SEXTO COLLAGE
SOBRE RÓMULO BETANCOURT
CARLOS CANACHE MATA
La Constitución
Nacional sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 16 de
julio de 1936 y promulgada cuatro días después, el 20 de julio, dispone
(artículo 54) que los senadores y diputados “durarán en sus funciones cuatro
años, renovándose (las Cámaras Legislativas) de por mitad cada dos años” y que
“la renovación se hará por primera vez al quedar aprobada esta Constitución,
por medio de las Asambleas Legislativas de los Estados, para los Senadores, y
por los Concejos Municipales reunidos en Asambleas en la capital del Estado,
para los Diputados”. Se trataba de una elección de segundo grado, manteniéndose
en la Constitución, además, la elección del Presidente de la República por el
Congreso Nacional (artículo 96), es decir, una elección de tercer grado. Sólo
había elecciones de primer grado, con voto directo, para los miembros de las
Asambleas Legislativas de los Estados y de los Concejos Municipales, pero eran
unas elecciones restringidas porque, como señalé en el Cuarto Collage, se
limitaba el derecho de sufragio a las personas del sexo masculino, que supieran
leer y escribir y mayores de veintiún años. De conformidad con lo dispuesto en
la Constitución, el 12 de septiembre de 1936 se aprueba la Ley de Censo
Electoral y Elecciones, que rigió para
las elecciones de senadores y diputados al Congreso Nacional, de diputados a
las Asambleas Legislativas regionales y de los ediles de los Concejos
Municipales.
En cumplimiento de lo dispuesto por la
Constitución y la mencionada Ley, tienen lugar los comicios de enero de 1937,
en los que se eligieron los miembros de las Asambleas Legislativas y de los
Concejos Municipales, los que, a su vez, designarían a los senadores y diputados
del Congreso Nacional que debía renovarse parcialmente. Fueron designados, en
enero de 1937, los nuevos parlamentarios (entre los 14 que logró la oposición,
se hallaba Rómulo Gallegos, electo por el Concejo Municipal del Distrito
Federal) que debían incorporarse a las sesiones de las Cámaras Legislativas,
cuya instalación se efectuó el 19 de abril de ese año. Rómulo
Betancourt, en su obra “Venezuela, política y petróleo” (páginas 99-100), hace
un análisis de esas elecciones: “Hubo eleciones de primer grado en Caracas y en
varios Estados de la República. Oficialmente no concurría a las urnas sino el
partido del gobierno, ya que no se le concedía beligerancia legal a la
oposición…lanzamos desde la clandestinidad candidaturas individuales, y cuando
se contaron los votos resultó que la oposición ilegalizada había ganado las
elecciones en la capital de la República
y en algunos Estados del interior del país. De los 40 funcionarios, entre
principales y suplentes, elegidos en las 10 parroquias urbanas de Caracas, 36
eran de la oposición y sólo 4 de la coalición oficialista”.
La Corte Federal y de Casación, en fallo del
19 de febrero, anuló sumariamente las credenciales de Gonzalo Barrios, como
senador, y de Jóvito Vllalba, Raúl Leoni y Juan Oropesa, como diputados, bajo
“las acusaciones de comunistas y por ser el comunismo una doctrina prohibida
por la Constitución Nacional”. Betancourt, en su obra ya citada, se refiere a
esa sentencia en los siguientes términos: “La Corte Federal y de Casación,
apéndice del Ejecutivo, anuló las actas de algunos de los parlamentarios recién
elegidos, quienes se enteraron de las sentencias cuando ya estaban en la cárcel
o en el destierro, sin habérseles concedido derecho a la defensa, porque se
aplicaba una ‘justicia política no contenciosa’, según reveladora frase acuñada
por los jueces sentenciadores”. Como observa Sanín (Alfredo Tarre Murzi) en el
libro que escribió sobre López: “En ese entonces no se comprendía bien el
ensañamiento de López Contreras contra los dirigentes de la izquierda, ya que
apenas el bloque de oposición había conquistado 14 curules”. Había reaparecido
la política de represión, que en el curso de 1937 se desplegó y tuvo más alto
vuelo. “Vino - dice Betancourt- la represión sin embozos”.
