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¿Debe el Paraguay ser expulsado de la OEA, Mercosur y Unasur?

JUNIO - 30 - 2012

Javier El-Hage    

El pasado viernes, la Cámara de Senadores de Paraguay resolvió separar a Fernando Lugo de su cargo como Presidente de la República. El juicio político duró solamente dos días. Los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Argentina se apresuraron a calificar los hechos ocurridos en Paraguay como un golpe de Estado; mientras que los presidentes de Brasil y Uruguay han pedido la expulsión de Paraguay del Mercosur y Unasur, en aplicación de la “clausula democrática” de sus tratados.

Una cláusula democrática es un conjunto de disposiciones establecidas en instrumentos internacionales como la Carta Democrática Interamericana de la OEA (2001), el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático del Mercosur (1998; y en el Protocolo adicional sobre compromiso con la democracia de Unasur (2010). Estas disposiciones obligan a los Estados a tener sistemas democráticos para su admisión y permanencia en estas organizaciones internacionales. En otras palabras, las cláusulas democráticas buscan castigar a gobiernos antidemocráticos con el aislamiento de la comunidad internacional.

¿Pero cuáles son los hechos que convierten en un Estado miembro de la OEA en un Estado antidemocrático, provocando la aplicación de la cláusula democrática?

Técnicamente, los documentos internacionales mencionados anteriormente castigan el “derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido”, la “ruptura del orden democrático”, o “la alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”. Sin embargo, dada la imprecisión de estos términos, la mayoría de los estudiosos del derecho internacional están de acuerdo en que existen por lo menos tres hechos para catalogar a un Estado como antidemocrático. En primer lugar, los hechos que constituyen un “golpe de Estado”; en segundo lugar, los hechos que constituyen “situaciones similares al golpe de Estado”; y en tercer lugar, la “erosión” sistemática o sostenida de la democracia.

Entonces, ¿existió un golpe de Estado, o una situación similar a un golpe, o la erosión sistemática o sostenida de la democracia en Paraguay?

Veamos. El término golpe de Estado no es un concepto jurídico —es decir, no se encuentra definido ni en el derecho internacional, ni en los órdenes jurídicos internos—. Sin embargo, si se toman en cuenta los usos del término en los libros que tratan exclusivamente el fenómeno de los golpes de Estado y en diccionarios especializados, podría decirse que se está ante un golpe de Estado cuando han concurrido al menos cuatro elementos: en primer lugar, que la víctima del golpe sea el Presidente u otra autoridad civil o militar que tenga el mando máximo del Poder Ejecutivo en un país; en segundo lugar, que el perpetrador del golpe haya ejercido violencia o coerción contra la víctima para que abandone su cargo; en tercer lugar, que la acción o acciones que conforman el golpe sean abruptas o repentinas y rápidas; y, encuarto lugar, que esta acción se produzca en clara violación del procedimiento constitucional para la destitución del Presidente. El año pasado, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras usó esta misma definición al determinar que la expatriación forzosa del presidente Zelaya realizada el 28 de junio de 2009 constituyó un golpe de Estado.

Dado que no hubo violencia en el derrocamiento del presidente Fernando Lugo, se debe descartar que los hechos en Paraguay constituyan un golpe de Estado. Los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Argentina se han equivocado al calificar los hechos de esa forma.

Otro motivo para la aplicación de la cláusula democrática, son los “hechos que constituyen situaciones similares al golpe de Estado”, donde la ruptura del orden democrático se produce también de manera abrupta o repentina. Entre estos hechos se encontrarían los llamados “autogolpes” (cuando un Presidente disuelve el Congreso) y los llamados “golpes de impeachment”, definidos por el Prof. Boniface del Rollins College como “actos ilegales de una oposición desleal [en el Congreso] para derrocar a presidentes electos”.

Ahora bien, ¿actuó el Congreso de Paraguay rápida e ilegalmente, cometiendo un golpe de impeachment contra el presidente Lugo?

La Constitución de Paraguay le otorga al Congreso la facultad de remover al Presidente en tres circunstancias: “por mal desempeño de sus funciones”, “por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo” o “por delitos comunes”. A su vez, el Congreso puede acusar con base en las mismas causales al Vicepresidente de la República, Ministros del Poder Ejecutivo, y otras autoridades. El artículo 225 establece un procedimiento de destitución de dos pasos: (1) una resolución de acusación por la Cámara de Diputados, y (2) una decisión de culpabilidad por la Cámara de Senadores. El 21 de junio de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la resolución Nº 1431/2012 acusando al presidente Lugo de “mal desempeño de sus funciones”; al día siguiente, el Senado votó una resolución declarándolo culpable por el “mal desempeño de su funciones” y separándolo del cargo.

Al presidente Lugo se le concedieron solo dos horas para presentar su caso y pruebas de descargo ante el Congreso. ¿Será que esta rapidez en su destitución la convierte en un golpe de impeachment por violaciones al del debido proceso, como lo ha sugerido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Dada la imprecisión del concepto “mal desempeño de sus funciones” (sin duda, es normal que un presidente tenga un “mal desempeño” desde la perspectiva de un legislador de oposición), las garantías del debido proceso en el juicio político en Paraguay claramente no están determinadas por la duración de los procedimientos. (Dar a un presidente varios meses de plazo para presentar las pruebas por “buen desempeño”, difícilmente cambiará la opinión de los legisladores que piensan que el desempeño del presidente fue “malo”, a la luz de un hecho determinado. El juicio político realizado por los congresistas, por ejemplo, consideró que la actuación del Presidente Lugo en relación a un reciente enfrentamiento armado entre oficiales de policía y campesinos “sin tierra”, en el cual murieron 17 personas, constituyó un “mal desempeño de sus funciones”.)

Al contrario, las garantías constitucionales del debido proceso en el juicio político de Paraguay consisten en la mayoría calificada que se requiere para las votaciones en cada etapa del proceso. De acuerdo con el Art. 225, tanto la resolución de la Cámara de Diputados, como la resolución del Senado, deben ser aprobadas por dos tercios del total de los miembros de cada Cámara. La destitución de Lugo se llevó a cabo por una votación de 76-4 en la Cámara de Diputados, y una votación 39-6 en el Senado, excediendo en gran medida los dos tercios exigidos por la Constitución.

Además, desde su origen en Gran Bretaña y los Estados Unidos, el juicio político o impeachment nunca tuvo la intención de tener las mismas garantías del debido proceso que los procedimientos civiles o penales. Los procedimientos civiles o penales consisten en una determinación de hechos con base en medios de prueba convincentes o persuasivos, ya que su consecuencia podría ser el encarcelamiento del acusado, o la obligación de pagar una cantidad de dinero al demandante. Por su parte, la decisión de un juicio político es una expresión de falta de confianza de un órgano político, que conduce solo a la separación del cargo y el despojo de la inmunidad. Está destinado principalmente a resolver un problema de impasse o la falta de confianza en un funcionario ejecutivo por el más democrático de todos los órganos de gobierno, el Poder Legislativo.

Solo después, si alguien quisiera presentar una denuncia contra el funcionario sometido a juicio político (como el estado de Illinois, EE.UU., lo hizo recientemente con el Gobernador Rod Blagojevich), un tribunal civil o penal entonces seguirá el procedimiento ordinario, observando las garantías procesales adecuadas para pronunciarse sobre la posibilidad de un castigo más severo. Como Hamilton escribió en El Federalista (No. 65), “después de haber sido condenado a un destierro perpetuo de la estima, confianza, honores y emolumentos del país, él continuará siendo susceptible de enjuiciamiento y castigo en el curso ordinario de la ley”.

