmente, la tercera posición es la correcta. La sostienen expertos colombianos en Derecho Internacional., juristas y personalidades que están conscientes de la obligación de Colombia de acatar el fallo.

Quienes llaman al desacato le hacen un mal servicio a su país que siempre se ha distinguido por su tradición de seriedad, sobriedad en su desempeño internacional y por ser respetuoso de la legalidad internacional. Desacatar una decisión del más alto tribunal internacional desconociendo los compromisos contraídos sería contribuir a la anarquía que ya se manifiesta en el ámbito internacional.

Creo que el problema se origina en el hecho de que Colombia y los colombianos confiaron demasiado en que sus derechos eran tan sólidos que resultaba inconcebible una sentencia desfavorable. Ahora son víctimas de una desilusión. Algo parecido nos ocurrió a los venezolanos el 7 de octubre.

¿Cuál sería la actitud de los colombianos si el resultado hubiese sido al revés, es decir, que el fallo hubiera favorecido a Colombia? ¿Aceptaría Colombia que Nicaragua alegara lesión a su soberanía para rechazar o desconocer el fallo?

Las decisiones de los órganos judiciales internacionales cuya competencia ha sido aceptada hay que acatarlas aunque no nos gusten, no nos satisfagan o no estemos de acuerdo con ellas. Esto abarca a todos los países, de manera especial el nuestro que se ha salido del sistema interamericano de protección de los derechos humanos para no acatar las decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

www.adolfotaylhardat.net/indexbis


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COLOMBIA: ¿PAZ O SOBERANÍA?


LEANDRO AREA

Las actuales conversaciones de paz en Colombia cuentan con el apoyo, entre otros, del gobierno de Venezuela, encabezado por Hugo Chávez, quien ha sido reelecto para ejercer la Presidencia entre 2013 y 2019. El análisis no descarta la posibilidad de especular sobre el hecho de que el candidato in pectore del gobierno colombiano en los comicios presidenciales pasados, fuera Chávez. La permanencia de este actor en el poder constituye tal vez factor determinante, en el corto y mediano plazo para el éxito del proceso de paz en razón de los vínculos públicos y los non sanctos que mantiene con la guerrilla colombiana y con el propio gobierno del vecino país.

Algunos pensaron, querubines, que el recibimiento de Henrique Capriles por parte de Santos durante la campaña electoral, era una muestra de apoyo a esa candidatura y casi que un anuncio de victoria. Cohetes sonaron. Nada más distante de la verdad. Jugada concertada, ¿con quién?, y elemental del que quiere aparentar amplitud democrática pero que, por encima de esas minucias éticas retardatarias,  calcula zamarro y actúa rápido y pragmático frente a lo que parecía podía ocurrir; y así ocurrió. En todo caso, “para curarnos en salud y que no vayan a decir después”, bienvenido sea. Chávez, él tan iracundo de costumbre, ni se dio por enterado. Fue un desplante. Obedientes, nadie en su gobierno se alteró. El otrora Vicepresidente Elías Jaua declaró que esta visita formaba parte de la cultura democrática. ¡Caramba! Lo cierto es que Chávez sigue en el poder y Santos lo considera un comodín para ser usado, entre otros tejemanejes, en su aspiración a la reelección, que es el fantasma que hoy recorre a América Latina,”ahora me toca a mí”, si es capaz de manejar con inteligencia y suerte, la trama de la paz, entre otros asuntos.

Pero mire su merced que de pronto ha caído, como balde de agua helada, el fallo “salomónico” de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, concediéndole a Nicaragua espacios sobre los cuales Colombia ejercía histórica pero exagerada soberanía lo que mantiene al país, sobre todo a los isleños, en una situación de incertidumbre, y no se diga de los nicaragüenses que, al revés, andan brincando en una pata. El foco de atención parece pues no ser sólo la paz.

Como se sabe, el gobierno de Nicaragua es petro-amigo del venezolano, con el cual comparte además de ideología, intereses geoestratégicos también en el Caribe. ¿Cuál será la posición de Venezuela si Colombia no acepta el fallo? ¿Cuál la de los Estados Unidos? ¿Y los cubanos? ¿Y los rusos? ¿Y los nicaragüenses? ¿Cuál es la sensibilidad de la Fuerza Armada colombiana ante este nuevo escenario? ¿Cómo queda la popularidad del Presidente Santos? Panorama confuso. Apuestas difíciles. Uribe se asoma. Chávez se oculta. Santos baraja cartas.

Lo cierto es que hay una nueva realidad de la que hay que estar pendientes por lo que de ella nos pueda salpicar todavía más. Paz y soberanía: mezcla explosiva.

@LeandroArea

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martes, 27 de noviembre de 2012