En el marco de esa acción represiva, el 3 de
febrero se realizaron “redadas” policiales en Caracas y La Guaira, en las que fueron detenidos varios
líderes de la izquierda, llevados después al Castillo de Puerto Cabello.
Alfredo Tarre Murzi, en su libro ya citado, señala que “cuando la policía
comenzó a practicar detenciones, la mayor parte de los dirigentes,
especialmente Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Oropeza Castillo, Jóvito Villalba,
Miguel Otero Silva, Rodolfo Quintero y Carlos Irazábal se ocultaron”, o sea,
“se ‘enconcharon’, para decirlo en el argot político de la época”. Prosiguió la
represión con la disolución de las organizaciones políticas y sindicales y la
clausura de medios de prensa de la izquierda como “El Popular”, “FEV” y “Acción
Estudiantil”.
El 4 de febrero, la Gobernación del
Distrito Federal, a la que correspondía la facultad de aprobar o improbar la
constitución de los partidos (artículo 17 de la Ley de Orden Público o “Ley
Lara”), emite una Resolución, en la que “por disposición del ciudadano
Presidente de la República se revocan las autorizaciones concedidas por este
Despacho a los siguientes partidos y agrupaciones políticas: Organización
Venezolana (ORVE), Federación de Estudiantes de Venezuela (OP), Partido
Republicano Progresista (PRP), Frente Obrero y Frente Nacional de Trabajadores”,
alegando “que para negar la constitución del Partido Democrático Nacional (PDN)
la Corte Federal y de Casación se basó, entre otras razones, en la de
aparecer en el número de los promotores
y dirigentes de las diversas agrupaciones que aspiraban a unificarse, afiliados
a doctrinas cuya práctica condena la Constitución Nacional”. En el Zulia fue
igualmente revocada la autorización concedida al Bloque Nacional Democrático,
que funcionaba en Maracaibo, y fueron detenidos Valmore Rodríguez y otros
miembros de su junta directiva.
El 10 de febrero,
la policía asaltó la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y en la
acción fue muerto el estudiante Eutimio Rivas y hubo también un saldo de muchos
heridos.
El 13 de marzo, el
presidente López Contreras dicta un decreto, que fundamenta en el inciso 6° del
artículo 32 de la Constitución Nacional, mediante el cual “se expulsan del
territorio de la República, por el término de un año, por estar afiliados a la
doctrina comunista y considerarlos perjudiciales para el orden público,
fijándose el plazo de 8 días para que salgan del país”, 47 dirigentes políticos
y sindicales. Rómulo Betancourt, que estaba entre los expulsados, escribió
después en “Venezuela, política y petróleo” que “con petróleo, más que con
tinta, fueron firmados los decretos que ilegalizaron partidos y expulsaron
dirigentes políticos y líderes obreros, en los comienzos del año 1937”, porque
“apenas la represión policial quebrantó y desmanteló al movimiento político y
sindical de orientación popular, las compañías petroleras se lanzaron a la
reconquista de privilegios que consideraban intangibles”.
En su “Historia de Venezuela” (3ª
edición, Los Libros de El Nacional, página 240), el historiador Guillermo Morón
reseña la expulsión de esos 47 dirigentes, así: “Algunos de ellos burlaron la
medida por cierto tiempo, pasando a la vida clandestina; entre ésos se contaba
Rómulo Betancourt, el más importante de los dirigentes revolucionarios, quien
logró esconderse por tres años que dedicó a organizar su Partido Democrático
Nacional (PDN), sin ser seriamente molestado por el gobierno”.
Además de la organización del PDN
clandestino, Betancourt escribió durante esos años en el periódico “Ahora”, que
dirigía el poeta y político Luis Barrios Cruz, un artículo diario (fueron 678
en total), que aparecía sin firma, sobre la situación política y los problemas
económicos y sociales, y mantenía también contacto y comunicación con la
minoría parlamentaria de la oposición en el Congreso Nacional a los fines de
concertar posiciones que debían asumirse en los debates de ese espacio legal de
la vida política del país.
De ese tramo apasionante y riesgoso, que fue
aquella actividad clandestina, nos ocuparemos en los próximos Collages.
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