En algunos países, como Argentina y Bolivia, existe una ley que regula el procedimiento constitucional de juicio político y que establece garantías más estrictas de debido proceso, especialmente para los casos en que el presidente es acusado de un delito. Sin embargo, al parecer la Constitución paraguaya post-Stroessner de 1992 buscaba precisamente dar al Congreso un poder casi arbitrario para separar a un presidente con la simple existencia de una mayoría calificada de congresistas dispuesta a hacerlo. No obstante, en pos de la transparencia, la estabilidad y la consolidación del Estado de Derecho, tal vez Paraguay debería considerar la promulgación de una ley que regule el juicio político y que brinde mayor certidumbre en relación a la imprecisa causal de “mal desempeño de sus funciones”.

A pesar de que el juicio político en Paraguay se realizó demasiado rápido para el gusto de muchos críticos legítimos, el presidente Lugo fue separado legalmente de su cargo a través de la correcta aplicación de un procedimiento de juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución. El juicio político se produjo en virtud de la causal imprecisa —aunque constitucional— de “mal desempeño de sus funciones”.

En suma, en Paraguay tampoco se produjo un “golpe de impeachment”.

Finalmente, la última serie de eventos que puede producir la activación de la cláusula democrática es la “erosión” sistemática o sostenida de la democracia. Esta causal, sin embargo, no busca la defensa de un presidente electo democráticamente (como en un “golpe de Estado” o en “situaciones similares al golpe de Estado”), sino más bien busca hacerlo responsable por erosionar la democracia, es decir, por acosar a los medios de comunicación independientes, promover la reelección indefinida, celebrar elecciones injustas, controlando el poder judicial, perseguir a políticos de la oposición, etc. Esta es la situación que el gobierno post-Fujimori del Perú tenía en mente cuando propuso a la OEA la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en 2001.

Esto, por supuesto, tampoco ocurrió en Paraguay.

Es curioso observar que los líderes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Argentina fueron quienes se apresuraron a calificar la destitución constitucional del presidente Lugo como un “golpe de Estado”, sin prestar atención a la Constitución de Paraguay. Estos mismos son los líderes democráticamente electos que han mostrado mayor irrespeto hacia los medios de comunicación independientes, la oposición, y las Constituciones de sus propios países.

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¿NIGERIA O CUBA?

               Ibsen Martínez

Michael Reid,  jefe de la sección latinoamericana de The Economist, opina que, más que rumbo a ser una segunda Cuba, nuestra condición de petroestado corrupto nos acerca a una segunda Nigeria. Ya estamos en Nigeria, amigos; al borde de ser un estado fallido, aunque  concebiblemente  rescatable. ¿Daremos un paso al frente para  caer en la pesadilla que es Cuba?

Al discurrir sobre nuestra América, muchos analistas extranjeros se ciñen a la “regla del pulgar” del novelista Graham Greene, gran valedor británico de hombres fuertes caribeños como el desaparecido general panameño Omar Torrijos. Para ellos, si el hombre es “carismático” –   esto es: un  espadón vociferante, tiránico e inepto –, si habla “en nombre de los pobres”  y llena de  dicterios al imperialismo yanqui, entonces el tipo es de izquierda y, sin más, el bueno de la película.

Al otro candidato, Henrique Capriles Radonski, lo tratan como a José Carreras en el chiste de Jerry Seinfeld a costa de los tres tenores: es el otro tipo, simplemente. Y, por descarte, debe ser el  candidato “ de la derecha”.  Pero las cosas no son tan sencillas  al llegar a Venezuela, con seguridad uno de los petroestados populistas más antiguos del planeta.  Y esto último – el petroestado venezolano y sus singularidades – resulta de suma relevancia a la hora de comprender porqué Hugo Chávez, a quien erróneamente se le piensa invicto en lides electorales, bien puede perder ante el otro tipo las presidenciales del 7 de octubre.

2.-

Cuando eres un petroestado hispanoamericano heredas la potestad de la corona española sobre la riqueza del subsuelo y acabas convirtiéndote en el “ogro filantrópico” de que hablaba Octavio Paz : sólo tú cortas el bacalao. Tú solo dispensas todo el dinero de la renta petrolera y el resto de la población – incluídos buena parte de la banca y el empresariado local – no son más que cazadores o pedigüeños de esa renta.

Y por lo mismo, menos ciudadanos que súbditos cuya religión laica es el estatismo redistributivo. Clientes, no más.  O aspirantes a serlo, con muy poco espacio dónde situarse en medio. Para irnos entendiendo, todo lo malo del populismo colectivista latinoamericano puede ser y, en efecto,  es peor en  Venezuela, donde el Estado-billetera ha sido siempre indistinguible del gobierno de turno y, en términos absolutos,  el empleador de bastante más del 80% de la población económicamente activa.  Paciencia con esta digresión de asunto económico, amigo lector: es del todo relevante para esta bagatela de fin de semana.

2.-

Los petroestados experimentan fases maníacas y  estados depresivos, según cómo se comporten los precios del crudo.  En fase maníaca, de altos  precios, a sus gobernantes les da por pensar, o fingen pensar, que ahora sí cerrarán  la brecha que nos separa del Primer Mundo. Se arrogan toda clase de competencias, creando así más y más incentivos a la corrupción. ¿  Crear un fondo para cuando caigan los precios?  ¡Ni hablar!: ahorrar es de timoratos, cosa de cigarras, o para decirlo mas crudamente , con palabras del inolvidable Salvador Garmendia: “El ahorro es p’a los peorros”.

En fase depresiva – siempre llega el momento—, los petroestados se endeudan, dan en garantía a los mercados la factura petrolera futura o aceptan las fórmulas del FMI,

La fase maníaca  que siguió al embargo impuesto a Occidente por los países de la Opep, en 1973, nos trajo al “primer”  Carlos Andés Pérez y la nunca bien llorada “Venezuela Saudita”. Todo era posible; todo podía y debía hacerse: desde grandes obras de infraestrutcura, masivos planes de becas, un modélico sistema de orquestas juveniles o editoriales como la Colección Ayacucho,   hasta obsequiar buques cargueros a Bolivia para simbolizar el apoyo al país andino en procura de una salida al mar o enviar armas a los sandinistas.  ¡Ah!, y  grandes negocios, grandes empréstitos jamás recuperados por el petroestado buchón.

Así que Chávez no fue, por cierto,  el primero en pretender comprar con petrodólares el liderato de los condenados de la tierra: en su fase maníaca,  también CAP quiso comprar para Venezuela la jefatura del los países no alineados.  Pero Chávez ha presidido el más prolongado boom de precios registrado hasta ahora en elplaneta: la más extendida fase maníaca petrovenezolana.

3.-

Tan  largo ha sido el boom, y tan duradero el brote maníaco, que pese a la matanza de la gallina de los huevos de oro que fue Pdvsa, ha podido financiar fallidos, corruptibles y corruptores planes sociales de subsidio directo a los más pobres, costosos delirios  belicistas, improbables alianzas antimperialistas , una mostrenca federación con Cuba ,  el desguace definitivo de nuestra instucionalidad – endeble desde siempre—, el incondicional subisidio a Cuba, un antimperialismo tan vociferante como dispendioso y el inequívoco y decidido empeño en llevarnos hacia un sistema totalitario.

Todo ello ha alentado la despiadada espiral de violencia criminal que nos despedaza.  Los tres lustros de  Chávez  han hecho posible que Venezuela acoja  modalidaes del narcotrafico que involucran “protagónicamente” a la institución militar y al Poder Judicial.   Todo ello en nombre de la solidaridad, el humanitarismo  y el bien colectivo: el socialismo del siglo XXI.

