"El Gobierno está en un disparadero: o sigue pisoteando la Constitución o acata las normas. (...)Con el allanamiento de la inmunidad a William Ojeda se pretende silenciar a diputados opositores", analiza Gustavo Tarre Briceño, abogado constitucionalista y exparlamentario.
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El constitucionalista y ex parlamentario Gustavo Tarre no descarta que la ofensiva contra William Ojeda para despojarlo de su inmunidad parlamentaria, más allá de las malas intenciones, pueda responder a "la chapucería e ignorancia de unos diputados oficialistas que quizás no tengan ni idea de lo que están hablando ni hayan leído el artículo 199 de la Constitución", referido a las prerrogativas que protegen a los diputados (inmunidad e irresponsabilidad) , en el ejercicio de sus funciones, y cuyo origen se remonta a la legislación inglesa del siglo XIV, bajo una premisa: Libertad de Hablar.
-¿Los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional no son el preludio de una radicalización del chavismo ante la situación nacional y el inicio de la campaña electoral?
-Yo diría que no es el preludio sino la continuación. Lo que ellos hicieron con la Asamblea, al quitarle la potestad legislativa, vía Habilitante, tuvo como resultado que el presidente ha sancionado ocho leyes y la Asamblea una sola, la de Endeudamiento, prácticamente sin discutirla. Al mismo tiempo, cuando se castra a la Asamblea con la modificación del reglamento, le arrebatan la facultad de control y reducen su presencia a un mínimo insólito de una sesión semanal.
-Pero una cosa es hacer todo eso en una época en que había un dominio mayor de las instituciones y se gozaba de respaldo popular y otra es hacerlo ahora, cuando la oposición tiene una representación considerable en la Asamblea.
-Ya en ese momento la voluntad popular estaba expresada y les importó un comino violar, no sólo el espíritu de la Constitución, sino el sentido común, al usar la Asamblea saliente para modificar las condiciones en las cuales trabajaría la Asamblea entrante.
-En todo caso está en marcha un proceso que posiblemente degenere en el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Ojeda.
-La Constitución protege a los parlamentarios mediante dos prerrogativas: la inmunidad y la irresponsabilidad. Los diputados no pueden ser detenidos ni sometidos a juicio sin un allanamiento previo de la inmunidad. Ellos no responden por votos de opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones. Al diputado William Ojeda se le destituyó como vicepresidente de la Comisión de Cultos y Asuntos Penitenciarios sin ni siquiera habérsele oído. Los diputados no sabían qué había dicho ni él tuvo ocasión de defenderse y así se violó una garantía constitucional, cual es el derecho a la defensa y a ser oído.
-¿Qué se entiende por "ejercicio de sus funciones"?
-En esta materia hay dos interpretaciones. Una tradicional, en virtud de la cual el ejercicio de las funciones se limita a los discursos en la Cámara o en las comisiones. La otra, la moderna, señala que las afirmaciones del parlamentario se vinculan con su trabajo propiamente dicho, a menos que esté en ejercicio de una actividad privada. Y es evidente que el diputado Ojeda, miembro de una comisión encargada del régimen penitenciario y electo por el estado Miranda, se encontraba en El Rodeo ejerciendo su función parlamentaria. Luego, para que se realice el allanamiento debe haber un delito. Pero, ¿cuál es el delito del diputado Ojeda? En ninguna parte fue señalado.
-¿Cuál es la intención de crear un escándalo sobre otro, mucho más grave, como la situación en El Rodeo?
-Se busca silenciar a los parlamentarios, que tengan miedo de expresar sus opiniones porque se les puede allanar la inmunidad, ser sometidos a juicio y encarcelarlos. Una total negación de la democracia, contraria a la tradición parlamentaria venezolana, cuya interpretación de la irresponsabilidad siempre ha sido la más amplia. Así ocurrió con los casos de Paciano Padrón y Vladimir Gessen, a quienes nunca se les atribuyó la comisión de un delito, dejando que respondieran ante el cuerpo y no ante los tribunales.
-El debate ahora es sobre la inmunidad de Ojeda y no sobre las cárceles.
-Resulta evidente que hay un desvío grande de la atención del público porque el problema es el diputado Ojeda y no la situación penitenciaria. Tenemos unas cárceles donde hay armas de guerra, se produce una situación que le permite a un General señalar como el tiroteo en el El Rodeo era similar a un episodio de la guerra en Vietnam o de la Segunda Guerra Mundial, pero no se investiga cómo llegaron esas armas allí, ni quiénes son los responsables. Así, cuando el diputado Ojeda denuncia al ministro El Aissami es porque la Constitución señala a los ministros como responsables, ante lal Asamblea, de los hechos que acontecen en el área de su competencia. En consecuencia, todo lo relativo a Interior y Justicia y por tanto las prisiones, son de su responsabilidad. Es toda un secuencia de violaciones que ya no extrañan a nadie dado los antecedentes de este régimen.
-Pareciera que no hay manera de evitarlos porque ocurren con o sin representación de la oposición en el parlamento.
-Si se permite que se silencie a un diputado, una de cuyas funciones es hablar y denunciar, indudablemente tu pregunta es pertinente. Pero entiendo que varios diputados retomaron las declaraciones de Ojeda y si el oficialismo es consecuente debería solicitar el allanamiento de inmunidad, con toda la arbitrariedad que eso implica, a todos los diputados. Si todos los hacen, el gobierno se verá en la obligación de allanar la inmunidad de todos o quedar como arbitrario y carente de sentido. Además, debe haber una respuesta de calle ante un golpe contra la institución parlamentaria que resulta intolerable.
-La amenaza se extiende a los medios de comunicación.
-Porque el gobierno está viviendo uno de los peores desbarajustes de su historia y ya sabemos que no es una historia pobre en desbarajustes. La simultaneidad de la crisis eléctrica con la situación penitenciaria, el desastre de las empresas básicas en Guayana y el endeudamiento masivo a pesar de los altos precios petroleros, nos colocan ante un gobierno fallido cuya tendencia es hacia la represión. Este gobierno no es de los que admiten culpas. Lo lógico sería la inmediata destitución de los cuatro ministros del ramo por ineptos: Tarek El Aissami, Alí Rodríguez, Kan y Giordani. El desastre tiene sus responsables y en democracia se destituye a ministros que fallen en el cumplimiento de sus funciones. De manera que quien se encuentra en un disparadero es el Gobierno. O termina de pisotear la Constitución o acata lo que dicen las normas.
-En todo caso los problemas de fondo siguen allí.
-Claro. Y eso no se soluciona matando al mensajero. Cuando el diputado Ojeda denuncia lo que ocurrió en El Rodeo, allí está la realidad Aquí, ahora, con las redes sociales todo se sabe y por más que el gobierno intente manipular a la opinión pública todo el mundo está consciente de los hechos horroroso ocurridos en El Rodeo y de la responsabilidad del gobierno. Alguien permitió la entrada de ese armamento y ese alguien son funcionarios de este gobierno. Pero nadie del Gobierno anuncia investigaciones ni sanciones.
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