LOS RITMOS DE LA LUCHA


Pompeyo Márquez

Debemos terminar esta fase electoral lo mejor posible para lo cual tenemos que concentrarnos en el respaldo a los gobernadores, tal como lo hace hoy Ledezma y tratar de ganar el mayor número de gobernaciones derrotando a los candidatos paracaidistas enviados por el autócrata. No olvidar que vivimos una autocracia militarista con pretensiones totalitarias al estilo cubano. En otras palabras: el autócrata intenta copar totalmente al mapa venezolano y teñirlo de rojo. Impedir esta pretensión apoyada en su victoria basada en el ventajismo oficial, la coacción y el chantaje contra los servidores públicos y los beneficiarios de las misiones, y considerando el peso del Estado a su favor. Un 45 por ciento de los votantes se sobrepuso a todas esas adversidades.
Hay que hacer un esfuerzo por superar la votación de la disidencia,  Ya obtuvimos una victoria en las parlamentarias con el 52 por ciento de los votos. El sentimiento de cambio es mayoritario pues abarca a sectores del chavismo, no subestimemos que éste no es homogéneo, que en su seno se mueven las más variadas influencias políticas e intereses.
Esas gobernaciones servirían de punto de apoyo para enfrentar en condiciones más favorables la imposición del Estado Comunal que busca destruir la República Civil, eliminar la descentralización y el voto directo universal y secreto. En una palabra: terminar de aplastar a la Constitución que es la que rige la convivencia de los integrantes de un país civilizado. Una mitad de la población no debe tratar de imponer a la otra mitad un nuevo régimen de vida.
Luis Villorio, en su excelente libro “El Poder y el Valor –Fundamentos de una ética política”, recomienda: “La sabiduría política consiste en precisar con la voluntad esos cambios, de manera de evitar a la vez la inercia y el desgarramiento”. Y subraya que las sociedades no marchan a saltos, lo cual se une a otros clásicos que asientan que toda sociedad se plantea tareas muy específicas al momento que vive.
Es por tales razonamientos que estamos en la obligación de comprender este momento, y su tarea específica. Y comprender que muy pronto, al comenzar  el próximo año entraremos en una nueva situación que nos inducirá a reestudiar al país y a nosotros mismos, a comprender al venezolano de nuestros días y cómo tratarlo. Y las nuevas políticas que habremos de utilizar para enfrentar a  esta tendencia al totalitarismo cubano, justamente cuando éste se encuentra en un inicio de determinados cambios que dejarán al chavismo como  un anacronismo no sólo de América Latina sino del mundo.
Algo que consideramos permanente a lo largo de esta lucha es la conservación de la unidad, estudiando sus nuevas características y sus nuevas tareas. Una unidad que esté presente en los combates sociales y políticos de este nuevo período y que debe estar fundamentada en una pequeña plataforma política donde la conquista de la República Civil, de la democracia, de la libertad esté estrechamente vinculada con la justicia social. Está más que demostrado que ninguna fuerza, ni ninguna personalidad, por sí solas están en capacidad de vencer a la autocracia millonaria. Se necesitará de la unidad más amplia, sin perder su profunda fisonomía democrática y de equidad. Hay valores que son irrenunciables y ellos deben ser desplegados ante la opinión pública para crear conciencia movilizadora. Nada es eterno, estas autocracias personalistas se desploman tarde o temprano, así lo dice la Historia. Cuándo y cómo son los problemas a resolver. Y lo digo no como frases de ocasión, sino hablando con el mayor  realismo.

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EL HOMBRE INVISIBLE



      TEODORO PETKOFF

TALCUAL


¿Está el presidente de la República en pleno ejercicio de sus atribuciones como tal? La pregunta viene a cuento porque la salud de los mandatarios, en casi todos los países, es asunto de interés público y se maneja como tal. Y es lógico que sea así, porque quienes ejercen el poder no son ciudadanos privados, cuyas dolencias no interesan más que a sus círculos familiares y amistosos, sino personas públicas, cuya salud posee, inevitablemente, un carácter no ajeno a la vida política de cualquier país. En Latinoamérica tenemos el reciente caso de Pepe Mújica, presidente de Uruguay, operado a raíz de una trombosis, de lo cual fue informada bastante detalladamente toda la nación charrúa. De hecho, así ha ocurrido también, en otras ocasiones, en distintos países del continente y probablemente en casi todo el planeta. La salud de quienes gobiernan no puede ser un secreto para los gobernados, que son los primeros interesados en el asunto.
La referencia es relevante porque en nuestro país, la enfermedad del Presidente ha sido manejada con un secretismo tanto más sorprendente cuanto que Chávez se caracteriza, precisamente, por tratar las peripecias de su vida privada sin complejos y bastante abiertamente. Y, por otra parte, de una explotación plena de efectos electorales y de manipulación de la afectividad popular. Pero en las últimas semanas la dolencia del Presidente se ha transformado en una especie de extremo secreto de Estado. Chávez ha desaparecido de la escena pública. En el mes octubre, después de su reelección, y en noviembre, se ha hecho presente en televisión y radio menos de una decena de veces. Teniendo en cuenta que estamos en medio de la campaña electoral para elegir gobernadores, la ausencia de Chávez es tanto más notoria cuanto que en otras oportunidades arropaba las campañas regionales con su ubicua presencia y en esta ocasión no le ha levantado el brazo a ninguno de “sus” candidatos ni ha salido de Miraflores, para saltar de estado en estado, sustituyendo a los candidatos, que, por lo demás, él mismo designó, sin consultar ni a su partido ni a nadie. “Votar por Fulano o Mengano es votar por Chávez”: él mismo ha acuñado esta consigna, no sólo narcisista sino expresión de la política autocrática y chávez-céntrica que le es propia.
Esto nos lleva a repetir la pregunta: ¿está Chávez ejerciendo plenamente sus atribuciones presidenciales? Hay razones para ponerlo en duda. Y en un país que debe enfrentar en unas semanas unas elecciones que van a confeccionar muchos de los rasgos esenciales de su futuro y en el cual ya se anuncian, cada vez con más claridad, los signos de una crisis económica de dimensiones poco previsibles y que ya está no solo en los augurios de los opositores sino en las declaraciones explícitas de sus gestores económicos, que se han atrevido a hablar de lo innombrable (gasolina, regaladera), ese vacío aparece como absolutamente estrambótico y poco explicable.


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