Con todo, Michael Reid, el perspicaz  jefe de la sección latinoamericana de The Economist, opina que, más que rumbo a ser una segunda Cuba, nuestra condición de petroestado corrupto nos acerca a una segunda Nigeria.

La inviable Nigeria, un petroestado podrido, como el nuestro, figuró el año pasado en el puesto 143 del Índice de Corrupción que elabora  Transparency International: sin instituciones, rica pero infaltablemente sin recursos, sin equidad ni  posibilidades reales de detener la espiral de violencia y terror que la deshace.  Venezuela figura en el mismo índice, sólo que  35 puestos por debajo de Nigeria, en el 178, apenas 7 países por encima del último en una lista de 182: Somalía.

Así que ya estamos en Nigeria, amigos; al borde de ser un estado fallido, aunque  concebiblemente  rescatable. ¿Daremos un paso al frente para  caer en la pesadilla que es Cuba?  ¿Seremos un estado fallido y, además, irreversiblemente totalitario?

Votaré  por el otro tipo. Llevaré dos más  a votar por él. ¿Y usted?

Ibsen Martinez está en @ibsenM

www.ibsenmartinez.com

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A LA BATALLA¡

             Fausto Masó

Al miedo hay que verle la cara para derrotarlo, reírse de los que nos amenazan. Esta vez hay que ganar sí o sí, aunque se compita en condiciones desiguales, las que paradójicamente se convierten en una ventaja para la oposición, aumentan su unidad y su determinación. Chávez repite que no aceptará su derrota electoral, como si el Ejército fuera su guardia personal. Se equivoca, y mucho. El país está en la calle, con los ojos abiertos.

Cuando Miraflores nos pide reconocer el resultado electoral del 7 de octubre, oculta su intención de violarlos, a pesar de que ahora Chávez no podrá contrarrestar las consecuencias de su derrota, como ocurrió con las elecciones regionales y con el referéndum constitucional. Sin duda, pretende aprovechar para cualquier maniobra los meses antes de la toma de posesión, lapso que intencionalmente se estableció inusitadamente largo en previsión de que perdieran las elecciones. El chavismo es un edificio construido sobre terreno movedizo, como muchas de las viviendas que se levantan apresuradamente, sin tomar en cuenta ni el urbanismo ni las necesidades de la población.

Por eso llegó la hora de las universidades, profesores y estudiantes, sindicalistas, intelectuales, amas de casa: el programa del chavismo les promete que dejarán de ser venezolanos, se juegan también la dignidad el 7 de octubre. Todos participaron individualmente en la gran marcha de la inscripción de la candidatura, pero les toca movilizarse como sectores, en defensa de sus instituciones, de su condición de profesores o sindicalistas, porque el destino de las universidades autónomas, de los sindicatos, la libertad intelectual, la educación libre, está en juego.

Esta batalla no pertenece sólo a los partidos y a los dirigentes políticos, Chávez está poniendo en peligro la independencia y la soberanía de Venezuela: el crecimiento económico basado en los elevados precios del petróleo, las tesis de Giordani, nos llevan aceleradamente a la ruina; al aumentar el número de empresas estatizadas crece la ineficiencia y la inversión deja de producir frutos, el gasto público sólo alimenta la corrupción, como ocurrió al final con el estalinismo.

Un triunfo electoral del PSUV acabaría con las universidades autónomas, los sindicatos, el derecho a la educación. Antes del 7 de octubre Chávez debe reconocer que no somos búlgaros, o extraterrestres, jurar por el Cristo de La Grita que no repetirá la maniobra que sufrió Antonio Ledezma cuando ganó las elecciones.

No, el tema principal hoy no son los resultados electorales del 7 de octubre, sino que Chávez se comporte decentemente después de su derrota electoral. Todo esto reviste de un carácter histórico las próximas elecciones del 7 de octubre, quizá las últimas que pensaba celebrar el chavismo, a juzgar por las leyes que han sido aprobadas por la Habilitante. El Consejo de Estado reemplazará a la propia Asamblea y las famosas comunas elegirán en un futuro al presidente, porque a Chávez le gustaban las elecciones cuando las ganaba. Aunque éstas, celebradas en las peores condiciones de ventajismo, sean espurias, las ganará Capriles porque el venezolano no apoya nunca al abusador ni al político guapetón. El oficialismo se quedó sin discurso, cuenta con sus recursos económicos y un CNE que le permitirá cualquier abuso. Pero el país tiene ojos y ve, recordemos las elecciones en que fue derrotado Pérez Jiménez.

¡A la batalla, pues!

Fausto.maso@gmail.com

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LA INFAMIA CONTRA ECONOINVEST

LUIS BELTRAN PETROSINI

En el país observamos situaciones cuyo desarrollo desconcierta por el cinismo con el que se ha pretendido vender la antiética como ética. Después de dos años en los que cuatro directores de una empresa venezolana han permanecido detenidos en contra de lo que manda la Ley, según la cual nadie puede permanecer en esa situación sin juicio, resulta difícil no sospechar de un trasfondo inconfesable.

Es posible entender, aunque no se esté de acuerdo, que hace dos años el actual gobierno, signado por sus objetivos ideológicos y políticos, tuviese el propósito de eliminar el mercado de capitales. Esto se tradujo en atropellos contra varias empresas financieramente sanas que fueron objeto de auténticas expoliaciones cuyos responsables en algún momento responderán por sus actos. Pero, dentro de ese contexto, no hay duda de que si alguien del sector cometió delitos en el ejercicio de su actividad, debía ser juzgado y, de ser responsable, castigado conforme a la Ley. Lo inadmisible es que, después de esos dos años, cuatro ciudadanos, cuya inocencia no ha sido desvirtuada, permanezcan detenidos sin que un tribunal esclarezca los hechos de los cuales se les acusa.

El quid del asunto está en dilucidar si la simple intermediación de divisas en el mercado alternativo, es decir, la compra y venta de divisas no pertenecientes al Estado sino propiedad de particulares y cuyo régimen estaba en la ley eran o no delito. Y todo apunta a que no. De modo que si las operaciones se hacían dentro de los parámetros fijados por el gobierno venezolano, eran perfectamente legales. Tengo entendido que así lo señaló el Ministerio de Finanzas a través de su Consultoría Jurídica, que analizó ese tipo de operaciones a la luz de todo el régimen legal cambiario instaurado por el Estado venezolano. Lo insólito es que en lugar de esta opinión técnica lo que llegó al expediente del juicio fue un oficio del Ministro que reemplazó las conclusiones técnicas por su propia opinión política.

¿Quién llevaría al presidente de la República que, obviamente, no es un experto en el tema -y que no tiene por qué serlo-, a hacer afirmaciones tan graves como las de calificar a Econoinvest como un “nido de mafiosos”  cuando en realidad, con estas operaciones, nadie falsificó nada, ni defraudó a nadie, ni comprometió divisas de la República, ni evadió controles, ni cometió siquiera una falta administrativa en la intermediación de divisas bajo el esquema establecido por el Banco Central de Venezuela, regulado por la Ley de Ilícitos Cambiarios y supervisado por el Estado venezolano? ¿Quién habría generado y puesto en boca del Presidente en aquel momento contenidos tan crueles e incendiarios que irremediablemente condujeron a la formación de una matriz de opinión según la cual estábamos en presencia de cuatro émulos de Al Capone?

Hoy la realidad es que, después de dos años, la acusación es insostenible pues mientras más se conocen los hechos, más se aprecia la gravedad de la manipulación. ¿Será por ello que se está evadiendo el juicio? ¿Será que los acusadores advierten que los señalamientos rayan en el ridículo? Vemos un nuevo ruleteo judicial en el que cuatro venezolanos probos en el manejo de una empresa que fue ejemplo de exitosa gerencia y de responsabilidad social y que contribuyó, además, al soporte de actividades educativas y culturales de un valor incalculable, están siendo víctimas de una auténtica atrocidad jurídica, propia, esta sí, de la actuación de un verdadero nido de mafiosos.

¿Cómo se le pudo hacer creer a la opinión pública que Econoinvest usurpaba la identidad de personas para hacer adquisiciones masivas de bonos de la República cuando, en realidad, su cartera de clientes registrados, con origen de fondos declarado y expediente formado superaba las cincuenta mil personas? Para quien medianamente conozca el tema esta fue una afirmación absurda ya que Econoinvest, en la emisión más concurrida sólo colocó diez mil órdenes, es decir, que con cincuenta mil clientes registrados tuvo a su disposición más de cuarenta mil cédulas para la faena que quisiera y jamás realizó una operación sin que un cliente la ordenara y la confirmara, a diferencia de otras casas de bolsa que, con menos de diez mil clientes llegaron a colocar más de cuarenta mil órdenes que fueron aceptadas y adjudicadas por las autoridades, vaya usted a saber con cuáles documentos de respaldo.

Leí el documento emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas que se pronunció en torno a la situación de los directivos de Econoinvest. Solo atino a expresar mi estupor ante la confirmación, proveniente de esta fuente objetiva e imparcial, de la  magnitud del atropello al que estos ciudadanos han sido sometidos y cómo, cada día que pasa, su situación se torna más grave y delicada con la prolongación injustificada de su detención, por la cual, sin duda, alguien deberá responder en su momento. Es significativo que los miembros de ese equipo de ONU sean un senegalés, una pakistaní, un chileno, un ucraniano y un noruego, muy alejados todos, por cierto, de las pasiones e intereses que el gobierno venezolano le suele atribuir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No sé que está esperando el gobierno venezolano para acabar con esta vergüenza.

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DECLARACIÓN DE LA MESA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA CONTRA MEDIDA JUDICIAL A GLOBOVISIÓN




                                 


La Mesa de la Unidad Democrática expresa su más firme rechazo a la arbitraria decisión del TSJ de imponer al canal de noticias Globovisión, un embargo por la cantidad de 25 millones de bolívares.

No deja de sorprender que cuando se trata de coartar los derechos de los ciudadanos, la "justicia" en manos del gobierno es diligente y eficaz. El país quisiera ver el mismo accionar del TSJ para actuar contra la inseguridad, contra la incapacidad, contra la corrupción, contra los excesos de un gobierno que cada día hace méritos para ser llamado en propiedad un gobierno autócrata.

La excusa de la "justicia" gobiernera para atentar contra un canal de noticias independiente y que es visto por millones de venezolanos, es la cobertura de los hechos de El Rodeo. A quien hay que sancionar es al Presidente, al Ministro del Interior, y a la Ministra de Asuntos Carcelarios, por haber permitido que las cárceles se hayan convertido en lo que son hoy: fábricas de corrupción y muerte.

El gobierno quiso que el país no se enterara de lo ocurrido en El Rodeo, al aplicar su política de censura. En ese momento Globovisión fue Venezuela, especialmente para los familiares de los presos, quienes a través de la pantalla del canal de La Florida, se enteraron de lo que ocurría con sus familiares, información que el gobierno de Chávez se ocupó de negar sistemáticamente. Dijeron que no pasaba nada, como hoy dicen que no hay crímenes y no hay apagones. Al Presidente y a sus jerarcas, no les interesan los sectores humildes. Su único interés es mantenerse en el poder y para eso aplastan los derechos fundamentales que establece la Constitución. No tendrán éxito. 

Este grave hecho es una clara evidencia de la sumisión de la justicia a las órdenes del gobierno. Se sanciona a un canal que cumplió con su deber de informar a un país que no sabía lo que ocurría en El Rodeo y que la propaganda pretendió ocultar, pero no se sancionan los excesos de Chávez y sus largas cadenas llenas de insultos o el lenguaje del odio de los medios oficiales que todos los días agreden al país.  

Este nuevo y grave atentado contra las libertades de los venezolanos ocurre en el contexto de una campaña electoral. La Mesa de la Unidad Democrática ha sido consecuente y responsable ante el país al denunciar las condiciones de desigualdad que privan en esta contienda electoral. Se busca que Venezuela tenga miedo, que el solo hecho de pensar en un cambio de gobierno sea asumido como riesgo y con temor; el gobierno quiere que los venezolanos no piensen acerca de su presente y sobre su futuro. Nos quieren inertes, llenos de miedo ante el zarpazo de la represión de un gobierno que se esconde en bellos discursos sobre la independencia, la soberanía, la Patria ¿Cuál Patria? Dónde hay represión, no hay Patria. Este gobierno no representa al país.

La decisión contra Globovisión busca llevar el desconcierto y la depresión a los venezolanos que quieren que las cosas se hagan bien, que quieren que el país y sus instituciones funcionen. Pero en lugar de deprimirnos lo que logra es darnos nuevos bríos para luchar; para mantener nuestras convicciones a favor de la legalidad, de la Constitución.

Le pedimos a Venezuela fuerza y perseverancia. Hemos dicho que vivimos tiempos difíciles, pero llenos de esperanza. Invitamos al país a rechazar el nuevo golpe de la represión oficial. Los exhortamos a no ceder ante los intentos de desmoralizar que hace la propaganda. Hemos ganado. Venimos creciendo. Cada día son más las puertas de millones de venezolanos y venezolanas que se abren para escuchar la propuesta de la Unidad y de su candidato Capriles.

Ratificamos nuestro compromiso de ganar el 7 de octubre para tener un gobierno que respete a todos, sin excepción. Nuestra solidaridad con los trabajadores, profesionales, gerentes, y propietarios de Globovisión, pero especialmente con los venezolanos y venezolanas que tienen derecho a estar informados y a informar, derecho que hoy les niega el gobierno. Derecho a la información que quiere cambiar por propaganda chatarra que oculta la realidad de los ciudadanos.

Que se olvide el gobierno. No detendrán el avance de Capriles ni van a silenciar al pueblo venezolano. Pueblo que se encariña más con la libertad cuando más lo reprimen. Se anotó mal el gobierno con esta decisión.



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DECLARACIÓN DE LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA

27-6-2012

La expresión dicha por el Presidente Hugo Chávez en el 191 Aniversario de la Batalla de Carabobo sobre “Quien no es chavista no es venezolano”, es sumamente grave y constituye una incitación al odio y a la agresión. No hay excusa que justifique la gravedad de sus palabras. No es que “él es así”, “es un trapo rojo”, o “mira lo que hace y no lo que dice”. El Presidente lo que dice y hace, tiene un propósito. Así hay que interpretar esta bochornosa expresión que ofende no al 52% del país que votó por la alternativa democrática el 26 de septiembre de 2010 y que es mayoría, sino a todo el país; a quienes se identifican con el gobierno, a quienes se identifican con la Unidad, y a quienes no tienen preferencia política. Es una frase vergonzosa que la Mesa de la Unidad Democrática rechaza enérgicamente.

Hay que destacar que lo dijo en un acto militar y en una fecha Patria, celebración que debe unir a los venezolanos, que la haya pronunciado ante la Fuerza Armada aumenta la gravedad de lo expresado por el Presidente. ¿Qué sugiere?, ¿Que la Fuerza Armada debe desconocer a una opción que no sea “chavista”? ¿Que debe agredir al pueblo que no se identifica con el gobierno? El Presidente pisa terrenos peligrosos con una expresión que ya le da la vuelta al mundo y lo coloca al nivel de un dictador, que así parece quiere culminar su carrera política. Además quiere legitimar un Apartheid y que los militares sean los garantes de una hegemonía excluyente y discriminante.

En un país serio, con instituciones que funcionen con independencia, lo dicho por el Presidente de la República sería objeto de una investigación inmediata por parte del Poder Judicial, porque la frase incita al odio. Chávez se colocó al margen de los artículos 19, 20, 21, 57 y 60 de la Constitución Nacional, y eso merece que los garantes de los derechos de los ciudadanos se pronuncien ante la gravedad del hecho.

No es con odio o discriminaciones como se construye un país. El lenguaje de odio utilizado por el gobierno es en parte responsable de la creciente violencia en Venezuela. El 13 de junio, el Presidente amenazó a los venezolanos desde el Ministerio de la Defensa, con un discurso lleno de referencias a las armas, balas, tanques, aviones. Anunció la reforma del COPP, pero con sus insultos tradicionales que hacen mucho daño. ¿El resultado?, la semana siguiente a sus palabras fue la más violenta en la ciudad capital con 64 muertos y el CICPC “refundado” por el gobierno, se vio envuelto, a tres meses del Caso Berendique, en un hecho similar, en donde la víctima ahora fue un integrante del CICPC. A tres meses se repite el mismo patrón de agresión institucional y el Presidente con su gobierno, no se da por aludidos, sino que siguen con su lenguaje de odio ¿No les conmueve que en 14 años de gobierno socialista la cifra de asesinados pasa los 155 mil casos?

Lo dicho por el Presidente el pasado domingo 24 de junio, es un espaldarazo a la violencia desatada que hay en el país y tumba cualquier plan de seguridad del gobierno, si es que tuviera alguno. Un gobierno que celebra golpes de Estado, que celebra la muerte y la destrucción, no puede hablar de paz, tranquilidad, o de estabilidad. El gobierno dirigido por Hugo Chávez es la representación viva de la inseguridad, del conflicto, de la zozobra, de un vivir peligros. Detrás de las cacareadas cifras de felicidad que exhibe la propaganda del gobierno, se esconde una realidad de privaciones, de escasez, de violencia, de dolor, de sufrimiento de personas y familias que son víctimas de la violencia y sus consecuencias.

La Unidad llama a la reflexión al país ante tan grave expresión dicha por el Presidente quien, como manda la Constitución, tiene la función de unir y no de dividir al país. Desde la Mesa de la Unidad Democrática nos preguntamos y le preguntamos a los venezolanos: ¿Es con odio, balas, y tanques como se van a resolver los apagones, la escasez, los pésimos servicios públicos o la inflación? ¿Con un lenguaje excluyente tendrás un buen trabajo?

La Unidad invita al país civil y al país militar a manifestar su rechazo a lo dicho por el Presidente el 24 de junio. A rechazar el chantaje de quien ya tiene el sol en las espaldas. A quien quiere ocultar su fracaso incitando al odio y a la violencia. El pueblo venezolano entiende que el odio que se propone desde el gobierno no es el camino. Desde la Unidad decimos que hay un camino; un camino en donde todos los venezolanos podamos coincidir con nuestras diferencias; sin insultos, sin ofensas, sin odios.

En un gobierno de la Unidad y de progreso le ofrecemos al país aulas de clases, espacios de trabajo, servicios de calidad, viviendas con urbanismos, un sistema de seguridad social, un ambiente de seguridad y de respeto. Ofrecemos una vida tranquila, pero llena de retos. El reto del país, ese país que todos soñamos, por el que luchamos todos los días, al que le entregamos nuestros años de vida y años productivos, porque queremos un mejor futuro para esta tierra que ha superado con inteligencia y tolerancia grandes desafíos. Te invitamos a que nos acompañes a un camino que el actual gobierno no puede ofrecerte: el camino para vivir y progresar en paz”.

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EDITORIAL DE ABC COLOR
PARAGUAY: ACTITUD ERRÁTICA DE LUGO 
COMPROMETE SUERTE DEL PAÍS

En ocasión del juicio político decidido por la Cámara de Diputados a Fernando Lugo, el entonces presidente sostuvo que no renunciaría, pero que se sometería “con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes ante el juicio político con todas sus consecuencias”. El mundo valoró entonces su decisión. Una vez conocido el fallo, y en su discurso de despedida, dijo también: “Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre por mis actos como exmandatario nacional”. Sorpresivamente, el fin de semana dio un giro copernicano en su postura, llamó a sus seguidores a manifestarse, evaluó la posibilidad de ser reinstalado en el cargo y, finalmente, se consideró presidente en ejercicio. No es difícil concluir que fue inducido por terceros a modificar su posición original, y poca duda cabe que los liderazgos más virulentos del bolivarianismo están detrás de este irresponsable cambio de actitud, en particular el gorila Hugo Chávez y la frenética Cristina de Kirchner.

En ocasión de adoptarse por la Cámara de Diputados el inicio del proceso de juicio político en contra del presidente Fernando Lugo, el pasado jueves, el entonces primer mandatario sostuvo que no renunciaría, pero que se sometería “con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes ante el juicio político con todas sus consecuencias”. El mundo valoró entonces su decisión, por el elevado espíritu cívico que suponía.

En Washington, por ejemplo, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, emitió un comunicado en el que declaraba tomar conocimiento de la decisión de la Cámara de Diputados del Paraguay, y de la determinación de Lugo de “someterse a él, con todas sus consecuencias”.

Sustanciado el proceso constitucional previsto en el artículo 225 de nuestra Ley Fundamental, y una vez conocida su destitución, Fernando Lugo pronunció un discurso de despedida en el que dijo: “Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre por mis actos como exmandatario nacional”.

Sorpresivamente, en el transcurso del fin de semana, el expresidente dio un giro copernicano en su postura, llamó a sus seguidores a manifestarse, evaluó la posibilidad de ser reinstalado en el cargo y, finalmente, se consideró presidente en ejercicio. Sus seguidores, entre ellos el anterior secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, llamaron incluso a la ciudadanía a resistir al Gobierno constitucional de la República, por considerarlo subjetivamente usurpador.

No es difícil concluir que, en el transcurso del fin de semana, Fernando Lugo fue inducido por terceros a modificar su posición original, hasta entonces respetuosa de los mandatos constitucionales, y, al estilo del expresidente hondureño José Manuel Zelaya, proclamarse el real jefe de Estado. Poca duda cabe de que los liderazgos más virulentos del bolivarianismo sudamericano están detrás de este irresponsable cambio de actitud, en particular el gorila Hugo Chávez y la frenética Cristina Fernández de Kirchner.

Fernando Lugo, como ciudadano libre de este país, puede sostener las opiniones que quiera y su imaginación le sugieran. Puede estimarse presidente de la República, pero lo que de ninguna forma puede es usurpar funciones y títulos que no le corresponden en derecho, llamar a la rebelión o ejercer la representación del país en el exterior. No al menos sin incurrir en precisos delitos contemplados por la ley y en traición a la patria.

El señor Lugo debe entender claramente que fungiendo de presidente y tensando peligrosamente el clima político del país, se convierte en el principal y directo responsable de los eventuales hechos de inestabilidad y violencia que pudieran comprometer la paz, la seguridad y la vida de los habitantes del Paraguay, y que toda la población pasará a considerarlo automáticamente el artífice e inspirador de las medidas punitivas que, dado el caso, ciertos países pudieran adoptar contra la República.

De hecho, si los países miembros de la Unasur o del Mercosur decidieran aplicar las acciones previstas en sus respectivas “cláusulas” democráticas, las cuales prevén el establecimiento de un ignominioso bloqueo político, económico y comercial (cierre parcial o total de fronteras, suspensión o limitación del comercio, tráfico aéreo o marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros), Fernando Lugo será considerado el único responsable de los eventuales padecimientos que el pueblo paraguayo deba sobrellevar como fruto de tan draconianas cuan inaceptables sanciones.

Sin embargo, el exmandatario aún tiene en sus manos la posibilidad de evitar su total y profundo descrédito, lo cual será obtenido en la medida en que recupere la sensatez que nunca debió haber perdido, retomando sus públicas posiciones originales y permitiendo que el país se encauce por la vía de la pacificación y la estabilidad, condiciones imprescindibles para bregar por el desarrollo económico y social del Paraguay.

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LA ÚLTIMA LOCURA

  

Teodoro Petkoff

"El que no es chavista no es venezolano". La frase, brutal, grosera y miserablemente falsa fue pronunciada por Chacumbele el domingo, en la parada militar que sirvió para conmemorar la batalla de Carabobo. Este sujeto está obviamente desquiciado. El olor de la derrota final lo está sacando de sus casillas con una frecuencia pasmosa. A todos los elementos de división y polarización que ha ido acuñando a lo largo de su mandato, añade ahora este, que pretende dividir a los habitantes del país en venezolanos y no venezolanos, según su posición política.

En el principio fue el Verbo, dice la Biblia, subrayando el inmenso poder de la palabra. Hay que ver lo que significa decir ante unos dos mil miembros de la FAN que más de la mitad de los venezolanos, que nunca fueron chavistas o ya dejaron de serlo, no son tales. Las palabras se instalan en los cerebros y comienzan a circular por el cuerpo de la institución. Si no son venezolanos, ¿qué son? Extranjeros, apátridas, ajenos al país. Ya lo ha dicho Chacumbele muchas veces. En todo caso, ahora la definición asume una connotación militar: son "el enemigo". Y al "enemigo", como lo dejó asentado Clausewitz, se le debe anular incluso exterminándolo.

De modo que bastante explícitamente Chacumbele ha colocado ante la FAN un claro objetivo militar: la mayoría del país, que no lo acompaña y que aspira a sacarlo de Miraflores a punta de votos, confiando, por cierto, en que la FAN habrá de proteger la voluntad de esa mayoría. Pero resulta que esa mayoría, según la doctrina criminal del Líder Máximo, no es venezolana y por tanto la FAN estaría obligada, de acuerdo al delirante razonamiento de su comandante en jefe, a desconocer el resultado que le dará su triunfo electoral.

Afortunadamente, Chacumbele subestima a los militares. Parte de la premisa de que son unos muñecos parlantes que actúan incondicionalmente de acuerdo a las órdenes que él imparta, por irracionales y/o salvajes que sean. Y no lo son, por lo menos en su inmensa mayoría. Comprometida con aquel concepto atroz ("los que no son chavistas no son venezolanos"), sólo existe una reducida camarilla castrense, que hoy ocupa los mandos fundamentales de la FAN, gracias a que Chacumbele, saltándose toda normativa meritocrática propia de una institución fuertemente jerarquizada, los ha colocado en esas posiciones por su obsecuencia, por su adulancia, por su falta de personalidad, seriamente dañada esta por la perversión politiquera e inconstitucional que su comandante en jefe viene tratando de sembrar en el seno de la FAN.

Aunque sea por no dejar, vale la pena citar nuevamente el artículo 328 de la Constitución: "En el cumplimiento de sus funciones, está (la FAN) al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna". Es de suponer que todos los integrantes de la FAN conocen este texto y no necesitan de ningún exegeta que se los explique. Lo que dice no se presta a trucos o manipulaciones.

Cuando Chacumbele afirma que la FAN es "chavista" la coloca al servicio de una persona (él) y de una parcialidad política (el chavismo). Esto no es una violación constitucional de tono menor. La verdad es que literalmente ella anula la Constitución.

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Retiro de los organismos internacionales

OSCAR HERNÁNDEZ BERNALETTE |  EL UNIVERSAL

lunes 25 de junio de 2012 

En mi última nota me referí a la oportunidad que tenía el actual  gobierno  para  demostrar coherencia entre el discurso, la denuncia  y  la práctica en materia de política exterior. Allí dábamos algunos ejemplos. Resulta que esta semana al darse a conocer el programa de gobierno distinguido con gran humildad como "Propuesta del Candidato de la Patria", entre  sus objetivos estratégicos podemos constatar que implementarán políticas para deslindar a Venezuela  de los mecanismos internacionales de "dominación imperial".

Por ejemplo, proponen "denunciar los tratados multilaterales que limiten la soberanía nacional frente a los intereses de las potencias neocoloniales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También aspiran retirar  a Venezuela  de la Corte Penal Internacional. Mayor vergüenza.  Entonces,  teníamos razón, el gobierno deberá y quiere   aislarse definitivamente de la CIDH, la OEA, OMC, FAO, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y seguramente la ONU. Dominada esta última organización  por un puñado de potencias con derecho a veto.

Refieren en su programa  a  que denunciarán los "Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones"  toda vez que estos limitan la soberanía nacional frente a las llamadas potencias neocoloniales. Esto significa que los más de 27 acuerdos de inversiones  bilaterales que tenemos con un grupo importante de países llegarán a su fin.

Por ejemplo, no quieren los financiamientos de las  instituciones financieras internacionales para los proyectos de desarrollo nacional. Por lo visto los créditos de Rusia y China serán suficientes y desechamos de recursos del BID, FMI, BM y la CAF, que por cierto tiene sede en Caracas.

Se reducirá el relacionamiento económico y tecnológico con los llamados "centros imperiales de dominación". Habrá que olvidarse de todo el  arsenal científico que hemos adquirido de los países desarrollados. Entonces, todo lo que parece relaciones económicas  con el mundo desarrollado occidental llegaría a su fin según se puede desprender.

El papel aguanta mucho, pero las preguntas obvias son  tales cómo, ¿por qué se han tardado tanto para denunciar los organismos como se hizo con la CAN? ¿Por qué será que Cuba la madre todo este pensamiento no ha procedido a retirarse  de la mayoría de los llamados organismos controlados por el imperio? ¿Por qué sería que aliados ideológicos de este régimen  como China, Rusia y Vietnam pasaron tantos años negociando su ingreso a la OMC, la cuna del liberalismo comercial? ¿Qué valor agregado nos puede brindar participar en la Cumbre de Río?

Mientras que la mayoría de los países en desarrollo buscan los espacios del multilateralismo para su inserción internacional, este gobierno de  pensamiento único, que aspira por cierto   salvar el planeta, lo pretende hacer fuera de las instancias más apropiadas para ello. Difícil entenderlos.

@bernalette1

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LA MESA DE LA UNIDAD EN EL SENADO ESPAÑOL

La Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a la oposición venezolana, y el Senado español se comprometieron este lunes en Madrid a buscar alguna fórmula para que los legisladores españoles puedan observar el proceso electoral para los comicios presidenciales venezolanos del 7 de octubre.

Una delegación de la oposición venezolana, que visita estos días España, se reunió hoy con miembros de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la cámara alta española para abordar ese proceso electoral en el que la MUD presenta a un candidato único, Henrique Capriles, que se enfrentará al actual mandatario, Hugo Chávez.

“Estas elecciones son especialmente importantes, pero se trataría de ir ahora, no un día antes de la cita electoral, para ver si hay ventajismo, si el acceso a los medios de comunicación es igual para todos”, dijo el senador del Partido Nacionalista Vasco Iñaki Anasagasti en la reunión.

“Al presidente Chávez parece que le asusta la palabra observador, a mí me da igual la palabra que sea, podemos ir como invitados, pero necesitamos una invitación oficial, de cámara a cámara”, insistió el senador del PNV.

“Nosotros vamos a oficializar una invitación de cámara a cámara”, señaló el diputado venezolano Omar Barboza, presidente de Un Nuevo Tiempo, uno de los 24 partidos que integran la MUD, en respuesta a esa petición.

Barboza dijo que en la oposición “estamos acostumbrados a luchar en desventaja. Capriles no se enfrenta con otro candidato, sino con todo el poder oficial que Chávez maneja sin ningún tipo de escrúpulo”.

Por ello, también confirmó que los 67 diputados que forman parte de la MUD harán una invitación para que “esta Comisión pudiera adelantar su presencia en Venezuela, para que vea todo el desarrollo del proceso y pueda transmitir al mundo que estamos en una lucha desigual”.

Por su parte, Julio Borges, presidente de Primero Justicia (partido en el que milita Capriles), lamentó que en la Unión Europea ya se había acordado enviar una misión de observación, “se había aceptado el presupuesto y el procedimiento, y la negativa de nuestro Gobierno impidió que se materializara”.

Borges explicó a los interlocutores españoles la falta de “equilibrio” en el proceso electoral, pues Chávez controla la mayoría de los medios, y se aprovecha de “las instituciones del Estado, de los fondos públicos e intimida a los empleados públicos”.

Por ello insistió igualmente en que solicitarán “formalmente”, sea como comisión del Senado o de otro modo, que vaya a Venezuela una misión española para asistir a toda la campaña electoral, que comienza el 1 de julio.

Otro de los asistentes, Luis Ignacio Planas, del partido COPEI, hizo hincapié en explicar a los senadores que “somos demócratas”, frente a las acusaciones del oficialismo que trata de presentarlos como golpistas, y que “hemos decidido resolver los problemas y la crisis de Venezuela por la vía electoral, aunque sea el camino más largo”.

Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, explicó que esta formación “abarca ampliamente a las distintas tendencias ideológicas desde la izquierda marxista hasta los neoliberales, pasando por socialistas, socialdemócratas y otros”.

Por parte española, Porfirio Herrero, senador del Partido Popular, Juan Andrés Tovar, del PSOE, y Miguel Ángel Pérez, presidente de la Comisión, expresaron la “preocupación” y el “interés” que la situación de Venezuela ha suscitado en este órgano, donde ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones.

Herrero aseguró que ven a la MUD como una opción que “sobrepasa los posicionamientos políticos, y trae frescura y esperanza para muchos venezolanos” y los felicitó “por haber sabido superar las legítimas discrepancias entre partidos políticos”. EFE

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24 DE JUNIO DE 2012

El mal desempeño de Lugo hartó a los paraguayos

ABC

Ante las dudas o bien el abierto rechazo manifestado por algunos países acerca del proceso institucional registrado en el Paraguay entre los días jueves y viernes de la semana pasada, que derivó en la destitución del expresidente Fernando Lugo y la asunción en su reemplazo del doctor Federico Franco, es preciso puntualizar que nuestro país se ciñó estrictamente a las disposiciones constitucionales que establecen la sucesión presidencial y garantizan la preservación del orden democrático.

En el Paraguay no se produjo ninguna ruptura del orden constitucional. En virtud del artículo 225 de la Constitución Nacional, el presidente fue sometido a juicio político. Este se sometió al mismo, según lo declaró desde el inicio, “con todas sus consecuencias”. En esa misma tesitura, acató su resultado.

Las Fuerzas Armadas respetaron el proceso civil y aceptaron, como corresponde, el fallo de las instituciones administradas por sus legítimas autoridades. El país está en calma y el nuevo presidente de la República goza del respaldo ampliamente mayoritario de los partidos políticos. ¿Dónde está, pues, el quiebre, la ruptura o la amenaza contra la democracia?

Por lo tanto, pretender aplicar al Paraguay medidas extremas y sanciones internacionales desproporcionadas o revanchistas, como su eventual expulsión de organismos regionales o bien la aplicación de ignominiosos bloqueos políticos, económicos y comerciales, es desconocer completamente no solo el marco jurídico interno que rige nuestra convivencia nacional, sino también avasallar la soberanía nacional y, sobre todo, desconocer la profunda descomposición institucional que el país atravesaba durante la administración del ex presidente Lugo.

Sin duda, en relación con los sucesos históricos recientemente registrados en el Paraguay, algunos países con seguridad adoptarán una postura política guiados por la afinidad ideológica de sus propios mandatarios –como es de prever en el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina–. Sin embargo, otros, menos fanatizados y con mayor sensatez, asumirán patrones de conducta más considerados con las normas de convivencia pacífica y respetuosa de la soberanía contenida en el derecho internacional.

Lo que en ninguno de los casos puede desconocerse es que el pueblo paraguayo, de manera mayoritaria, retiró su confianza al presidente Fernando Lugo por la forma irresponsable, arbitraria y abusiva en que este manejaba los importantes asuntos del Estado. Es de suponer que los embajadores de los países amigos acreditados en el nuestro estaban y están perfectamente informados de lo que aquí venía sucediendo y sucede. Por lo tanto, no nos podemos explicar cómo pueden considerar que todo lo que sucedió aquí la semana pasada carece completamente de valor democrático. Considerarlo así es, cuando menos, tener una interpretación sesgada de la realidad.

Nadie puede desconocer ni desmentir que Fernando Lugo incurrió en mal desempeño de sus funciones. Desde el comienzo engañó al pueblo paraguayo. No existe ninguna forma de ocultar, disminuir u obviar la enorme desilusión sufrida en la Semana Santa de 2009 por esa ciudadanía que, después de haberle otorgado su respaldo político en abril de 2008 a un exobispo de la Iglesia Católica, al que se suponía de vida y costumbres íntegras, descubre que este la había estado burlando miserablemente; que le había ocultado la verdad de su comprometida situación personal al solo efecto de conquistar su voto y acceder al poder. Esto constituyó un fraude alevoso a la buena fe de la gente, porque manipuló la imagen de una institución venerada del pueblo en beneficio personal.

Inmediatamente después de acceder al poder, Fernando Lugo comenzó a demostrar sus controvertidos “métodos” de gobierno, reflejo de su superficial concepción de lo que debe ser el manejo de los importantes asuntos del Estado. La forma arbitraria, desdorosa y maleducada como, en forma reiterativa, produjo el cambio de muchos de sus importantes colaboradores es una muestra de ello: echaba a sus ministros y asistentes más cercanos vía mensajes de texto, por teléfono, estando estos en plenas giras internacionales o, incluso, minutos después de haberlos “confirmado” en sus respectivos cargos, sembrando así el desconcierto e inmerecida humillación entre aquellos que lo rodeaban.

Produjo sin ton ni son una cadena de sucesivos y arbitrarios descabezamientos de las cúpulas militares y policiales, generando en el seno de la fuerza pública un pernicioso estado de incertidumbre, y tratando de forzar el sometimiento de los altos mandos castrenses a una inaceptable ideologización bolivariana. Esta estrategia quedó al descubierto desde un mismo comienzo, cuando las instalaciones del Comando de Ingeniería fueron utilizadas para la realización de un acto de juventudes izquierdistas, en lo que debe ser considerado como el más descarado intento por politizar a las Fuerzas Armadas de la Nación desde la época de la tiranía stronista.

La mayoría de sus promesas electorales fueron incumplidas. Después de haber prometido que impulsaría una “reforma agraria integral”, sentando en una misma mesa de diálogo a todos los involucrados en la sensible problemática rural, se abocó sistemáticamente a avivar los ánimos violentos de los grupos más radicalizados –dejando de lado incluso a las organizaciones campesinas más históricas y tradicionales– para que estos invadieran propiedades privadas a lo largo y ancho del territorio nacional, sembrando de esta forma, él y sus seguidores más cercanos, un constante clima de enfrentamiento entre hermanos y promoviendo la discordia y la lucha de clases, figura expresamente prohibida por la Constitución.

Los “brasiguayos”, los japoneses y en general todas las colectividades extranjeras productoras radicadas en el país fueron y son constantemente objeto de atropellos violentos por parte de campesinos paraguayos azuzados por los esbirros del expresidente.

Pero, además, ¿cómo desconocer los excesos cometidos por el exmandatario en lo que respecta al manejo transparente de la cosa pública, su falta de compromiso con una real y efectiva lucha contra la corrupción? El despilfarro de fondos públicos siguió impunemente en las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá.

Además, en actitud ostensible y condenablemente nepotista, puso el aparato estatal al servicio de su vida personal, repartiendo “generosamente” cargos con importantes retribuciones salariales a sus familiares directos, incluso ordenando contratar en puestos públicos a mujeres con las que tenía hijos no reconocidos, como saltó a luz recientemente. ¿Cuánto habrá tenido que pagar el pueblo paraguayo para que Fernando Lugo mantuviera a sus hijos, para que ocultara la aparición de nuevos casos de filiación o la irrupción de más escándalos sobre su desordenada vida personal?

En suma, la lista es extensa, y no pretendemos aquí agotarla completamente. Solo preguntamos a los señores representantes de la comunidad internacional, a los países amigos y a sus presidentes: ¿cuánto tiempo tolerarían ellos un mandatario que se comportara de esta forma?

Estamos convencidos de que la presidenta Dilma Rousseff o el presidente José “Pepe” Mujica nunca procedería de esta forma. De la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, desde luego, no cabe esperar que se sorprenda, ya que ella no solamente se comportaría de manera similar, sino que acentuaría aun más los excesos y las arbitrariedades, concentrando cada vez más poder político para seguir burlándose de su pueblo y hostigando a sus adversarios políticos.

El mundo tiene que saber que el pueblo paraguayo se hartó de las inconductas del presidente Fernando Lugo, de sus abusos, de su torpeza y de su patética falta de dotes para liderar la República.

La ciudadanía perdió, pues, con justa razón, la confianza en él, como persona y como gobernante.

También nuestro diario, que apostó por él, se sintió defraudado. En este marco, es lógico que todo haya acabado como finalmente concluyó, con el legal desplazamiento del señor Fernando Lugo Méndez del poder, y la entrega de la conducción del país a quien constitucionalmente correspondía.

Los paraguayos hemos tomado esta libre decisión por justificadas razones, y nadie en el exterior debería sentirse ofendido porque hayamos actuado como la conciencia nos dictaba y el derecho nos asistía.

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EL DEBATE

Jean Maninat

Los niños y los adultos cierran los ojos para espantar las visiones de sus miedos. Es un instante de alivio. Una “taima” frente a la araña que remonta la pared; el perro que ladra amenazante; el cinturón que rememora los azotes inclementes y las marcas que dejaron.

  Freud logró un puesto en la historia, obligando a sus pacientes a mantener los ojos abiertos y ver pasar ante sí sus memorias más soterradas y sus fobias más trasparentes. Todavía se discute sí para bien o para mal de los enfermos.

  En la Naranja Mecánica de Kubrick, el pequeño y rapaz delincuente Alex es obligado a confrontar, sin poder cerrar los ojos, las visiones de lujuria y crimen que antes tanto lo excitaban, para que la presencia de su propia maldad lo redimiera para siempre.

  No parece haber escapatoria: ni siquiera el sueño nos cobija de lo que no queremos oír, ni hablar, ni ver.

  La estratagema oficialista de esconderse detrás de argumentos tronantes para evitar un debate político -algo normal y corriente en cualquier sociedad democrática- poco efecto surtirá.

  Ciertamente, es difícil, o más bien idiota, esperar otra actitud de un grupo dirigente que se ha  hecho implantar una bisagra en la columna vertebral para que las genuflexiones frente al jefe sean ágiles y silenciosas.

  Tal como los dirigentes oficialistas lo han voceado a todos los vientos, el sustento del Socialismo del siglo XXI reside en la obediencia ciega al Comandante.

  La sumisión, la cesión del derecho a pensar y debatir, el pavor a cuestionar las decisiones que vienen de arriba, la falta de autoestima para juzgarse digno de optar a un cargo por su cuenta, la anorexia intelectual que impide proponer alternativas, son los antivalores que garantizan la carrera ascendente de los altos cargos oficiales.

  Todo a contramarcha con lo que sucede en el mundo.

  ¿Qué pensará un joven con su camiseta roja y sus consignas prediluvianas cuando ve la libertad y desparpajo con que debaten los “indignados” de toda laya y condición en el mundo?

  El debate será una exigencia creciente de los electores: de quienes confían en su candidato, de quienes buscan certezas, de quienes quieren decidir en base a los argumentos de uno y otro, y también de quienes ansían presenciar “sí como roncan bailan”.

  El debate organizado por la MUD, entre los precandidatos democráticos, marcó un momento culminante en la saga de la oposición venezolana.

  Luego, quienes no ganaron en las primarias de la oposición, acataron democráticamente el veredicto de tres millones de decisores.

  El ejemplo atrajo los vituperios de los jerarcas oficialistas a quienes les está negado la posibilidad de decidir el transcurso de su propio partido. Pero en sus bases militantes quedó instalada la pregunta: ¿Y por qué nosotros no podemos debatir libremente?

  Desdeñar el impacto que la presencia del candidato democrático tiene en todo el país es tan fútil como jugar escondido a solas: después de contar hasta diez nunca hay nadie a quien encontrar… salvo a uno mismo.

  La campaña electoral está aquí y el oficialismo tiene que confrontar a un contendor democrático políticamente ágil y despierto, con un apoyo ciudadano cada día más activo  y presente. Lo demás es “silbar iguanas” como me dicen que dicen en Barinas.

  Tal como lo ha manifestado el candidato del oficialismo “el debate se dará en la calle”. Capriles ya lo comenzó y estamos esperando que el otro  empiece a “patear las calles” para debatir libremente.

  Poco vale el subterfugio de descalificar con peyorativos altisonantes al contendor, insultar con frases despectivas a los millones de venezolanos que disienten o se desenamoran del gobierno, esconder el temor – que es peor que el miedo-  tras maquillajes bravíos.

  Ahora la realidad es otra, el candidato democrático recorre casa por casa el país con un mensaje de cambio, amplio y positivo. Hay un viento fresco que comienza a limpiar al país del odio inoculado por tantos años desde el gobierno. Lo nuevo dispersa a lo viejo.

  Hay una Venezuela que está en marcha, joven, decidida, con ganas de ganar y de cambiar. Del otro lado hay un discurso ajado, cansino, titilante, que no entusiasma a nadie, y al que para colmo dieron una pantalla televisiva por cárcel.

  Podrá cerrar los ojos y apretar los dientes con fuerza para negar la realidad o encadenarse día a día en una sucesión sin fin de descalificaciones contra su adversario. No funcionará.

  Cuando despierte el debate con Capriles continuará allí.

 @jeanmaninat

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